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me persiguen, me han tirado de la universidad,

que se las presenten a mateo belles el asesino de cuba

Los científicos españoles presentan sus reivindicaciones a Hacienda

Directores de los principales centros de investigación se reúnen con Alberto Nadal, responsable de los presupuestos

Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos, comparece ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Pactos de Toledo del Congreso de los Diputados
Alberto Nadal, secretario de Estado de Presupuestos, comparece ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Pactos de Toledo del Congreso de los Diputados JAIME VILLANUEVA

Desde hace varios años, muchos científicos asumen que resolver sus problemas no depende del Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, bajo cuyo paraguas están los organismos públicos de investigación. Su ministro de facto, dicen, es Cristóbal Montoro, responsable de Hacienda. Este departamento ha desplegado sus interventores por los centros de investigación para controlar los gastos y ha aprobado varias normativas que están dificultando la marcha de la investigación científica hasta límites surrealistas, como tardar cinco meses en formalizar un nuevo contrato de trabajono poder comprar sillas, o imposibilitar la contratación indefinida de científicos de prestigio, lo que ha llevado al borde del colapso a algunos de los mejores centros de ciencia del país. Este domingo, EL PAÍS publicó un especial centrado en estos y otros problemas.

 

Hoy ha habido una primera toma de contacto entre los responsables de los organismos públicos de investigación (OPI) y Hacienda. Estos fueron recibidos por el secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, y la interventora general del Estado, María Luisa Lamela. A la reunión también asistió Carmen Vela, secretaria de Estado de I+D+i y jefa nominal de la política científica del Gobierno.

Algunos centros de investigación están amenazados con perder parte de su plantilla y decenas de miles de euros en financiación europea debido, dicen sus responsables, a las trabas que les impone Hacienda. Es el caso de la Plataforma Solar de Almería, un centro de investigación de energías renovables único en Europa que depende del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), dirigido por Ramón Gavela. El director de la plataforma solar almeriense dimitió como protesta por las trabas legales del Gobierno. A la reunión también asistió Rosa Menéndez, recién nombrada presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) —el mayor organismo de investigación pública del país— cuyos directores están viendo cómo su participación en proyectos internacionales peligra por el alargamiento de los trámites burocráticos para realizar pagos para los que tienen dinero, pero no el visto bueno de Hacienda. Hace unos días, Menéndez aseguró a periodistas que uno de sus retos será conseguir que ese ministerio “entienda la importancia de la investigación científica para la buena marcha económica de un país”. También acudió el director del Instituto Carlos III —el principal organismo público de investigación biomédica— Jesús Fernández Crespo, una de los más afectados por los retrasos a la hora de realizar contratos temporales a investigadores con cargo a proyectos nacionales o europeos.

 

La reunión terminó sin compromisos específicos, según fuentes cercanas a la reunión, aunque sí sirvió para que los responsables de la investigación científica planteasen “sus necesidades” directamente a los responsables de Hacienda. Nadal y Lamela “han dicho que comprenden la situación en la que se encuentran los investigadores e intentarán hacerlo mejor a partir de ahora”, han señalado las mismas fuentes, que también señalan que próximamente se creará un grupo de trabajo para estudiar la situación.

España avanza sin remedio hacia la implosión por el recorte de libertades

España avanza sin remedio hacia la implosión por el recorte de libertades

El rapero Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, durante el juicio en la Audiencia Nacional. EFE/Archivo

¿Recuerdan ese chiste matemático viral por el que resultaba que la serie ‘Cuéntame como pasó’ podría acabar dejando de hablar del pasado para hacerlo sobre el futuro? Era al principio de su emisión, cuando cada una de sus temporadas narraba la vida en España durante más de un año natural -en 2008, la serie llevaba 7 años en antena y ya había recorrido 9 años-. De haber seguido esa media se corría el peligro de que los Alcántara nos hablaran desde el futuro. Pues algo parecido le puede pasar a España ya que se está retrocediendo tanto en libertades que lo mismo algún día llegamos al año 0, al Bing Bang. Lo mismo hasta implosionamos.

Prácticamente cada día hay ejemplos de este retroceso, pero días como el de ayer, martes 20 de febrero, se apelotonan los casos. Por un lado, está el caso Valtonyc, y por otro el de ‘Fariña‘.

Vamos con el primero: El rapero Valtonyc irá finalmente a la cárcel ya que el Tribunal Supremo confirmó la condena de tres años y seis meses de cárcel que la Audiencia Nacional le impuso por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones. Son dos años por enaltecimiento del terrorismo, uno por injurias graves a la Corona y seis meses por amenazas. En total 42 meses.

La misma condena aplicada a un alemán de 50 años residente en Palma que ha confesado que sedaba a menores en su casa dándoles una bebida con fármacos para, posteriormente, abusar de ellas.

¿Son comparables ambos delitos? La respuesta la tienen que dar ustedes, pero a priori a Valtonyc solamente se le puede acusar de mal gusto y de escribir unas letras mediocres. Pero eso no puede ser penado judicialmente. Así que se le ha acusado de otras cosas ya que la Sala decidió rechazar los argumentos del acusado, que aludió a la libertad de expresión y a la creación artística, y subrayó que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico.

Y ahora vamos con el segundo. Ayer se ordenó paralizar la distribución de un libro. La jueza Pontana de Collado Villalba (Madrid) acordó ayer el secuestro cautelar de ‘Fariña’, obra en la que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego. Todo porque la magistrada aceptó la petición del ex alcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero a Carretero y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor.

Así que el ex alcalde -que aparece citado en el libro por supuestos vínculos con elnarcotráfico gallego- ha logrado que se prohíba la impresión y comercialización de nuevos ejemplares. Sólo tiene que depositar una caución de 10.000 euros para responder de los posibles daños y perjuicios que la medida cautelar suponga para el patrimonio del demandado. Así que, en el momento en que se publica este post, el libro está a la venta. Por ejemplo, aquí.

Todo esto demuestra que, como argumenta el periodista Pedro Vallín, “vivimos el riesgo de un salto atrás tan lesivo para el país como fue la Contrarreforma, el regreso de Fernando VII o el triunfo de Franco. Porque no estamos siendo el país que deberíamos ser”.

Para ello el asturiano, además del retroceso en libertad de expresión, apunta otras circunstancias sonrojantes:

“Concluido el rescate de las lenguas cooficiales, amenazadas de extinción por la dictadura, deberíamos estar impulsando su aprendizaje en todo el país. Pues no”.

“Olvidado el ruido de sables de los 80, deberíamos estar mejorando el autogobierno y reconociendo los derechos de los territorios históricos. Pues no”.

“Con unas tasas de delincuencia criminal en mínimos históricos, deberíamos suavizar un código penal mil veces endurecido desde los ochenta y reducir la población encarcelada. Pues no”.

 

Por qué hablamos de CONTRARREFORMA, explicado para dummies:
(Va hilo)

 

En la misma línea se expresa Amnistía Internacional (AI) en cuyos últimos informes se condena el abuso del delito de “enaltecimiento de terrorismo” para procesar a personas que ejercían pacíficamente su derecho a la libertad de expresión. Para AI, estos hechos se enmarcan dentro de las “restricciones injustificadas” a los derechos de la libertad de información, expresión y de reunión que a su juicio incluye la reforma del Código Penal y la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza.

Lo dicho, España va camino de explotar hacia dentro. Aunque, visto lo visto, igual es lo mejor para proteger al resto de la especie humana de la espiral de retroceso de libertades de España.

 
 
 

quien se lleva el dinero en las universidades,

El futuro de la ciencia queda atascado en el Parlamento

El Gobierno ofrece un pacto in extremis para aumentar la financiación de la I+D en 2018

Luis de Guindos, tras su intervención en el Congreso de los Diputados
Luis de Guindos, tras su intervención en el Congreso de los Diputados VICTOR J BLANCO ©GTRESONLINE

La posibilidad de aumentar la financiación de la investigación científica en los próximos años se ha chocado hoy con la dura realidad parlamentaria. El Gobierno ha pedido al resto de fuerzas políticas que si su objetivo es aumentar la inversión pública en I+D, la manera de hacerlo es dejando que se aprueben unos nuevos presupuestos para 2018. La oposición ha protestado recordando que el Gobierno no ha presentado aún ningún proyecto al Congreso de los Diputados; y el tiempo para hacerlo se está acabando.

 
 

La sesión de control al Gobierno celebrada hoy en el Congreso de los Diputados ha sido atípica, pues se ha hablado ampliamente de la financiación pública de la I+D, la estabilización de los empleos de los investigadores jóvenes y el cambio de modelo productivo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha señalado sobre el sistema científico español que es “de primer orden”. “Vamos por el buen camino y seguiremos haciendo una apuesta por la ciencia y la innovación en España” aunque “todo es mejorable”, ha dicho en respuesta a preguntas del Grupo Parlamentario Socialista.

 

Mariano Rajoy ha señalado sobre el sistema científico español que es “de primer orden”

En su última comparecencia en una sesión de control al Gobierno, Luis de Guindos, ministro de Economía que dejará su puesto en unos días para ir al Banco Central Europeo, ha ofrecido un gran pacto por la ciencia al resto de fuerzas políticas. De Guindos ha reconocido que entre los científicos “hay unos niveles de temporalidad más altos de lo deseable” y ha ofrecido la posibilidad de acordar un aumento de los recursos públicos que se dedican a financiar la investigación con un pacto presupuestario con el resto de fuerzas políticas. “Vuelvan a apoyar los presupuestos”, esta es “la herramienta que tenemos para hacerlo”, ha dicho en respuesta a una batería de preguntas de los socialistas.

Ante la falta de acuerdo político, el Gobierno ha prorrogado los presupuestos de 2017 en 2018 y hay posibilidades de que lo mismo suceda en 2019. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, está quemando todas las opciones para alcanzar un acuerdo político para las cuentas de este año con PNV y Ciudadanos, aunque ya baraja que esto no suceda y contempla gobernar por decreto con las cuentas prorrogadas una segunda vez. Esto podría suponer otros dos años de crecimiento nulo para la ciencia que se sumarían a los recortes presupuestarios que se han realizado desde el comienzo la crisis y que han dejado la financiación pública de la I+D en niveles de hace más de una década.

 

María González Veracruz, portavoz de ciencia del Partido Socialista en el Congreso, ha acusado a De Guindos de “dejar las decisiones en manos de Hacienda” y al Gobierno de “perseguir a los científicos”. “Traiga un proyecto de presupuestos al Congreso en el que la I+D tenga el mismo peso que tenía cuando gobernaba el PSOE, un 2,5% del total”, ha dicho la diputada en referencia a una de las medidas contenidas en el Acuerdo de País por la Ciencia que presentó su partido la semana pasada. En 2017, la I+D representó el 1,47% de los presupuestos.

González Veracruz ha acusado al Gobierno de “perseguir a los científicos”

“Ustedes siempre miran el gasto público y no niego la importancia de esa métrica, pero también hay otras”, contestó De Guindos. “España es el tercer país que más proyectos europeos de Horizonte 2020 ha conseguido y el cuarto por retornos, además de ser el que más proyectos lidera”, ha dicho el ministro, que ha vuelto a ofrecer un pacto que él ya no negociará. De Guindos se ha despedido de la cámara baja con el “convencimiento” de que los problemas de contratación que han sufrido el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el de Investigaciones Cardiovasculares “se solucionarán en los presupuestos o con otra norma, y también tienen en esto el compromiso del presidente [Mariano Rajoy]”.

Fuera del Parlamento se reactiva el movimiento Carta por la Ciencia. La iniciativa, que critica el “abandono de la ciencia española provocado por los recortes en la inversión en ciencia por parte del actual Gobierno”, ha recabado ya más de 200.000 firmas en poco más de una semana. La iniciativa ha sido impulsada por científicos, académicos, miembros del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología y del Consejo Rector de la Agencia Estatal de Investigación y sindicatos con el objetivo de reeditar un pacto parlamentario para aumentar la inversión en ciencia como el que se alcanzó en 2013, que fue ratificado por todas las fuerzas políticas menos el PP.

“Nuestra idea es actualizar los objetivos presupuestarios, organizativos y de recursos humanos que plasmamos en el pacto parlamentario de diciembre de 2013 para que sirvan de base para un nuevo pacto que, junto a las firmas, llevaremos al Congreso la semana que viene”, explica Emilio Criado, vocal asesor de CC OO del Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología. Criado espera que en los próximos días se les una la Confederación de Rectores (CRUE) y la de Sociedades Científicas (Cosce), así como otras organizaciones.

la universidad controla los gastos de todos los proyectos, de las carreteras, de la ciencia ??

Exprimir al máximo la legislación de contratos del sector público, trucos contables o reuniones de 25 minutos. Así es como consiguieron las constructoras a las que se les adjudicaron las obras de la vía M-30 –ACS, Ferrovial, FCC, Acciona o Sacyr, entre otras– sobrecostes que suman 1.195 millones de euros sobre el precio de licitación.

En total, los distintos tramos de la M-30 se adjudicaron por 2.508 millones de euros. A día de hoy, los sobrecostes han aumentado el precio final hasta los 3.703 millones de euros. Un desvío del 48%, según documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Así consiguieron las constructoras 1.195 millones de euros en sobrecostes de la M-30

Comparación del presupuesto inicial, importe adjudicado a la baja a las constructoras y cada uno de los distintos sobrecostes que aumentaron el coste final

La ley de Contratos de las Administraciones vigente cuando se adjudicaron las obras permitió a las constructoras aumentar el coste inicial de las obras a través de distintos aspectos: modificados de obra, proyectos complementarios, liquidación y revisión de precios. Nuevos datos que se desprenden de la comisión de investigación de la M-30 del Ayuntamiento de Madrid han revelado ahora que  también se utilizaron procedimientos irregulares para que las constructoras se beneficiaran de los máximos sobrecostes. 

Las empresas adjudicatarias llevaron al límite la legislación para conseguir sobreprecios. En el caso de las modificaciones, el incremento máximo permitido por ley estaba entonces en un 20%. Las adjudicaciones de los soterramientos entre el Puente de San Isidro y el Nudo Sur o el enlace entre la calle O’Donnell y la M-30 subieron un 19,99%.

Lo mismo ocurrió con la liquidación del proyecto original, que contaba entonces con una subida máxima del 10%, así como las obras complementarias, donde se podrían introducir nuevos incrementos de hasta el 20%, y la liquidación de estos proyectos complementarios, con los que las constructoras podían subir otro 10% adicional.

De esta manera, algunos tramos de la M-30 alcanzaron sobrecostes de hasta el 67% sobre el importe contratado inicialmente con las empresas adjudicatarias. El túnel norte del Bypass Sur de la M-30, adjudicado a una U.T.E. entre Acciona y Ferrovial, sumó sobrecostes por 201 millones de euros. 

Sobrecostes de hasta el 67% en algunos tramos de la M-30

Por cada tramo de la M-30, la comparación del presupuesto inicial, importe adjudicado a la baja a las constructoras y los sobrecostes que aumentaron el coste final

Ni todos los tramos de la M-30 se desviaron lo mismo, ni tampoco lo hicieron todas las constructoras por igual. OHL, propiedad del Grupo Villar Mir, es la adjudicataria que más se desvió del proyecto original, al menos proporcionalmente.

La constructora sumó sobrecostes por 36 millones de euros en las obras que licitó: un 67% por encima del proyecto original. Juan Miguel Villar Mir, expresidente de la compañía, declaró como imputado en la Púnica por presuntas concesiones irregulares  en las obras de Metro de Madrid.

En solitario, ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, fue la que más sobreprecios facturó de manera absoluta. En total, sus contratos registraron incrementos por más de 263 millones de euros, un 51% sobre el importe original. Le sigue de cerca FCC, en la actualidad propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, que registró sobrecostes por 137 millones de euros en los tramos que realizó en solitario. Una subida del 59%.

Están son las constructoras que más sobrecostes consiguieron en la M-30

Variación entre el coste final y el importe adjudicado a las obras adjudicadas a cada constructora o unión temporal de empresas

La geografía de los sobrecostes de la M-30 señala el sur de Madrid como el epicentro de las incrementos de las constructoras. La principal razón es que las obras más cuantiosas del macro-proyecto de la vía se adjudicaron para tramos ubicados entre Príncipe Pío y la entrada al centro de Madrid desde Atocha.

Las obras de la M-30 se encarecieron 1.632 millones en total, incluido el mantenimiento, mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de marzo de 2007 en  una reunión de solo 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consistorio de Madrid, según publicó en exclusiva eldiario.es.

El sur de la M-30, el foco de los sobrecostes de obra de las constructoras

El tamaño de la burbuja indica la diferencia entre el coste final y el importe adjudicado a cada uno de los tramos de la M-30. La localización de cada tramo es aproximado

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SUSE Expert Days 2018 en Valencia y Barcelona

SUSE Expert Days 2018

Como parte de su ruta a lo largo de más de 80 ciudades en todo el mundo, SUSE Expert Days 2018 hará escala en España este mes con dos citas ya programadas, en Valencia y Barcelona los próximos 20 y 22 de febrero respectivamente.

SUSE Expert Days es un evento de inscripción libre en el que los asistentes tienen la oportunidad de participar en conversaciones técnicas, presentaciones y demostraciones de la mano de expertos e ingenieros de SUSE. Son jornadas dedicadas al networking y el aprendizaje de “aspectos tecnológicos que resultan relevantes e interesantes para los profesionales de TI”. El tema de este año es: “una estructura abierta, una estructura redefinida“.

¿Por qué asistir? En la página de información de SUSE Expert Days recalcan lo ya expuesto: “conocer a los expertos de SUSE, que estarán disponibles todo el día y deseando escuchar sus ideas, asistir a las presentaciones y demostraciones sobre las últimas grandes innovaciones de SUSE, “participar en conversaciones técnicas con otros profesionales de su sector, con los que podrá compartir sus conocimientos y expandir su red de contactos en la comunidad de código abierto y establecer nuevas relaciones”.

En resumen, SUSE Expert Days propone una jornada muy tecnológica que apreciarán especialmente los encargados de TI que deseen ampliar sus contactos y conocimientos en torno a las tecnologías de SUSE y el ecosistema de Linux y el Open Source. En cuanto al tema elegido, “una estructura abierta, una estructura redefinida”, la idea que transmiten desde la compañía se refiere a “ayudar a nuestros clientes y socios a”:

Transformar su empresa

Le enseñamos a desarrollar las cargas de trabajo actuales con las últimas tecnologías de código abierto, a la vez que aprovecha y optimiza su infraestructura actual.

Crear un negocio más ágil

Descubra cómo el almacenamiento definido por software y las soluciones de nube le pueden ayudar a satisfacer con rapidez sus cambiantes necesidades empresariales.

Innovar

Le mostramos cómo puede innovar mediante la última infraestructura definida por software de código abierto y las soluciones de entrega de aplicaciones, aprovechando la automatización del proceso de DevOps, para mejorar la agilidad en TI, la eficiencia y la velocidad de comercialización.

No obstante, y como se ha señalado, la inscripción es libre y no es necesario ni ser cliente, ni ser socio de SUSE para asistir. Para más datos, las páginas de inscripción al evento:

“Cuéntame” como nos roban: 264 millones “entre cuatro”

 

La actriz Pilar Punzano denuncia al Grupo Ganga: acoso sexual, fraude fiscal y laboral

 
Tres de los cuatro que se lo llevan: millonarios con dinero público

Tres de los cuatro que se lo llevan: millonarios con dinero público

Con guión de Eduardo Ladrón de Guevara, contamos los costes de “Cuéntame”: 310 capítulos contratados al Grupo Ganga, el episodio cuesta 853.039 euros de promedio, el equivalente a 12.186 euros por cada 60 segundos de emisión. Total de las 17 temporadas: 264 millones de euros. Los actores Ana Duato e Imanol Arias ingresan la friolera de 72.000 euros por capítulo. Gracias a la joven y valiente actriz Pilar Punzano se confirma lo que todos menos los políticos del régimen saben: España se hunde, pero sus gestores no renuncian a la televisión, nacional, autonómica o local, por encima del empleo, la sanidad y la educación. Cuatro productores y actores “listos” se aprovechan de la tiranía del bipartidismo y los abusos de la oligocracia española.

 
Dos de los "cuatro" con Gallardón

Dos de los “cuatro” con Gallardón

Este millonario con dinero público” lleva “14 años recibiendo entre 15 y 20 millones de euros al año que os repartís entre cuatro mientras los técnicos se las ven y se las desean para cobrar sus horas extras; que os sumáis al oportunismo de la crisis para retirarnos las botellas de agua del plató al tiempo que abrís una SICAV valorada en 13 millones de euros. Que nos descontáis a 19 trabajadores un dineral sin que aparezca ningún concepto que lo declare en las nóminas, pero por los que yo sí que pago impuestos. Los contratos abusivos y un largo etc… Brilláis con maquillaje en la cara pero en el corazón solo tenéis telarañas”. La actriz Pilar Punzano ha destapado el cuento de “Cuéntame”: 264 millones de euros esquilmados al erario público vía RTVE mientras España agoniza en una interminable crisis que ni drena el descomunal paro ni hace repuntar la economía de las pymes y autónomos, los únicos que crean empleo. Mientras, el IBEX 35 sigue subsidiado y regulado por el Estado, lo que facilita la pervivencia de estas redes políticas clientelares.

 
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Acompañando a la reina en pleno abucheo popular

La punzante Punzano da en la diana: en un caso parecido al de Antonio Banderas, Imanol Arias se hizo millonario y se convirtió en un actor cortesano: acompañaba a la todavía reina Sofía cuando fue recibida con abucheos durante el preestreno de la tv movie Vicente Ferrer en los cines Callao de Madrid, un acto al que también habían asistidolos entonces presidentes regionales María Dolores de Cospedal (Castilla-La Mancha), Alberto Fabra (Comunidad Valenciana) o José Ramón Bauzá (Baleares), así como la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno. Ninguno de los políticos del PP ha sobrevivido a las últimas elecciones, pero su actor-acompañante sigue contándonos “Cuéntame”.

Tres de los cuatro: "Todo por la pasta"

Tres de los cuatro: “Todo por la pasta”

El bolsillo no engaña ni los políticos del régimen ya tampoco logran embaucar a nadie fuera de su selecta minoría y de los acólitos que, ilusionados por el espejismo de la televisión, esperan todavía formar parte de un barco que se hunde. Y es que una de las causas de la ya larga crisis económica española, el único país de Europa que no logra salir del pozo por la manirrota gestión pública, es el dineral que sus políticos gastan en televisiones públicas. A falta de empleo, sanidad o educación, decenas de televisiones, entre locales, autonómicas y estatales. Algo insólito en el mundo desarrollado. Y es que los políticos analógicos hacen como si no existiera todavía youtube.

Miguel Ángel Bernardeau

Miguel Ángel Bernardeau: de Albacete al cielo

Ha sido una actriz explotada la que ha tirado de la manta: el dinero de todos “se lo llevan entre cuatro”: un productor de Albacete, Miguel Ángel Bernardeau, su mujer, la actriz Ana Duato, un periodista de la Cadena SER y “El País”, Daniel Gavela, y dos actores más, Imanol Arias y Juan Echanove, este último veraneante de lujo en la Cuba asfixiada de Fidel Castro y acompañante de conocidos dirigentes del PP como Alberto Ruiz Gallardón, al que ahora también van a levantar las alfombras por sus desmanes en la obra pública del Ayuntamiento de Madrid:

Las apariencias engañan: "millonarios con dinero público"

Las apariencias engañan: “millonarios con dinero público”

La actriz lanza graves acusaciones donde no entran ni los conocidos abusos de la Hacienda de Montoro ni los mendaces sindicatos de Méndes(UGT) y Toxo (CC.OO): una SICAV de 13 millones de euros, fraude en las nóminas de los actores, acoso sexual a las actrices –“tienes la lengua tan larga como las manos, ex padre”, le dice a Imanol Arias–, delitos contra los derechos de los trabajadores –“les pedí claridad en la contabilidad y que restituyeran el dinero que la empresa se quedaba por la cara de mi nómina y el resultado es que me han echado de mi puesto de trabajo”…

Pilar Punzano

Pilar Punzano tira de la manta y da en la diana

“Pedí solucionar esto, pero Miguel Ángel Bernardeau, el productor, me dijo que me echaba porque no íbamos a estar a gusto”, se queja la actriz. Y no es para menos porque la actriz Pilar Punzano ha roto la omertá y no es el único caso: la periodista Rosario Gómez señala que “el mismo tiempo que los futbolistas invierten en celebrar un gol, en torno a un minuto, le costó a TVE ese año 42.138 euros, según los mismos datos. ‘La hora de José Mota‘, con 12.142 euros el minuto, fue el programa más costoso de la parrilla, pero el fútbol supera por goleada a cualquier otro tipo de contenidos.

Imanol Arias: lengua y manos muy largas

Imanol Arias: lengua y manos muy largas

La Federación Española de Fútbol de Angel María Villar se lleva el dinero pero los deportistas, como los actores de “Cuéntame”, solo ven las migajas de lo que generan: un espectáculo también sobrevalorado con dinero público: los derechos de emisión de La Roja, por ejemplo, experimentaron una meteórica subida desde 2009, cuando la cadena estatal hizo frente a una factura de 27 millones. El curso siguiente subió a 34 y en 2011 escaló hasta los 45,5. La final de la Copa del Rey de ese año le costó a la cadena pública 4,5 millones.

Capítulos de Cuéntame: la ruina de RTVE

Capítulos de Cuéntame: la ruina de RTVE

Una auditoría realizada a RTVE critica que algunos deportes son un 22% más caros y su audiencia es un 20,5% menor. Cuestiona también los gastos que en ocasiones se han cargado al presupuesto de las corresponsalías (como, por ejemplo, las multas o el lavado de vehículos), censura que se hayan abonado indemnizaciones por encima de lo que marca la ley y expone que el contrato con Overon para la retransmisión de señales por satélite era un 27% más caro que el anterior, suscrito con Telefónica Servicios Audiovisuales, aunque no abarcaba exactamente los mismos conceptos. ¿Sigue necesitando España su abultado gasto en televisiones públicas cuando su población deambula sin empleo, sanidad o educación y las audiencias se han fugado masivamente a internet? A juicio de la clase dirigente, sí. Para ellos gastar el dinero ajeno es como rodar un capítulo más de “Supervivientes”.
LOS PRECIOS DE SERIES Y PROGRAMAS DE TVE
#’Cuéntame cómo pasó’ (Grupo Ganga)
(Año: 2013/ 2012)
Coste total: 15.011.651 / 16.609.008
Coste productora: 15.007.815 / 16.605.721
Coste capítulo: 790.087 / 874.158
Coste minuto: 11.792 / 12.488

González Arroyo

Diecisiete años después de la aprobación ilegal de la urbanización de Majanicho, en Fuerteventura, la Comisión Europea ha puesto la lupa en uno de los casos de urbanismo salvaje más relevantes del Archipiélago canario. La Comisión investiga el proyecto urbanístico, que se ejecutó a pesar de la anulación firme del Tribunal Supremo, por vulnerar la normativa europea sobre protección ambiental y ha abierto un procedimiento de infracción contra España.

9 de diciembre de 2001. Seis y media de la mañana. El entonces alcalde del Ayuntamiento de La Oliva, Domingo González Arroyo, conocido como  el Marqués de las Dunas, celebra con muchas prisas un pleno para aprobar lo que hoy se conoce como Origo Mare, explotado por la cadena francesa Pierre & Vances. Su denominación oficial: Plan Parcial SAU 12 Casas de Majanicho. La iniciativa despertó en aquel momento una profunda polémica y al pleno acudieron ecologistas en pijama para protestar por la aprobación de una urbanización que cambiaría por completo un entorno natural.

Precisamente, la Comisión Europea acaba de destacar que el plan urbanístico de Majanicho incumple dos directivas comunitarias: la de evaluación de impacto ambiental, que exige la elaboración de un informe previo a su desarrollo, y la de hábitat, que requiere una evaluación de impactos sobre las “áreas de protección especial”. En cambio, la urbanización, de casi dos millones de metros cuadrados, se llevó a cabo sin informes sectoriales y sin que ni siquiera se hubiera publicado el planeamiento municipal, las Normas Subsidiarias.

Con la aprobación en el pleno controlado por González Arroyo, entonces líder del Partido Popular en Fuerteventura, se daba vía libre a la construcción sobre la arenas vírgenes de Majanicho. El grupo ecologista Agonane denunció de forma inmediata la aprobación del plan parcial ante los tribunales. Así comienza la historia de una trama jurídica, en la que las decisiones de los tribunales van por un lado (anulando el plan parcial) y los hechos van en otra dirección (consumándose la construcción).

Primero fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que en octubre de 2006 dio la razón a los ecologistas y declaró anulado el plan parcial de Majanicho. La promotora de la urbanización, Nombredo, del empresario ovetense César Zarceño Prieto, recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo. Perdió el procedimiento y el Supremo confirmó la anulación del plan parcial en febrero de 2011, fallando a favor del grupo ecologista Agonane. En el vía crucis judicial quedó claro que no se informó acerca de las alegaciones al plan parcial, que el proyecto urbanístico carecía de estudio de impacto ambiental y que la zona tenía un evidente valor paisajístico y ornitológico.

La victoria judicial no se tradujo en un freno para la construcción de la urbanización. La confluencia de maniobras en el plano jurídico, político y empresarial tuvo como consecuencia que, en la práctica, la sentencia firme del Supremo no impidiera la ejecución de las obras. En la denuncia ante la Comisión Europea se destaca la “indefensión” y el daño ocasionado al interés general y al medio ambiente, y se resalta que la urbanización de Majanicho es un ejemplo evidente de un problema “sistémico” en la aplicación de las leyes de uso del suelo en Canarias, que se concreta principalmente en la aprobación municipal de proyectos fuera de ordenación sin la preceptiva evaluación ambiental.

Vista aérea de la Urbanización Majanicho
Vista aérea del impacto visual de la urbanización en la costa de Majanicho.

“Cicatrices”

“Las cicatrices de más de quince años de litigio son difíciles de superar”, señala Juan Antonio Cabrera, presidente de Agonane, de la federación Ben MagecEcologistas en Acción. “Por ello, cualquier atisbo de esperanza, como la apertura de expediente al resort por parte de la Unión Europea, es muy positiva”, subraya. Los más de diez años de pleito judicial posibilitaron la construcción ilegal del actual complejo Origo Mare. En esa década se produjeron más huellas que las que dejaron en el terreno las obras: en el plano humano, falleció de cáncer una de las abogadas que colaboraba con el grupo ecologista, y en el ámbito político, la negativa a avalar vías para facilitar el desarrollo de la urbanización ilegal provocó la expulsión del grupo de gobierno municipal del que era teniente alcalde y concejal de Medio Ambiente de La Oliva, José Luis López. Procedente de la asociación vecinal Las Clavellinas, López estaba integrado en el equipo de gobierno encabezado por Coalición Canaria (CC), que consiguió apartar del poder a González Arroyo en mayo de 2003, tras 24 años consecutivos de poder absoluto en el norte de Fuerteventura.

Cuando Claudina Morales (CC) ganó aquellas elecciones parecía que todo iba a cambiar en La Oliva y que se pondría punto final a la especulación instaurada en la época del Marqués. Sin embargo, la nueva alcaldesa concedió nuevas licencias a la urbanización, a sabiendas de que se trataba de un plan parcial con irregularidades. López votó en contra de esa decisión, lo que le costó su expulsión del grupo de gobierno. En una denuncia a la Fiscalía presentada por los ecologistas, se decía que “se pergeñó la forma de no implicarse y a la vez que la promotora obtuviese las licencias de primera ocupación, la cédula de habitabilidad y la recepción de las obras de urbanización”. La fórmula era “dejar transcurrir los plazos para la concesión de licencia y no oponerse en el procedimiento judicial iniciado para declarar la procedencia por silencio administrativo”.

Protesta en el pleno del Ayuntamiento de La Oliva. Los ecologistas acudieron en pijama.
Protesta en el pleno del Ayuntamiento de La Oliva. Los ecologistas acudieron en pijama.

La construcción de la urbanización de Majanicho contó con apoyos incondicionales en las instituciones de la Isla. No solo en el Ayuntamiento de La Oliva sino también en el Cabildo de Fuerteventura. En el ámbito político y también en el técnico. Incluso la empresa tuvo una subvención pública del Gobierno de Canarias para abrir el establecimiento. Y los informes del que fue secretario del Consistorio y luego de la Corporación insular, Miguel Ángel Rodríguez, fueron Otra irregularidad vinculada a la urbanización de Majanicho y denunciada por los ecologistas fue la construcción de la carretera de acceso al actual resort, que sostienen que “se hizo también de forma ilegal”.

Tras la anulación por el Supremo de la aprobación del plan parcial también fueron declarados nulos el convenio urbanístico firmado por el Cabildo de Fuerteventura y el Ayuntamiento de La Oliva con los promotores con posterioridad, el proyecto de urbanización e incluso, en primera instancia, se anularon también las licencias de obra. Sin embargo, cuando Majanicho parecía que volvería a ser un sitio silencioso, hábitat de especies en peligro de extinción, la ejecución de las resoluciones judiciales no impidió la construcción. Para el presidente de Agonane, el proceso fue “un mazazo” y apenas se obligó realmente más que a la publicación de la anulación del plan parcial. Para los ecologistas, “la lentitud de las actuaciones judiciales y la incongruencia en la fase de ejecución de las sentencias han contribuido a consolidar la desprotección de una zona virgen”.

“Licencia provisional”

En 2014, el Ayuntamiento de La Oliva dio una “licencia provisional de construcción” para adaptar a un uso hotelero las villas residenciales de la urbanización Origo Mare, que llevaban años abandonadas, reconvirtiéndolas en un hotel de cinco estrellas gran lujo, a pesar de que el plan parcial de Majanicho estaba anulado por sentencia firme. Todos los juristas y urbanistas consultados por este medio consideran que es “inviable” dar licencias provisionales para este tipo de construcción.

El absurdo llegó a su límite cuando el propio arquitecto de la urbanización, Rafael Beca de la Fuente, denunció en los tribunales y ante el Ayuntamiento de La Oliva que la promotora Nombredo le había falsificado la firma ante el Colegio de Arquitectos de Fuerteventura para conseguir el visado del proyecto. En aquel momento, el arquitecto, uno de los dos de la urbanización, advierte a la alcaldesa Claudina Morales en un burofax de la estafa que se ha perpetrado al erario público por parte de la constructora: se presentó un proyecto modificado, sin tener en cuenta a uno de sus autores, “para legalizar las obras que se han construido sin ajustarse a la licencia concedida en su día” y se declaró “un presupuesto muy inferior al realmente ejecutado” y que sobrepasaba los seis millones de euros.

El arquitecto señalaba que su denuncia era “fácil de comprobar”, solicitando al banco “las copias de las certificaciones de obra” que eran necesarias para que la entidad abonara las facturas de la construcción, ya que fiscalizaba todos los gastos. “Este hecho”, advertía, “puede suponer una merma en los ingresos del Ayuntamiento”, ya que “tanto las tasas como los impuestos a percibir están relacionados con el coste real de las obras y no con el presupuesto que arbitrariamente se indique en el proyecto”.

Carretera de acceso al actual resort.
Carretera de acceso al actual resort.

Carretera peligrosa

Otra irregularidad vinculada a la urbanización de Majanicho y denunciada por los ecologistas fue la construcción de la carretera de acceso al actual resort, que sostienen que “se hizo también de forma ilegal”. La antigua pista de tierra se asfaltó en un fin de semana, sin peraltar, ni atenuar los fuertes cambios de rasante, convirtiéndose en una vía muy peligrosa, donde ya se han producido accidentes mortales. Para colmo, la carretera de acceso al resort discurre por una Zonas de Especial Protección para las Aves, ZEPA, donde existe jurisprudencia por parte del Tribunal de Bruselas que hace imposible su viabilidad.

http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Majanicho-urbanizacion-investiga-Union-Europea_0_728277798.html

Abre la convocatoria para los Campus Científicos de Verano 2018

Jueves, 15 Febrero, 2018

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y FECYT han publicado la convocatoria de la novena edición de los Campus Científicos de Verano para jóvenes de Secundaria y Bachillerato en la que tienen la oportunidad de sumarse a un proyecto de investigación. El plazo para la presentación de solicitudes estará abierto desde el 16 de febrero hasta las 15:00 del 9 de marzo de 2018. 

El Programa Campus Científicos de Verano ofrece este año 1.560 plazas para estudiantes de 4º de Educación Secundaria Obligatoria y 1º de Bachillerato. Los alumnos se incorporarán desde el 1 al 28 de julio de 2018 en cuatro turnos, de 7 días de duración cada uno, a proyectos de acercamiento científico en Universidades pertenecientes a 13 Campus de Excelencia Internacional o Regional. FECYT ha realizado además un vídeo promocional con experiencias de participantes del curso pasado. 

Los Campus van dirigidos a jóvenes interesados en temas científicos y tecnológicos, quienes tendrán la oportunidad de estar en contacto con la labor diaria de los investigadores. Los Campus Científicos de Verano aspiran a reforzar el gusto por la ciencia de los jóvenes mediante el contacto directo con la realidad profesional de los investigadores. También se quiere incentivar las vocaciones científicas para que, en un futuro, aumente el número de estudiantes en carreras de ciencias e ingenierías. 

Cada estudiante de los Campus participará en un “proyecto de acercamiento científico”, dentro de los 52 que se ofertan en 2018, unos proyectos diseñados por profesores universitarios en colaboración con docentes de Enseñanza Secundaria. 

Ejemplos de proyectos

“Criptografía para crear (y romper) códigos secretos”, “Viaje al centro de la célula”, “Astrofísica en Canarias: ¿Qué? y ¿Por qué?” o “Ciencias Forenses en Criminología” son algunos de estos proyectos. Los participantes conocerán los entresijos de la labor investigadora, desde el método científico, pasando por las técnicas de trabajo hasta la obtención y análisis de datos y la difusión de los resultados. 

Al concluir su estancia, los estudiantes realizarán una presentación pública -ante el resto de compañeros y profesores- de los resultados obtenidos durante su participación en los proyectos. 

El Programa también incluye actividades que van más allá de la pura investigación, como visitas a museos y centros tecnológicos, cine fórums, conferencias, encuentros con científicos, divulgadores o políticos, además de otras actividades de ocio-cultural y deportivas completando así una oferta atractiva para los jóvenes participantes. 

Las instrucciones para presentar una solicitud de participación y toda la información relativa al Programa están disponibles en la web www.campuscientificos.es. Más información eninformacion@campuscientificos.es

Lo que nos costaron los viajes nacionales de los diputados en 2017

Más de un millón de euros se dedicaron a gastos de gestión, cancelaciones y billetes pendientes de uso
Inés Calderón de Anta Inés Calderón de Anta 
@ines_calderon 
Viernes, 9 de febrero de 2018, 16:35
       
 
 
   

El Congreso de los Diputados abonó a lo largo del pasado año un total de 4,57 millones de euros para sufragar los viajes que realizaron los parlamentarios. La cifra supone un 21 por ciento más que el año anterior, como ya informó Sueldos Públicos hace 12 meses, cuando durante la primera mitad del año se dio la atípica situación de una legislatura fallida hasta que se repitieron las elecciones en junio y se invistió a Mariano Rajoy en diciembre.

Las cifras del Congreso apuntan a un gasto diario de más de 12.530 euros para sufragar los viajes que realizaron sus señorías dentro del territorio nacional.

Diputados hemiciclo Sueldos Públicos

El Legislativo no hace públicos cuáles son los viajes que sufraga, aunque sí especifica que son trayectos en avión, tren o coche particular. El PSOE sí detalla en su web cuáles son los desplazamientos que han sido cargados al Congreso. El resto de partidos indica que son los responsables de los Grupos Parlamentarios los que controlan que viajes se cargan a la Cámara.

Los dos primeros trimestres, los más costosos

Según los datos del Congreso, de los 4,574 millones desembolsados, 3,44 millones de euros se dedicaron a pagar los viajes efectuados por los parlamentarios, aunque otros1,1 millones se destinaron a gastos de gestión, de cancelaciones y de cambios, así como billetes emitidos pendientes de utilización.

Los dos primeros trimestres del año fueron los que acumularon más pagos por parte del Congreso, con más de 1,2 millones de euros desembolsados en cada uno de ellos. En el tercer trimestre, el gasto bajó hasta los 914.655 euros, debido al descenso de la actividad parlamentaria durante los meses de verano. En el cuarto trimestre, el gasto volvió a subir hasta los 1,176 millones de euros. 

Lo que dice el régimen económico

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 11 de enero de 2017, acordó modificar el régimen económico de los gastos de manutención y desplazamiento generados con ocasión de viajes oficiales de los Sres. Diputados expresamente autorizados por la Mesa, en el sentido de sustituir el hasta entonces vigente sistema de dietas, por el de reintegro de los gastos efectivamente producidos y debidamente justificados, con el límite de 150 € por día en desplazamientos al extranjero y 120 € diarios para viajes dentro del territorio nacional.

A partir del mes de mayo de 2006 la Cámara facilita a cada Diputado que no dispone de vehículo oficial una tarjeta personalizada que permite abonar el servicio de taxi en la ciudad de Madrid. La disponibilidad de dicha tarjeta tiene un límite anual de 3000 €.

El Congreso de los Diputados cubre los gastos de transporte en medio público (avión, tren, automóvil o barco) de los Diputados, así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos. Se trata de un reembolso de gasto, es decir, no se facilita una cantidad al parlamentario, sino que se le abona directamente el billete a la empresa transportista. Excepción hecha, claro está, del uso del propio automóvil en sus desplazamientos a la Cámara para el cumplimiento de sus funciones parlamentarias, en cuyo caso y previa justificación, se abona 0,25 € por kilómetro así como, en su caso, los importes de los peajes de autopistas. 

Recuerda, además, que los diputados de Madrid perciben 14 pagas anuales de 879 euros, libres de impuestos, para gastos relacionados con su actividad. Y los del resto de circunscripciones, 14 pagas de 1.842 euros.