la universidad controla los gastos de todos los proyectos, de las carreteras, de la ciencia ??

Exprimir al máximo la legislación de contratos del sector público, trucos contables o reuniones de 25 minutos. Así es como consiguieron las constructoras a las que se les adjudicaron las obras de la vía M-30 –ACS, Ferrovial, FCC, Acciona o Sacyr, entre otras– sobrecostes que suman 1.195 millones de euros sobre el precio de licitación.

En total, los distintos tramos de la M-30 se adjudicaron por 2.508 millones de euros. A día de hoy, los sobrecostes han aumentado el precio final hasta los 3.703 millones de euros. Un desvío del 48%, según documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es.

Así consiguieron las constructoras 1.195 millones de euros en sobrecostes de la M-30

Comparación del presupuesto inicial, importe adjudicado a la baja a las constructoras y cada uno de los distintos sobrecostes que aumentaron el coste final

La ley de Contratos de las Administraciones vigente cuando se adjudicaron las obras permitió a las constructoras aumentar el coste inicial de las obras a través de distintos aspectos: modificados de obra, proyectos complementarios, liquidación y revisión de precios. Nuevos datos que se desprenden de la comisión de investigación de la M-30 del Ayuntamiento de Madrid han revelado ahora que  también se utilizaron procedimientos irregulares para que las constructoras se beneficiaran de los máximos sobrecostes. 

Las empresas adjudicatarias llevaron al límite la legislación para conseguir sobreprecios. En el caso de las modificaciones, el incremento máximo permitido por ley estaba entonces en un 20%. Las adjudicaciones de los soterramientos entre el Puente de San Isidro y el Nudo Sur o el enlace entre la calle O’Donnell y la M-30 subieron un 19,99%.

Lo mismo ocurrió con la liquidación del proyecto original, que contaba entonces con una subida máxima del 10%, así como las obras complementarias, donde se podrían introducir nuevos incrementos de hasta el 20%, y la liquidación de estos proyectos complementarios, con los que las constructoras podían subir otro 10% adicional.

De esta manera, algunos tramos de la M-30 alcanzaron sobrecostes de hasta el 67% sobre el importe contratado inicialmente con las empresas adjudicatarias. El túnel norte del Bypass Sur de la M-30, adjudicado a una U.T.E. entre Acciona y Ferrovial, sumó sobrecostes por 201 millones de euros. 

Sobrecostes de hasta el 67% en algunos tramos de la M-30

Por cada tramo de la M-30, la comparación del presupuesto inicial, importe adjudicado a la baja a las constructoras y los sobrecostes que aumentaron el coste final

Ni todos los tramos de la M-30 se desviaron lo mismo, ni tampoco lo hicieron todas las constructoras por igual. OHL, propiedad del Grupo Villar Mir, es la adjudicataria que más se desvió del proyecto original, al menos proporcionalmente.

La constructora sumó sobrecostes por 36 millones de euros en las obras que licitó: un 67% por encima del proyecto original. Juan Miguel Villar Mir, expresidente de la compañía, declaró como imputado en la Púnica por presuntas concesiones irregulares  en las obras de Metro de Madrid.

En solitario, ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez, fue la que más sobreprecios facturó de manera absoluta. En total, sus contratos registraron incrementos por más de 263 millones de euros, un 51% sobre el importe original. Le sigue de cerca FCC, en la actualidad propiedad del multimillonario mexicano Carlos Slim, que registró sobrecostes por 137 millones de euros en los tramos que realizó en solitario. Una subida del 59%.

Están son las constructoras que más sobrecostes consiguieron en la M-30

Variación entre el coste final y el importe adjudicado a las obras adjudicadas a cada constructora o unión temporal de empresas

La geografía de los sobrecostes de la M-30 señala el sur de Madrid como el epicentro de las incrementos de las constructoras. La principal razón es que las obras más cuantiosas del macro-proyecto de la vía se adjudicaron para tramos ubicados entre Príncipe Pío y la entrada al centro de Madrid desde Atocha.

Las obras de la M-30 se encarecieron 1.632 millones en total, incluido el mantenimiento, mediante una modificación del contrato aprobada el 26 de marzo de 2007 en  una reunión de solo 25 minutos, con un único punto del orden del día y sin debate en el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón en el Consistorio de Madrid, según publicó en exclusiva eldiario.es.

El sur de la M-30, el foco de los sobrecostes de obra de las constructoras

El tamaño de la burbuja indica la diferencia entre el coste final y el importe adjudicado a cada uno de los tramos de la M-30. La localización de cada tramo es aproximado

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La inmensa corrupción universitaria española

La inmensa corrupción universitaria española

https://www.votoenblanco.com/La-inmensa-corrupcion-universitaria-espanola_a5840.html

Pablo Iglesias acaba de humillar y denigrar a un periodista del diario “El Mundo” porque era crítico con Podemos, en un acto público celebrado en la Universidad Complutense, entre risas de los alumnos, casi todos ellos entregados a la retórica totalitaria del líder de Podemos. Parece mentira que Pablo Iglesias no entienda que el papel del periodista es fiscalizar a los grandes poderes y, en especial a los políticos, para servir a los ciudadanos la información completa y veraz a la que tienen derecho. Pero es lógico que no lo entienda porque Iglesias no ha demostrado jamás ser un demócrata.

La imagen es reveladora del ambiente que reina en las universidades españolas, un semillero donde se ignora la democracia y se admira a los totalitarios y depredadores.

Ni una sola universidad española entre las mejores del mundo. España en la cola universitaria de Europa por las mismas razones que ocupamos puestos de cola en política y decencia. La corrupción ha penetrado en los recintos universitarios pudriéndolos tanto o más que a los políticos y a sus partidos. Es realmente vergonzoso porque, sin universidades pujantes y ricas en conocimientos, los países y sus sociedades se apagan y decaen.

 


Hay más interés en retirar símbolos franquistas que en potenciar la calidad de la Universidad española

Hay más interés en retirar símbolos franquistas que en potenciar la calidad de la Universidad española
La Universidad está todavía más corrompida que la política y la situación de injusticia, podredumbre y abuso en los departamentos y aulas es peor que la existente en los gobiernos, las finanzas, los partidos políticos, la justicia y los sindicatos. Está tan corrompida que algunos expertos proponen el cierre temporal de algunas universidades, sobre todo de las facultades de Sociología y Ciencias Políticas, las mas contaminadas, transformadas en fábricas de marxistas donde se adoctrina a los jóvenes estudiantes en el sectarismo y el odio.

España merece las pésimas calificaciones en educación que obtiene en el conjunto europeo, un suspenso que se sucede año tras año, ante la insolente indiferencia de los partidos políticos.

La beca trucada del profesor Errejón no es un caso aislado. En muchos departamentos se trafica con las becas y con los puestos de profesores y se exigen a cambio favores, incluso de naturaleza sexual. Las bases y condiciones para acceder a becas y puestos se redactan con parcialidad y alevosía, para que les sean adjudicadas a determinadas personas.

La corrupción es medular y capilar, alcanzando a todo el conjunto de la Universidad española, desde rectores a decanos, catedráticos, profesores y alumnos. Algunos cursos de doctorado son una vergüenza y las calificación con laude no responde casi nunca a un alto nivel de conocimientos sino a la amistad y compromiso previo de los tribunales.

No toda la universidad es corrupta, pero los que se libran de las malas prácticas y abusos son pocos y los reductos limpios, serios y responsables parecen islas extrañas. Los pocos decentes merecen condena por su silencio cómplice, por no denunciar ante la sociedad la podredumbre del sistema universitario.

Endogamia, mafias departamentales, tráfico de favores, mal uso del dinero público, cátedras hereditarias, sexo y tramas de intercambios de favores son el caldo de cultivo en el que germinan la pobre calidad de la enseñanza en España, el escaso nivel académico de muchos profesores y el bajo valor de muchos títulos.

La corrupción ideológica ocupa un creciente protagonismo en las universidades, donde determinados departamentos están en poder de marxistas, anarquistas, socialistas o de la derecha. Los partidos no sólo no luchan contra esa degradación, sino que la utilizan como vías para el clientelismo y la influencia.

El resultado de tanta suciedad y bajeza es una universidad devaluada, sin músculo, fosilizada, incapaz de adaptarse a los nuevos conocimientos y métodos de vanguardia, con profesores atados a sus sillones de por vida, donde sólo unos pocos realizan labores admirables, casi heroicas, únicamente porque poseen una vocación férrea y principios éticos afianzados desde la infancia.

Lo que tenía que ser la luz del mundo y un ejemplo de reflexión, crítica y verdad para la sociedad es un estercolero corrupto donde se están formando miles de totalitarios.

En las universidades españolas se está asesinando cada día la democracia y la decencia, más intensamente que en los mismos partidos políticos, otro motivo para llorar por nuestro futuro.

Francisco Rubiales

Castor y las trampas del capitalismo concesional

El Tribunal Constitucional ha anulado los artículos del RDL 13/2014, de hibernación del almacén de gas Castor, que establecieron el pago inmediato a la concesionaria Escal UGS, controlada por ACS, de 1.350 millones con cargo a los consumidores de gas. La Sentencia de 21 de diciembre de 2017 considera que no se han justificado las razones para proceder a la compensación en unos términos y plazos tan perentorios como para excluir el procedimiento legislativo ordinario ni su relación con el objetivo del decreto ley, que era garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno de la instalación.

La CNMC ha suspendido el pago a los bancos que adquirieron los derechos de cobro. Una nueva batalla judicial se abrirá para que al final sean los contribuyentes o los consumidores los que sigan pagando la mala gestión del sistema gasista. La sentencia menciona la concesión que otorgó el RD 855/2008, que establecía que no sería de aplicación en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria. 

La justificación que el Tribunal Constitucional echa de menos para abonar la compensación de Castor es lo que debería preocupar y no si el fiasco se carga al recibo del gas o a los presupuestos del Estado. La inconstitucionalidad del pago de Castor exige una investigación sobre cómo se gestó el proyecto de almacén gasista para acabar en una ruina ambiental y económica y en un desprecio injustificable a los consumidores.

El Instituto Tecnológico de Massachusetts dijo en mayo de 2017 lo que años antes el sentido común y los informes del Observatorio del Ebro advirtieron sobre la relación causa efecto entre la inyección de gas en el almacenamiento Castor y los terremotos que tuvieron lugar en la costa de Vinaroz en 2013. El MIT confirmó que los estudios que se hicieron entonces fueron parciales. Castor no puede ser operativo de ninguna manera y su desmantelamiento podría provocar nuevos terremotos, ya que el gas ha desestabilizado la falla de Amposta.

El informe fue prudente a la hora de establecer responsabilidades. El ministro de Energía decidió encargar los estudios que no se hicieron antes. Pero nadie ha cuestionado que sean los consumidores los únicos responsables de una factura que empezó por 1.350 millones y nadie sabe a cuánto ascenderá finalmente. 

¿Se puede aceptar que la única responsabilidad de Castor sea de los consumidores? 
Todas las sospechas fueron evidencias cuando el Ministerio de Energía confirmó que a partir de Castor las exigencias de seguridad sobre este tipo de instalaciones serán mayores, creando una duda razonable sobre la seguridad de las infraestructuras energéticas. Los ministerios de Industria y Medio Ambiente minimizaron el riesgo sísmico hasta ignorarlo y los intentos de la concesionaria Escal UGS, participada al 66% por ACS, de desligar los seísmos de Castor han quedado desacreditados.

En el preámbulo del RDL 13/2014, de 3 de octubre de 2014, en el que se acuerda la hibernación de Castor, se describe su tramitación administrativa y cómo se gestó un desastre ambiental sin respeto a las mínimas exigencias de seguridad, protegiendo únicamente el negocio de las empresas.

Se justifica la hibernación de Castor para “habilitar un marco normativo que consolide la primacía del interés general en relación con la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente en el entorno del almacenamiento”. No se pueden describir mejor los errores cometidos en la autorización del almacén: 

1. RD 855/2008 que otorga la concesión de explotación a Escal UGS, S.L. para el almacenamiento Castor y se integra como “infraestructura básica” del sistema gasista. El ministro Sebastián estableció la posibilidad de renuncia a la concesión por el titular y el derecho a la compensación, excepto en caso de dolo o negligencia. La condición de “infraestructura básica” implica que todos sus costes se trasladan a los consumidores de gas. El ministro Soria intentó eliminar la lesividad de la compensación prevista y en 2012 solicitó al Tribunal Supremo su anulación, pero el Supremo confirmó la compensación porque, de lo contrario, habría un “enriquecimiento injusto” del Estado, pero indicó que la cuantía de dicha compensación debería verse afectada por las causas de extinción de la concesión.

2. Resolución de 23 de octubre de 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio Climático por la que aprueba la declaración de impacto ambiental de Castor.

3. Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 7 de junio de 2010 que otorga la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública del proyecto Castor.

4. Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas de 26 de septiembre de 2013 suspendiendo temporalmente las operaciones de almacenamiento ante la alarma social creada por los terremotos acaecidos en ese mes.

5. Escal UGS, participada por ACS, presenta el 18 de julio de 2014 la renuncia a la concesión y el Gobierno aprueba el 3 de octubre el RDL 13/2014 que reconoce la compensación a la empresa por 1.350.729 millones de euros, más 110.691 ya abonados, que no implica la extinción de su responsabilidad por la gestión del proyecto. Al encargar a Enagás la administración de Castor obliga a pagar la compensación íntegra con prioridad frente al resto de costes del sistema gasista, es decir, a su pago inmediato.

6. El RD 13/2014 mantiene el interés estratégico de Castor para la seguridad de suministro del sistema gasista y ordena a Enagás realizar nuevos estudios que permitan explotar el almacén subterráneo, esta vez sí, garantizando la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente.

La extinción de la concesión de Castor debe ser investigada
El riesgo sísmico no se quiso prever y el pago inmediato a la concesionaria ha impedido averiguar lo que ahora sabemos y ha facilitado una compensación desproporcionada e injusta, incumpliendo el criterio del Tribunal Supremo de atender a las causas de la extinción de la concesión para determinar su cuantía.

En este proceso sorprenden la preocupación porque el Estado no se enriquezca y sí lo hagan otros, que una indemnización de miles de millones se pague de inmediato sin informe o justificación previa de la renuncia del concesionario o que a nadie haya preocupado el perjuicio que se causa a los consumidores, auténtico pozo sin fondo para la mala gestión política y empresarial del sector energético.

El método Castor es el mismo que se ha aplicado a todos los proyectos energéticos con impactos ambientales. Ya sea del carbón, del gas o nuclear, las externalidades negativas no se evalúan y se esconden bajo la fórmula de la responsabilidad patrimonial del Estado, que al final son los consumidores.

El método Castor es el mejor ejemplo del capitalismo concesional que ha moldeado un sistema energético caro y contaminante. La sentencia del TC sobre el RD 13/2014 abre la oportunidad para que quien deba investigar investigue y quien deba responder responda o habrá más Castor.