la cruz roja aparece en la universidad porque hace falta dar sangre a los empresarios de la universidad

Protestas por el convenio con la Cruz Roja

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-08-02/sangre-donaciones-madrid-recurso-supremo_1241400/

Desde 2014, la Comunidad abona 67 euros por cada bolsa de sangre que la entidad obtiene en la calle. Los trabajadores públicos han llevado al Tribunal Supremo el convenio firmado
David Fernández
El 20 de diciembre de 2013, la Comunidad de Madrid firmó un convenio con Cruz Roja para que esta realizara las campañas de colecta y extracción de sangre en las calles, las universidades y los centros de trabajo. El convenio entró en vigor el 1 de enero de 2014 (tiene una vigencia de seis años). Desde entonces y hasta el 31 de julio de este año el Gobierno regional ya ha desembolsado 16 millones de euros a esta institución, ya que paga 67 euros por bolsa de sangre. La Asociación de Empleados del Centro de Transfusión de Madrid (Adecetma), que antes de la firma se encargaba de las campañas externas, ha llevado “este convenio de privatización” a los tribunales (ha presentado un recurso ante el Supremo) porque asegura que es un acuerdo arbitrario, innecesario y gravoso para las arcas públicas, y que se incumple todos los meses, ya que las donaciones son siempre inferiores a lo pactado inicialmente.

Iñaki Aguirre Muñoz, director gerente de la Unidad de Extracción de Sangre para la Donación de Cruz Roja, señala que “no estamos ante una privatización, sino ante una colaboración. Nuestro centro de donación fue creado en 1960 y el Centro de Transfusión de la Comunidad en 1988. Nosotros somos una institución de carácter voluntario y de interés público y firmamos el convenio con el Gobierno regional para evitar duplicidades. Ellos intentar obtener las donaciones en los hospitales y nosotros, en la calle. No hay ningún tipo de negocio con la sangre, ni ningún incumplimiento. El convenio es dinámico y la consejería de Sanidad fija cada año las bolsas de sangre que debemos intentar obtener”. Desde 2014 a julio de 2016, Cruz Roja ha obtenido 237.000 bolsas.

Los trabajadores públicos no lo ven así. “La Comunidad de Madrid renunció a gestionar la donación de sangre en la calle, cedió sus medios y sus vehículos a Cruz Roja y, además, le paga por ello. Mientras, los trabajadores que antes se encargaban de hacerlo fuimos dispersados y recolocados de forma arbitraria”, señalan desde Adecetma, que lleva dos años y medio de movilizaciones y litigios judiciales. El pasado 12 de abril de 2016, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó el recurso interpuesto por la asociación contra el convenio. “Pero sin entrar en el fondo del asunto. Es decir, el tribunal no se pronunció sobre si este acuerdo fue arbitrario e innecesario, gravoso para los trabajadores y para las arcas públicas, y un subterfugio destinado a financiar a una entidad privada. Solo entendió que los trabajadores no tenemos legitimidad para recurrirlo, que no somos parte interesada”. Adecetma ha presentado un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo y ha iniciado una campaña de ‘crowdfunding’ para seguir litigando. Ya han obtenido el 35% del dinero necesario.

Los trabajadores del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid calculan que en los seis años de vigencia del convenio Cruz Roja podría percibir en torno a los 52 millones de euros, “entre los que están incluidos los 8 millones que Cruz Roja recibe de material por parte de la Comunidad de Madrid” para realizar las extracciones. El Gobierno regional facilitará 24 equipos Hemocue, 240.000 microcubetas, 774.000 etiquetas, 4.400.000 tubos, 774.000 bolsas con filtros para extracción… Además, la Comunidad de Madrid cede a Cruz Roja dos furgonetas y seis unidades móviles. “En el expediente administrativo del convenio no existe documento alguno que valore económicamente todo este material que será entregado a Cruz Roja. Nosotros calculamos 8 millones”, explican desde Adecetma.

Los trabajadores se preguntan por qué se fijo 67 euros por bolsa de sangre, y no 70 o 45 euros: “no existe ningún documento que justifique o explique la fijación de un precio de 67 euros por bolsa. Los documentos del expediente del convenio toman esta cifra con referencias vagas, difusas e insuficientes. No hay análisis económico, ni explicación detallada de los costes”, según Adecetma. La Comunidad fijó en 2013 “los precios públicos por la prestación de los servicios y actividades de naturaleza sanitaria”, y estipuló en 95 euros la bolsa de sangre. “Cómo Cruz Roja ya recibe material y vehículos por parte de la Comunidad, se fijó en 67 euros el coste que nosotros tenemos por realizar esta función”, señala Iñaki Aguirre, que asegura no entender la razón de los trabajadores públicos para denunciar el convenio y explica que Cruz Roja ha cerrado sus laboratorios, porque ya no hace trabajos de procesamiento de sangre, sino de colecta y extracción.
31.000 bolsas menos de las previstas en dos años

El convenio asegura que “serán causas de resolución el incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones establecidas en el mismo”. Las cifras facilitadas por los trabajadores públicos revelan que Cruz Roja no ha podido cumplir hasta ahora las previsiones establecidas. En 2014 Cruz Roja se comprometió a obtener 74.000 bolsas de sangre. Como operativamente se empezó en marzo de 2014, tenía que entregar finalmente 60.500, aunque solo obtuvo 52.463 bolsas. A 67 euros cada una, la Comunidad pagó 3,5 millones de euros.

En 2015 el compromiso de Cruz Roja fue de 140.000 bolsas. Al final entregó 117.072 unidades, según Adecetma; 117.045, según Cruz Roja. A 67 euros cada una, la Comunidad pagó otros 7,8 millones de euros. En estos dos años el incumplimiento es de 31.000 bolsas. Para 2016 el compromiso es de 120.000 bolsas. En los siete primeros meses del año Cruz Roja había obtenido 68.164 bolsas (4,5 millones de euros), 4.500 menos de las previstas.

los senadores de la limpieza se llevan 2 millones

El BOE acaba de publicar la declaración de bienes y patrimonio de más de mil altos cargos de la Administración pública durante los últimos cuatro años. Y lo primero que llama la atención es el nada desdeñable patrimonio del anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en el momento de dejar su cargo tras la moción de censura declaró más de un millón y medio de euros. Este dato, llamativo sin duda, contrasta con el dinero declarado por el actual jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuya declaración de la renta arroja unas ganancias mucho más modestas: 342.990 euros.

La diferencia de patrimonio entre uno y otro líder es algo normal (pese a que en principio ambos han cobrado el mismo sueldo hay otros ingresos computables como herencias, valor de bienes inmuebles, acciones y ahorros anteriores a la llegada del cargo) pero conviene no perder de vista un dato: la última vez que se hizo público el listado de bienes de sus señorías fue en 2014, cuando el PP aún seguía gobernando. Es decir, durante los últimos cuatro años los altos cargos, en especial los que integraron el Gobierno de Rajoy, no han hecho públicos sus bienes al abandonar sus puestos, pese a que están obligados a ello por la ley de altos cargos de la Administración General del Estado.

Por tanto, durante ese período sin duda marcado por la falta de transparencia, los ciudadanos no han podido saber que muchos colaboradores de Rajoy declaraban más de un millón de euros. Así, tal como consta en el BOE y recogen hoy la mayoría de los medios de comunicación de tirada nacional, entre ellos El País, Pedro Argüelles, ex secretario de Estado de Defensa, ha declarado una fortuna de casi 50 millones de euros. A su vez, Gonzalo Ortiz, embajador en Corea, acredita más de 25 millones de patrimonio global, y Montserrat Gomendio, ex secretaria de Estado de Educación, un total de 13,6 millones. También llama la atención la declaración de patrimonio de Fidel Sendagorta, director general para América del Norte, Asia y Pacífico (12,3 millones); y la de María Victoria Morera, embajadora en Alemania (7,6), José Rodríguez-Spiteri, presidente de Patrimonio Nacional (10,9), y de María Jesús Figa, embajadora en Vietnam (5,9 millones).

Los altos cargos deben por ley presentar su declaración patrimonial durante los tres meses posteriores a su toma de posesión y a su cese, algo que hacen todos los altos cargos del Estado. Sin embargo, no debería bastar con que sus señorías rellenen el impreso y le den trámite oficial, debería ser absolutamente necesario que el ciudadano, cada año sin excepción, sepa cuáles son las cuentas reales de sus representantes públicos, algo que no ha ocurrido en la última legislatura. ¿Por qué? Una democracia avanzada se mide, entre otras muchas cosas, por el grado de transparencia que ofrecen sus instituciones y representantes públicos, y no parece, por lo que publica hoy el BOE, que el Gobierno de Rajoy, ese que pagaba sobresueldos en negro a sus altos cargos, es decir, dinero sin declarar en el impuesto de la renta de las personas físicas, se haya caracterizado por facilitar toda la información a sus ciudadanos.

Ni que decir tiene que los últimos años de Gobierno de Rajoy han sido los más negros en lo que se refiere a la corrupción de la historia contemporánea de España, por mucho que José María Aznar se empeñe en decir ahora, provocando el sonrojo de quien le escucha, que casos como la trama Gurtel o la Caja B del partido solo fueron simples anécdotas sin importancia.

Pese a tantos desmanes y a que las declaraciones de patrimonio de los diputados y senadores han sido ocultadas durante cuatro años, el PP, hoy liderado por Pablo Casado, ha iniciado una ofensiva política y mediática contra el Gobierno socialista por cuestiones mucho menos importantes, como el máster supuestamente irregular que ha obligado a dimitir a la ministra de Sanidad, Carmen Montón, el furibundo ataque contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por unos comentarios a los postres durante una conversación privada, o la petición de dimisión contra el ministro de Ciencia, Pedro Duque, a quien ahora se acusa de poseer una sociedad patrimonial con la que gestionó dos propiedades inmobiliarias, algo que por otra parte numerosos expertos ya se han apresurado a calificar como perfectamente legal.

Una vez más nos encontramos ante la hipocresía de un partido, el PP, que exige a sus rivales políticos una honradez hasta el grado de la santidad mientras él ha participado en el mayor expolio económico de la historia de España sin que aún haya pedido perdón a los españoles. Y no solo no ha pedido disculpas, sino que pretende convencernos de que la corrupción sistemática que ha practicado durante décadas, que ha sido confirmada por sentencia judicial mediante la acreditación de la caja B del partido, y que millones de españoles han visto con sus propios ojos en culebrones judiciales interminables, solo ha sido una pesadilla. Como en las malas novelas.

El Gobierno del PP ocultó la declaración de bienes de sus altos cargos durante cuatro años

La explotación del sector de la limpieza: 7 horas de trabajo por 29 euros,

Es un colectivo numeroso y fundamental, pero la percepción que tienen sus integrantes es que son «invisibles» ante la sociedad. Es el sector de la limpieza, en el que en Asturias trabajan más de 12.000 personas, mayoritariamente mujeres, en muchos casos con unas condiciones «de vergüenza». Sindicatos y patronal iniciaban el pasado mes de febrero la negociación del convenio colectivo para el periodo 2018-2020. El objetivo de los primeros es mejorar las condiciones económicas y sociales de ese colectivo que resultó muy perjudicado por la crisis. Sin embargo, «la falta de voluntad» por parte de las empresas de desbloquear la situación ha derivado en la convocatoria de una huelga indefinida a partir del día 23 de octubre, salvo que la mediación en el Sasec dé resultado. La movilización es el camino que les queda para poner freno al explotador mundo de la limpieza, en el que la hora de trabajo en muchas ocasiones no llega ni a los cinco euros netos.

https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2018/09/29/explotacion-sector-limpieza-7-horas-trabajo-29-euros/00031538236017441474467.htm

Los rectores las universidades valencianas ganan más que el presidente de la Generalitat,

El sueldo de los rectores continúa siendo uno de los secretos mejor guardados entre los sectores que perciben una nómina de las arcas públicas. En la actualidad, la ley obliga a los dirigentes políticos a difundir su patrimonio y hasta la Casa Real, en una decisión inédita, ha expuesto cuál es la remuneración anual que percibe Don Juan Carlos.

La información contenida en las cuentas anuales de las universidades públicas permite realizar una aproximación a los sueldos de sus dirigentes. En el caso de la Universitat de València, el último balance depositado, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2010, consta la presencia de tres altos cargos en su nómina. Uno corresponde al grupo denominado como Personal Docente e Investigador —que corresponde a la figura del rector— y los otros dos al Personal de Administración y Servicios —el gerente y el secretario general del Consejo Social—. Estos tres altos cargos perciben un sueldo anual de 245.000 euros. La división arroja una nómina per cápita de 81.666 euros, una cifra superior a los cerca de 67.600 brutos que percibe cada año el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

Los 245.000 euros que declara destinar la Universidad de Valencia al pago de las nóminas de sus altos cargos contrastan con cifras de otras grandes instituciones académicas españolas como la Universidad Complutense de Madrid, con un desembolso total de 96.614 euros.

En el escalafón universitario los rectores perciben más porque a su sueldo de funcionario de carrera como catedrático, se le suman los complementos (de destino y específico), los trienios que pueda tener más los tramos docentes y de investigación junto al complemento por el puesto que llega a los 19.957 euros brutos al año. Esta cantidad viene determinada por el Ministerio. Otros cargos que cobran en razón del rango son los vicerrectores, unos 8.000 euros anuales; los decanos de facultad, otros 6.000 o los 3.400 de los directores de departamento.

El Consell ha logrado que ninguno de sus altos cargos supere la remuneración de Fabra, para lo que se ha fijado un tope de 55.391 euros anuales para las percepciones máximas que perciben los directores generales de la Generalitat y de sus empresas públicas. En todo caso, se han aplicado excepciones, como con la intendente del Palau de la Música, a la que se ha aplicado una reducción salarial del sesenta por ciento pero que cobrará poco más de 67.000 euros para equipararse a Fabra. La Generalitat, sin embargo, no dispone de competencias para regular el salario de los altos cargos de las instituciones académicas.https://www.abc.es/20120430/espana/abci-rectores-universidad-valencia-201204292350.html

se esta haciendo huelga y se esta poniendo mas dinero en la universidad, quien se lo lleva

Pelea de pobres en la universidad española: “Estamos trabajando por 5 euros a la hora”

Desde el mes pasado, los asociados de la Universidad de Valencia han parado sus actividades para protestar, y pueden ser solo los primeros. ¿Qué es lo que está pasando?

https://www.elconfidencial.com/alma-corazon-vida/2018-03-09/universidad-profesores-asociados-huelga_1531566/

Los rectores tardarán cinco meses en entregar al PP las 323.000 facturas de caja fija

Los dirigentes de las cinco universidades públicas aseguran que “nadie” del Consell pidió entre 2006 y 2014 las cuentas que ahora reclama el grupo popular

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2017/11/28/rectores-tardaran-cinco-meses-entregar/1647738.html

 

 

cuanto se gasta la universidad y en que se lo gasta

Las cuentas de las universidades públicas vuelven a estar en el disparadero a raíz de la polémica sobre las cajas fijas. Su sistema de financiación y la mejora de la rendición de cuentas es objeto de debate recurrente. Sucedió en 2013 con el informe de los expertos solicitado por el exministro Wert y en 2011 cuando trascendió el encargado a académicos internacionales -en ambos participaron profesionales valencianos-. Y no se puede olvidar el último informe específico del Tribunal de Cuentas, que en 2015 se mostró muy crítico con la falta de información contable de los numerosos organismos y entidades dependientes y con las jubilaciones incentivadas del profesorado, alegando que carecían de sustento legal.

La petición de ejecución de la sentencia ganada por el PP al Consell para tener acceso a todos los datos de los gastos para atender necesidades inmediatas de los centros y departamentos de las instituciones académicas coincide en el tiempo con la presentación del nuevo informe del organismo fiscalizador estatal, cuya principal pega es que las universidades de la Comunitat gastaron 400 millones de euros anuales más que los previstos inicialmente, por lo que les pide más rigor en la elaboración de las cuentas.

También ha trascendido estos días un estudio de la Fundación Compromiso y Transparencia que pese a arrojar buenos resultados a nivel general, en la cuestión económica alerta de la necesidad de contar con auditorías externas actualizadas. Y si no es posible tenerlas de entidades públicas considera necesario recurrir a agentes privados para poder corregir debilidades cuanto antes.

Universidad de Valencia

340
millones de € es su presupuesto de 2017
47.775
alumnos
60
grados oferta, además de 114 másteres
6.012
trabajadores
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/sombras-cuentas-universidad-20171207185618-nt.html