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180 EUROS DE MEDIA EN EL GOBIERNO, MÁS EN LAS CCAA

El chollo del ‘nivel 33’: 500 expolíticos cobran sobresueldos “discriminatorios” de Hacienda

Un tribunal considera un gasto irracional el complemento vitalicio a funcionarios que pasaron por la política. La partida ha sobrevivido a todos los recortes. Solo Baleares lo ha tumbado

Foto: Algunos de los expolíticos que se benefician del 'nivel 33'. (EC)
Algunos de los expolíticos que se benefician del ‘nivel 33’. (EC)
 

Los funcionarios lo conocen como el ‘nivel 33’. Aunque el máximo en el escalafón es el 30, este sobresueldo se conoce así porque fue creado por el artículo 33 de una ley de 1990. Esa norma establecía que los funcionarios que pasasen dos años en un puesto de alto cargo, de designación política, cobrarían a su regreso a la función pública un plus hasta su jubilación. El Confidencial ha pedido a través de la Ley de Transparencia que cada ministerio desglose un gasto hasta ahora oculto: unos 500 ex altos cargos cobran cada año ese plus, que de media supone 180 euros al mes, una factura que asciende a los dos millones de euros al año. Esta cantidad solo incluye a los funcionarios de la Administración General del Estado, pero en las comunidades autónomas hay muchísimos más y con complementos mayores. Solo Baleares lo ha eliminado completamente —gastaba un millón al año— y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares acaba de avalar su decisión al considerar que el plus es “discriminatorio”.

El ‘nivel 33’ es una de esas cosas de las que se sabe poco fuera de la Administración. En 1990, con el PSOE en el Gobierno, la Ley de Presupuestos creó un privilegio para los funcionarios que pasasen dos años en política. Ha sido una norma que nadie ha discutido y que disfrutan tanto ex altos cargos del PP como del PSOE. La ley fijaba que al volver a su nivel original de funcionario cobrarían un complemento hasta la jubilación “para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los directores generales de la Administración del Estado”. Según la interpretación de Presidencia, incluida en la respuesta a este medio, “se trata de un derecho reconocido por haber desempeñado dicha persona un alto cargo en la Administración”. La partida ha sobrevivido a todos los recortes. Ni el Gobierno del PSOE ni el del PP la han tocado.

Todos los ministerios salvo Interior, que ha ignorado las solicitudes presentadas por este medio, han identificado a estos funcionarios que han pasado por la política, al considerar que prima el interés públicosobre la protección de los datos personales. Según esos datos, casi 600 ex altos cargos cobran o han cobrado en algún momento este sobresueldo en los últimos cinco años. En el último semestre lo percibían 422. En los listados aparecen algunos nombres ilustres. Por ejemplo el de Esperanza Aguirre, que solicitó cobrar el ‘nivel 33’ el mismo día en que el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. Aguirre, la que popularizó el término de ‘mamandurrias’, lo cobró durante los tres meses que estuvo en Turespaña antes de pasar en 2013 a una empresa privada de cazatalentos. Lo mismo hizo Jaime García-Legaztras abandonar la Secretaría de Estado de Comercio, cobrando este complemento hasta su designación como presidente de Aena hace un mes. Rafael Spottorno, jefe de la Casa del Rey durante los últimos tres años del reinado de Juan Carlos I, o el exdiputado del PP Gabriel Elorriaga también figuran entre los beneficiarios, siempre según el listado remitido a este diario por todos los ministerios salvo Interior.

 

De los 422 expolíticos que cobraban el ‘nivel 33’ en el segundo semestre del pasado año, uno de cada cuatro está encuadrado en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Los destinos en el extranjero en la red de embajadas y consulados españoles explican esta circunstancia. El departamento dirigido por Alfonso Dastis dobla a los siguientes en la clasificación: Empleo, Hacienda, Medio Ambiente y Economía.

El complemento de director general solo se extingue al cambiar el puesto público por la empresa privada o por otra Administración (autonómica o local, en el caso de los funcionarios estatales) o con la jubilación. Según los datos enviados por el Ejecutivo, medio centenar de altos cargos llevan cobrando este sobresueldo desde antes de 2000. Y como resulta lógico, los reconocimientos del ‘nivel 33’ se multiplican en los años electorales, consecuencia de los cambios de personal. Además, los funcionarios estatales que ocupen estas responsabilidades durante al menos dos años en otras administraciones (gobiernos autonómicos, parlamentos o ayuntamientos) también tienen derecho a este sobresueldo al reincorporarse a su puesto original. Por eso en el listado remitido por los ministerios aparecen diputados, alcaldes, consejeros y altos cargos autonómicos.

“No lo tocan porque está hecho para beneficiar a los funcionarios de la cuerda. Y por eso nadie se ha quejado. Lo disfrutan funcionarios afines a todos los partidos que han gobernado”, explica un veterano de la función pública. Después de que en 1990 se aprobara la ley estatal, las comunidades, que tienen competencias sobre la mayoría de los funcionarios al gestionar sanidad y educación, fueron aprobando normativas similares.

Los reconocimientos del ‘nivel 33’ se multiplican en los años electorales tras los cambios de personal

Cuando en 2015 una coalición entre PSOE, Podemos y nacionalistas llegó al Gobierno en Baleares, pactó eliminar este complemento, y así lo hizo en enero de 2016. Solo en Baleares, 152 ex altos cargos cobraban ese complemento y a final de 2015, con la salida del PP de los puestos de poder, otros 17 lo tenían solicitado. Eso da una media de un complemento de 453 euros brutos al mes en 14 pagas. El plus es mayor para aquellos funcionarios con menor categoría y viceversa, no todos cobran lo mismo. En algunos casos llegaba a rondar los 1.000 euros brutos al mes.

En 2015, el coste para las arcas autonómicas se aproximaba al millón de euros (964.367 euros), según informa la Consejería de Hacienda balear, dirigida por Catalina Cladera. Esta explica por teléfono que la decisión la tomaron por coherencia y por “acabar con un privilegio”. Inicialmente, el Gobierno insular barajó tres opciones: obligar a devolver el sueldo a los funcionarios que lo hubieran cobrado (cosa que se desechó inmediatamente), suprimirlo a partir de ese momento pero mantenerlo a los que ya tuvieran el complemento (como hicieron en Castilla-La Mancha y Extremadura durante la crisis) o dejar de pagarlo a todos. Esa fue la decisión y comenzó a aplicarse en enero de 2016.

Medio centenar de altos cargos llevan cobrando este sobresueldo desde antes de 2000

“Hubo resistencia dentro de los partidos del Gobierno también, porque lo cobra gente de todos los partidos, pero pensábamos que es un tema de justicia”, explica la consejera, que es funcionaria de la Cámara de Cuentas de la comunidad. Ella ya cobró ese complemento y le suponía unos 500 euros brutos. La cuantía de la partida no es elevada para los más de 1.000 millones de euros que gasta Baleares en personal (incluidos todos los profesores y sanitarios, pues las competencias están transferidas), pero el ahorro en dos años ya ha sido de dos millones. Además, es una partida destinada a crecer conforme los altos cargos vayan saliendo de la Administración.

Los expolíticos que vieron su nómina reducida por la decisión del Gobierno que preside Francina Armengol recurrieron en masa la decisión de suprimir el complemento. Alegaron que era una decisión retroactiva que vulneraba “un derecho económico consolidado, un derecho adquirido”. El primer caso que ha llegado a sentencia firme es el de Miquel Mateu Roig, director general de Patrimonio de Baleares entre 2003 y 2007. En primera instancia, el juzgado consideró que los ex altos cargos funcionarios no tenían ningún “derecho adquirido” a este sobresueldo, pues se trata de un “complemento que nació de forma excepcional en relación a determinados cargos directivos políticos cuyo ámbito de aplicación pasó a ampliarse sucesivamente”. “Al no haber derecho adquirido alguno, no puede hablarse de retroactividad”, falló el juzgado en esa reclamación.

Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados. (EFE)
Vista general del hemiciclo del Congreso de los Diputados. (EFE)

El funcionario recurrió al TSJ, que ha ratificado la decisión de suprimir el pago. El Tribunal Superior de Justicia falló el pasado 27 de febrero que la supresión del complemento era perfectamente legal, que su relación con la Administración no estaba grabada en piedra, y que igual que se había retrasado su edad de jubilación podía suprimirse el complemento. El tribunal deja la carga de profundidad contra todo argumento a favor del sobresueldo para responder a la petición de que planteara una cuestión prejudicial al Tribunal de la UE para ver si se había vulnerado la normativa europea: “El legislador autonómico, atendiendo a los intereses generales […] rectifica y pone fin a una situación de privilegiodenunciada por organizaciones sindicales, y que cuestiona un racional gasto público, el principio de no discriminación y el principio de ‘a igual trabajo, igual salario”. Ya hay dos sentencias en ese sentido avalando las tesis de la consejería.

Sin embargo, la partida ha continuado inalterable en los Presupuestos Generales del Estado desde 1991, cuando entró en vigor el ‘nivel 33’. Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha recortado pensiones, retrasado la edad de jubilación, anunciado la supresión de organismos públicos y hasta limitado el uso de los coches oficiales. Una portavoz de Hacienda asegura no tener respuesta a por qué no han recortado esa partida. Una portavoz del grupo parlamentario socialista asegura que no hay ninguna iniciativa sobre el tema. Montoro, Sáenz de Santamaría, Cañete, Cospedal, De Guindos, Soria… son funcionarios y podrían pedir ese complemento de ex alto cargo si deciden regresar a la función pública estatal.

La consejera balear cree que es evidente por qué ningún Gobierno ha tocado el complemento de director general: “Mucha de la gente que hay en los gobiernos son funcionarios, así que es difícil tomar esa decisión. La oposición tampoco lo pide porque tienen muchos expolíticos con ese complemento, así que no se mueve. Pero en tiempos de crisis, donde se han recortado tantas partidas, es de justicia hacerlo”. Añade que es una discriminación con los funcionarios que no han sido altos cargos y que trabajan codo con codo con los que han sido políticos. Y también discrimina a quien llega a la política procedente del sector privado, que sale sin un plus vitalicio.

Jordi Solé Estalella, inspector de Hacienda y presidente de la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores ​de la Administración Civil del Estado (Fedeca), considera que el complemento es difícilmente defendible. Para la federación es un tema delicado, porque en las organizaciones que agrupa hay gente cobrando ese complemento. “No nos parece mal que haya medidas que faciliten el acceso de ciudadanos a cargos políticos. Y quizás ahí estarían medidas de retorno como este complemento, pero entendemos que deben ser medidas limitadas y prudentes, no desmedidas y fuentes de abuso. La idea no es mala, sino el uso y el abuso. El problema del sistema no es tanto el complemento como que se ha nombrado a determinadas personas para determinados cargos no por el mérito y duele mucho ver que vuelven a su origen”, añade. Y concluye: “Podríamos aceptar que los cargos tengan cierta facilidad a volver, pero funcionarios y no funcionarios, y durante un tiempo limitado”.

Según una sentencia, “cuestiona un racional gasto público, el principio de no discriminación y el principio de ‘a igual trabajo, igual salario”

El Ministerio de Hacienda no ha querido hacer comentarios para este reportaje. Tampoco el Grupo Socialista en el Congreso ni Podemos han querido opinar. Solo Francisco de la Torre, inspector de Hacienda y portavoz de Ciudadanos en la comisión de Administraciones Públicas ha entrado en el fondo. Él lo conoce bien, entre otras cosas porque podría ser beneficiario a su regreso a la Agencia Tributaria. “Lo razonable es que al entrar en política no se ganase pero tampoco se perdiese. Tampoco puede ser que sea un riesgo ocupar un alto cargo porque cuando vuelves te discriminan y te pagan peor. Si quieres mejorar los salarios de los políticos se puede hacer, pero mientras están en el cargo. No tiene sentido que alguien cobre un plus porque hace 20 años fue subsecretario”.

De la Torre intuye una explicación al hecho de que el mismo Gobierno que quitó una paga extra a los funcionarios no tocase este complemento. “Imagino que durante toda la crisis, mientras se suprimió la extra a los funcionarios, no querían afectar a los suyos”. Y avisa de que Ciudadanos está por la supresión: “Nuestra postura es que los puestos hay que retribuirlos mientra se desempeñan, no hasta que te jubiles; esto no tiene sentido. Quizá no sea una partida enorme, pero parte de la regeneración pasa por esto y está bien que haya transparencia y se conozca quién lo recibe”.

De la Torre (Ciudadanos) critica el sobresueldo: “No tiene sentido que alguien cobre un plus porque hace 20 años fue subsecretario”

Además del ‘nivel 33’, los funcionarios que han pasado por la política tienen otro privilegio: la mochila, llamada así porque va pegada a la persona. Al funcionario se le crea un cargo específico hasta que concurse para un nuevo destino y tiene un complemento específico, mucho mayor que el complemento de destino al que se refiere el ‘nivel 33’. Ese cargo no lo paga el departamento al que se adscribe sino Hacienda y no pueden ser cesados. Originalmente se pensó como algo temporal para los funcionarios que habían colaborado con los gobiernos del PSOE para que tuvieran cobijo y como algo temporal, pero como no hay límite de tiempo los hay que se han quedado 20 años de mochileros en un cargo sin mucho contenido y con mejor sueldo. Incluso hay quien ha rechazado ser cargo de confianza para no perder la mochila. La Administración está jalonada de recovecos para funcionarios avispados. Y estos son mucho mayores si uno ha pasado por la política.

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