Acusan de ‘dedazo’ al rector de la Rey Juan Carlos por un concurso de 35 plazas

Acusaciones de dedazo indisimulado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. La universidad ha convocado un  concurso para la provisión de 35 plazas por el sistema de Libre Designación destinadas a funcionarios sin incluir entre las bases de la convocatoria los méritos que se valorarán para otorgar las plazas. Fuentes sindicales y de los propios trabajadores de la institución analizan que adjudicar así puestos colisiona al menos con sus propios estatutos y podría contradecir varias sentencias del Tribunal Supremo sobre la adjudicación de plazas en la administración pública.

Algunos trabajadores del centro sostienen que es ilegal. Santiago Cuesta, secretario de Universidad de CC OO Madrid, no se atreve a tanto, pero asegura que “publicar los requisitos es una condición necesaria” en un concurso de este tipo, y que han solicitado la reunión de la Mesa de Seguimiento para que aclare a qué se debe esta anomalía. Habrá denuncia si las explicaciones no son satisfactorias, afirma. El Supremo  recordó en 2009 el “carácter excepcional” de la Libre Designación y que “cuando se considere necesario acudir a él, se haga excepcionalmente, y justificando, caso por caso, por qué debe utilizarse”, circunstancias que no parecen darse en esta convocatoria.

El director de Comunicación de la universidad, Francisco Javier Pérez, explicó a este diario que “todo se ha tramitado conforme a los procedimientos previstos en la legislación vigente, incluidos los Estatutos de la URJC”.

El método elegido, de Libre Designación, otorga libertad al rector de la universidad, Fernando Suárez, para prácticamente decidir a quién le otorga esas plazas (siempre cumpliendo unos mínimos como el nivel de funcionario, etc.). Este tipo de práctica es habitual en la administración pública —y por extensión la universidad— para cubrir ciertas plazas “de confianza” como secretarios, asesores, etc. Pero esto no exime a quién la convoca de cumplir unos requisitos mínimos en las convocatorias, advierten sindicatos y algún trabajador del centro que denuncia la situación pero prefiere mantener el anonimato. Y esto no ha ocurrido en este caso, aseguran.

“Sabemos que las dan [las plazas] a dedo a los amigos, pero es que ya no guardan ni las apariencias, el que sea un concurso de libre designación no les exime de publicar la lista de méritos valorables”, explica el citado empleado. La URJC ha sido acusada de nepotismo por dar trabajo a varios familiares de sus principales dirigentes y ex dirigentes, según ha publicado El Confidencial. Las investigaciones sobre la Universidad y los recursos a las decisiones que se toman desde el rectorado se acumulan: desde la investigación del campus fantasma de Aranjuez hasta la adjudicación de plazas.

Habrá denuncia, anuncia este funcionario. El problema que se les presenta por esta vía es que los procesos en el Contencioso Administrativo suelen prolongarse varios años y para cuando los Tribunales resuelven los destinatarios de las plazas, o aquellos que habrían querido optar a ellas, pueden hasta haberse jubilado.

Además, varios miembros del PAS informan de que profesores de la Universidad Rey Juan Carlos tienen impugnadas en la vía administrativa las Relaciones de Puestos de Trabajo de PAS funcionario y laboral aprobadas en el año 2014, y que en breve, dichos profesores impugnarán las mismas en la vía judicial. De salir adelante, podrían anularse dichos instrumentos de ordenación de la función pública con los efectos que esto podría acarrear: entre otros, que se podrían invalidar todos los procedimientos de provisión de puestos de trabajo (libres designaciones y concursos) y los procesos de selección de nuevo personal que se pudiera llevar a cabo.

El punto 3 del artículo 157 de estatutos de la URJC estipula que “las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo por concurso o libre designación definirán los requisitos que deberán reunir los aspirantes a los puestos de trabajo vacantes y los méritos que se valorarán para su provisión”. En la convocatoria hecha pública por la URJC podría considerarse, apurando, que “los requisitos” son el nivel de funcionario que sí aparece en la tabla donde se relacionan los puestos. Pero ni en esta tabla ni en ningún otro lugar aparece mención alguna a “los méritos que se valorarán”.

Preguntado al respecto, Pérez, el portavoz de la universidad, no ve problema alguno. “En los anexos (anexo II) que acompañan la convocatoria se explicita claramente que todo participante en el concurso tiene la opción —al cumplimentar la documentación— para acreditar sus méritos, y se consignan los apartados: estudios, puestos desempeñados, formación complementaria, idiomas, etc”. Siendo esto cierto, no es lo mismo que el candidato pueda consignar sus méritos a que se explicite “los méritos que se valorarán”.

A todas las fuentes consultadas les sorprende también el elevado número de plazas convocadas, un total de 35. Hay de diferentes categorías  y áreas, desde secretarios que requieren un nivel 18 hasta el director de Recursos Humanos (nivel 29), un puesto que tiene un complemento específico de 44.869,32 euros, según aparece en la convocatoria. Fuentes de la universidad señalan que ni siquiera existe correspondencia entre los puestos ofertados y los correspondientes que figuran en la Relación de Puestos de Trabajo de la universidad.

El Supremo, en la citada sentencia —que atañía a la Comunidad de Madrid— insiste: “Ni la circunstancia de que se trate de puestos con nivel 26, ni la posición que les corresponda en la organización administrativa son razones que, por sí mismas, sirvan para justificar la opción seguida sobre su provisión por la Comunidad de Madrid. La naturaleza de los cometidos a desempeñar y la especial responsabilidad que puedan implicar tales puestos son las razones que podrían, en su caso, hacerlo, pero se trata de extremos que no pueden presumirse, sino que su concurrencia debe ser explicada de manera suficientemente precisa y particularizada por la Administración, cosa que, insistimos, no se ha hecho”.

Carta de recomendación

Un último elemento “quizá no estrictamente legal pero sí defendible en sede judicial y que en cualquier caso es un escándalo”, según fuentes conocedoras de estos procesos, es que la convocatoria exigía a los funcionarios de otras universidades que quisieran optar a la plaza un “certificado de méritos” (el anexo III de la convocatoria) firmado por su superior de la universidad en la que se encuentre actualmente. Esto es, el funcionario en cuestión tendría que pedirle a su jefe que le haga una especie de carta de recomendación para irse a la competencia.

La URJC está en el punto de mira por haberse convertido en una suerte de centro de acogida de familiares del antiguo rector, Pedro González-Trevijano, y su sucesor, según informaciones de El Confidencial. Este diario publicó que el ex dirigente colocó a su exesposa y otros dos familiares y la del actual también ejerce en la universidad. La gerente, el exgerente, el secretario general y otros cargos también han colocado a familiares en los diferentes campus que la URJC tiene por Madrid. El récord de la universidad lo ostentaría el exdecano de la Facultad de Ciencias Camilo Prado, que  colocó a tres de sus hijos y a sus parejas sentimentales

http://www.eldiario.es/sociedad/Universidad-Rey-Juan-Carlos-publicacion_0_360114446.html

porque no se solicitan las ayudas porque no dejan estudiar a los jovenes

https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_es

 

La UE ofrece financiación para toda clase de proyectos y programas en campos tales como:

  • desarrollo regional y urbano
  • empleo e inclusión social
  • agricultura y desarrollo rural
  • asuntos marítimos y pesca
  • investigación e innovación
  • ayuda humanitaria.
 

Gestión de los fondos

La financiación se rige por normas estrictas: se trata de seguir estrechamente el uso de los fondos y de garantizar que el dinero se gaste de manera transparente y responsable.

Los 28 comisarios europeos son colectivamente los responsables últimos de garantizar que los fondos de la UE se gasten de forma adecuada. Pero, como la mayor parte de los fondos se administra en los propios países beneficiarios, son sus gobiernos quienes se responsabilizan de hacer controles y auditorías anuales.

Más de 76% del presupuesto de la UE se gestiona conjuntamente con las administraciones nacionales y regionales mediante un sistema de “gestión compartida” y principalmente a través de cinco grandes fondos: los Fondos Estructurales y de Inversión. Juntos, estos instrumentos ayudan a aplicar la estrategia Europa 2020

Hay otros fondos que gestiona directamente la UE. Se asignan en forma de:

  • Subvenciones para proyectos concretos relacionados con las políticas de la UE, que en general se conceden después de publicarse una “convocatoria de propuestas”. La financiación procede en parte de la UE y en parte de otras fuentes.
  • Contratos publicados por las instituciones europeas para la adquisición de bienes, servicios u obras que necesiten para funcionar: estudios, formación, organización de conferencias, equipos informáticos, etc. Los contratos se adjudican mediante licitación.

La lista de beneficiarios de las licitaciones, subvenciones o ayudas al desarrollo de países no miembros se publica en internet.

 

Solicitar financiación

Pequeñas empresas

Las PYME pueden recibir financiación de la UE a través de subvenciones, préstamos y garantías. Las subvenciones son ayudas directas, mientras que los demás tipos de financiación se conceden a través de programas gestionados por los países miembros.

Fondos europeos para la pequeña empresa 

Organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil

Las ONG y las organizaciones de la sociedad civil pueden recibir financiación siempre y cuando trabajen en las áreas de competencia de la UE y no tengan ánimo de lucro.

Financiación europea para las ONG por sector 

Jóvenes

Hay dos grandes tipos de financiación:

Investigadores

Entre 2014 y 2020, la UE destinará cerca de 80.000 millones de euros a financiar la investigación, principalmente a través de su programa insignia Horizonte 2020. Suele hacerse a través de subvenciones para financiar parcialmente toda clase de proyectos de investigaciónBuscar traducciones disponibles del enlace anteriorEN•••.

Financiación de la UE para investigación e innovaciónBuscar traducciones disponibles del enlace anteriorEN•••

Agricultores y empresas rurales

Ciencia sin futuro, futuro sin ciencia

Juan Ignacio Pérezvozpopuli autores

Juan Ignacio Pérez

OPINIÓN

Ciencia sin futuro, futuro sin ciencia

Cada vez son más las personas que deciden abandonar la carrera investigadora debido a las dificultades e incertidumbres que han de afrontar, y a lo extraordinariamente exigente que resulta el sistema científico. Juan Ignacio Pérez reflexiona sobre esta ‘epidemia’ de abandonos en ciencia.

Las reducciones de la última década en los presupuestos de investigación han sido traumáticos. Muchos grupos han perdido la financiación de que disfrutaban y otros han visto reducida de forma sensible su cuantía. A corto plazo, las peores consecuencias de este estado de cosas las han sufrido quienes se han graduado en los últimos años, porque han visto muy limitadas sus posibilidades de acceder a contratos de iniciación en la investigación y el personal en formación, incluyendo a doctorandos, personas recién doctoradas y otras en puestos posdoctorales con aspiraciones a estabilizarse laboralmente en España. Y a medio y largo plazo, la ciencia española experimentará una contracción severa. Algunos de sus efectos ya han aflorado, pero los más graves están por llegar aún, pues se producirán cuando se manifiesten los déficits generados por la brecha producida en el personal en formación.

Los efectos más graves de la falta de inversión en ciencia están por llegar y los sufrirán quienes ahora se gradúan

La situación descrita está desincentivando a muchos de los jóvenes afectados. Tras graduarse, realizar un doctorado y permanecer en España o en otros países durante meses o años en puestos temporales sin perspectivas claras de estabilización, no es extraño que acaben renunciando a su carrera investigadora y decidan probar fortuna en otros sectores de actividad, más o menos relacionados con la ciencia. Algunos de quienes han dado ese paso viven su experiencia con naturalidad y se encuentran satisfechos, pero para otros es una decisión traumática, al ver frustradas sus expectativas.

Los problemas que sufre la ciencia en España son especialmente graves por las razones expuestas, pero comparten algunos rasgos con la situación que vive el mundo de la ciencia en otros países occidentales, también en aquellos que han mantenido su esfuerzo en investigación o, incluso, lo han aumentado. Cada vez son más las personas que deciden abandonar la carrera investigadora debido a las dificultades e incertidumbres que han de afrontar, y a lo extraordinariamente exigente que resulta el sistema científico. Hace algún tiempo, Jesús Méndezse hacía eco de esta situación y aportaba datos muy reveladores: en el Reino Unido un 53% de quienes acaban una tesis doctoral opta por profesiones alejadas de la ciencia; el 17% sigue en la investigación, pero fuera de la Academia; y solo el 3.5% llegará a tener un puesto fijo.

No es extraño que muchos acaben renunciando a su carrera investigadora y decidan probar fortuna en otros sectores

Si contase con recursos económicos y humanos suficientes, el sistema científico crecería de forma indefinida. La razón es que es un sistema que tiende a retroalimentarse de forma permanente. Quienes se dedican a la investigación desean, antes o después, liderar su propio grupo y formar a otras personas; y muchas de estas, a su vez, pretenden emular a sus mentores, formando a jóvenes investigadores y dirigiendo sus grupos de investigación. Y así sucesivamente.

En España ese proceso se produjo casi de forma ininterrumpida durante el cuarto de siglo que va desde mediados de los ochenta hasta finales de la primera década de nuestro siglo porque las circunstancias lo propiciaron. En la década de los ochenta se crearon instrumentos específicos para apoyar la investigación científica; la economía, salvo en el bache de la crisis de 1993, creció de forma notable hasta la llegada de la recesión cuyos efectos todavía padecemos; y las universidades crecieron en número de centros y de estudiantes a un ritmo vertiginoso hasta hace una década. En esas condiciones el sistema científico –universidades y centros públicos de investigación, principalmente- creció y fue capaz de incorporar a gran parte del personal investigador que se iba formando.

Pero ese crecimiento no fue infinito. No lo puede ser en ningún caso, y en el sistema español tampoco lo ha sido. Para aumentar de tamaño se necesita un aporte creciente de recursos, sean de origen público o privado. Y también se necesitan personas interesadas en desarrollar una carrera científica. Si cualquiera de esos dos requisitos fallan, el crecimiento se detiene o, incluso, puede revertir.

Para aumentar de tamaño el sistema necesita un aporte creciente de recursos, sean de origen público o privado

En una situación estable, lo normal es que el sistema forme a suficiente personal como para irse renovando poco a poco, de manera que quienes salen, porque prefieren otra actividad o se jubilan, son sustituidos por nuevo personal. El tamaño del sistema dependerá de los recursos disponibles. Pero está claro que, por el modo en que funciona, siempre se va a producir un cierto excedente de personal, razón por la cual, parte de esas personas con alta formación científica se dirigirán a otros destinos profesionales. De acuerdo con esa lógica, cada vez que aumenten los recursos que se destinan a la investigación, aumentará el tamaño del sistema, más personal podrá mantenerse en él y menos saldrán a otras actividades profesionales; pero esa situación será transitoria, hasta que se alcance un nuevo equilibrio. Los datos aportados por Jesús Méndez antes comentados referidos al Reino Unido, y similares datos relativos a los Estados Unidos son seguramente consecuencia de estados de equilibrio en los que se ha alcanzado un tamaño más o menos estable en sus respectivos sistemas científicos. No obstante, también en esos sistemas han empeorado en los últimos tiempos las condiciones para los investigadores que se encuentran al comienzo de la carrera.

Las posibilidades de los jóvenes que iniciaron sus carreras hace más de una década se han reducido al mínimo

El crecimiento del sistema universitario español se detuvo hace unos años por efecto de la crisis y por factores de carácter demográfico, ya que entre 1995 y 2000 España experimentó las cifras más bajas de nacimientos de las últimas décadas. Además, las tasas de escolaridad universitaria son altas, por lo que no es fácil que sigan subiendo. Y sin un sistema universitario capaz de absorber el personal formado en los últimos años, las oportunidades para incorporarse o mantenerse en él de forma estable de muchísimos jóvenes que iniciaron sus carreras hace más de una década se han reducido al mínimo. La situación para muchos de ellos es frustrante, porque tras un largo periodo de esfuerzo y, en ocasiones, verdaderos sacrificios, se ven abocados a abandonar la que consideraban su profesión.

Así pues, es relativamente normal que una parte importante de los jóvenes que han adquirido la formación necesaria para desempeñar una carrera investigadora tengan que abandonarla porque el sistema científico de su país o el de otros países no les ofrecen las necesarias oportunidades. Pero en el caso español el problema ha adquirido una dimensión relativa mayor porque hemos pasado de una situación de crecimiento a otra en el que más que detenerse, ese crecimiento ha revertido. España, además, sufre el agravante de que sigue teniendo un sistema científico de dimensiones muy inferiores a las de los países de nuestro entorno. Ni el sector público de investigación español tiene todavía un tamaño equivalente al de los demás países occidentales, ni la industria española absorbe el personal de I+D que absorbe la industria de la mayoría de ellos.

He dejado para el final una consideración relativa al papel de las mujeres en la ciencia. En contra de una opinión muy extendida, el número de chicos y chicas que estudian carreras de ciencias es en conjunto muy similar. Sin embargo, las condiciones para el progreso de las mujeres en el cursus honorum de la carrera científica son peores que las de los hombres; en otras palabras, las dificultades que afronta quien completa un periplo formativo en investigación se multiplican si se trata de una mujer. Esto ocurre, al menos, por dos razones. Por un lado, porque las posibilidades de progresar de las mujeres en el sistema científico son menores que las de los hombres. Y la segunda razón, aunque relacionada con la anterior, es que ese periplo formativo corresponde en el tiempo al periodo durante el cual muchas mujeres desean ser madres.

“Es triste que se despilfarre tanto esfuerzo económico y personal”

Los trágicos datos de la investigación en España

Los trágicos datos de la investigación en España: somos el país que más ha recortado y hay 90.000 empleos menos

MVT cuenta con la presencia del periodista Javier Gregori para hablar sobre la situación de la ciencia y la investigación en España. “Se han recortado 20.000 millones en ciencia desde 2009. Está llevando al colapso”.

http://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/te-explicamos/los-tragicos-datos-de-la-investigacion-en-espana-somos-el-pais-que-mas-ha-recortado-y-hay-90000-empleos-menos_201802135a832ba20cf23f9c136698cd.html

el otro dia acudi a una conferencia donde decian que no se dan ayudas porque no se solicitan, ??

I+D en España: Recogeremos lo que hemos sembrado

La crisis ha terminado oficialmente. El PIB español ha vuelto a los niveles anteriores a la crisis financiera, el país es uno de los que más crece en Europa y el desempleo disminuye y se encuentra ya debajo del 16%. Se afirma que la economía vuelve a ir bien y, si dejamos de lado los problemas “territoriales”, el gobierno anuncia un futuro espléndido para el país.

Economistas, incluidos muchos de los que escribimos en este blog, centros de investigación y organismos internacionales tenemos una narrativa diferente y menos autocomplaciente sobre el futuro de España. El mercado laboral sigue siendo disfuncional, con una abuso de los contratos temporales, la productividad, que creció durante la crisis en gran parte debido a la máquina de triturar empleo en que se convirtió la economía, sigue siendo baja y la competencia en los mercados de productos y servicios sigue siendo en el mejor de los casos “limitada”. El gobierno mientras tanto ha adoptado lo que podríamos llamar un dirigismo en el funcionamiento de la economía como muestra su actuación en mercados como el de la energía donde su intervencionismo exacerbado cuestiona la seguridad jurídica, lo que, sin duda, afectará las decisiones de las empresas de invertir en España en el futuro.

Toda esta inacción sucede en un momento donde la competencia de otros países es cada vez más intensa y cuando la mayor industria del país, el turismo, crece en parte por la inestabilidad política de nuestros competidores en el mercado de sol-y-playa. En medio de esta autocomplacencia empezamos a observar en el horizonte el “tsunami” poblacional que los expertos anunciaban y que cada vez está más cerca. Las pensiones en las próximas décadas engullirán una proporción cada vez más importante del gasto público, a menos que queramos que se conviertan en pagos puramente asistenciales. España necesita crecer de manera “equilibrada” (palabra cargada donde las haya) y para ello la inversión en I+D es clave. Sin embargo, el tiempo para poner en marcha políticas orientadas a ello se está acabando.

Y es que uno de los grandes retos del país es la innovación y en este aspecto el diagnostico que la Fundación COTEC hace en su informe de 2017 es directamente desolador. Como podemos ver en el siguiente gráfico, la inversión en I+D en España es de las más bajas de Europa.

Tal y como comentaba en una entrada de 2014 (y Ramón Xifré también aquí en 2015) esta inversión aunque aumentó algo durante la etapa de crecimiento anterior a 2007 nunca quedo ni remotamente cerca de la media de la UE. A pesar de ello, durante la crisis, se redujo notablemente. Incluso diez años después de su inicio, la inversión no ha recuperado su nivel anterior a 2007. Y el problema es que el resto de los países avanzados si han aumentado enormemente su inversión (un 25% a nivel europeo). En otras palabras, no es solo que la situación de partida era mala, sino que en términos relativos ha empeorado substancialmente.

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.

La disminución de la I+D en España durante la última década se ha producido en los cuatro sectores que distingue Eurostat: empresas, educación superior, gobierno y organismos no gubernamentales. En el caso de la financiación pública (gobierno y gran parte de la educación superior) esta disminución es especialmente alarmante. Uno podría afirmar, y con motivo, que entre reducir los servicios básicos y el gasto en I+D lo primero tenía prioridad. Aunque esto es cierto, también es verdad que el gobierno ha reducido esta financiación a la vez que ha mantenido otras inversiones “poco” rentables socialmente como las de obras en el ferrocarril de alta velocidad, tal y como he repetido machaconamente en este blog.

Fuente: Eurostat. Elaboración propia.

Como contaba Anxo en una entrada reciente la situación está llegando a extremos directamente ridículos. El recorte en el presupuesto público para la ciencia ha sido de un 50% desde el 2010 y 2015, que difiere del 30% anunciado porque la ejecución presupuestaria ha sido alarmantemente baja. En 2016 habría quedado por gastar casi el 60% de lo presupuestado, la cifra más alta desde que se tienen datos (el año 2002).

Esta notable reducción sucede a la vez que el gobierno anunciaba un ambicioso plan de inversión en infraestructuras de transporte por importe de 5.000 millones de euros. Como conté aquí, los proyectos que se iban a financiar parecían ser lo de menos. Y esto no se debe a que la dotación actual de infraestructuras sea baja. Vale la pena recordar que España tiene ya (sin incluir los proyectos en marcha) la segunda red de alta velocidad con más kilómetros del mundo, solo por detrás de China, y de manera parecida, tiene una de las redes de autopistas más extensa de Europa. Y eso sin hablar de los aeropuertos sin tráfico.

Capítulo aparte merece la situación de la I+D que se lleva a cabo por las empresas en España. También en este caso se observa una disminución muy acusada durante la crisis pero la recuperación en este caso tampoco parece muy vigorosa. Según el informe de la Fundación COTEC, entre 2008 y 2015 la inversión empresarial en I+D disminuyó un 14.3% pero el número de empresas que declaraban llevar a cabo esta actividad se redujo en un 35%. En total, algo menos de 16 mil empresas invertían en I+D en España en 2015. Además, las empresas pequeñas (de menos de 250 empleado) representaban casi la mitad de esta inversión, una cifra muy superior a lo habitual en otros países europeos. Si esto se debe a que en España hay menos empresas grandes o a que dichas empresas invierten menos en I+D no está claro.

Es difícil interpretar el origen de esta baja inversión en I+D por parte de las empresas. Solo podemos aventurar algunas explicaciones que dan lugar a más pregunta que respuestas. Por un lado, la financiación de la innovación en España se concentra de manera inusual en el sector público y los fondos propios de las empresas. En la medida en que ha disminuido la ejecución de fondos públicos dedicados a préstamos a las empresas, la inversión puede haberse visto afectada como resultado. Sin embargo, ¿por qué la financiación privada en España es y ha sido tan poco relevante?

Por otro lado, la falta de competencia en España permite que las empresas sobrevivan sin la necesidad de innovar. Como comentaba en otra entrada a raíz de un trabajo académico, existe evidencia de que muchas empresas han preferido no llevar a cabo inversiones que tienen un gran riesgo como la I+D, cuando otras actividades cuya rentabilidad provenía de la cercanía del poder político eran poco arriesgadas e igualmente rentables. A pesar de ello, los esfuerzos por parte del gobierno (nacional pero también de los gobiernos autonómicos) en promocionar la competencia han sido bastante tibios o directamente contrarios a la misma, como sucede con el caso del sector del taxi. Existen multitud de otros ejemplos. ¿Alguien ha vuelto oír hablar de la propuesta para liberalizar los servicios profesionales que el Ministerio de Economía anunció hace casi cinco años?

Esto es lo que estamos sembrando y lo que recogeremos en las próximas décadas. Sin embargo, que la situación lastimosa de la I+D en España no tenga un papel importante en el debate público es la peor señal de cara el futuro porque sugiere que difícilmente cambiará.

I+D en España: Recogeremos lo que hemos sembrado

¿Para quién trabaja Tejerina? Un pozo negro de subvenciones y maltrato animal

Cerdos con malformaciones y arrastrando tumores sangrantes. Animales agonizando. Cerdos comiéndose a otros. Animales muertos en contenedores, que no lograron llegar vivos al matadero. Esas fueron algunas de las imágenes que mostró el pasado domingo el programa Salvados de La Sexta.

Las imágenes fueron obtenidas tras una visita clandestina de Jordi Évole e investigadores de la ONG Igualdad Animal a una granja de Alhama, Murcia. Las instalaciones proveen a Cefusa, empresa que a su vez abastece de cerdos y vacas a la famosa El Pozo. Ambas empresas pertenecen al Grupo Fuertes. El área agroalimentaria del grupo también congrega a Agrifusa (agricultura), Fripozo (ultracongelados), Aquadeus (embotelladora de agua), Bodegas Luzón (vinícola) y Palancares Alimentación (quesos y lácteos), entre otras sociedades. A su vez, poseen inversiones hoteleras (Vis Hoteles), inmobiliarias (Profusa), petroquímicas (Aemedsa), azulejeras (Todagrés), parques temáticos (Terra Natura), acciones en Sacyr y firmas de capital riesgo (Infu Capital).

A pesar de las evidentes condiciones de descuido, maltrato y sufrimiento en que se encontraban los animales, Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, no tardó en defender a la empresa en cuestión. Tejerina reconoció que no había visto el programa, pero, aún así, sentenció tajante que el reportaje “no hace justicia al sector”. Jordi Évole replicó en Twitter que “la MINISTRA de TODOS: Hace suya la versión de ELPOZO. NO exige investigar lo que enseñamos. Y todo, SIN ver el programa. ¿Para quién trabaja?”.

¿Para quién trabaja Tejerina? Al menos justo antes de ser ministra, ocupó un alto cargo en la principal empresa de fertilizantes agrícolas en España, Fertiberia. Según Veterinarios Sin Fronteras, se trata de “un ilustrativo caso de puerta giratoria y de la influencia del lobby [agroindustrial]”.

Para comprender cómo el poder público hace suya la versión de una empresa privada y cómo los medios de comunicación han silenciado las fundadas denuncias de Igualdad Animal, es imprescindible tener en perspectiva quién les financia. Por una parte, tanto El Pozo como el sector porcino en general han invertido millones en medios de comunicación, contratando abundante publicidad en diferentes medios. Sin ir más lejos, el pasado martes la industria porcina dedicó una buena cantidad de dinero para que diversos periódicos publicaran páginas completas sobre el  “liderazgo, sostenibilidad y compromiso social” del sector. La iniciativa estuvo promovida por Interporc, la asociación gremial de la explotación de cerdos en España.

¿De dónde sale ese dinero? En parte, de nosotros. Todas las personas que somos contribuyentes en Europa le regalamos más de un millón de euros a la industria porcina española para este tipo de publicidad y otras promociones del consumo de carne de cerdo. Por ejemplo, en 2016, 1.366.348,20 euros de nuestros bolsillos se entregaron a Interporc para financiar su campaña ‘Pork Lovers Tour’, tal y como informó en 2016 la Comisión Europea. Ese casi 1,4 millones de euros no es un coste marginal. Por el contrario, se trata de alrededor del 70% del coste total de la campaña (1.9514.916,00 euros). Es decir, si los empresarios de la explotación de cerdos no hubiesen recibido nuestro dinero, probablemente la campaña no se habría llevado a cabo.

No obstante, el casi 1,4 millones de euros que hemos obsequiado a Interporc es realmente una minucia. Con la entrada de  Phil Hogan a dirigir la Comisión de Agricultura en la Unión Europea, el presupuesto para promover el consumo de carne de cerdo y de lácteos no ha hecho más que aumentar, elevándose en 2016 hasta 30 millones de euros. Algo así como 21 veces más de lo que le dimos en 2016 a Interporc.

El Pozo, en particular, también se ha llevado sendas sumas de nuestro dinero para sufragar el horror que destapó Salvados el pasado domingo. Ya en 2008, la Comisión Europea ordenó una investigación sobre las ayudas que habría recibido El Pozo de parte de las autoridades españolas. Según el órgano europeo, en el año 2007 el Gobierno de España habría entregado 15,1 millones de euros para la ampliación y modernización de algunas de las fábricas de la empresa, según un estudio de 2008 de la Comisión Europea.

Durante los últimos años, El Pozo y Cefusa habrían llegado a recibir otros 5 millones de euros (exactamente, 4.976.443,52) de los contribuyentes europeos para engrosar sus márgenes de beneficio, según datos recopilados por FarmSubsudy.org. Estas cifras no consideran subvenciones para la producción de granos para forraje, actividad que también lleva a cabo el Grupo Fuertes. Tampoco incluyen otras intervenciones estatales a favor de la comercialización de productos porcinos.

Es sabido que las ayudas públicas al sector agropecuario benefician, especialmente, a las principales ganaderas y compañías agroalimentarias de mayor envergadura, así como a grandes terratenientes. Ése es el caso de El Pozo: recibe dinero público a pesar de que, junto con Campofrío,  controla el 41% del sector cárnico español. Con el Grupo Fuertes, ha logrado unos  ingresos de 1.535,00 millones de euros en 2016, y declara un beneficio atribuido de 81,25 millones, según el Registro Mercantil.

El Pozo y otras grandes empresas del sector ganadero han utilizado el dinero público para rentabilizar el uso de animales en su beneficio. Los subsidios concedidos han contribuido a la disponibilidad de piensos asequibles y a la intensificación de la ganadería, sumiendo a los animales en vidas de miseria. Así, nuestro dinero se ha empleado para enriquecer a unos, mientras vivimos a expensas del sufrimiento de otros.

Considerando, además, la probada relación de la ganadería con el cambio climático ( El Pozo, en particular, es responsable de 4,2 millones de emisiones de CO2 en España) y las negativas consecuencias de los productos de origen animal para la salud humana[1], la defensa a ciegas de El Pozo por parte de la ministra Tejerina resulta, por lo menos, insultante e irresponsable. Por el contrario, quienes se están enriqueciendo con el dinero de los contribuyentes, quienes son los mayores responsables de la crisis climática actual, quienes esclavizan a trabajadores “autónomos” en mataderos, quienes someten a los animales a condiciones de extremo sufrimiento, son quienes merecen una condena contundente por parte del Gobierno y de los medios de comunicación.

Enriquecer a grandes poderes privados con dinero público con total opacidad y que el Gobierno haga propia la versión de El Pozo ante pruebas patentes de maltrato animal, da cuenta de la omnipresencia de los intereses económicos de grandes corporaciones agroganaderas. Así, la influencia directa de intereses privados en decisiones y posiciones políticas y en lo que merece o no atención en los medios de comunicación, los ha vuelto usurpadores del interés público.

Ante estas actuaciones, y cuando  la práctica totalidad (94%) de los europeos considera que es importante proteger el bienestar de los animales en granjas y cuando no hemos consentido que nuestro dinero enriquezca a grandes corporaciones, es urgente un contrapoder digno. El Gobierno de España no lo está haciendo. Con la campaña ElSecretoDeElPozo.com, liderada por Igualdad Animal, es la sociedad civil quien está exigiendo acabar con las condiciones más extremas de abuso de los demás animales: con El Pozo negro de sufrimiento, un pozo también oscuro de colusión entre intereses privados y poder político e impunidad.

[1] El sector ganadero denuncia haberse visto especialmente afectado por los hallazgos de la  International Agency for Research on Cancer sobre la relación de las carnes rojas y procesadas con el cáncer.

http://www.eldiario.es/caballodenietzsche/trabaja-Tejerina-subvenciones-maltrato-animal_6_738486151.html

El BOE asigna casi cien millones de euros más a Castor, el “proyecto-estafa” de Florentino Pérez

De nuevo, casi 100 millones de euros -denuncia el ODG- destinados al pago de un proyecto-estafa que nunca ha entrado en funcionamiento y que ocasionó más de 1.000 sismos en la zona”. Según el Observatorio de la Deuda en la Globalización, “de manera similar a la aprobación de los peajes de los años 2016 y 2017 (los primeros que incluyeron importes asociados con la indemnización del Proyecto Castor) esta orden se ha aprobado y publicado detrás del sigilo y la inactividad de las fechas navideñas”.

En esta ocasión, además, se ha hecho un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) dictara sentencia sobre los recursos de inconstitucionalidad que la Generalitat de Cataluña, el Parlament de Cataluña y 50 diputados del PSOE en el Congreso (la mayoría del PSC) habían presentado en contra del “Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relación con el sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares”.

El TC ha estimado parcialmente los recursos y ha resuelto suspender los artículos 2.2, 4, 5 y 6 del RDL 13/2014, que versan sobre el reconocimiento de las inversiones y costes a Escal UGS, los derechos de cobro con cargo al sistema gasista y el pago de los costes a Enagás Transporte SAU.

“Inaudito e inadmisible”
El Observatorio de la Deuda en la Globalización considera que, “con el mecanismo para determinar el cobro con cargo al sistema gasista suspendido, es absolutamente inaudito e inadmisible que se hayan incluido de nuevo estos importes dentro de los peajes del año entrante”. Según el ODG, “habría que, como mínimo, haber paralizado los importes relacionados con el RDL 13/2014, a la espera de determinar las implicaciones de la sentencia y los plazos y mecanismos para su aplicación; sin embargo -se quejan desde esa organización-, una vez más parece que Florentino Pérez es inmune a cualquier prueba, evidencia de negligencia o connivencia con el poder político”.

La sentencia del Tribunal Constitucional valora la celeridad en el pago de la indemnización
“Menos, si cabe, se justifica la necesidad de que la compensación reconocida en este precepto legal haya ser abonada en un solo pago […] en el plazo de 35 días hábiles desde la entrada en vigor de este real decreto-ley”. El Observatorio de la Deuda en la Globalización recuerda que, “en noviembre de 2014, vencía uno de los pagos a los bonistas, y antes de que el RDL fuera aprobado (y mientras la compensación no fue blindada) los bonos se desplomaron hasta una calificación de bonos basura por la incertidumbre de los escenarios”. Pues bien, según el Observatorio, “la aprobación del RDL hizo respirar tranquilos a ACS y al BEI. No es ningún secreto -explican desde el ODG- que, sin la compensación, ACS hubiera tenido verdaderos problemas para asumir el pago a los bonistas”.

Según el Observatorio, la decisión del Tribunal Constitucional “da la razón a las dudas razonables de la opinión pública y visibiliza que la decisión que tomó el gobierno tras la renuncia de ACS en el verano de 2014 fue, además de injusta, inadecuada”.

En el veredicto del Juicio Popular contra el Proyecto Castor, celebrado en Barcelona el pasado 17 de junio de 2017, se considera como “no conforme a derecho la decisión adoptada por el Gobierno del Estado de compensar al concesionario de la Plataforma Castor por la renuncia a la concesión, con el valor neto contable de las instalaciones”.

Según el ODG, “este texto normativo fue tramitado de manera contraria al ordenamiento constitucional, por la vía de Real Decreto Ley y no como proyecto de ley, generando efectos inmediatos con el objetivo de obstaculizar su control judicial; igualmente, se trata de una norma con rango legal aprobada por el Gobierno, es decir, sin inicial debate político (ni público) y que posteriormente, en el trámite de convalidación parlamentaria, impide la presentación de enmiendas”.

Tags: Nuclear , Transport

Castor y las trampas del capitalismo concesional

El Tribunal Constitucional ha anulado los artículos del RDL 13/2014, de hibernación del almacén de gas Castor, que establecieron el pago inmediato a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, de 1.350 millones con cargo a los consumidores de gas. La Sentencia de 21 de diciembre de 2017 considera que no se han justificado las razones para proceder a la compensación en unos términos y plazos tan perentorios como para excluir el procedimiento legislativo ordinario ni su relación con el objetivo del decreto ley, que era garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno de la instalación.

La CNMC ha suspendido el pago a los bancos que adquirieron los derechos de cobro. Una nueva batalla judicial se abrirá para que al final sean los contribuyentes o los consumidores los que sigan pagando la mala gestión del sistema gasista. La sentencia menciona la concesión que otorgó el RD 855/2008, que establecía que no sería de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria. 

La justificación que el Tribunal Constitucional echa de menos para abonar la compensación de Castor es lo que debería preocupar y no si el fiasco se carga al recibo del gas o a los presupuestos del Estado. La inconstitucionalidad del pago de Castor exige una investigación sobre cómo se gestó el proyecto de almacén gasista para acabar en una ruina ambiental y económica y en un desprecio injustificable a los consumidores.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts dijo en mayo de 2017 lo que años antes el sentido común y los informes del Observatorio del Ebro advirtieron sobre la relación causa efecto entre la inyección de gas en el almacenamiento Castor y los terremotos que tuvieron lugar en la costa de Vinaroz en 2013. El MIT confirmó que los estudios que se hicieron entonces fueron parciales. Castor no puede ser operativo de ninguna manera y su desmantelamiento podría provocar nuevos terremotos, ya que el gas ha desestabilizado la falla de Amposta.

El informe fue prudente a la hora de establecer responsabilidades. El ministro de Energía decidió encargar los estudios que no se hicieron antes. Pero nadie ha cuestionado que sean los consumidores los únicos responsables de una factura que empezó por 1.350 millones y nadie sabe a cuánto ascenderá finalmente. 

¿Se puede aceptar que la única responsabilidad de Castor sea de los consumidores? 
Todas las sospechas fueron evidencias cuando el Ministerio de Energía confirmó que a partir de Castor las exigencias de seguridad sobre este tipo de instalaciones serán mayores, creando una duda razonable sobre la seguridad de las infraestructuras energéticas. Los ministerios de Industria y Medio Ambiente minimizaron el riesgo sísmico hasta ignorarlo y los intentos de la concesionaria Escal UGS, participada al 66% por ACS, de desligar los seísmos de Castor han quedado desacreditados.

En el preámbulo del RDL 13/2014, de 3 de octubre de 2014, en el que se acuerda la hibernación de Castor, se describe su tramitación administrativa y cómo se gestó un desastre ambiental sin respeto a las mínimas exigencias de seguridad, protegiendo únicamente el negocio de las empresas.

Se justifica la hibernación de Castor para “habilitar un marco normativo que consolide la primacía del interés general en relación con la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno del almacenamiento”. No se pueden describir mejor los errores cometidos en la autorización del almacén: 

1. RD 855/2008 que otorga la concesión de explotación a Escal UGS, S.L. para el almacenamiento Castor y se integra como “infraestructura básica” del sistema gasista. El ministro Sebastián estableció la posibilidad de renuncia a la concesión por el titular y el derecho a la compensación, excepto en caso de dolo o negligencia. La condición de “infraestructura básica” implica que todos sus costes se trasladan a los consumidores de gas. El ministro Soria intentó eliminar la lesividad de la compensación prevista y en 2012 solicitó al Tribunal Supremo su anulación, pero el Supremo confirmó la compensación porque, de lo contrario, habría un “enriquecimiento injusto” del Estado, pero indicó que la cuantía de dicha compensación debería verse afectada por las causas de extinción de la concesión.

2. Resolución de 23 de octubre de 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático por la que aprueba la declaración de impacto ambiental de Castor.

3. Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 7 de junio de 2010 que otorga la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública del proyecto Castor.

4. Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 26 de septiembre de 2013 suspendiendo temporalmente las operaciones de almacenamiento ante la alarma social creada por los terremotos acaecidos en ese mes.

5. Escal UGS, participada por ACS, presenta el 18 de julio de 2014 la renuncia a la concesión y el Gobierno aprueba el 3 de octubre el RDL 13/2014 que reconoce la compensación a la empresa por 1.350.729 millones de euros, más 110.691 ya abonados, que no implica la extinción de su responsabilidad por la gestión del proyecto. Al encargar a Enagás la administración de Castor obliga a pagar la compensación íntegra con prioridad frente al resto de costes del sistema gasista, es decir, a su pago inmediato.

6. El RD 13/2014 mantiene el interés estratégico de Castor para la seguridad de suministro del sistema gasista y ordena a Enagás realizar nuevos estudios que permitan explotar el almacén subterráneo, esta vez sí, garantizando la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.

La extinción de la concesión de Castor debe ser investigada
El riesgo sísmico no se quiso prever y el pago inmediato a la concesionaria ha impedido averiguar lo que ahora sabemos y ha facilitado una compensación desproporcionada e injusta, incumpliendo el criterio del Tribunal Supremo de atender a las causas de la extinción de la concesión para determinar su cuantía.

En este proceso sorprenden la preocupación porque el Estado no se enriquezca y sí lo hagan otros, que una indemnización de miles de millones se pague de inmediato sin informe o justificación previa de la renuncia del concesionario o que a nadie haya preocupado el perjuicio que se causa a los consumidores, auténtico pozo sin fondo para la mala gestión política y empresarial del sector energético.

El método Castor es el mismo que se ha aplicado a todos los proyectos energéticos con impactos ambientales. Ya sea del carbón, del gas o nuclear, las externalidades negativas no se evalúan y se esconden bajo la fórmula de la responsabilidad patrimonial del Estado, que al final son los consumidores.

El método Castor es el mejor ejemplo del capitalismo concesional que ha moldeado un sistema energético caro y contaminante. La sentencia del TC sobre el RD 13/2014 abre la oportunidad para que quien deba investigar investigue y quien deba responder responda o habrá más Castor.

 

se pierde la historia y los profesores de fiesta, y los de agronomos jodiendo la marrana

EL PATRIMONIO HISTÓRICO DESAPARECE

Cientos de iglesias y castillos, en ruinas por el abandono rural: “Ya nadie cuida de ellos”

Los edificios históricos no declarados Bien de Interés Cultural se desploman y no hay dinero para conservarlos. En Arraya de Oca (Burgos) el derrumbe de su iglesia amenaza su futuro

Foto: Isaac Ayala, párroco de Arraya de Oca (Burgos), abre el templo en ruinas. (David Brunat)
Isaac Ayala, párroco de Arraya de Oca (Burgos), abre el templo en ruinas. (David Brunat)
07.02.2018 – 05:00 H.

Arraya de Oca tiene 22 habitantes y un futuro muy negro por delante. Su iglesia, una pequeña joya arquitectónica del siglo XVI, está en ruinas desde principios de enero. No hay dinero para rehacerla, como mucho para ponerle una cubierta y evitar que con las lluvias y los años se deshaga como un azucarillo. Los vecinos todavía no se creen su mala fortuna. “Va a haber un antes y un después. Esta iglesia era el alma del pueblo, la excusa para juntarnos. No sé qué va a pasar ahora”, suspira Ester. No quiere ni pensar en que el pueblo pueda desaparecer, pero la realidad es tozuda: en Arraya no hay trabajo, no vive ni un solo niño y ahora ni siquiera hay excusa para que los turistas cojan el desvío en la carretera comarcal y se detengan a visitar la bella iglesia de la Asunción de Nuestra Señora.

Levantar de nuevo el templo costará un mínimo de 150.000 euros, según el cálculo más optimista. Hay que reconstruir el tejado, que se calcinó en un violento incendio en diciembre, y luego la torre del campanario que se ha desplomado a causa de aquel fuego. Los vecinos se preguntan quién va a ser capaz de reunir ese dinero, si la archidiócesis de Burgos, titular del inmueble, o la diputación provincial y la Junta de Castilla y León en un acceso de generosidad que en estas tierras nadie espera.

Interior de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, en Arraya de Oca. (D. B.)
Interior de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, en Arraya de Oca. (D. B.)

“Aún no ha venido nadie a plantear soluciones a los vecinos o a contarnos qué piensan hacer. A los políticos se les llena la boca con el medio rural y luego a la hora de la verdad ni ayudan ni dan facilidades a los que vivimos en los pueblos”, protesta Fiden Barrio, uno de los pocos treintañeros que reside en Arraya. “Cuando se quemó Campofrío, que es una empresa privada, faltó tiempo para que la Junta de Castilla y León y La Caixa les construyeran una planta nueva. Vale que allí había en juego muchos puestos de trabajo, pero aquí está en juego el futuro de un pueblo”.

“Cuando se quemó Campofrío, faltó tiempo para que les construyeran una planta nueva. Aquí está en juego el futuro de un pueblo”, claman los vecinos

A falta de otro apoyo que una lona verde y una selva de andamios que sostienen el templo y sus bóvedas del siglo XVI por dentro, los vecinos se han puesto manos a la obra. Estos días han desescombrado el recinto y han iniciado una modesta campaña para recaudar fondos. Hace unos días fue un mercadillo y ahora quieren lanzar una campaña de ‘crowdfunding’ a través de internet. “Necesitamos que alguna entidad privada o un mecenas nos ayude. Suena a imposible, pero a veces en estas pequeñas cosas es cuando ocurren los milagros”, se esperanza Sandra Ruiz, otra de las jóvenes del municipio.

Los 22 habitantes de Arraya de Oca se han volcado en la reconstrucción. El párroco, Isaac Ayala (d). (D. B.)
Los 22 habitantes de Arraya de Oca se han volcado en la reconstrucción. El párroco, Isaac Ayala (d). (D. B.)

Dentro de la iglesia, formada por tres naves de estilo gótico cuya piedra nunca ha sido restaurada, aguardan bajo plásticos protectores dos retablos de importante valor. El principal, de suelo a techo, data del siglo XVI con piezas del XV y el segundo es del siglo XVII. También hay un tercero arrinconado en el suelo, desmontado como un puzle ya que cayó junto al campanario. Los vecinos custodian la iglesia día y noche para evitar que los ladrones despojen al pueblo de sus bienes más queridos.

Altar de la iglesia de Arraya de Oca, construida a inicios del siglo XVI. (D. B.)
Altar de la iglesia de Arraya de Oca, construida a inicios del siglo XVI. (D. B.)

Nadie sabe qué hacer

La tragedia de Arraya es el caso más reciente de una epidemia que se extiende sin cura aparente por toda la península, la del patrimonio histórico abandonado o ya arruinado debido a la despoblación y la falta de recursos públicos. En Arraya no hubo abandono, de hecho el pueblo cuidaba su iglesia con dedicación, pero el resultado del fuego la ha dejado en la misma situación que a los centenares de iglesias, castillos y palacios medio derruidos que salpican la geografía. Todo el mundo coincide en su valor histórico y artístico pero nadie sabe qué hacer con ellos. El último ejemplo, sangrante como casi todos, es el Castillo de Balboa, en El Bierzo (León). Una fortaleza del siglo XII, única en toda la región, que está a punto de desplomarse por culpa de 80.000 euros.

La Asociación Hispania Nostra lleva desde 1976 trabajando por la preservación del patrimonio. Suya es la Lista Roja, impulsada en 2007 para informar y concienciar a la sociedad sobre los elementos patrimoniales en riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores. En su última edición, hay 767 bienes catalogados.

Pinche sobre la imagen para acceder al mapa interactivo de la Lista Roja del Patrimonio.
Pinche sobre la imagen para acceder al mapa interactivo de la Lista Roja del Patrimonio.

“Esos edificios son víctimas de la dinámica del propio país. Lamentablemente, la gente abandona las zonas rurales, los pueblos desaparecen y ahí queda un patrimonio difícil de mantener por las administraciones. España es uno de los tres países de la UE con mayor riqueza patrimonial, pero todo ese patrimonio necesita un uso y sin él es muy difícil sostenerlo en el tiempo por mucha inversión que haya. Hace 30 años la gente del pueblo, algún mecenas local o un grupo de albañiles arreglaban cualquier desperfecto. Ahora ya nadie cuida de ellos y lo que hoy es una gotera mañana puede ser un estado de ruina”, resume Víctor Antona, miembro del comité científico que elabora cada año la Lista Roja.

El castillo de Fernán González de Sepúlveda (Segovia), con torreones árabes del siglo X, está muy deteriorado. (D. B.)
El castillo de Fernán González de Sepúlveda (Segovia), con torreones árabes del siglo X, está muy deteriorado. (D. B.)

Castilla y León es la comunidad autónoma más afectada con 238 bienes en riesgo, desde conventos medievales a regios palacios de la nobleza barroca. En su descargo, es la comunidad que mayor patrimonio histórico y cultural acumula en toda la península. Un ejemplo es el mismo pueblo de Arraya de Oca, que a pesar de su tamaño alberga una iglesia notable y bien conservada a lo largo de los siglos, referencia en el noreste de Burgos.

“Hay monasterios e iglesias impresionantes en lugares remotos de cuando el crecimiento de las órdenes religiosas en el siglo XVI y XVII. Se diseñaron grandes edificios que con el tiempo fueron decayendo y ahora no sabemos qué hacer con ellos”, indica Antona. Al repunte de la fe se suma el esplendor económico de Castilla en esa época, cuando aglutinaba el poder político español y la agricultura y la ganadería generaban grandes fortunas. Los potentados construían palacetes privados o financiaban templos religiosos por todo el territorio.

Los edificios con valor histórico de segundo nivel, que no llegan a ser Bien de Interés Cultural, presentan el mayor riesgo de desaparición

“Los edificios con valor histórico de segundo nivel, que no llegan a ser Bien de Interés Cultural (BIC), son los que presentan mayor riesgo de desaparición. Hay muchísimos y no hay recursos para preservarlos. Nos apena principalmente la gran pérdida social que implican, más allá del valor artístico”, reconoce Enrique Saiz, director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Esa distinción se hace extensible al resto de España: solo hay dinero para proteger los BIC. En Castilla y León, concretamente, hay 15 millones para este año que antes de la crisis llegaron a ser casi 40. El resto de bienes dependen bien de la caridad de aportaciones privadas o de sus respectivas diócesis, ya que muchos son edificios religiosos propiedad de la Iglesia española. Incluso hay varios BIC en peligro, como son el Castillo de Cerralbo en Salamanca o el Castillo de la Aragonesa en Marmolejo (Jaén)

El Castillo de la Aragonesa en Marmolejo (Jaén) es de origen musulmán y está abandonado pese a estar catalogado como BIC.
El Castillo de la Aragonesa en Marmolejo (Jaén) es de origen musulmán y está abandonado pese a estar catalogado como BIC.
El palacio del Marqués de Revilla en Navares de las Cuevas (Segovia), del siglo XVII y de estilo herreriano, solo conserva sus paredes. (D. B.)
El palacio del Marqués de Revilla en Navares de las Cuevas (Segovia), del siglo XVII y de estilo herreriano, solo conserva sus paredes. (D. B.)

“Un inmueble que lleva en pie ocho siglos se puede ir a la ruina por pasar cinco años cerrado. Una gotera lleva a un socavón y esta a una inundación y finalmente al desplome de un muro”, prosigue Saiz. Y subraya: “Parece que el patrimonio cultural es responsabilidad solo de la administración o de la Iglesia, y aun siendo cierto no es toda la verdad. Gastar una fortuna en rehabilitar un edificio en un pueblo abandonado no es sostenible porque en pocos años volverá a caer. Lo hemos comprobado. Ha de haber una comunidad de personas comprometidas con su conservación. Nuestro patrimonio ha perdurado siglos porque había personas que lo cuidaban y conservaban, no porque los poderes políticos se encargasen de ello. Sin una base social no se puede proteger el patrimonio y es ahí donde más estamos trabajando”.

Rehabilitar un edificio en un pueblo abandonado no es sostenible. Ha de haber gente comprometida en su conservación

Así, la Junta de Castilla y León está apostando por crear, o fortalecer si las hay, comunidades amigas de cada monumento en peligro de muerte, en vez de invertir dinero a fondo perdido. “En el monasterio de Río Seco [Burgos]​ estamos ayudando a un colectivo que voluntariamente vela por su buena conservación y el resultado es excelente. También es importante integrar cada bien individual en un sistema más amplio de protección, como es el proyecto Románico Norte [que engloba 54 iglesias entre Burgos y Palencia]”, sostiene el director.

Hispania Nostra coincide en este enfoque y también trabaja “con asociaciones de vecinos antes que con las administraciones” para que la gente “haga suyo el patrimonio local y lo defienda”. “Si como sociedad no conseguimos interesarnos por proteger nuestra historia, el dinero está de más”, advierte Antona. “La gente ha de asumir que ese castillo o esa ermita forma parte de su historia colectiva y comprometerse en su defensa. Es complicado porque cada vez queda menos gente en los pueblos. Solo si mejorasen las expectativas laborales podríamos restaurar todas las iglesias rurales, pero eso no va a pasar”.

El Monasterio de Río Seco (Burgos) es un ejemplo de compromiso social para salvar el patrimonio. (Salvemos Rioseco)
El Monasterio de Río Seco (Burgos) es un ejemplo de compromiso social para salvar el patrimonio. (Salvemos Rioseco)

Los nietos, como última esperanza

El director de Patrimonio de Castilla y León adelanta que la última esperanza para que España pueda seguir considerándose uno de los tres países con mayor patrimonio histórico está en los hijos y nietos de los habitantes del mundo rural. Esa media España que veranea en los pueblos de sus familias. “Aunque ya no vivan allí, ellos son la energía social para mover recursos y dinero. Convertir esos lugares en puntos de encuentro más allá del valor artístico que tenga la iglesia es fundamental para generar ese lazo de unión con el patrimonio”, considera.

Uno de los grandes protagonistas de esta agonía histórica es, sin duda, la Iglesia. Suya es la titularidad de muchos de estos bienes. La Archidiócesis de Burgos acumula un alto porcentaje de estas pequeñas gemas del románico y el gótico español y asegura que hace todo lo que puede. O todo lo que pueden sus 200.000 euros de presupuesto para reparaciones. Para todo lo demás, dependen de la Diputación de Burgos (400.000 euros del llamado ‘convenio de las goteras’) y de “donativos particulares en parroquias e instituciones”, indica Juan Álvarez, director de Patrimonio de la archidiócesis. “El gran problema del patrimonio no es su restauración sino su uso futuro una vez restaurado. Hay muchas iglesias derruidas en lugares despoblados que en este momento no podemos atender. Debemos encontrar el equilibrio entre invertir en un bien que tiene valor histórico y asegurarnos de que va a tener un uso en el futuro”, prosigue.

En los últimos tiempos se está produciendo una agria disputa entre las diócesis y los vecinos por ver quién custodia las piezas artísticas de los templos

Para complicar todavía más el problema, en los últimos tiempos se está produciendo una agria disputa entre las diócesis y los vecinos por ver quién custodia las piezas artísticas de los templos. Las diócesis, titulares de esos bienes, argumentan que la despoblación y la soledad de las iglesias favorece el robo tallas, retablos, imágenes y cruces con más de 500 años de historia, pero los vecinos se niegan a entregar sus tesoros por un motivo puramente sentimental.

DAVID BRUNAT

Es lo que sucede estos días en Arraya de Oca. La diócesis de Burgos ha solicitado la custodia de los tres notables retablos de la iglesia derruida, que incluye piezas del siglo XV al XVII, y de una talla de la Virgen sedente, pero los 22 vecinos se niegan en redondo. “Aquí le dices a la gente mayor que se llevan a su San Isidro y se ponen todos frente a la puerta para impedirlo. Si nos quitan las piezas nos roban el valor de la iglesia, nos terminan de matar”, sostiene Barrio junto al resto de vecinos. Isaac Ayala, párroco de Arraya y de otras 16 iglesias de la comarca, disiente: “No se pueden guardar bienes de tanto valor en un corral cualquiera. Partimos del prejuicio de que si salen, esos bienes no van a volver, pero están documentados y se sabe que pertenecen a esta iglesia”.

El párroco de Arraya de Oca, Isaac Ayala, contempla los desperfectos en la iglesia. (D. B.)
El párroco de Arraya de Oca, Isaac Ayala, contempla los desperfectos en la iglesia. (D. B.)

El director de Patrimonio de la archidiócesis asegura que esta disputa es hoy el principal quebradero de cabeza en las parroquias rurales. “La gente nos dice ‘de aquí no sale nada’ y eso es una falta de sensibilidad y de colaboración. Tenemos medios y lugares para custodiar las piezas como es el propio museo diocesano de Burgos. El día o dos al año que el pueblo celebre fiestas y quiera sus piezas, nosotros se las vamos a entregar”, afirma Álvarez.

Entretanto, en Arraya el reloj de arena lleva ya dos semanas volteado. “Si pasa esta temporada de lluvias y la siguiente y la cubierta no se ha sellado, esa iglesia posiblemente será irrecuperable”, advierte Antona, de Hispania Nostra. La archidiócesis exclama que ya ha invertido 40.000 euros pero que aún no sabe de dónde podrá sacar 100.000 euros (si no más) para acometer toda la obra. Si las goteras no se subsanan pronto, el proceso de degradación de esta pequeña joya artística será imparable y seguirá el triste camino ya recorrido por otros centenares de edificios históricos olvidados en el tiempo.

La Universitat de València amplía el período de inscripción a las Becas Santander

La Universitat de València amplía el período de inscripción a las Becas Santander CRUE CEPYME hasta el próximo lunes 12 de febrero. A través de estas becas, el alumnado tendrá la oportunidad de realizar prácticas remuneradas en empresas (tanto pymes, como micropymes, autónomos, fundaciones y ONGs).

El importe total de la beca es de 900 euros brutos para cada estudiante, es decir, 300 euros al mes

La duración de éstas será de tres meses a media jornada (4 horas) en turnos de mañanas o tardes y deberán realizarse entre el 8 de mayo y el 30 de septiembre. El importe total de la beca es de 900 euros brutos para cada estudiante, es decir, 300 euros al mes.

Para solicitarla, si eres estudiante, debes rellenar la solicitud en la página web de ADEIT adjuntando el resumen de tu matrícula, así como los créditos y la nota media –en el caso de que seas estudiante de grado-. Asimismo, quienes estén interesados en ello, pueden aportar la entidad en la que realizar la práctica.

Asimismo, la Universitat de València también ha alargado el periodo de inscripción para las empresas por lo que estas podrán presentarse hasta el próximo miércoles 28 de febrero. También las empresas encontrarán el documento que deben presentar en la web de ADEIT.

El objetivo de estas prácticas se basa fundamentalmente en promover la realización de prácticas académicas externas del estudiantado de la Universitat de València para así facilitar su posterior inserción profesional; así como de reforzar la colaboración con las empresas que acogen al estudiante.

Más información: Becas Santander CRUE CEPYME