Acerca de casofran

me persiguen, me han tirado de la universidad por maltratar a sanchez del metro y a pastor

el resultado es que las universidades de españa son sociedades de mateo para hacerse rico

Una veintena de diputados tienen casas, oficinas y garajes a nombre de sociedades

Tras la polémica por el chalé del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ‘Público’ ha cotejado las declaraciones de bienes de los 350 diputados. Las formaciones de derechas, y en particular el PP, lideran este ránking de inmuebles controlados por sociedades, en su mayoría empresariales.

alejandro lópez de miguel / beatriz asuar gallego

Casi una veintena de diputados en el Congreso tienen inmuebles a nombre de sociedades. Tras la polémica sobre el chalé del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que se sirvió de una sociedad para adquirir esta vivienda y su residencia habitual, y a escasas horas de que el Gobierno haga públicas las declaraciones de bienes de sus altos cargos y sus inmediatos predecesores, Público ha cotejado las declaraciones de bienes oficiales de los 350 parlamentarios, recogidas en la web del Congreso.

El ránking de sociedades con inmuebles a su nombre lo lideran las formaciones de derechas: frente a los 12 casos identificados en el PP, tres en Ciudadanos y dos en el PDeCAT, sólo una diputada socialista y otra de En Comú Podem aparecen en esta lista.
En total, 19 de ellos poseen parte o la totalidad de viviendas, locales comerciales, naves industriales o fincas, a través de sociedades. En su mayoría, estas propiedades están vinculadas a actividades empresariales, y una parte importante de ellas están dedicadas a actividades inmobiliarias, a diferencia del caso del ministro Duque, que recurrió al uso de una sociedad patrimonial. “Si se trata de sociedades que realizan una actividad empresarial, es de suponer que no se trata de viviendas particulares, sino de societarias, no para uso particular”, explica José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha.
Gestha critica que en ocasiones este tipo de sociedades permitan a sus propietarios eludir el pago de impuestos

En conversación con Público, Mollinedo critica que en ocasiones este tipo de sociedades permitan a sus propietarios eludir el pago de impuestos. Recuerda que el 80% del IRPF viene de las rentas del trabajo, que más del 96% de los declarantes cobran menos de los 60.000 euros anuales, y que los técnicos de Hacienda siempre han criticado que las sucesivas reformas de los distintos gobiernos hayan mantenido “vías de elusión legales y legalizadas”.

También destacan los agujeros en la reforma fiscal que hoy estudia el Gobierno, que afectaría a las rentas de 140.000 euros: “Podría darse la circunstancia de que alguno de esos diputados no alcanzase los 140.000 euros de los que ahora se está hablando, y obtuviera rentas que, si las tuvieran a título personal, sí tributarían. Nosotros no objetaríamos nada a que alguien tuviera a través de sociedades su patrimonio inmobiliario o mobiliario, pero debería existir una cláusula en la Ley del Impuesto de la Renta para atraer al tipo impositivo de la renta personal de cada uno, en función de la participación en esas sociedades de inmuebles”.

Mollinedo insiste en que no son partidarios de prohibir las sociedades de tipo inmobiliario -“hay muchos motivos para mantenerlas, como las herencias”-, pero denuncia que, en ocasiones, personas “con gran capacidad contributiva” están contribuyendo al 25%, y no al 45%. “Si hablamos de sociedades de arrendamiento de viviendas se puede llegar a un tipo real del 3,75%: el IRPF pierde el 41,25%”, apostilla.

En lo que respecta a las sociedades de los parlamentarios, la Comisión del Estatuto del Diputado es el órgano encargado de supervisar sus actividades y de autorizar las compatibilidades que corresponda. En la mayor parte de los casos, las declaraciones de bienes y rentas fueron cumplimentadas al inicio de la legislatura, aunque algunas han sido actualizadas posteriormente.
Al menos tres exministros de Rajoy controlan inmuebles a través de sociedades

Con 12 diputados, el 63% de los casos documentados -el 9% de sus parlamentarios-, el PP supera holgadamente al resto de formaciones incluidas en esta lista. En ella aparecen tres de los exministros de Mariano Rajoy que hoy son diputados: Isabel García Tejerina (Agricultura), actual vicesecretaria Sectorial del PP; Rafael Catalá Polo (exministro de Justicia) e Íñigo Méndez de Vigo (exportavoz y extitular de Educación).

En concreto, a través de las sociedades Isabel La Católica S.L., Inmobiliaria Relatores S.L. e Inmobiliaria Huerta del Rey S.L. (de las que posee el 20%), Tejerina es dueña de la parte proporcional de un total de 25 pisos y tres locales comerciales en Valladolid, según su última declaración publicada. Catalá, propietario del 49,7% de Pocat S.L., es dueño de una vivienda y una plaza de aparcamiento en Alicante; una vivienda en Madrid y una parcela urbana en Pontevedra.
Entre los diputados del PP están Tejerina, Catalá, Méndez de Vigo y Zoido

Por su parte, Méndez de Vigo controla Krainem S.U.L., y a través de esta sociedad el 100% de un piso en Madrid (y un vehículo Jaguar). Entre el resto de diputados hay quienes cuentan con plazas de garaje (Arturo García Tizón, con tres de ellas en Chinchón, a través de una sociedad en la que participa al 50%); quienes tienen locales comerciales (Juan Manuel Juncal Rodríguez, con cuatro locales comerciales en Ferrol, a través de Ferrolpyme S.L.), o quienes tienen un patrimonio mucho más extenso.

Es el caso de Javier Ruano García, que participa en un 7,99% en Ruano Urbanas S.L. (19 pisos, 15 oficinas, seis locales, un solar, una finca rústica y dos estaciones de servicio en Murcia y Granada); o un 8,44% de ES La Fuensanta S.L. (con cinco oficinas, 17 plazas de garaje, una estación de servicio y dos locales.

En la lista también aparecen el exministro del Interior José Manuel Zoido y la diputada Ana Zurita. Ambos han incluido en la casilla de “bienes inmuebles propiedad de una sociedad o comunidad” un apartamento en Gran Canaria (1,30%, Zoido) y un “piso, oficina-vivienda” en Santa Cruz de Tenerife (en un 99% propiedad de la declarante).

En respuesta a las dudas planteadas por este diario sobre los casos de Zoido y Zurita, así como a la petición de confirmación del resto de casos recogidos en esta información, fuentes del PP se limitan a aclarar que los parlamentarios conservadores “cumplen con la normativa”. “Los diputados del Grupo Parlamentario Popular cumplen con la normativa que les marca el congreso en cuanto a bienes y patrimonio, y van actualizando los datos cuando corresponde”, zanjan.

El resto de parlamentarios en el ránking son Manuel Blasco Marqués; Joaquín María García Díez; José Ignacio Llorens Torres y Miguel Ángel Paniagua Núñez.
Tres disputados de Cs tienen inmuebles en sociedad

Dos diputados de Ciudadanos tienen viviendas a nombre de sociedades, Toni Cantó y Félix Álvarez. En la ficha de Cantó, figura que tiene un piso en Canarias de pleno dominio compra-venta. Fuentes de Ciudadanos explican a Público que “el inmueble nunca ha sido habitado ni alquilado” y que fue “comprado con otra persona hace años, con un mínimo valor catastral (entre 20.000 y 30.000 €)”. También aseguran que desde hace años intentan vender el piso, pero que es “difícil debido a su ubicación y deterioro”.
Toni Cantó, Félix Álvarez y Rodrigo Gómez son los diputados de Cs que tienen viviendas o oficina a través de sociedades

Mientras que en la ficha de Álvarez se indica que tiene una “vivienda habitual” en Cantabria de la que es propietario del 50% adquirida en 2010 y otra “vivienda” de la que es propietario del 33,3% que adquirió en 2011. Respecto a la primera, desde el partido naranja explican que no es “sociedad patrimonial” sino la “sociedad limitada unipersonal que tenía para ejercer su profesión artística”. También alegan que “se trata de una primera vivienda exenta de IRPF, como la de cualquier ciudadano que posee una vivienda”. Respecto a la segunda, aseguran que se trata de una vivienda comprada por una sociedad en la que participaban tres personas y que se dedicaba a la producción artística. Con el beneficio de esta empresa, compraron el piso repartido a tres partes. En las participaciones de sociedades, figura el 33,3% en Participaciones sociales de espectáculos y deportes Trasgo S.L..

La participación del tercer diputado es diferente. En la ficha de Rodrigo Gómez consta un piso y dos plazas de aparcamiento propiedad de Gómez & Gómez Abogados y Economistas S.L. Ciudadanos explica que se trata de un despacho de abogados familiar en el que trabajaba antes de entrar en política, de forma que no adquirió una vivienda de esta forma. “La sociedad no es patrimonial y su objeto es el desarrollo de una actividad profesional”, aseguran. Respecto a los tres diputados, insisten que ninguno ha eludido impuestos a través de estas sociedades.
Una diputada del PSOE y otra de En Comú Podem

En otro orden de cosas, en los dos grupos más grandes tras el PP sólo aparecen dos casos: el de la socialista Carmen Baños y el de la diputada de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Lucía Martín.
Carmen Baños es la diputada del PSOE y de Unidos Podemos es Lucía Martín

La primera declara la titularidad de una parcela urbana en Lorquí (Murcia) sin especificar el nombre de la sociedad que la controla. Fuentes del Grupo Parlamentario Socialista especifican que se trata de una parcela de apenas 170 metros cuadrados, y que la sociedad que ostenta su titularidad inicialmente pretendía dedicarse a “actividades inmobiliarias”, aunque con la crisis “cesó la actividad”.

El diputado socialista José Enrique Serrano también ha incorporado en la casilla de inmuebles controlados por sociedades “bienes inmuebles rústicos y urbanos” en Tribaldos (Cuenca), y un piso en Madrid. Desde el PSOE no aclaran si efectivamente están en manos de una sociedad, y se remiten a la declaración, en la que Serrano especifica que heredó estos bienes y es propietario del 20% de los mismos.

Mientras que en el grupo de Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea, sólo aparece Lucía Martín con inmuebles en esta categoría: dos pisos, tres plazas de garaje y un trastero con un dominio del 4% en Lugo. La diputada afirma a Público que todos forman parte “de la empresa de un familiar cercano”. “Tengo el 4% de sus bienes inmuebles, tal y como consta en la declaración. Ni tengo capacidad de voto en la gestión de la empresa ni cobro nada por estar ahí”, aclara.
Dos diputados del PDeCAT

Los diputados del PDeCAT (grupo Mixto) que aparecen en esta lista son Ferran Bel Accensi y Feliu-Joan Guillaumes i Rafòls; el primero tiene dos pisos, un local y dos plazas de aparcamiento en Tarragona, mientras el segundo cuenta con el 21,03% de una nave industrial en Palleja, Barcelona, y el 25% de otra nave en Sant Esteve Sesrovires.

Cuestionados por Público, ambos diputados recalcan que en ningún caso tienen viviendas, sino inmuebles utilizados para sus actividades profesionales, y Guillaumes aclara que comparte la titularidad con su esposa y sus cuñados. En su caso se trata de las sociedades Sant Esteve Renting S.L. y Top Box Business S.L., mientras que Bel participa en ADEC ASSESSORS SL.
https://www.publico.es/politica/veintena-diputados-casas-oficinas-garajes-nombre-sociedades.html

el profesor de geografia esta loco ? o es la profesora de fisica la que se equivoca

A unos 24.000 años luz de la Tierra hay una estrella muerta que no debería existir, al menos según las teorías actuales de la física.

Un grupo de científicos liderado por el astrónomo Jakob van den Eijnden de la Universidad de Ámsterdam (Países Bajos) ha descubierto una estrella de neutrones única que emite chorros de plasma relativistas a pesar de que tiene un campo magnético demasiado fuerte. La estrella es parte del sistema binario Swift J0243.6+6124, ubicado a 24.000 años luz de la Tierra, en la constelación de Casiopea.

Hasta el momento, los chorros relativistas solo habían sido observados en las estrellas de neutrones, estrellas muertas ultradensas con campos magnéticos 1.000 veces más débiles.

cuando el rey ira a declararle la guerra a la universidad. le toca poner orden en vez de llenarse los bolsillos

Las 50 universidades públicas españolas contaban en el curso 2015-2016 con un total de 839 profesores visitantes. Solo dos de ellas, La Rey Juan Carlos (URJC) y la Carlos III (UC3M), ambas de la Comunidad de Madrid, acaparaban el 60% de todo el volumen nacional. Entre ambas sumaban 496 de ellos, 236 la primera y 260 la segunda.

Ningún otro campus se acerca remotamente a esas cifras: lo habitual es que no lleguen a diez e incluso hay 22 universidades que no emplean a ninguno. La Pompeu Fabra tiene 88.
Echar mano de este tipo de contratación significa no hacer un concurso público, firmar a dedo y tener a estos docentes cautivos de un contrato que se renueva cada año por la dirección de la universidad.

La figura del profesor visitante no está pensada para nutrir las plantillas. Estas incorporaciones están perfectamente definidas por la normativa. La ley de universidades (LOU) concreta que el visitante es un profesional de prestigio de una universidad que trabaja temporalmente en otra. Es cuestionable que la política de contratación de ambas universidades responda a esa definición a base de multiplicar contratos. Varias fuentes consultadas, conocedoras de la Universidad, coinciden en que este alto número de visitantes es una “anomalía” en ambos centros.

Una primera consecuencia de estas prácticas es que se hace complicado controlar a quién se contrata y cómo. En el caso de los profesores visitantes, la ley exime a las universidades de hacer cualquier tipo de concurso. No tendría mucho sentido para esta figura, explican las fuentes. Se contrata, podría decirse, a dedo. De manera que cada visitante contratado es un concurso público (regido por la igualdad, el mérito y la capacidad) esquivado. Casi 500 visitantes contratados (los que tienen la URJC y la UC3M) son 500 concursos no convocados.

“Es raro. Algo pasa, porque lo normal cuando viene alguien de otra universidad es que lo haga de año sabático o algo similar, y no lo tengas que contratar. La fórmula del visitante no es el procedimiento por el cual solemos ir a otra universidad, ni aquí ni en el resto del mundo”, explica una profesora experta en contratación de personal docente investigador (PDI). “Las cifras de un dígito [de profesores visitantes en una universidad] me las creo. Las de dos por debajo de 20 o 30, según el tamaño de la universidad, también. Por encima…”, desliza.

Una figura excepcional
Primero, la ley. El Convenio Colectivo de Universidades Públicas de Madrid para personal docente e investigador, basado en la Ley Orgánica de Universidades, delimita muy claramente qué es un profesor visitante y las condiciones laborales que se le deben aplicar.

En el apartado 6 del artículo 10 define “los requisitos para la contratación de profesores visitantes”. Son dos específicos: “Ser profesor o investigador de reconocido prestigio y desarrollar o haber desarrollado su actividad en universidades y centros de investigación, tanto españoles como extranjeros”. Además, el texto establece que “la duración máxima del contrato de profesor visitante será de un año ampliable a dos en los supuestos razonados”.

Estos planteamientos definen el “espíritu” de la norma: la figura del profesor visitante se creó para que las universidades atraigan talento reconocido, habitualmente extranjero, para dar un impulso a una determinada área o departamento o para cubrir un vacío cuando una universidad crea una nueva rama de estudios. El objetivo de esta ley, explican fuentes universitarias, es que esta figura sea excepcional, y como tal se refleja en su presencia en los centros. Lo habitual es que no suponga ni el 1% del PDI (la Complutense de Madrid, la más grande de España, tiene 17). En la UC3M y la URJC está en el 15% y el 20% de las plantillas docentes, respectivamente.https://www.eldiario.es/sociedad/Rey-Juan-Carlos-III-Madrid-profesores-visitantes_0_656884645.html

la inquisición esta en la universidad, morcillo se tiene que arrodillar ante lex lutor y pedirle perdon

TER GARCÍA
@TERGAR_

PUBLICADO
2018-09-27 06:39:00
10 de marzo de 2000. Al menos 6.000 personas se manifiestan en contra de la privatización de la universidad. ¿Razón? El Informe Universidad 2000, conocido como Informe Bricall. Un documento, firmado por Josep María Bricall —hasta dos años antes presidente de la Conferencia de Rectores Europeos—, encargado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas —y financiado por la CEOE y por empresas como Telefónica—, en el que se proclamaba, como reforma necesaria para el sistema universitario, el encarecimiento de las tasas.

La protesta organizada hace ya 18 años, convocada por unos 30 colectivos entre los que se contaba la asociación de estudiantes George Orwell —formada por estudiantes de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, y a la que se filtró en primer lugar el documento—, acabó en la Puerta del Sol entre los golpes y los porrazos de la policía. Fue el primer paso de una serie de reformas que muchos relacionan con la falta de control y mercantilización que sirven de contexto a los casos de los másteres conseguidos, supuestamente, de forma irregular por cargos políticos como la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, el actual presidente del Partido Popular, Pablo Casado; la breve ministra de Sanidad Carmen Montón o el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Durante los doce años de lucha contra las reformas de Bolonia, la propaganda del Gobierno y del círculo de empresarios promulgaba poner la universidad al servicio de la sociedad, que era tanto como decir: ‘Vamos a poner el dinero que se dedica a la educación al servicio de las empresas, porque así se va a volver rentable, y, desde su punto de vista, está hasta bien”, explica Carlos Fernández Liria, filósofo, profesor en la Universidad Complutense y una de las cabezas visibles del movimiento contra Bolonia. “En el movimiento anti-Bolonia dijimos que iba a pasar exactamente lo que estamos viendo: la universidad se ha convertido en un juguete de unas élites que pagan unos másteres para acrecentar su currículum y que, como han pagado una cantidad de dinero enorme, pueden no asistir a clase y sacar los contenidos de internet, que para eso está”, continúa.

“Fue cuando el ministro Solchaga decía que España era el país donde era más fácil hacerse rico”, recuerda Corominas
A partir del Plan Bolonia, las antiguas diplomaturas y licenciaturas —de tres y cinco años respectivamente— se unificaban en los grados, de cuatro años de duración —240 créditos—. Una primera categoría de formación universitaria que se podría completar después con un segundo grado en forma de máster de uno o dos años —60 o 120 créditos—, y, tras aprobar un máster específico, por un tercer grado —el doctorado, de una duración media de cuatro años—. En el curso 2006/2007, las universidades comenzaron a ofertar sus másteres oficiales y, en 2015, el Gobierno del Partido Popular dio un paso más con la aprobación del Decreto 3+2, que abría la posibilidad a grados de tres años de duración, aunque desde el Consejo de Universidades hasta ahora solo se ha dado vía libre a su aplicación para nuevas carreras universitarias.
VOLVIENDO A 1983
“No sé hasta qué punto se está poniendo en cuestión la credibilidad de todo el sistema o la de alguna universidad en particular, pero sí hay algunas causas que pueden afectar a todo el sistema”, explica, por su parte, Albert Corominas, catedrático de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) y miembro del Observatori del Sistema Universitari. Corominas sitúa el punto de inflexión en 1983, cuando fue aprobada la Ley de Reforma Universitaria. “Fue en el momento en el que se implanta una cultura del enriquecimiento fácil, cuando el ministro [Carlos] Solchaga decía que España es el país donde era más fácil hacerse rico, lo cual es como decir que si usted no es rico es porque es tonto y, por tanto, todo el mundo intenta espabilarse y enriquecerse como pueda”, continúa el catedrático.

Corominas explica que la legislación de 1983 fue la que asignó a las universidades españolas la educación de posgrado, pero con una financiación escasa, y a la vez les daba la posibilidad de crear entidades con forma jurídica propia. “Este es un hecho decisivo que desemboca en parte en la situación que tenemos ahora, la universidad comenzó a poder tener fundaciones, sociedades diversas en las que tenía una participación mayoritaria o total, pero que no eran directamente controladas por los órganos que la ley prevé para la universidad, y el hecho es que es en estas entidades donde se han detectado con cierta frecuencia irregularidades de tipo económico”. Además, esta ley también abría la posibilidad a que el personal docente de la universidad pueda tener, aparte de su actividad académica, contratos con empresas a partir de los cuales pueda cobrar dinero. “Aquí también se origina un giro a partir del cual muchas personas se han dedicado más a ganar dinero que propiamente a hacer actividad académica”, señala.

Sobre el caso de Pablo Casado, Corominas marca una diferencia: “Si en la Universidad Complutense se ha regalado algún título a un político, no veo que esto tenga relación con los cambios legislativos, tiene que haber personal docente e investigador, y personal de administración y servicios involucrado, y esto puede haber ocurrido a espaldas de los máximos responsables de la institución”.
MÁSTER… ‘OF PUPPETS’
Otro tema en cuestión es la propia terminología. Corominas recuerda que, antes de 1983, los máster eran unos estudios a los que podían acceder unos pocos con dinero suficiente para estudiar en Estados Unidos o Reino Unido. Cuando llegó al Estado español en los años 80, muchas entidades privadas o creadas por universidades comenzaron a montar cursos a los que llamaron ‘máster’. “¿Eran equivalentes a los másteres británicos o estadounidenses?”, le preguntamos. “Qué va”, responde. “He llegado a ver un anuncio de una empresa, ubicada en un segundo piso en una calle de Barcelona, de ofimática, probablemente enseñaban el Office o algo parecido. Esta denominación no estaba regulada y, por tanto, bajo ella podía haber cualquier cosa”, continúa el catedrático de la UPC.

El safari de másteres continúa, o incluso se ha acrecentado más. En el curso 2006-2007 se crearon los másteres universitarios —también llamados másteres oficiales—, que actualmente son los únicos que dan derechos académicos —en cuanto a poder acceder a un doctorado— o profesionales. Además de ellos, hay másteres —no universitarios— que se cursan en centros privados, másteres —tampoco universitarios— que se cursan en centros que dependen de universidades. Incluso másteres —como los que aparecen en una noticia, que aparenta ser contenido patrocinado, de El Mundo — como los de una empresa llamada Euroinnova, que ofrece máster sin carrera universitaria previa de Astrofísica o Ingeniería Aeroespacial —ahí es ná—. “Habría que poner remedio, porque para el público en general y para todo el mundo es muy difícil de entender. Esto es una selva en la que la Administración debería poner coto”, sentencia Corominas.

De hecho, este catedrático señala que, con toda la información publicada sobre el caso Cifuentes, aún no ha podido descubrir si fue un máster universitario o no. “Por una parte, se decía que la señora Cifuentes había hecho gestiones para hacer el máster con https://www.elsaltodiario.com/universidad/cuando-se-cargaron-la-universidad#