Acerca de casofran

me persiguen, me han tirado de la universidad,

articulo de argentina y pasa lo mismo en españa con el botanico de las ciudades

Memoria del saqueo

Espero que no se moleste Pino Solanas si tomo prestado el título de su documental sobre cómo una mafiocracia formada por políticos, empresarios, jueces y militares saquearon, robaron y traicionaron hasta la ruina a la Argentina. La memoria de un país es directamente proporcional a su capacidad de evitar que le vuelvan a tomar el pelo. Como el nuestro tampoco tiene ninguna, pueden estar seguros de que todo volverá a pasar. Que nos volveremos a llevar las manos a la cabeza. Que nos preguntaremos otra vez cómo fue posible el engaño.

Si usted va a comprar el pan y el panadero es de moral endeble, es probable que le devuelva mal el cambio. Si percibe que el cliente no lo comprueba, seguirá robándole. Si finalmente usted descubre el engaño, pero sigue yendo a comprar el pan al mismo sitio, el panadero entenderá que no le importa que le roben. Vivimos en un país donde los políticos han recibido ese mismo mensaje: nada de lo que hagan importa.

Enchufados de partidos, sindicatos y patronal, la mayoría sin la menor idea de cómo gestionar una tienda de barrio, fueron puestos al frente de los consejos de administración de cajas de ahorro. Pasaron a ser responsables del dinero de miles de personas y se dedicaron a malgastarlo, mientras se premiaban a sí mismos con buenos sueldos, comilonas y tarjetas black. Cuando todo se vino abajo, se marcharon sin pagar la cuenta. ¿A quién se la dejaron? A usted.

El Estado acudió al rescate con el dinero de los contribuyentes y a cambio no les ofreció ni una mísera comisión parlamentaria para investigar qué había ocurrido. Quizá es lo único coherente en todo esto: ¿cómo iban a investigarse a sí mismos los responsables de la trama? La factura del rescate podría superar los 75.000 millones de euros. Pero en el Gobierno, en instituciones, comunidades y ayuntamientos, políticos, reguladores y supervisores responsables del desastre han seguido en sus puestos.

Ahora comparen lo ocurrido con un país que revisa el cambio que le dan al comprar el pan. The Washington Post calculó un beneficio del rescate bancario estadounidense para las arcas públicas de cerca de 300.000 millones de euros, una vez completada la reestructuración. Suiza y Holanda, entre otros países, también han salido beneficiados. ¿Acaso somos más tontos los españoles? Sí, lo somos.

Se nos dice que salvar a las cajas fue necesario y, en cierto modo, lo fue. Tras décadas de saqueo y gestión corrupta, el rescate era inevitable si no se quería asistir al derrumbe del sistema financiero y la pérdida de los ahorros de miles de familias. La trampa está en que, cada vez que se nos recuerda la emergencia, se nos escatima la explicación de cómo llegamos a ese punto. Termina presentándose todo como una desgracia, un accidente inevitable. Pero no hubo accidente en el reparto de cargos de los partidos. No hubo accidente en la falta de supervisión del Banco de España o la CNMV, ahora investigadas por la justicia. No hubo, tampoco, accidente en el silencio de gran parte de la prensa. Los directores de los medios de este país recibieron llamadas en vísperas de la salida a bolsa de Bankia para pedirles el favor de que apoyaran la operación. Y la mayoría lo hicieron, mientras las páginas de los periódicos, las cuñas de las radios y los recesos en televisión se llenaban de anuncios contándole a la gente el gran negocio que sería invertir en ese nido de corrupción.

Consumado el robo, el consuelo podría haber sido que se aprendió la lección y hoy tenemos ciertas garantías de que no se repetirá. Pero no: cinco años después del rescate, las cajas han sido limpiadas. Pero el sistema clientelar que permitió la estafa en primer lugar no sólo ha salido intacto de la crisis, sino que se ha fortalecido. Se va acercando el día en que volvamos a preguntarnos cómo pudo pasarnos de nuevo.

Memoria del saqueo

la universidad es un manicomio

Los ‘horroris’ causa de la universidad española
El expresidente de Banesto propuso financiar un jardín botánico en la Complutense

A Rodrigo Rato la Universidad Rey Juan Carlos le nombró doctor honoris causa en 2009 y seis años después, debido a las causas abiertas por presuntos delitos económicos, le fueron retirados los honores. La decisión fue adoptada a iniciativa de los representantes de alumnos que consideraban que “la universidad ha de ser el templo del conocimiento y de la honestidad”. La Universidad de Alicante también le retiró el mismo título al exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). En 2012, la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) revocó su honoris causa, concedido en 2008, al expresidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, condenado a dos años de cárcel por un delito continuado de apropiación indebida (4,4 millones de euros procedentes de clientes del Grupo Marsans).

Uno de los nombramientos más sonados, debido al boato de la ceremonia, a la que asistió lo más selecto de la clase empresarial española, incluido el rey Juan Carlos, fue el de Mario Conde, en la Universidad Complutense de Madrid. Fue el 9 de junio de 1993 cuando sonó el Gaudeamus Igitur, el himno universitario por excelencia, en honor del entonces brillante y prometedor banquero. Seis meses más tarde, el 28 de diciembre, el Banco de España intervino Banesto.

Ambas fechas quedaron grabadas a fuego para el entonces rector de la Complutense, y principal impulsor de este nombramiento, Gustavo Villapalos. El exbanquero, que cumplió varias condenas de cárcel y vuelve a estar en prisión por presuntos delitos de blanqueo de capital y falsedad, se comprometió a financiar con 2.000 millones de pesetas (12 millones de euros)un Jardín Botánico para el citado campus, que finalmente costeó más modestamente la universidad con unos 500 millones (tres millones de euros). La Complutense no le ha retirado la distinción a Conde.
Abrir puertas

Uno de los objetivos por los que una universidad nombra a un honoris causa es para estrechar lazos con el elegido o con la institución a la que representa. “Recientemente nombramos a un profesor del MIT [Jesús del Álamo], y se han fortalecido las relaciones”, reconoce el rector de la Politécnica de Madrid, Carlos Conde.

No son los únicos casos que han acabado en horroris causa, aunque son excepciones dentro del mapa español, que se conceden desde 1920, y recogen la máxima distinción honorífica que una universidad concede a eminencias de distintos ámbitos profesionales, y que no necesitan ser licenciados en una determinada carrera. Una mala elección del candidato tiene un efecto sobre la reputación de la institución que concede el título, señala el consultor en comunicación y asuntos públicos Santos Ortega, quien destaca lo complejo que resulta tomar medidas preventivas al respecto, por otra parte, necesarias debido a los riesgos reputacionales que tienen las universidades como instituciones educativas, que han de estar ligadas a la ejemplaridad.

En este mismo sentido se manifiesta Carlos Rubio, director general de la Asociación Española de Agencias de Comunicación Publicitaria (AEACP), quien considera complicado imaginar que profesionales con una gran trayectoria pueden llegar a desmerecer tales honores. Ante la imagen de desprestigio que puede llegar a tener una universidad por una mala elección, Rubio aconseja reforzar los procesos de selección.

Las propuestas de nombramiento de doctor honoris causa requieren de la aprobación del consejo de gobierno de la universidad y deben acreditar un currículo con sus meritos, así como las certificaciones del departamento o centro que lo propone. “No se pueden correr riesgos y la única manera con la que no arriesgas es cuando el candidato ha desarrollado un método científico o una obra de ingeniería”, afirma Carlos Conde, rector de la Politécnica de Madrid, que el próximo viernes investirá a Antoine Kremer, pionero en la investigación sobre la diversidad genética de los robles en Europa. “Es el máximo grado que concedemos y debemos ser muy escrupulosos y prudentes”, explica Conde.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2016/04/18/sentidos/1461006233_196894.html

enrique alvarez conde y mario conde para hundir el pais

“La hipotética prorroga del estado de alarma”

Enrique Alvarez Conde Catedrático de Derecho Constitucional

Una vez declarado el Estado de alarma a través del Real decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, sobre cuyo contenido y significado jurídico-constitucional están apareciendo, con mayor o menor acierto, los primeros comentarios, se plantea ahora la posibilidad, con motivo -seguramente- de las próximas fiestas de Navidad, de proceder a una prórroga del mismo con la finalidad de continuar garantizando el servicio público esencial del transporte aéreo, extendiéndolo,incluso, a otros colectivos, que parecen haber anunciado posibles huelgas para estos días, mas allá de los propios controladores. Esta hipotética prórroga debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

1) El titular de la prórroga ya no es el Gobierno, sino el Congreso de los Diputados, a iniciativa del propio Gobierno. Estaríamos, a nuestro juicio,en presencia de un acto con fuerza de ley, que seria susceptible de control ante la jurisdicción constitucional.

2) El periodo de prórroga habría de ser el mismo (15 días) que el establecido para su declaración inicial, no pudiendo ampliarse a otros espacios temporales (se habla incluso de dos meses), pues la cláusula “rebus sic stantibus” así parece interpretarlo. De otro modo, podríamos entender que el espacio temporal podría ser indefinido, situándonos en una especie de estado de alarma permanente, que privaría al mismo de su condición de estado de emergencia.

3) En consecuencia lógica con lo anterior, la prórroga del estado de alarma únicamente puede producirse cuando el supuesto de hecho habilitante sea el mismo o sustancialmente idéntico. Si este ha desaparecido, como parece ser el caso presente, no se puede proceder a su prórroga, por mucho apoyo parlamentario que tenga la hipotética iniciativa gubernamental.

4) Los colectivos afectados y los efectos jurídicos de la hipotética prórroga han de ser necesariamente los mismos, pues de lo contrario nos encontraríamos ante un nuevo estado de alarma, y no ante la prorogatio de otro previamente declarado. Es decir, la prórroga no es sino una continuidad temporal del estado de alarma previamente acordado, no pudiendo, por tanto, alterarse ninguno de sus elementos esenciales y, naturalmente, exigiéndose, con carácter previo, la persistencia del supuesto de hecho habilitante.

Si las cosas son así, y así parecen serlo, resulta difícil justificar una prorroga del actual estado de alarma. No debemos olvidar que este es un estado de emergencia y, como tal, tiene, o debe tener, la finalidad de restablecer la situación emergente que se había producido. Su hipotética prorroga, ademas de exigir todos estos requisitos, debe contemplar la eficacia del mismo. Todo el mundo ha reconocido, con independencia de los posibles vicios del real Decreto antes mencionado, que la proclamación del estado de alarma ha tenido una eficacia total. La misma, lógicamente, desaparecería con su hipotética prorroga y podría poner en tela de juicio, ahora ya desde un punto de vista de la propia legitimidad democrática, la necesidad de su implantación inicial.

EL ESTADO DE ALARMA DEBE CESAR DE INMEDIATO

José Fernando Merino Merchán. Profesor Titular de Derecho Constitucional Letrado del Consejo de Estado, excdte.

Dos son los principios informadores de las situaciones de crisis constitucional: el principio de máxima necesidad insoslayable y el principio de mínima temporalidad aplicable. Por el primero de estos principios, el Gobierno adoptará las medidas de crisis constitucional, no solo cerciorándose que se da la situación de hecho prevista en la Ley, sino que, además, no le quepa acordar otras menos abrasivas para el destinatario o para la sociedad en general. Por el segundo, la duración de la medida excepcional debe ser lo mas breve posible, sin necesidad de agotamiento del plazo previsto cuando la situación de crisis haya desaparecido.

Entiendo que se puede sostener que no se cumplía estrictamente el supuesto fáctico contemplado en el artículo 4 c) LO 4/1981, para declarar el estado de alarma, porque si, en efecto, se produjo la paralización del servicio público esencial del espacio aéreo, no concurría ninguna de las demás circunstancias a que alude el citado artículo 4, para que tuviese lugar la declaración del estado de alarma (alteraciones graves de la normalidad por catástrofes, calamidades, terremotos, accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad). Pero, lo que sin la menor de las dudas resulta aberrante es el pretendido sometimiento de los controladores a la jurisdicción militar, medida contraria al artículo 17.5 de la Constitución y al artículo 40.2 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional y Organización Militar.

Es sorprendente que una medida tan excepcional como la adoptada el pasado día 3 no haya dado lugar a la convocatoria inmediata del pleno del Congreso de los Diputados bien a instancia de su Presidente bien a instancia del Grupo Popular. Casi una semana después, tras los fastos del día de la Constitución, se va a producir la sesión plenaria de la Cámara baja para examinar la adopción de esa medida; ¿Por qué no se celebró el sábado día 4 o el martes día 7?. El artículo 116.2 prescribe que declarado el estado de alarma se dará cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto; y el artículo 165 del Reglamento del Congreso de los Diputados recoge, para los supuestos de declaración del estado de alarma, excepción o sitio, que el asunto será sometido inmediatamente al pleno del Congreso. Parece como si la clase política no diese importancia a una medida tan grave como la adoptada. No es ocioso recordar que bajo el estado de alarma se puede limitar la circulación de las personas, practicar requisas o intervenir y ocupar transitoriamente industrias, explotaciones o locales de cualquier naturaleza.

En cuanto a la concurrencia del principio de mínima temporalidad en la aplicación de la medida de estado de alarma, el plazo de 15 días es, como determina el artículo 16.2 de la Constitución, un plazo máximo, y por tanto, una vez que los controladores han vuelto a sus puestos de trabajo, procede sin más volver a la normalidad constitucional dejando sin efecto el Real Decreto declarando el estado de alarma. Por ello, no solo sería un ejercicio arbitrario de poder prorrogar los 15 días habilitados constitucionalmente como plazo máximo, sino que también lo sería mantener el plazo de 15 días fijado por el Real Decreto, una vez que la situación que dio origen a la declaración de alarma ha desaparecido. El artículo 1.2 LO 4/1981 señala que la duración de los estados de alarma, excepción y sitio, será la estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Desde esta perspectiva es importante señalar que el art. 18 del Convenio de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, de aplicación inmediata en el ordenamiento español por vía del artículo 10.2 de la Constitución, establece que las restricciones de los derechos y libertades no podrán ser aplicadas mas que con la finalidad para la cual han sido previstas. Esto quiere decir que si el tránsito aéreo español ha sido restablecido, carece de fundamento constitucional y de causa legítima, el que la actual situación de alarma continúe un día más.

El estado de alarma debe cesar inmediatamente salvo que el Gobierno quiera actuar fuera de la Constitución.

No cabe prórroga del actual estado de alarma acordado por el Gobierno

Mario Conde

El Estado de alarma nunca había sido utilizado en nuestro país y por ello carecemos de jurisprudencia constitucional interpretativa. Ha sido una decisión política adoptada por un Gobierno cuyo Presidente recibe un rechazo popular mayoritario, y por ello mismo forma parte del debate político: unos quieren aprovecharse de sus supuestas ventajas; otros resaltar sus deficiencias. Aquí y ahora me centro fundamentalmente en aspectos jurídicos. Y en concreto en una pregunta: ¿es jurídicamente viable la prórroga del Estado de alarma decretada el pasado día 4? Algunos dudan de que la paralización obvia de los servicios públicos producida por la huelga salvaje sea encajable en el apartado c) del art. 4 de la Ley Orgánica de 1 de Junio de 1.981 debido a que creen que además de esa paralización debe darse una circunstancia adicional, como por ejemplo, una calamidad. Los que defienden esa tesis no aclaran que habrían decidido ante la gravedad de la situación vivida. Sería interesante conocer alternativas eficaces.

Seguramente para atajar esa interpretación rigorista que paralizaría la capacidad de actuación del Gobierno, el propio decreto en su Preámbulo alude a que la situación creada es una “una calamidad pública de enorme magnitud “ y una “situación de catástrofe pública”. No olvidemos que este territorio es propio de conceptos jurídicos indeterminados, susceptibles de ser jurisdiccionalmente controlados, por lo que sería conveniente que se pronunciara el Tribunal Constitucional, delimitando el alcance de los mismos.

Conviene retener un dato: el elemento común a los estados de alarma, excepción y sitio reside en que “circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes públicos ordinarios” (art. 1 de la Ley 4/1981). Ante esa situación, el Gobierno tiene la obligación de “asegurar el restablecimiento de la normalidad” (art. 2).Para cumplir esa obligación de restablecer la normalidad el Gobierno puede apelar al estado de alarma. Otra cosa es la militarización. Sería conveniente de nuevo que los Tribunales se pronunciaran sobre este extremo, de indudable importancia. Militarizar a civiles es asunto muy serio.

Pero vamos ahora al objeto de este análisis. La ley 4/81 establece una duración máxima del Estado de alarma: quince días. Pero, teniendo en cuenta que el supuesto que permite su declaración reside en una situación de anormalidad, no debe entenderse que en cualquier circunstancia el Gobierno puede decretar ese estado por quince días. No. La duración del estado de alarma es la propia de la situación de anormalidad que se trata de corregir. Si la situación anormal dura uno, dos o tres días, no puede aplicarse el plazo de quince días, porque, insisto, es un plazo máximo que debe ser relacionado con el objetivo esencial: restablecer la normalidad. No caben interpretaciones extensivas en materias tan básicas. El Gobierno tiene que “dar cuenta” al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministrará la información requerida (art. 8.1) Debió de hacerlo “inmediatamente” (art. 116 2 Constitución) Es el momento del debate político. Es el marco adecuado para que la oposición pida explicaciones de por qué se llegó a una situación insostenible, no anticipando condenas a controladores, sino pidiendo explicaciones concretas de una acción de Gobierno, porque es perfectamente compatible un estado de alarma correctamente dictado con una actuación calamitosa previa del Gobierno, por imprevisión, negligencia u otras consideraciones. Creo que el Congreso podría acordar el cese del estado de alarma, en vista de que ya no hay anormalidad. Pero en cualquier caso no es jurídicamente aceptable que acuerde una prórroga porque ya no existe el elemento soporte: la situación de anormalidad susceptible de calificarse como calamidad pública. Ya funcionan normalmente los servicios suspendidos. El estado de alarma no está para atajar posible conflictos futuros. Atiende al ahora, no a un hipotético mañana. Lo dice con toda claridad el art. 15.2 referido al Estado de excepción: “si persistieren las circunstancias que dieron lugar al estado de excepción”. El fundamento es el mismo para el de alarma. Si se prorroga por el Congreso sería, en mi opinión, un fraude de Ley, porque se utilizaría un mecanismo excepcional para fines distintos de los previstos en el Ordenamiento Jurídico. Por ejemplo, para cortocircuitar una posible huelga legal, para pedir prestaciones personales obligatorias, para impedir la convocatoria de elecciones anticipadas(art.116.4 CE).. . Y no está la situación para actos con fuerza de Ley cometidos, precisamente, en fraude de Ley. El art. 55.2 de la CE dice: “La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.”. Conviene saberlo.

http://www.marioconde.org/foro/2010/12/revista-de-prensa-no-cabe-prorroga-del-estado-de-alarma/

las residencias del profesor mateo belles

El Supremo ha confirmado la condena a tres años de cárcel y 90.000 euros de indemnización que la Audiencia de Alicante impuso a la directora de una residencia de Torrevieja (Alicante) que se quedó con decenas de miles de euros de un anciano ingresado en la misma para comprarse un Jaguar.

La Audiencia impuso a Ignacia I.B. por un delito continuado de apropiación indebida agravado por la cuantía, una pena, atenuada por dilaciones indebidas, de tres años de prisión. Le impuso también la citada indemnización, que tendrá distintos beneficiarios porque el anciano ha fallecido.

Los hechos ocurrieron en 2003 y años posteriores. En ese año la directora de la residencia geriátrica ‘Los Jardines de Clara’, a favor de la cual había hecho una amplia cesión de poderes notariales el anciano, vendió unas parcelas que eran propiedad de éste por 54.000 euros y, “con parte de este precio, 36.000 y pico según propia declaración, la acusada adquirió un vehículo de marca Jaguar”.
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Así lo relata la sentencia en sus hechos probados, que cuentan también cómo se sucedieron en meses posteriores nuevas ventas de parcelas y apropiación de dinero. El anciano falleció en mayo de 2004.

En la cuenta corriente de la que era cotitular la acusada junto a su víctima, ella ingresó el dinero procedente de la venta de inmuebles, pero luego, “sin contar con la voluntad de aquel”, realizó una disposición a su favor del importe, añade la sentencia.

De este modo, “debe entenderse cometida la apropiación indebida al haberse incorporado de modo definitivo al patrimonio de la recurrente una cantidad de dinero que no era de su propiedad”, concluye el Supremo.
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/condenan-a-la-jefa-de-una-residencia-que-robo-a-un-anciano-y-se-compro-un-jaguar/6346196

ana botella pago a enrique alvarez y para que sirve quejarse si viven mejor fuera o dentro de la carcel

La Comunidad de Madrid pagó con 100.000 euros un libro dirigido por el director del máster de Cifuentes con capítulos copiados de otra publicación

Según El País, el estudio fue encargado en 2007 por el entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados. La suspensión de Álvarez Conde ha sido una de las primeras medidas tomadas por la Universidad Rey Juan Carlos tras el escándalo del máster.

La Comunidad de Madrid sufragó con 100.000 euros un libro dirigido por el director del máster de Cifuentes, en el que dos de sus capítulos están copiados de otra publicación.

Un estudio que, según publica El País, fue encargado por el entonces consejero de Presidencia, Francisco Granados. En exclusiva, laSexta localizaba a Enrique Álvarez Conde horas después de ser suspendido cautelarmente como director del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos.
Ente que también recibe miles de euros de dinero público aunque no aporte sus cuentas. En el curso 2006-2007 cobró de la Comunidad de Madrid más de 152.000 euros. Los años posteriores ya no están reflejados en su página web.

A través de este instituto, Álvarez conde promovió titulaciones poco relacionadas con el ámbito jurídico. Como un máster en terapia sexual y de pareja y otro de sexología y género que publicó Okdiario.
Sus presuntas irregularidades también tendrían que ver con su vida personal. Fue parte, en 2017, del tribunal que concedió la cátedra a su pareja. Un hecho que está prohibido por la ley del sector público. Álvarez Conde tendrá que dar muchas explicaciones.
http://www.lasexta.com/noticias/nacional/la-comunidad-de-madrid-pago-con-100000-euros-un-libro-dirigido-por-el-director-del-master-de-cifuentes-con-capitulos-copiados-de-otra-publicacion_201804145ad1fb3c0cf2e6c5e73fa4e0.html

educacion de enrique alvarez conde para vender droga en valencia junto a mateo belles

enrique alvarez conde vende droga en valencia junto con los loteros

portavoz del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Zaragoza, Jorge Azcón, ha solicitado la retirada de un folleto financiado con dinero municipal en el que se “incita” al consumo de drogas entre los jóvenes.

Bajo el título ‘Drogas. El mundo, el barrio. Folleto informativo y de debate desde ele Casco Histórico’, esta publicación ha sido elaborada por la entidad denominada ‘Consumo-conciencia’ creada en 2016.

Un folleto sobre drogas equipara el café, el paracetamol y la cocaína. Vídeo: Agencia ATLAS

La tirada, de unos 650 ejemplares, ha sido financiada a cargo de la partida del Plan Integral del Casco Histórico (PICH) y distribuida entre entidades de esta zona de la ciudad y la Casa de Juventud, ha indicado Azcón.

En rueda de prensa, el portavoz del PP ha dicho que su grupo pide la “retirada inmediata del folleto que está especialmente destinado a la gente joven del Casco Histórico”. Ha agregado que tras analizar la publicación con expertos han considerado que “este folleto no debe ir destinado a la población en general y menos a la gente joven”.

Precisamente, “uno de los errores del folleto es la forma de enfocar el consumo de drogas”, ha observado Azcón porque “banaliza las drogas ilegales que equipara con medicamentos y alimentos”, y literalmente se indica que “en ningún lugar del mundo ha existido comunidades humanas que no usen sustancias psicoactivas…”

“Si sabes consumir drogas no tiene porqué pasarte nada” es una de las conclusiones que ha extraído Azcón al dar lectura a varios párrafos del folleto, en los que dice que “en lo relativo al consumo de drogas se debe ajustar la percepción de riesgo al riesgo real, para no reproducir la fábula de ‘Pedro y el lobo’. Hablar de riegos… y hablar también de placeres y de salud”.

En este punto, Azcón ha enfatizado que es un folleto dirigido a los jóvenes y “puede suponer incluso una incitación al consumo de drogas con un sesgo ideológico, ya que añade en otro párrafo que “no protege la ley, protege el conocimiento: No matan las drogas, mata la ignorancia”.

El portavoz del PP ha considerado que la publicación “equipara las drogas ilegales con medicamentos, trata de normalizar la sustancias, las contraindicaciones son absolutamente sesgadas y obvia causas y efectos o minimiza los de probada evidencia científica”.

Azcón ha alertado de que, en ocasiones, el folleto habla “del manual de uso e iniciación al consumo de drogas en el que se recomienda y aconseja cómo tomarlas y afrontar los riesgos legales que conlleva”.

La publicación hace referencias expresas y diferenciadas al cannabis. speed y cocaína en las que aborda las contraindicaciones, precauciones, posología y efectos secundarios.

En el caso del cannabis, el folleto expone los siguiente: “Es mucho más recomendable consumirlo sin mezclar y vaporizado; es decir sin combustión”, y como efecto secundario reza que “su posesión o consumo en lugares públicos está sancionado con una multa mínima de 601 euros…”

En el ámbito de la posología en el folleto se afirma que “la dosis depende de la fisiología de cada persona y del nivel de tolerancia que haya alcanzado a la sustancia. En general se recomienda que las ‘rayas’ de speed sean más pequeñas que las de cocaína, debido a que la anfetamina es más potente por unida de peso”.

Entre las precauciones avisa de que para evitar hemorragias nasales “conviene pulverizarlo bien. Cuando el speed se ha hecho una pasta puede ser útil calentarlo hasta convertirlo en polvo. Otra opción es consumirlo en ‘bombitas’. Se debe espaciar más las tomas que si se consume cocaína, puesto que la potencia y la duración de los efectos es mayor'”.

El último apartado está dedicado a la cocaína e instruye en la realización del utensilio para la toma. “Para fabricar un rulo que no dañe los epitelios nasales es preferible utilizar un papel o cartón enrollado que tubos o cañas de materiales duros. Pulverizar bien la cocaína (machacando bien los cristalitos previos a la aspiración) reduce la aparición de hemorragias y ulceraciones en las mucosas de la nariz.

“Le dicen a la gente joven que no se hagan daño en la nariz cuando están consumiendo cocaína y les dicen que utilicen el canuto adecuado no se vayan a hacer daño en la nariz, pero no les dicen que pueden machacarse la vida entera”, ha comparado Azcón.

El folleto también avisa de que la cocaína está contraindicada en “niñ@s, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia. En personas con enfermedades del hígado, corazón o riñón. Si se van a conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. Cuando se tienen problemas psicológicos o se está atravesando un mal momento. También se debe evitar su consumo si se está recibiendo cualquier tipo de medicación”.

Tras esta exposición, Azcón ha criticado que el folleto “está impregnado de ideología, imprecisiones y demagogia. En el fondo es un manual para el uso de las drogas y destroza las políticas de prevención y concienciación que llevan décadas en desarrollo para adoptar una posición supuestamente neutral que equipara la droga con medicina e incita a la promoción de las drogas”.

Por ello, además de exigir la retirada inmediata de folleto “vergonzoso, denigrante y escandaloso”, ha avanzado que reclamará explicaciones a la vicealcaldesa y consejera municipal de Derechos Sociales, Luisa Broto, para que rinda cuentas de que el destino de recursos a luchar contra la droga es “incompatible” con estos folletos.

A su parecer, es “necesario” hacer una política de prevención y reducción del daño a la gente que ya consume drogas, y esas políticas están avaladas por el Plan Nacional de Prevención contra las Drogas, pero este folleto “dice cómo se tiene que meter una raya de coca a gente joven que no se sabe si consumen o no y le anima a que consuman porros en ocasiones importantes porque todo el mundo hace. Por eso es especialmente grave”, ha finalizado diciendo.

http://www.levante-emv.com/espana/2018/02/06/polemica-folleto-drogas-ayuntamiento-zaragoza/1675983.html

900 páginas, a un precio de 49 euros y obligatorio en decenas de facultades españolas libro mateo belles

Matar al libro de texto, mi columna en Expansión


Mi columna de Expansión de esta semana se titula “Matar al libro de texto“, y está provocada por el tweet que Marina Marco me envió hace un par de días con una imagen capturada del libro de texto de Lengua de 4º de Primaria de su hija, publicado por la editorial Anaya, en la que se adoctrinaba de manera burda a los niños mezclando torticeramente conceptos como el secuestro de aviones y barcos con las descargas en la red de obras sujetas a propiedad intelectual.

El espacio que tengo en Expansión no es excesivo – exactamente trescientas veinte palabras – y no permite exponer un tema con demasiados detalles, pero el argumento de eliminación de los libros de texto en la educación es completamente serio: en el escenario tecnológico en que vivimos, educar a los niños haciéndoles creer que el conocimiento que necesitan está empaquetado y contenido en un libro es sencillamente irresponsable. Lo que tendrían que estar aprendiendo nuestros hijos es que el conocimiento está en la red, y dedicar los esfuerzos de los profesores del resto de las asignaturas a enseñarles a moverse en esa red, a localizar ese conocimiento, a filtrarlo con los criterios adecuados, a validarlo, a utilizarlo, a construir sobre él, a comentarlo y a compartirlo. No, no se trata, como pretenden las editoriales, de sustituir al libro de texto con un libro de texto electrónico, ni con una aplicación llena de contenidos animados y coloridos por la que seguir cobrando más que lo que cobraban antes… se trata de matar el concepto de libro de texto en su totalidad.

De hecho, los niños en 4º de Primaria ya saben que el conocimiento está en la red, y la metodología asociada al libro de texto, además de empobrecerles, les aburre poderosamente, además de ser injustificablemente cara, de suponer un peso importante en las mochilas que llevan a la espalda, y de servir, como hemos podido constatar claramente, como vehículo para el lavado de cerebro y el adoctrinamiento. En el fondo, no estamos haciendo más que sostener el negocio de una serie de editoriales que, con técnicas puramente mafiosas, consigue que los colegios obliguen a los padres a adquirir unos libros de texto y a cambiarlos obligatoriamente cada año con el pretexto de leves actualizaciones. El libro de texto y la metodología asociada al mismo, en nuestros días, no solo es que no sea adecuada, es que es directamente perjudicial, y el que siga ahí no debe mantenerse en función de romanticismos varios o de modelos de negocio insostenibles. Dediquemos los esfuerzos necesarios a la alfabetización digital y metodológica de los profesores, y hagamos que nuestros hijos aprendan a utilizar el recurso educativo más potente que tienen a su alcance, junto con los métodos que necesitarán para sacarle partido. Solo con la adecuada presión sobre los colegios de nuestros hijos para que abandonen los libros de texto y abracen la educación en la red conseguiremos la mejora metodológica que hará que nuestros hijos se preparen con las actitudes y aptitudes que necesitarán en su futuro profesional.

El manual que ha hecho de oro a Álvarez Conde, antonio arroyo, y los familiares de alvarez ahora estan en ibiza

El escándalo Cifuentes tiene un recorrido distinto en las facultades de Derecho, un impacto inusual. Carne de memes, pólvora de Facebook. Es 21 de marzo. Los periódicos desnudan el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid y lo convierten en una cuestión de fe. No hay rastro ni documento que pruebe su existencia. En rueda de prensa, comparece el tutor académico de la mandataria popular. Bajo su rostro, en la tele de una cafetería universitaria cualquiera, queda estampado este rótulo: “Enrique Álvarez Conde”. Varios alumnos saltan: “Pero, ¿este no es el del manual?”.

“Sí, sí. ¡Es el del manual!”, confirman cuando ponen sobre la mesa un ladrillo de 900 páginas. En la portada, un recuadro granate reza: “Derecho Constitucional”. Enrique Álvarez Conde se ha tornado parte fundamental del relato. Es el único que todavía sostiene la versión de Cifuentes. En un par de semanas, su apellido se ha colado en el imaginario público, pero llevaba incrustado en las bibliotecas de los futuros letrados más de veinte años.
En 1992, la editorial Tecnos publicó por primera vez esta biblia del constitucionalismo alabada por amigos y adversarios del autor. Ahora mismo, en librerías, figura la séptima edición, que en realidad es la decimoquinta porque durante varios años se publicó en dos tomos y con un título distinto. El precio, 49 euros. Su carácter, obligatorio en decenas de facultades españolas.
“Derecho Constitucional es una asignatura troncal. De ahí que el manual sea empleado por tantos y tantos alumnos”, destaca en conversación con este diario un magistrado con amplia experiencia docente.
Producto de ‘estraperlo’

El manual de Enrique Álvarez Conde es incluso producto típico de Wallapop, tiendas de segunda mano y páginas de anuncios. El que aprueba lo revende por la mitad y se quita un libro que pesa lo suyo y ocupa un espacio considerable en la biblioteca. Este miércoles, alguien trata de desprenderse de él por 27 euros. Sus oportunidades de venta se incrementarán conforme se vaya acercando el inicio de las clases.

La editorial Tecnos ya prepara una nueva edición, que verá la luz en septiembre. “El escándalo y el libro no tienen nada que ver. Las informaciones que salgan no pararán el proyecto. Es un manual brillante”, explica un portavoz de la editorial a EL ESPAÑOL.
Según Tecnos, sólo existen dos motivos que paralizarían la reimpresión de la biblia dorada de Álvarez Conde: que así lo decidiera el propio autor o que sus ventas fueran un desastre, algo que parece “imposible”.
“Hemos vendido decenas de miles de ejemplares”

“Desde 1992, hemos vendido decenas de miles de ejemplares. No podemos revelar el dato exacto por una cuestión legal, pero sí reconocemos que es uno de nuestros pesos pesados”, relata este portavoz de Tecnos. No obstante, la editorial reconoce “estar preocupada” por el alcance de lo publicado y el impacto que pueda tener en uno de sus manuales de cabecera
El proyecto del director del máster de Cifuentes, que lleva formando a un gran porcentaje de los abogados de este país durante décadas, repasa el Derecho Constitucional desde sus inicios hasta la actualidad. Detalla la monarquía, las Cortes, el Gobierno, el poder judicial… y también reserva un espacio para el Estado autonómico.
“Creo que es el segundo que más gana con manuales en este país”

“Yo creo que Álvarez Conde es el segundo catedrático de Derecho que más gana vendiendo manuales en este país -ahora lo edita en colaboración con Rosario Tur, mencionada por El Confidencial como su pareja sentimental-. El primero es Antonio Torres del Moral, de la UNED, cuyos alumnos, para aprobar, están prácticamente obligados a comprar su libro”, relata a este periódico alguien que ha trabajado de la mano del presunto tutor de Cifuentes.
Cuánto puede embolsarse este catedrático con las ventas de su libro? Tecnos no facilita el dato, pero alguien que ha publicado este tipo de trabajos resume: “El autor suele llevarse en torno al 10% o 15% de cada ejemplar. Habrá sacado dinero seguro, pero no se ha hecho millonario”.
¿Por qué este manual y no otro?

Pero, ¿por qué su manual, entre tantos, se elevó por encima del resto? “Creo que la clave está en su enorme capacidad para ponerlo al día. Muchos profesores tienden a dejar morir este tipo de trabajos. Él ha logrado reeditarlo prácticamente cada año. No es la pauta habitual”, relata esta fuente.

Otros juristas aportan las siguientes claves acerca del éxito editorial de Álvarez Conde: “En cuanto a volumen de información, es el más completo. Por otro lado, es un libro poco sectario, difícil de adscribir a una ideología y eso le hace tener más recorrido. También, en contra de algunos competidores, incluye la perspectiva europea”.

En septiembre, con el estreno de un nuevo curso universitario, llegará otra edición del libro de Enrique Álvarez Conde. También un desafío: ¿mantendrán los profesores de las distintas facultades su trabajo como manual de cabecera tras el escándalo Cifuentes?
https://www.elespanol.com/reportajes/20180411/manual-alvarez-conde-decenas-ejemplares-formando-abogados/298971314_0.html

enrique álvarez conde – UNED estafando en varias universidades extranjeras, el gobierno lo sabia

Profesor Visitante en diversas Universidades extranjeras: 1982:Universidad de Bolonia … CEU y he participado en diferentes Cursos de Doctorado en varias Universidades españolas y centro

 

Ayudas para favorecer la movilidad de profesores visitantes y de estudiantes en enseñanzas universitarias oficiales de máster y doctorado desarrollados conjuntamente por universidades francesas y españolas para el curso académico 2014/2015

https://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/200471/proyectos/200471-proyectos-2014

enrique alvarez da cursos en academias vacias con aneri y arroyo, pero porque sigue viviendo a cuerpo de rey

“Me ha dicho mi abogado que no hable”. Enrique Álvarez Conde (Zamora, 1952) no es ya ese tipo dicharachero, abierto, algo desaliñado y dispuesto a hacer favores. El catedrático epicentro del caso máster -con permiso de la todavía presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes- ha pasado de ser un personaje clave entre las bambalinas de la judicatura, capaz de engrasar tribunales de oposición y plazas en altos puestos de la Administración, al ostracismo. De fundar el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos -un chiringuito, una máquina de hacer dinero bajo su único control- a hundirlo, ya que la universidad le ha suspendido de sus funciones. Para entender su historia hay que remontarse casi al colegio.

“Enrique es de Zamora, pero estudió en Valladolid. No sé incluso si interno en el colegio”, cuenta una persona que lo conoce desde hace décadas. Nacido en 1952, se licenció en 1974 en Derecho con sobresaliente, según su currículum. “Su mentor en Valladolid fue Juan Ferrando Badía, un catedrático valenciano, un tipo extraño, soltero y raro, con fama de hábil que era amigo de Calvo Serer”. Enrique no tenía una escuela clara, algo conveniente en la universidad española para obtener una cátedra. Entonces “tuvo que pegarse a la asociación católica de propagandistas, Íñigo Cavero, Óscar Alzaga y gente así, pero no era pata negra de ese sector demócratacristiano, era un poco advenedizo a ese círculo. Tuvo necesidad de buscar apoyo en sectores de la izquierda para sacar la cátedra. Culebreó y se hizo simpático a diestra y siniestra”.

“A él le gusta el poder académico y en ese ámbito se mueve bien. Hace favores para cobrárselos”

Eso es algo que se le da bien. Quienes le conocen cuentan que es simpático, algo desaliñado, amante de la buena vida y nada sectario. “No es de izquierdas pero tiene muy buena relación con todo el mundo. No es pepero, pepero, pepero pero su negocio está claramente en el PP. Aun así, si había que echar una mano a alguien de izquierdas se la echaba. No es ultramontano ni sectario”. En 1987 obtiene la cátedra en Derecho Constitucional por la Universidad de Valencia. Antes había sido letrado del Consejo General del Poder Judicial y había pasado por las universidades de Alcalá de Henares y Alicante.
Su producción académica es notable -su ‘Manual de Derecho Constitucional’ de la Editorial Tecnos va por la séptima edición- y cuando en 1996 el PP llega al poder, Enrique ve que ha encontrado su momento. Mariano Rajoy es nombrado ministro de Administraciones Públicas y tiene como jefe de gabinete a un joven Francisco Marhuenda (luego profesor de Derecho de la Rey Juan Carlos como le gusta repetir). Jorge Fernández Díaz es nombrado secretario de Administraciones Territoriales y este es el que piensa en Enrique. “Rajoy no lo conocía y debe de ser Jorge Fernández Díaz o su hermano Alberto el que se lo coloca como director del INAP”, el Instituto Nacional de la Administración Pública, el organismo de la Administración General del Estado responsable de la formación y selección de sus directivos y empleados públicos y es un centro de investigación y publicación en temas de Administración pública
https://www.elconfidencial.com/espana/2018-04-13/master-cifuentes-alvarez-conde-universidad-juan-carlos_1548438/
Desde ese organismo, Álvarez Conde empieza a editar libros colectivos de derecho, a engrasar favores. “En el INAP, en 1998, en el 20 aniversario de la Constitución hace un libro colectivo titulado ‘Administraciones Públicas y Constitución’ para el que pide colaboraciones. Además, crea una revista, ‘Cuadernos de derecho público’. Como es muy listo se mueve muy bien y hace muchas cosas académicas. Hace favores que luego cobra, como es la perspectiva siempre en el mundo académico”, cuenta otra persona que le ha tratado, catedrático de la Rey Juan Carlos que pide el anonimato.

En la Administración, Álvarez Conde no encaja: “Él es lo contrario a un burócrata. Es expeditivo, le dan igual los reglamentos. Es un organismo que maneja unos fondos enormes pero en aquella época todavía más. Tuvo choques con el subsecretario de Rajoy, un gallego de la confianza de Rajoy, un médico llamado Paco Villar. Este le puso la proa porque lo consideró un peligro no por ser deshonesto sino porque la manera alegre de dirigir un organismo público le debía de poner los pelos de punta: los viajes, los gastos, las contrataciones….”.

En 1996, los Fernández Díaz lo llevan al ministerio de Administraciones Públicas que dirige Rajoy junto a Marhuenda. Su negocio estaba en el PP

Tres años después, antes de que termine la legislatura, Rajoy prescinde de él y Álvarez Conde vuelve a la universidad. Se va como catedrático de Constitucional a la recién abierta Rey Juan Carlos. Se trata de un centro creado por el Gobierno de Aznar en Móstoles como un espejo de lo que hicieron los socialistas con la Carlos III en Getafe (aunque con los años la imagen especular se fue deformando). Pedro González-Trevijano, hasta entonces catedrático en Extremadura, es nombrado primer rector y Álvarez Conde se pega a él. “Tampoco es su maestro, han tenido tensiones”, cuenta una fuente de la universidad. En 2000 crea el Instituto de Derecho Público (IDP), el centro del que casi 20 años después salió el máster falsificado de Cristina Cifuentes. El IDP fue impulsado por González-Trevijano con Gustavo Villapalos de consejero de Educación.

Para el IDP, Álvarez Conde consigue algo muy difícil de lograr: autonomía de gestión y financiera. “Este IDP ha hecho cursos de todo tipo, ha montado una revista de derechos fundamentales, proyectos de investigación. La característica es que tiene autonomía de gestión administrativa y económica. No da cuenta a la universidad de ingresos y gastos. Teóricamente el destino de esos fondos no es para enriquecer a nadie sino para sacar libros. En la práctica ha sido una universidad paralela que da cursos o másters de toda naturaleza en la que él administra lo que cobra por las matrículas”.