El cártel del fuego continúa usando prácticas anticompetitivas para ganar contratos públicos

María Álvarez del Vayo
Miguel Ángel Gavilanes

Desde 2015, al 69% de los concursos públicos de medios aéreos para la extinción de incendios forestales solo se presentó una empresa, sin rivales. El Ministerio de Agricultura ha notificado a la CNMC estas y otras prácticas que pueden ser señal de reparto de mercado.

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Afines al presidente Sánchez cobrarán 7 millones de empresas públicas

El nuevo presidente del Gobierno se ha apresurado ya a realizar los primeros cambios en la cúpula de varias compañías como Renfe, Correos, Adif o la Sepi, si bien éste puede ser sólo el comienzo de un baile que afectaría a una veintena de grupos con una facturación conjunta de 35.000 millones de euros.

En sus primeras reuniones, el Consejo de Ministros ya ha recuperado para presidir Renfe a Isaías Táboas -secretario de Estado de Transportes con el ministro socialista José Blanco en Fomento- y ha promocionado en Adif a Isabel Pardo de Vera, hasta ahora directora general de Alta Velocidad del grupo y con experiencia política en el área de Movilidad de la Diputación de Pontevedra, gobernada por el PSOE. Ambos cargos gozan de una retribución anual superior a los 160.000 euros, según figura en el portal de la transparencia en función de las nóminas de sus precedesores, Juan Bravo y Juan Alfaro, respectivamente.

Pero no han sido los únicos nombramientos llevados a cabo en las primeras semanas de Gobierno. Sánchez también ha colocado a su anterior jefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, al frente de Correos, un grupo que factura 1.750 millones de euros al año y suma una plantilla de 50.000 personas. Sustituye en el cargo a Javier Cuesta, que en 2017 percibió una retribución de 191.000 euros. A Serrano, sustituido en el gabinete por Iván Redondo tras llegar a La Moncloa, no se le conoce experiencia en gestión empresarial de primer nivel, ya que antes de ser la sombra de Sánchez trabajaba en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Otro de los grandes nombramientos de este primer mes de Gobierno ha sido el de Vicente Fernández al frente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). Fernández llega a este organismo aupado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con quien coincidió en el Gobierno de Andalucía. Su retribución será una de las más altas de la Administración si se tiene en cuenta el sueldo de 219.641 euros cobrado en 2017 por su predecesora, aunque en este caso contaba con un total de 10 trienios por función pública.

El cargo de Fernández jugará un papel clave en el posterior nombramiento de presidentes de una gran parte de las empresas públicas que están bajo el paraguas del Estado. No obstante, las perspectivas de cambio son diferentes para cada grupo en función de, en primer lugar, si la SEPI tiene el control mayoritario de su accionariado o una participación minoritaria y, en segundo lugar, del perfil técnico de la compañía y del presidente. “Al Gobierno de turno le interesa controlar más de cerca empresas con fuerza política para ejecutar inversiones o influencia que aquéllas con perfil técnico que requieren experiencia en un sector determinado”, explican fuentes conocedoras del funcionamiento interno de la Sepi.

Los tentáculos del Estado también alcanzan a grandes grupos cotizados como Red Eléctrica (20% de peso del Estado), Indra (20%), Bankia (60%), Aena (51%) o Enagás (5%), donde el Gobierno puede nombrar consejeros e influir enormemente en el perfil de su presidente. La compañía que gestiona la red de alta tensión es dirigida por José Folgado, secretario de Estado de varias áreas durante los mandatos de Aznar y en el cargo del Ibex desde que Rajoy llegó a la Moncloa en 2012. Su retribución en 2017 fue de 546.000 euros.

Por su parte, Enagás es dirigida desde 2007 por Antonio Llardén e Indra por Fernando Abril-Martorell desde enero de 2015. Ambos ejecutivos obtuvieron el pasado año retribuciones por 1,79 y 1,81 millones de euros, respectivamente. Además de sus presidentes, en los consejos de estas empresas también figuran antiguos cargos públicos como Ana Palacio, Isabel Tocino, Antonio Hernández-Mancha o Arsenio Fernández de Mesa, con salarios anuales de entre 144.000 y 175.000 euros.

Otros grupos del Ibex donde el capital público ostenta el control son Bankia o Aena. El banco que resultó de la fusión de varias cajas de ahorro está presidido por José Ignacio Goirigolzarri, con un acreditado perfil financiero que el nuevo Gobierno quiere conservar en la entidad. No es el caso de Jaime García-Legaz, vinculado al PP y secretario de Estado de Comercio durante el primer mandato de Rajoy, que fue nombrado presidente de Aena a finales del pasado año.

Fuera de la Bolsa, pero dentro de la Sepi, están otros gigantes industriales como RTVE, EFE, Navantia, Tragsa, Enresa o Correos, donde ya se ha filtrado el nombre del primer relevo. Los primeros pasos de Fernández al frente de la Sepi pasan por crear su propio equipo y estructura. A diferencia de la gestión de una empresa, fuentes conocedoras de este organismo explican que la Sepi actúa como una Secretaría de Estado que representa los intereses estatales en las compañías.

El segundo paso implicará analizar en su consejo de administración las propuestas de consejeros de las cotizadas y el perfil de los nuevos presidentes de las no cotizadas. Por su parte, la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Hacienda también jugará un papel fundamental en este baile con empresas como Paradores, Loterías o la aseguradora Cesde, donde hace unos días tomó posesión Fernando Salazar.
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PSOE, PP y Cs por amaños al grupo Sacyr

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha lanzado a primera hora de este martes una macrooperación contra una trama que presuntamente amañó adjudicaciones públicas en más de 40 ciudades de toda España para favorecer a una filial del grupo Sacyr. Las pesquisas apuntan a ayuntamientos gobernados por PSOE, Partido Popular y Ciudadanos, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación. Se trataría del primer caso de corrupción municipal que afecta a dirigentes del partido de Albert Rivera.

Más de 600 efectivos de la Policía Nacional participan en el operativo. Los agentes tienen órdenes de detención contra más de 40 supuestos implicados, entre ellos, varios jefes de policías municipales, y está programado casi un centenar de registros en organismos, empresas privadas y domicilios. Uno de los puntos que se está inspeccionando es el ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), gobernado por Ciudadanos desde 2015. También está prevista la entrada y registro en los consistorios de Alcobendas, Fuenlabrada, Huesca, Illescas, Lérida, Majadahonda, Mollet del Vallés, Oviedo, Parla, Pinto, Plasencia, Tiana, San Andrés del Rabanedo, Vélez Málaga, Villanueva de la Cañada, León, Palencia, Teruel, Plasencia, Torrelodones y Villaquilambre.

Asimismo, el juzgado ha ordenado la práctica de requerimientos de documentación en la Diputación de Alicante y en las localidades de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premià de Mar, Rubí, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, Galapagar, Manzanares el Real, Valdemorillo, La Cistérniga, El Puig, Gandía, Logroño, O`Grove, Sant Vicent del Rapeig y Vitoria.
Según ha podido saber El Confidencial, entre los detenidos se encuentra Sadat Maraña, asesor de Ciudadanos en la Diputación de León y uno de los cargos del partido naranja con más peso en esa demarcación. En 2016 tuvo que renunciar al cargo de coordinador provincial por la publicación de varios tuits de contenido machista y descubrirse que había incluido en su curriculum una licenciatura en Administración y Dirección de Empresas que no tenía. Ciudadanos ha reaccionado suspendiéndolo automáticamente de militancia y lo expulsará si se confirma su imputación.

José Luis Ulibarri, detenido por la UDEF. (EFE)
José Luis Ulibarri, detenido por la UDEF. (EFE)
También ha sido arrestado el empresario castellanoleonés José Luis Ulibarri, propietario de la constructora Begar e imputado ya por su implicación en la trama Gürtel. La investigación, que ha recibido el nombre de operación Enredadera, se centra en la supuesta concesión irregular de contratos a la empresa Aplicaciones Gespol SL, una firma con sede en Barcelona que fue adquirida por el grupo Sacyr en octubre de 2016 y que se dedica al desarrollo de aplicaciones informáticas para la gestión de bases de datos de policías municipales, el control inteligente del tráfico rodado y la colocación de radares, entre otros servicios.

La compañía habría conseguido decenas de adjudicaciones mediante la presunta manipulación de concursos públicos a cambio de comisiones. Para ello, habría contado con la connivencia de alcaldes, concejales, policías municipales y otros funcionarios de consistorios gobernados por PSOE, PP y Ciudadanos. Los hechos que se investigan podrían constituir delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, revelación de información privilegiada, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad documental por funcionario público y por particular, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

El caso arrancó hace dos años en Cataluña aunque pronto se detectaron ramificaciones que obligaron a ampliar las diligencias al resto de España. El dispositivo lo dirige el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona bajo la coordinación de la Fiscalía Anticorrupción. Además de agentes de la UDEF, también participan otros efectivos de Policía Judicial y de jefaturas superiores, sobre todo, de Cataluña, donde se desarrollan los registros en las oficinas de la compañia.

https://www.elconfidencial.com/espana/2018-07-03/macrooperacion-en-decenas-de-municipios-de-psoe-pp-y-cs-por-amanar-adjudicaciones_1587052/