enrique alvarez conde y mario conde para hundir el pais

“La hipotética prorroga del estado de alarma”

Enrique Alvarez Conde Catedrático de Derecho Constitucional

Una vez declarado el Estado de alarma a través del Real decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, sobre cuyo contenido y significado jurídico-constitucional están apareciendo, con mayor o menor acierto, los primeros comentarios, se plantea ahora la posibilidad, con motivo -seguramente- de las próximas fiestas de Navidad, de proceder a una prórroga del mismo con la finalidad de continuar garantizando el servicio público esencial del transporte aéreo, extendiéndolo,incluso, a otros colectivos, que parecen haber anunciado posibles huelgas para estos días, mas allá de los propios controladores. Esta hipotética prórroga debe tener en cuenta los siguientes requisitos:

1) El titular de la prórroga ya no es el Gobierno, sino el Congreso de los Diputados, a iniciativa del propio Gobierno. Estaríamos, a nuestro juicio,en presencia de un acto con fuerza de ley, que seria susceptible de control ante la jurisdicción constitucional.

2) El periodo de prórroga habría de ser el mismo (15 días) que el establecido para su declaración inicial, no pudiendo ampliarse a otros espacios temporales (se habla incluso de dos meses), pues la cláusula “rebus sic stantibus” así parece interpretarlo. De otro modo, podríamos entender que el espacio temporal podría ser indefinido, situándonos en una especie de estado de alarma permanente, que privaría al mismo de su condición de estado de emergencia.

3) En consecuencia lógica con lo anterior, la prórroga del estado de alarma únicamente puede producirse cuando el supuesto de hecho habilitante sea el mismo o sustancialmente idéntico. Si este ha desaparecido, como parece ser el caso presente, no se puede proceder a su prórroga, por mucho apoyo parlamentario que tenga la hipotética iniciativa gubernamental.

4) Los colectivos afectados y los efectos jurídicos de la hipotética prórroga han de ser necesariamente los mismos, pues de lo contrario nos encontraríamos ante un nuevo estado de alarma, y no ante la prorogatio de otro previamente declarado. Es decir, la prórroga no es sino una continuidad temporal del estado de alarma previamente acordado, no pudiendo, por tanto, alterarse ninguno de sus elementos esenciales y, naturalmente, exigiéndose, con carácter previo, la persistencia del supuesto de hecho habilitante.

Si las cosas son así, y así parecen serlo, resulta difícil justificar una prorroga del actual estado de alarma. No debemos olvidar que este es un estado de emergencia y, como tal, tiene, o debe tener, la finalidad de restablecer la situación emergente que se había producido. Su hipotética prorroga, ademas de exigir todos estos requisitos, debe contemplar la eficacia del mismo. Todo el mundo ha reconocido, con independencia de los posibles vicios del real Decreto antes mencionado, que la proclamación del estado de alarma ha tenido una eficacia total. La misma, lógicamente, desaparecería con su hipotética prorroga y podría poner en tela de juicio, ahora ya desde un punto de vista de la propia legitimidad democrática, la necesidad de su implantación inicial.

EL ESTADO DE ALARMA DEBE CESAR DE INMEDIATO

José Fernando Merino Merchán. Profesor Titular de Derecho Constitucional Letrado del Consejo de Estado, excdte.

Dos son los principios informadores de las situaciones de crisis constitucional: el principio de máxima necesidad insoslayable y el principio de mínima temporalidad aplicable. Por el primero de estos principios, el Gobierno adoptará las medidas de crisis constitucional, no solo cerciorándose que se da la situación de hecho prevista en la Ley, sino que, además, no le quepa acordar otras menos abrasivas para el destinatario o para la sociedad en general. Por el segundo, la duración de la medida excepcional debe ser lo mas breve posible, sin necesidad de agotamiento del plazo previsto cuando la situación de crisis haya desaparecido.

Entiendo que se puede sostener que no se cumplía estrictamente el supuesto fáctico contemplado en el artículo 4 c) LO 4/1981, para declarar el estado de alarma, porque si, en efecto, se produjo la paralización del servicio público esencial del espacio aéreo, no concurría ninguna de las demás circunstancias a que alude el citado artículo 4, para que tuviese lugar la declaración del estado de alarma (alteraciones graves de la normalidad por catástrofes, calamidades, terremotos, accidentes de gran magnitud, crisis sanitarias o situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad). Pero, lo que sin la menor de las dudas resulta aberrante es el pretendido sometimiento de los controladores a la jurisdicción militar, medida contraria al artículo 17.5 de la Constitución y al artículo 40.2 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional y Organización Militar.

Es sorprendente que una medida tan excepcional como la adoptada el pasado día 3 no haya dado lugar a la convocatoria inmediata del pleno del Congreso de los Diputados bien a instancia de su Presidente bien a instancia del Grupo Popular. Casi una semana después, tras los fastos del día de la Constitución, se va a producir la sesión plenaria de la Cámara baja para examinar la adopción de esa medida; ¿Por qué no se celebró el sábado día 4 o el martes día 7?. El artículo 116.2 prescribe que declarado el estado de alarma se dará cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto; y el artículo 165 del Reglamento del Congreso de los Diputados recoge, para los supuestos de declaración del estado de alarma, excepción o sitio, que el asunto será sometido inmediatamente al pleno del Congreso. Parece como si la clase política no diese importancia a una medida tan grave como la adoptada. No es ocioso recordar que bajo el estado de alarma se puede limitar la circulación de las personas, practicar requisas o intervenir y ocupar transitoriamente industrias, explotaciones o locales de cualquier naturaleza.

En cuanto a la concurrencia del principio de mínima temporalidad en la aplicación de la medida de estado de alarma, el plazo de 15 días es, como determina el artículo 16.2 de la Constitución, un plazo máximo, y por tanto, una vez que los controladores han vuelto a sus puestos de trabajo, procede sin más volver a la normalidad constitucional dejando sin efecto el Real Decreto declarando el estado de alarma. Por ello, no solo sería un ejercicio arbitrario de poder prorrogar los 15 días habilitados constitucionalmente como plazo máximo, sino que también lo sería mantener el plazo de 15 días fijado por el Real Decreto, una vez que la situación que dio origen a la declaración de alarma ha desaparecido. El artículo 1.2 LO 4/1981 señala que la duración de los estados de alarma, excepción y sitio, será la estrictamente indispensable para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Desde esta perspectiva es importante señalar que el art. 18 del Convenio de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950, de aplicación inmediata en el ordenamiento español por vía del artículo 10.2 de la Constitución, establece que las restricciones de los derechos y libertades no podrán ser aplicadas mas que con la finalidad para la cual han sido previstas. Esto quiere decir que si el tránsito aéreo español ha sido restablecido, carece de fundamento constitucional y de causa legítima, el que la actual situación de alarma continúe un día más.

El estado de alarma debe cesar inmediatamente salvo que el Gobierno quiera actuar fuera de la Constitución.

No cabe prórroga del actual estado de alarma acordado por el Gobierno

Mario Conde

El Estado de alarma nunca había sido utilizado en nuestro país y por ello carecemos de jurisprudencia constitucional interpretativa. Ha sido una decisión política adoptada por un Gobierno cuyo Presidente recibe un rechazo popular mayoritario, y por ello mismo forma parte del debate político: unos quieren aprovecharse de sus supuestas ventajas; otros resaltar sus deficiencias. Aquí y ahora me centro fundamentalmente en aspectos jurídicos. Y en concreto en una pregunta: ¿es jurídicamente viable la prórroga del Estado de alarma decretada el pasado día 4? Algunos dudan de que la paralización obvia de los servicios públicos producida por la huelga salvaje sea encajable en el apartado c) del art. 4 de la Ley Orgánica de 1 de Junio de 1.981 debido a que creen que además de esa paralización debe darse una circunstancia adicional, como por ejemplo, una calamidad. Los que defienden esa tesis no aclaran que habrían decidido ante la gravedad de la situación vivida. Sería interesante conocer alternativas eficaces.

Seguramente para atajar esa interpretación rigorista que paralizaría la capacidad de actuación del Gobierno, el propio decreto en su Preámbulo alude a que la situación creada es una “una calamidad pública de enorme magnitud “ y una “situación de catástrofe pública”. No olvidemos que este territorio es propio de conceptos jurídicos indeterminados, susceptibles de ser jurisdiccionalmente controlados, por lo que sería conveniente que se pronunciara el Tribunal Constitucional, delimitando el alcance de los mismos.

Conviene retener un dato: el elemento común a los estados de alarma, excepción y sitio reside en que “circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes públicos ordinarios” (art. 1 de la Ley 4/1981). Ante esa situación, el Gobierno tiene la obligación de “asegurar el restablecimiento de la normalidad” (art. 2).Para cumplir esa obligación de restablecer la normalidad el Gobierno puede apelar al estado de alarma. Otra cosa es la militarización. Sería conveniente de nuevo que los Tribunales se pronunciaran sobre este extremo, de indudable importancia. Militarizar a civiles es asunto muy serio.

Pero vamos ahora al objeto de este análisis. La ley 4/81 establece una duración máxima del Estado de alarma: quince días. Pero, teniendo en cuenta que el supuesto que permite su declaración reside en una situación de anormalidad, no debe entenderse que en cualquier circunstancia el Gobierno puede decretar ese estado por quince días. No. La duración del estado de alarma es la propia de la situación de anormalidad que se trata de corregir. Si la situación anormal dura uno, dos o tres días, no puede aplicarse el plazo de quince días, porque, insisto, es un plazo máximo que debe ser relacionado con el objetivo esencial: restablecer la normalidad. No caben interpretaciones extensivas en materias tan básicas. El Gobierno tiene que “dar cuenta” al Congreso de los Diputados de la declaración del estado de alarma y le suministrará la información requerida (art. 8.1) Debió de hacerlo “inmediatamente” (art. 116 2 Constitución) Es el momento del debate político. Es el marco adecuado para que la oposición pida explicaciones de por qué se llegó a una situación insostenible, no anticipando condenas a controladores, sino pidiendo explicaciones concretas de una acción de Gobierno, porque es perfectamente compatible un estado de alarma correctamente dictado con una actuación calamitosa previa del Gobierno, por imprevisión, negligencia u otras consideraciones. Creo que el Congreso podría acordar el cese del estado de alarma, en vista de que ya no hay anormalidad. Pero en cualquier caso no es jurídicamente aceptable que acuerde una prórroga porque ya no existe el elemento soporte: la situación de anormalidad susceptible de calificarse como calamidad pública. Ya funcionan normalmente los servicios suspendidos. El estado de alarma no está para atajar posible conflictos futuros. Atiende al ahora, no a un hipotético mañana. Lo dice con toda claridad el art. 15.2 referido al Estado de excepción: “si persistieren las circunstancias que dieron lugar al estado de excepción”. El fundamento es el mismo para el de alarma. Si se prorroga por el Congreso sería, en mi opinión, un fraude de Ley, porque se utilizaría un mecanismo excepcional para fines distintos de los previstos en el Ordenamiento Jurídico. Por ejemplo, para cortocircuitar una posible huelga legal, para pedir prestaciones personales obligatorias, para impedir la convocatoria de elecciones anticipadas(art.116.4 CE).. . Y no está la situación para actos con fuerza de Ley cometidos, precisamente, en fraude de Ley. El art. 55.2 de la CE dice: “La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal, como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.”. Conviene saberlo.

http://www.marioconde.org/foro/2010/12/revista-de-prensa-no-cabe-prorroga-del-estado-de-alarma/

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