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Han pasado más de siete años desde que el Banco de España interviniese el Banco de Valencia y el FROB llevase a la Audiencia Nacional presuntas operaciones irregulares de sus responsables, y todavía siguen apareciendo datos inéditos sobre su gestión. Los últimos surgieron hace pocos meses a raíz de las causas abiertas por las operaciones en el Caribe de los empresarios alicantinos Juan Ferri y José Baldó. A raíz del descubrimiento del desvío de beneficios a Andorra y Suiza de operaciones millonarias en México financiadas por la CAM y el Grupo Bancaja, la jueza Carmen Lamela y la Fiscalía Anticorrupción destaparon la existencia de cuentas andorranas compartidas por los directivos del banco valenciano con otros empresarios valencianos clientes del mismo.

En concreto, la Audiencia decidió abrir una pieza separada y secreta para investigar la existencia de una cuenta en el Principado compartida por Domingo Parra, exconsejero delegado del Banco de Valencia, y el ex director general de Bancaja Aurelio Izquierdo con el promotor Vicente Llácer y el presidente de Aguas de Valencia, Eugenio Calabuig. Los apoderados de la cuenta bancaria tuvieron que declarar el pasado mes de diciembre en dependencias judiciales y fueron interrogados por la Fiscalía Anticorrupción, que inquirió a los empresarios sobre el origen del dinero depositado en este pequeño país pirenaico —conocido por sus ventajas fiscales— y su destino, ante la sospecha de que pudiera haberse producido un delito fiscal.

El ex director general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia Aurelio Izquierdo.
El ex director general de Bancaja y expresidente del Banco de Valencia Aurelio Izquierdo.
Según el relato efectuado por los investigados ante la Audiencia Nacional, la cuenta andorrana tiene su origen en los negocios que Parra, Izquierdo, Llácer y Calabuig desarrollaron a través de la mercantil Capital Residencial, fundada por el Grupo Ática de Llácer en el año 2003, financiada por el Banco de Valencia y en la que los cuatro participaban de forma directa o indirecta, según las periciales del Banco de España. Fruto de esta relación a cuatro bandas surgió la apertura de una cuenta en Andorra a partir del año 2004 en la que todos ellos figuraron como apoderados, hasta que en 2009 el promotor se hizo con la totalidad de las acciones de Capital Residencial y la titularidad cambió en favor de otra sociedad.
Anticorrupción pide cuatro años de cárcel y 29 millones para la cúpula de Banco Valencia
EDUARDO SEGOVIA / AGENCIAS
La Fiscalía Anticurrupción ha pedido penas de hasta cuatro años de prisión para los gestores que llevaron a la quiebra a Banco de Valencia y una responsabilidad de 29,1 millones
Según fuentes judiciales, el depósito andorrano habría sido empleado para canalizar inversiones en valores de renta variable internacionales. Calabuig, por ejemplo, realizó aportaciones al mismo desde sus negocios en Cuba. A preguntas de El Confidencial, el ex consejero delegado del Banco de Valencia Domingo Parra no ha querido hacer ningún comentario sobre esta pieza separada del paquete de causas instruidas por su gestión al frente del Banco de Valencia.

Acogidos a la amnistía fiscal de Montoro
Fuentes conocedoras de las declaraciones en sede judicial señalan que Calabuig alegó no tener ninguna relación con la banca andorrana desde 2009 y que Llácer explicó que se había acogido a la amnistía fiscal habilitada por el ministro Cristóbal Montoro en 2012 para regularizar su situación, por lo que la jueza de instrucción Carmen Lamela debe decidir si sigue adelante con la causa o la archiva por prescripción o inexistencia de delito fiscal. La pieza se había mantenido secreta hasta hace pocos días. Anticorrupción está estudiando las repercusiones penales del hallazgo, según han señalado fuentes del Ministerio Público.

Las operaciones de Capital Residencial con el Banco de Valencia formaron parte del paquete de préstamos dudosos que el FROB puso en manos de la Audiencia Nacional en 2012. Los peritos del Banco de España cuestionaron que la entidad otorgase créditos por valor de más de cinco millones de euros y que posteriormente la mercantil aprobase repartir dividendos entre sus accionistas, entre quienes figuraba otra sociedad, Capital Costa, participada a su vez por Parra e Izquierdo a través de IZPA SL.

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