las universidades se aprovechan del icex y no quieren investigar el sobrecoste

Universidades colaboradoras

http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/formacion/estudiantes-en-practicas/index.html

El Programa cuenta con la participación de las siguientes Universidades, con las que ICEX ha firmado un convenio de colaboración:

    Universidad Autónoma
     
    Universidad Carlos III
     
    Universidad Complutense
     
    Universidad Rey Juan Carlos
     
    Universidad Pontificia de Comillas
     
    Universidad de Alcalá de Henares
     
    Universidad CEU-San Pablo
     
    Universidad Europea
     
    Universidad Francisco de Vitoria
     
    Colegio Universitario de Estudios Financieros, CUNEF
     
    Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing, ESIC

Se está en conversaciones con otras Universidades, tanto de Madrid, como de otras Comunidades Autónomas, que han manifestado su interés en participar en el Programa.
Los estudiantes interesados en participar tienen que tramitar su solicitud a través de las Universidades en las que estén cursando sus estudios de Máster. Cada Universidad puede proponer hasta 4 candidatos por plaza y el plazo para presentar candidaturas finaliza el 7 de diciembre de 2017.

Sociedad médica y patrocinada

Sociedad médica y patrocinada

Las grandes entidades científicas dependen económicamente de la industria farmacéutica.

Este artículo forma parte de una investigación en marcha de Civio sobre la relación entre farmacéuticas, médicos, asociaciones y entidades públicas.

En 2016, los médicos españoles recibieron 181 millones de euros de la industria farmacéutica en entradas a congresos, viajes y honorarios. La gran mayoría de sus destinatarios prefirió ocultar su nombre. Quienes no pueden hacerlo son las entidades jurídicas: la protección de datos de carácter personal no va con ellas. Sociedades médicas, universidades y hospitales públicos… aparecen en las listas de transferencias de valor realizadas por las compañías en 2016. Y suman, como mínimo, 124,7 millones de euros.

Las farmacéuticas realizaron donaciones de más de 31 millones a entidades jurídicas, patrocinaron eventos por valor de más de 80 millones y pagaron honorarios que superaron los 11. Pero, entre todas esas cantidades globales, no todas reciben lo mismo. La lista, realizada por Civio tras cruzar, limpiar y analizar los datos que publican, por separado, 151 empresas farmacéuticas, va desde los casi cuatro millones que transfirieron a la Sociedad Española de Reumatología a los 41 euros para el Hospital 9 de octubre de Valencia.

Transferencias de la industria a entidades jurídicas durante 2016

 

Los datos, excepto por el trabajo de consolidación y limpieza de nombres y grupos, son los originales, que en algunos casos presentan cantidades como 0 euros o números negativos y, en otros, no especifican la entidad a la que va el dinero.

Entre las diez entidades que más transferencias recibieron el año pasado encontramos siete sociedades médicas, una academia y dos hospitales, el Clínic y el Vall d’Hebrón, de Barcelona. Universidades y hospitales públicos suman casi 23 millones de euros.

¿Qué son las sociedades médicas?

Asociaciones compuestas por profesionales médicos y del ámbito de la salud, normalmente clasificadas por especialidad médica y, en ocasiones, por zona geográfica.

La Sociedad Española de Reumatología es la que, según las cifras de los laboratorios, recibe más dinero. Al menos un 60% de sus ingresos -y los de su Fundación de Reumatología- proviene de las farmacéuticas. No es la única de las grandes entidades que depende, económicamente, de la industria. De entre las que publican sus cuentas -que no son todas-, las principales receptoras tienen una fuerte dependencia: reciben de ellas más de la mitad de sus ingresos.

Es el caso de la Sociedad Española de Cardiología (3,7 millones, sumando donaciones, patrocinios y honorarios que ha conseguido localizar Civio). Según su Informe de Transparencia de 2016, la Sociedad ingresó 12,5 millones de euros, de los cuales un 51,7% están clasificados bajo el concepto “Farmacéutica”. El día 7 de octubre, su director, Manuel Anguita, acudió a la presentación de un medicamento producido por Novartis indicado para la insuficiencia cardica. La fundación de la Sociedad Española de Cardiología recibió de esta farmacéutica más de 600.000 euros a lo largo del 2016.

Otra de las sociedades que sí publica sus cuentas -y en la que, por tanto, podemos evaluar su nivel de dependencia- es la Sociedad Española de Oncología. En su caso, este vínculo es muy fuerte: de los más de 3 millones que ingresa la sociedad y su fundación, un 83,4% proviene de la industria farmacéutica, según su informe de transparencia del 2016. Civio ha conseguido conocer de dónde viene más de un millón y medio de esos ingresos. La farmacéutica Lilly, por ejemplo, ha declarado transferencias de valor a esta sociedad por más de 200.000 euros.

Especialidades

De hecho, los pagos que se destinan a estas sociedades específicas coincide con el peso de las cantidades invertidas en las especialidades médicas de las que forman parte. La oncología, por ejemplo, es la tercera especialidad más patrocinada (9,4 millones) por detrás de la medicina general (40,5 millones) y la investigación biomédica y sanitaria (13,7 millones). Todo esto sin contar el dinero destinado a estas mismas especialidades en concepto de I+D que, por indicaciones del Código de Buenas Prácticas de Farmaindustria, se publican en una sección a parte y que alcanzan los 209 millones de euros.

Les siguen las especialidades de cardiología (casi 6 millones) y neumología (5,5 millones). Las sociedades médicas dedicadas a estas especialidades -la Sociedad Española de Cardiología y la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica-se encuentran, de la misma forma, entre las principales receptoras.

Por farmacéuticas, Janssen es la que más invierte en sociedades médicas, fundaciones, universidades, hospitales y otras entidades del sector: 10,5 millones de euros solo en el 2016. Les siguen GlaxoSmithKline (GSK) y Novartis, ambas con 8,8 millones de euros. Podemos conocer los destinatarios de estas inversiones solo porque se trata de entidades jurídicas: en ese caso, el código de Farmaindustria obliga a identificar a cuáles se destinan las transferencias de valor. Esto, sin embargo, no ocurre con los pagos que realiza la mayoría de las farmacéuticas a médicos de forma individualizada. La mayor parte de esas cantidades sigue oculta. Al menos, hasta 2018.

Metodología

Para llegar a estas conclusiones hemos descargado los ficheros de las 151 farmacéuticas referidos a 2016, pero solo hemos tratado los datos de personas jurídicas, nunca los de profesionales sanitarios, que están afectados por protección de datos. En algunos casos, conseguimos los datos haciendo escraping o utilizando conversores. En otros, los datos tuvimos que extraerlos a mano por la mala calidad de los documentos.

Hemos intentado limpiar y consolidar todo lo posible los datos de forma automática y manual. Además, hemos prestado especial atención a hospitales y universidades, y las hemos clasificado como públicas o privadas. También hemos agrupado distintas organizaciones que dependen de un mismo ente (como la Fundación Casa del Corazón y la Asociación Española del Corazón) para poder ver los datos en su totalidad.

Los datos contienen numerosos errores en aspectos como la localización de los centros o asociaciones, por ejemplo. Hemos solucionado muchos en la limpieza, pero ese tipo de datos puede contener algún error (p.e. dónde está un hospital). Si encuentras alguno, avísanos.

Además, hemos agrupado los datos por especialidad médica. Nos hemos servido del índice de especialidades y hemos añadido algunas más como “atención primaria”, “transplantes” o “psicología”. Las que no encajan en ninguna de estas especialidades las hemos clasificado bajo “General”.

tiene mas importancia los insultos al rey que los asesinatos a una persona

La Audiencia Nacional juzga a un hombre por llamar al rey Juan Carlos “corrupto mal parido”

El individuo ha declarado este jueves que no quiso ofender a nadie y que su intención era la de criticar el sistema político y el papel que juega la monarquía. Está acusado de un delito de injurias a la Corona. Le piden una multa de 1.200 euros.   

El rey Juan Carlos acompañado del rey Mohamed VI en el aeropuerto de Rabat, Marruecos. – EFE

Un hombre ha sido juzgado este jueves en la Audiencia Nacional por un delito de injurias a la Corona. El acusado escribió en la red social Facebook el pasado 23 de marzo de 2016 que el rey emérito Juan Carlos I es un “corrupto mal parido” que nunca va a pagar a “nuestras familias” todo lo que “debe”. Los insultos vertidos en Facebook por este usuario también se hacen extensible a los “putos descendientes” del anterior jefe del Estado. Finalmente, el acusado señala que si no fuera por “marcha_resistencia_ hace días que hubiera cortado la cabeza al malparido de la imagen”. 

Concretamente, el acusado escribió de manera textual (errores de escritura incluidos) el siguiente mensaje en Facebook. 

 

“Querido pueblo de borreg@s españoles. Este corrupto mal parido y sus putos descendientes, nunca van a pagar a nuestras familias, todo lo ke nos deben. Nunca van a devolver las dignidad esclavizada de nuestros vivos. Pero ojalá paguen con medicinas, y con mucho más, todo el mal ke han hecho y continúan haciendo. Algo tiene ke pasar, después de dos votaciones manipuladas… algo tiene ke pasar, después de esta nauseabunda democracia vendida de populist@s y socialist@s. Llevo días pensándolo y juro por la salud de mi hermano. Si no fuera por @marcha_resistencia_ny hace días ke hubiera cortado la cabeza al mal parido de la imagen. Tengo oportunidad y medios… esa cuestión de segundos… tic tac plato pum… un gran traidor sin cabeza menos”. 

La última parte del texto puede parecer la más agresiva ya que puede parecer una amenaza. Sin embargo, el acusado explicó en fase de instrucción que se refería a recortar la cabeza del rey Juan Carlos de la foto que acompañaba la publicación. La explicación convenció al fiscal, que no presentó ninguna acusación por amenazas. 

Apela a la libertad de expresión

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera al acusado culpable de un delito de injurias al Rey y solicita la pena de ocho meses de multa, a razón de ocho euros de cuota diaria y cuatro meses de responsabilidad personal en caso de impago. Es decir, 1.200 euros más costas. 

Durante el juicio, el abogado de la defensa ha recordado que el acusado manifestó que publicó el mensaje mientras trabajaba en un estado de “cansancio e indignación” ante “las noticias que se publicaban en los medios de comunicación” sobre la figura del rey. Asimismo, el acusado también ha defendido que no quería “ofender a nadie” y que su intención era “la de criticar nuestro sistema político y el papel que juega la monarquía en él“. 

En este sentido, el abogado de la defensa ha defendido que las palabras expresadas por el acusado pueden resultar “hirientes” y “erróneas”, pero se encuentran amparadas en la libertad de expresión ya que el propósito es criticar a la institución y su papel en el sistema actual. “La Constitución no reconoce el derecho a la libertad de expresión sólo para algunos puntos de vista considerados correctos, sino para todos”, ha concluido el alegato de la defensa. 

fondo europeo, nadie sabe nada, el robo de los erasmus

La Guardia Civil confirma a Bruselas que investiga dos presuntos desvíos de fondos europeos a campañas del PP

La Oficina Antifraude de la UE había preguntado por un caso, pero la UCO le señala hasta dos supuestos amaños de 3 millones de euros destinados a la creación de empleo

MARCOS PARADINAS

Lun, 27 Nov 2017 

A principios de octubre, la Unión Europea se interesaba por la investigación del caso Púnica y preguntaba a la Justicia española sobre el uso de fondos europeos para la financiación irregular del Partido Popular de Madrid. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha dado la respuesta que le pidió al respecto el juez del caso Púnica y ha señalado que no sólo están investigando un contrato, como pensaba Bruselas, sino que hay dos casos bajo la lupa policial y que suman tres millones de euros.

A finales de octubre, la cadena de información se daba la vuelta. Primero, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) había pedido información a la Audiencia Nacional sobre las pesquisas del caso Púnica sobre adjudicaciones de la Comunidad de Madrid con fondos europeos. El organismo dependiente de la Unión Europea quería abrir una investigación al respecto y se puso en contacto con el Juzgado de Instrucción número 6.

En concreto, la OLAF quería saber el estado de la investigación sobre la adjudicación de 2 millones de euros que el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE) había hecho en 2006 Over Marketing, empresa investigada por la presunta financiación de la caja B del PP de Madrid.



Su titular, Manuel García Castellón, trasladó la pregunta a la Guardia Civil que ha respondido en un informe al que ha tenido acceso a El Plural, en el que confirma que está investigando ese contrato con fondos europeos  y añade que también tiene “bajo análisis” un segundo contrato de un millón de euros, pagados al 80% por la Unión Europea.

La UCO señala que la primera adjudicación, una campaña sobre “la importancia de autónomos/pymes”, está siendo analizada dentro su investigación sobre “los contratos” de la Comunidad de Madrid a Over Marketing “en relación con la financiación de actos de campaña del Partido Popular” en Madrid. Y subraya que “dicho contrato estaría financiado por el Fondo Social Europeo”, cuyas partidas deberían servir para la creación de empleo, aunque señalan que “se desconocería el porcentaje” que habría venido de Europa.

Sin embargo, lo tienen más claro en el segundo contrato y del que la Unión Europea no tenía noticia. La Guardia Civil informa de que “de igual modo” se está investigando el “servicio de Publicidad para la campaña del plan de residuos”, adjudicado también en 2006 a Over Marketing por un millón de euros. “Respecto a este último contrato, estaría financiado por el Fondo Social Europeo en un 80%”, señala la UCO.

La OLAF tuvo conocimiento de esta causa después del escándalo de la desaparición de los contratos. Cuando le fue requerida por la investigación, la Comunidad de Madrid respondió a la Justicia que había perdido la documentación sobre estas adjudicaciones. El hecho de que el encargado de custodiarla fuera un imputado en Púnica no ayudó a aligerar la polvareda y la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, avisó a la OLAF de las desapariciones de los documentos.


Más información: Madrid obligó a las constructoras del Metro a pagar 700.000 euros a la Púnica para fiestas en honor de Aguirre


Según la investigación de Púnica, Over Marketing habría recibido varias adjudicaciones millonarias de la Comunidad de Madrid entre 2006 y 2007 –cuando hubo elecciones regionales-, así como contrataciones de constructoras privadas que habrían ganado concursos públicos bajo el Gobierno de Aguirre. La UCO sospecha que ese dinero serviría para sufragar los actos de campaña del PP que habría realizado Over Marketing.

Over Marketing, beneficiaria de las adjudicaciones, no sólo está señalada en Púnica. La empresa es propiedad de Daniel Horacio Mercado y, además de estar imputado en la causa sobre la presunta caja B de la época de Esperanza Aguirre al frente del PP de Madridtambién está encausado en el caso Palma Arena. En concreto, en la pieza separada que investiga la presunta financiación irregular del Partido Popular en Baleares con un mecanismo similar.

Los fondos tienen la percepción de que en Cataluña, y especialmente en Barcelona, hay mucha inseguridad jurídica

Hayfin Capital, de salvar Abengoa a apostar por Valencia y hacerse con el suelo de la F1

El fondo británico, dirigido por ex socios de Goldman Sachs, paga menos de treinta millones junto con el yerno de Roig, que también trabajó en la sede de Londres del banco americano

Foto: Los terrenos del circuito de Fórmula 1 de Valencia, ahora abandonado. (V.R.)
Los terrenos del circuito de Fórmula 1 de Valencia, ahora abandonado. (V.R.)
VÍCTOR ROMERO. VALENCIA

 
 Tiene su cuartel general en el número 1 de Eagle Place, junto a la céntrica Picadilly de Londres. Pero en las oficinas de Hayfin Capital Management se habla español. Uno de los ejecutivos del fondo de inversión, responsable de analizar operaciones en el Reino Unido y el sur de Europa, se llama Carlos Pla. En 2009 se incorporó al nuevo proyecto financiero creado por Richard Hayden y Tim Flynn, dos ex socios de Goldman Sachs, donde también trabajaba Pla, y donde, a su vez, se formaron y aprendieron de banca de inversión Arizta Rodero y Roberto Centeno, yerno del dueño de Mercadona, Juan Roig.

Rodero y Centeno son los dos fundadores de Atitlán Capital, la sociedad de inversión que acaba de firmar la compra de los activos de Acinelav Inversiones, la concursada en manos de un ‘pool’ bancario liderado por el BBVA que era dueña de una parte importante del suelo del viejo y abandonado circuito de Fórmula 1 de Valencia. El socio de Atitlán en la operación, con la mayoría de la aportación financiera, es Hayfin Capital Management, según ha podido saber El Confidencial de fuentes del sector, aunque desde la inversora valenciana no quisieron confirmar el nombre de su acompañante británico. También forma parte de consorcio, Urban Input Asset Management, una gestora de Barcelona especializada en desarrollos inmobiliaros que trabaja también con fondos de inversión en Real Estate y que está encabezada por Mario Chisholm, quien también pasó por Goldman Sachs entre 2007 y 2009 y tiene negocios en Londres. El círculo se cierra.

 
Richard Hayden, uno de los fundadores de Hayfin Capital Management. (CQS)
Richard Hayden, uno de los fundadores de Hayfin Capital Management. (CQS)

“Los fondos tienen la percepción de que en Cataluña, y especialmente en Barcelona, hay mucha inseguridad jurídica y que en Madrid está todo por las nubes porque está entrando mucho dinero de América Latina. En el inmobiliario están apostando por la Comunidad Valenciana y por Andalucía, especialmente por Málaga y Marbella”, señalan fuentes conocedoras de la operación.

[Ver galería: ¿Qué queda de la Fórmula 1 de Valencia?]

La adquisición permite a los nuevos propietarios posicionarse de cara del llamado PAI del Grao, uno de los grandes proyectos urbanísticos de la tercera ciudad de España pendientes de ejecución. Los activos de Acinelav representan cerca del 40% del conjunto de la pastilla urbanizable. Todavía no hay proyecto de reparcelación por parte del Ayuntamiento de Valencia, que está negociando con la Generalitat los costes de retorno de las obras del Valencia Street Circuit, aún sin pagar, que deben repercutir también en los propietarios del suelo.

VÍCTOR ROMERO. VALENCIA

De esa negociación y de los acuerdos con otros propietarios como ADIF(hay pendiente un soterramiento de vías) depende tanto el desarrollo del PAI, como sus costes, como su rentabilidad. Pero en el sector se da por hecho que si los inversores tienen paciencia, mano negociadora y pulmón financiero los menos de treinta millones inyectados ahora podrían multiplicarse por diez en menos de una década.

Mario Chisholm, de la gestora de Barcelona Urban Input. (SVS)
Mario Chisholm, de la gestora de Barcelona Urban Input. (SVS)

Hayfin Capital le ha cogido el gusto al mercado español y sus oportunidades, especialmente en el inmobiliario. En 2014 compró a la Sareb 70 millones de euros en créditos dudosos ligados al ladrillo. En septiebre del año pasado, volvió a tocar a la puerta del banco malo para quedarse 158 millones en otra veintena de préstamos inmobiliarios junto con el Bank of America, según publicó Expansión.

No obstante, hay una de las operaciones en las que ha participado Hayfin que ha tenido especial trascendencia mediática. El fondo londinense fundador por Hayden y Flynn es uno de los que ha participado en el rescate de la cotizada Abengoa, capitalizando 1.600 millones de euros de deuda viva junto a otros bonistas como Abrams Capital, The Baupost Group, Canyon Capital Advisors, Centerbridge Partners, the D. E. Shaw group, Elliott Management, KKR Credit, Oaktree Capital Management y Värde.

La familia Batalla vende el 55% de la antigua Lubasa al fondo Atitlan

Cartel de Lubasa./Carlos Rodríguez
Cartel de Lubasa. / CARLOS RODRÍGUEZ

La empresa castellonense pasará a estar controlada por la firma del yerno del presidente de Mercadona

Álvaro Mohorte
ÁLVARO MOHORTEValenciaMartes, 8 agosto 2017, 10:03

El fondo Atitlan ha llegado a un acuerdo con la familia castellonense Batalla para hacerse con el 55% del Grupo Obinesa, la antigua Lubasa, según confirman fuentes conocedoras de la operación. De ese modo, Roberto Centeno, yerno del presidente de Mercadona, Juan Roig; y su socio Aritza Rodero se hacen con el control de la compañía en la que se integran la constructora Becsa, la azulejera Saloni, concesionarios de automoción y aparcamientos públicos, entre otras actividades.

La operación está condicionada a la quita de deuda de más de 350 millones de euros y la complejidad de la operación hace que se haya optado por realizarla por medio de una firma abierta. De este modo, en los próximos días las diversas partes implicadas en la operación irán firmando en Madrid y Barcelona. Hay que tener en cuenta que más allá del grupo Obinesa y Atitlan participan distintos intermediarios y garantes de aspectos de la operación que ha permitido que se llegue a buen puerto.

Fuentes del holding empresarial siempre han asegurado que el objetivo de la empresa es contar con el fondo de inversión para refinanciar su deuda y superar definitivamente los estragos que le causó la crisis económica y que aún lastran su actividad. Atitlan está creciendo significativamente en el sector inmobiliario y hace unos días se adjudicaba 100.000 metros del terreno que ocupó el circuito urbano de Fórmula 1 de Valencia y entró en el accionariado del Nuevas Actividades Urbanas (Nau), comprando a Bankia la participación de Bancaja.

En el caso del Grupo Lubasa, según las últimas cuentas presentadas en el Registro Mercantil, la empresa cerró 2015 con un incremento de 8% del volumen de negocio, hasta los 315,21 millones de euros, y unos resultados de explotación (los vinculados al negocio puro y duro) que se situaron en 21,73 millones, frente a los 27 millones de euros en pérdidas del año anterior

La comisión de investigación de la M30 de Madrid

Las cuentas de Madrid están a día de hoy intervenidas por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro. El Ayuntamiento de Manuela Carmena ha reducido en 2.000 millones la estratosférica deuda heredada por la mala gestión de su antecesor en el cargo: Alberto Ruiz-Gallardón, y cierra las cuentas cada año con 1.000 millones de superávit. Aún así, Hacienda, que nunca cuestionó lo que hoy la comisión de investigación de la deuda por la M30 ha dictaminado como “ruinoso” e “ilegal”, ha decidido ir contra la política de inversión de este equipo de Gobierno.

“Las obras fueron totalmente ilegales y así fue dictaminado por juzgados de todas las instancias a tenor de la ausencia de la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental”. Esta es la primera conclusión que recoge la comisión de investigación respecto a la sociedad Madrid Calle 30, pero hay más. 

La comisión en la que han estado Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y por donde han pasado Ecologistas en Acción, el consejero delegado de Madrid Calle 30, Samuel Romero, la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés, y numerosos funcionarios y vecinos determina que obviar la preparación del estudio ambiental “fue totalmente intencionado para acelerar los plazos y poder inaugurar los distintos tramos de obra antes de la celebración de las elecciones del año 2007”.

Gallardón inauguró el último tramo de la M-30 tres semanas antes de las elecciones municipales de mayo de 2007 a las que se presentaba a la reelección. Daba así por terminada la infraestructura estrella de su primer mandato como alcalde de Madrid, que había empezado a inaugurar por tramos un año antes. Como adelantó eldiario.es, una auditoría interna de la empresa encargada del mantenimiento de la circunvalación (EMESA), revelaba que gran parte de los sistemas de control y seguridad de los túneles ya abiertos seguían sin funcionar o no estaban instalados.

Este punto también se recoge en las conclusiones del dictamen que determina que “las obras fueron inauguradas con importantes carencias y deficiencias que quedaron acreditadas con las numerosas inundaciones sufridas en el túnel, el grado de deterioro acelerado del túnel y la falta de programas automáticos de control de la ventilación en caso de incendio”.

Además, señala como responsable directo “por la toma de decisiones que han afectado social, medioambiental y económicamente a toda la ciudad de Madrid”, al equipo de gobierno del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón por “un modelo de gestión ruinoso para la ciudad de Madrid, una tramitación de los proyectos y gestión administrativa de los mismos llena de irregularidades y un contrato de mantenimiento sin mecanismos de control”.

El dictamen recoge una serie de recomendaciones entre las que se encuentra la de elaborar “una auditoría ambiental que esclarezca el nivel de contaminación en el interior del túnel, en sus bocas de salida y en los pozos de extracción del túnel en los que el aire es filtrado únicamente cuando la ventilación forzada se activa y, además, parece que no todos los pozos cuentan con sistema de filtrado”.

Pasar a un modelo de gestión 100% público

Alberto Ruiz-Gallardón eligió un modelo de gestión semipúblico a través de una sociedad mixta, Madrid Calle 30, en la que el Ayuntamiento posee el 80% de las acciones y las constructoras (Ferrovial, ACS) el 20%, pero son las encargadas de la gestión y el mantenimiento de la M30. El dictamen de la comisión de investigación considera que “el modelo de gestión de la sociedad es totalmente ruinoso para las arcas municipales; garantiza el beneficio de las empresas privadas adjudicatarias de un contrato blindado hasta el año 2025 y prorrogado hasta el año 2040”.

La primera recomendación del dictamen va en esa dirección y plantea la remunicipalización para que la sociedad vuelva a ser completamente pública. La trampas para ocultar así la deuda no sirvieron, por eso la comisión ha llegado a la conclusión de que debe revertirse “el modelo de gestión de la sociedad volviendo al modelo original de empresa 100% municipal y garantizando un minucioso control sobre el mantenimiento y la explotación de la infraestructura”.

Para ello, el dictamen recomienda “solicitar al socio privado, en la vía judicial que proceda, que facilite la oportuna información sobre los costes de cancelación de los contratos de cobertura firmados por la Sociedad Privada, en los que el Ayuntamiento de Madrid se subrogó en el año 2011 junto con la subrogación de la deuda de la sociedad Madrid Calle 30”.

Otro dictamen, esta vez de la Cámara de Cuentas de Madrid, apuntó en el mismo sentido. El organismo fiscalizador concluyó que aquel megacontrato para el mantenimiento de una obra que consumió 5.000 millones de euros en su día se ha convertido en otro pozo sin fondo para las arcas municipales. 

Mitos y falacias sobre los impuestos y nuestro sistema fiscal

https://elsaltodiario.com/justicia-fiscal/falacias-mitos-derechos-sistema-fiscal#

Hablar de impuestos es hablar de justicia distributiva. Justicia con mayúsculas. La que respeta los derechos de la gente, la que asegura una vida digna a todos y todas. Hay justicia cuando la ciudadanía disfruta de sus derechos. Desde el derecho a una vivienda digna a la educación, a la salud, la protección social… Pero para que sea posible hay que pagar impuestos y redistribuir lo recaudado atendiendo necesidades y respetando derechos. Hay que pagar impuestos pues son los medios principales del Estado para obtener ingresos. No pagar impuestos debilita al Estado y le impide cumplir su ineludible obligación de atender a la ciudadanía.

Los enemigos de los impuestos (ricos o con vocación de serlo) pretenden que los impuestos son una carga, dañinos, y hay que reducirlos. Falso. Pagar impuestos es contribuir a que el país funcione. Pero hay organizar el sistema de impuestos, la fiscalidad, que ha de ser justa, progresiva y suficiente donde todos y todas paguen según su capacidad económica. 

Hay que pagar impuestos porque las personas somos seres sociales. Nos necesitamos y dependemos unos de otros. Somos interdependientes y nos organizamos para ayudarnos unos a otros. El Estado es el modo de organizarse las personas de una zona o territorio para asegurar esa interdependencia que obliga al pago de impuestos. Sin impuestos no hay justicia ni vida digna. Los impuestos son el coste por vivir en sociedad, de beneficiarnos por vivir en sociedad. 

Mitos fiscales

Y llegados a ese punto conviene desmontar algunas falacias fiscales. Como la necesidad de recortar presupuestos sociales porque no hay dinero por la crisis . Falso. Hay dinero, pero se defrauda mucho y se beneficia a quienes más acumulan y tienen para que paguen menos tributos. Por eso se recauda poco. 

Según GESTHA, sindicato de técnicos de Hacienda, los ricos españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales. Millones que no pagan impuestos; imagínense si los pagaran.

Hay dinero, pero gran parte está en la economía sumergida. Según el informe de GESTHA, Economía sumergida suma y sigue, ésta aumentó en la crisis 60.000 millones de euros hasta alcanzar el 24,6% del PIB. Son más de 250.000 millones de euros de dinero oculto. Esa economía sumergida española dobla la media europea, pues en la Europa de los 15 la economía sumergida es el 12 % del PIB.

Los ricos españoles ocultan unos 140.000 millones de euros en paraísos fiscales, según GESTHA

Economía sumergida es la de empresas que no existen oficialmente, no figuran en registro oficial alguno y no pagan impuestos. Se sumergen precisamente para no pagar impuestos ni cotizaciones sociales.

Otro mito fiscal falso es que rebajar impuestos favorece la economía. Lo cierto y documentado es que rebajar impuestos (casi siempre a los ricos, por supuesto) favorece solo a los ricos. Y más falso es aún que rebajar impuestos mueve a los ricos a crear empleo con el dinero que ahorran por la rebaja de impuestos. No. El dinero ahorrado de los ricos por no pagar impuestos lo dedican a especular con variados y retorcidos productos financieros en el casino global en que se ha convertido el sector de las finanzas.

No hubo más empleo sino menos

Que el dinero que ahorran los ricos por no pagar impuestos no beneficia a la gente común lo demostró un diario tan poco sospechoso de izquierdismo como The Wall Street Journal. El rotativo financiero estadounidense analizó el período de la presidencia de Bush hijo tras rebajar éste los impuestos a ricos y muy ricos. La conclusión del diario fue que esa etapa, cuando los ricos pagaron menos impuestos, fue la de menor creación de empleo de la historia reciente de EEUU.

También es falso que si se aumentaran los impuestos a los ricos en España, se irían a otro país. Difícil, porque la mayoría de países del entorno tienen impuestos superiores a los de España.

De igual modo es falso que los españolitos paguemos demasiados impuestos. Tan falso es que la Unión Europea ha denunciado que las rebajas de impuestos en España perpetradas desde 1995 no estaban justificadas de ningún modo y, además, son causa del cuantioso déficit público español.

En realidad, España tiene una presión fiscal inferior la media de los 19 Estados de la eurozona de la que forma parte. Presión fiscal es lo realmente recaudado en impuestos, tasas y otros tributos comparado con el PIB. En España la presión fiscal es 30% del PIB mientras la media europea es casi del 39%. Mucha diferencia. Precisamente por la menor recaudación de impuestos, la deuda pública española no cesa de aumentar y hoy es algo más de un billón de euros, que equivale al 100% del PIB, la riqueza creada en un año.

En España la presión fiscal es 30% del PIB mientras la media europea es casi del 39%

De lo que no hay duda es que el Reino de España es líder en fraude fiscal. El volumen de su economía sumergida fraudulenta provoca que el Estado deje de ingresar 90.000 millones de euros anuales de impuestos, tasas y cotizaciones sociales, según GESTHA.

Para entender el estado de la fiscalidad española y global hay que recordar el papel de los llamados paraísos fiscales: territorios donde el secreto bancario y el anonimato de los dueños de depósitos y de quienes especulan financieramente son totales y donde se pagan muy pocos impuestos o no se pagan. Secreto, anonimato e impago de impuestos (o ridículos) convierten los paraísos fiscales en guaridas financieras que almacenan una enorme y obscena riqueza oculta. Y coladero para no pagar los impuestos que deberían las grandes empresas, multinacionales y grandes fortunas. Además de mafias, grupos organizados de criminales y de terroristas que también esconden su dinero en paraísos fiscales.

Ser rico sale barato en España

Un dato español sugerente de la fiscalidad española es que 34 de las 35 grandes empresas y corporaciones multinacionales españolas, que se agrupan en el índice bursátil Ibex 35, tienen casi novecientas delegaciones o filiales en paraísos fiscales. ¿Para qué si no es para evadir impuestos? Además, en España, como en casi todo el mundo, el capital paga poco o nada en proporción a sus grandes beneficios al mismo tiempo que multinacionales como Amazon, Google, Microsoft, Nike, Apple, eBay, McDonalds, Inditex, Facebook… y hasta tres centenares más eluden sistemáticamente, cuando no evaden lisa y llanamente, el pago de cientos de miles de millones de impuestos.

Otra falacia fiscal a desmontar es que el fraude fiscal de los autónomos es enorme. No es cierto. El impago de impuestos de autónomos, pequeñas y medianas empresas (evidentemente también ilegal) apenas suma el 8% del total del fraude fiscal en España. Quienes evaden grandes cantidades de impuestos son los ricos, las grandes fortunas y las grandes empresas que evaden tres cuartas partes del fraude fiscal del país.

El resultado final es una insuficiencia fiscal considerable y preocupante que provoca que los presupuestos generales sean cortos, además de mover al Estado a endeudarse. Esa insuficiencia es consecuencia de la actual fiscalidad española injusta y regresiva que gasta en función de lo que se recauda y no se recauda bastante. Pero debería ser justamente al revés: elaborar los presupuestos y recaudar para satisfacer los dere

AR’ graba la macrorredada policial a la mafia de ladrones más activa en España

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