La familia MATEU está vinculada a un importante grupo empresarial

 CARLOS FABRA CARRERAS  Ex –Presidente De La Diputación De Castellón y alto político del PP (cabecilla de la organización criminal delincuencial ).

 Francisco Camps Ex – Presidente De La Generalitat Valenciana.

 Bernard Alapetite Pederasta Francés Organizador de la red criminal como Toro Bravo y Ado71

 Giuseppe Farina Ex – Presidente Del Ac Milán

 Carlo Bofante Tesorero del grupo delincuencial mafioso del Bar España en Benicarló.

 SANCHEZ MANUEL, FRANCISCO JOSE – Ex-Director Territorial de la Conselleria de Benestar Social de Castellón. PP

 MUNDO ALBERTO, JAIME– Empresario y político valenciano.Alcalde de Benicarló entre 1991 y 2005. PP

 YACOUB ABU, CARLOS – Médico. Candidato a la alcaldía de Benicarló

 DIAZ GARCIA, SOFIA – Jueza de Vinaros y actualmente en Castellón.

 BOTELLA ESPASA, MARIA GRACIA – Secretaria judicial.

 Durante un tiempo en el mismo juzgado de SOFIA DIAZ GARCIA.

 JOVANI PUIG, RAMON – Juez. También conocido con el

 Nombre de RAMON GRAU. Ex-pareja de la enfermera

 Presuntamente asesinada ALICIA MARTINEZ.

 MARTINEZ, SALVADOR– Ex-Juez de Paz en Benicarló. Dueño De Esteller Fusters.

 MARCOS MACIÁN, INMACULADA. Fiscal Juzgado Castellón.

 ARIAS OCHOA, JAVIER. Fiscal Jefe de Castellón.

 REDO FERRER, GEMA PERFECTA – Ex-Directora de la residencia de Menores Baix Maestrat.

 ALEJANDRA – Trabajadora en la Residencia de Menores BaixMaestrat.

 ALFONSO – Trabajador en la Residencia de Menores BaixMaestrat.

 AMADOR – Trabajador en la Residencia de Menores Baix Maestrat.

 AMPARO – Trabajadora en la Residencia de Menores Baix Maestrat.

 CELIA – Trabajadora en la Residencia de Menores Baix Maestrat.

 ELOY – Trabajador en la Residencia de Menores Baix Maestrat.

 ENRIQUE – Trabajador en la Residencia de Menores Baix Maestrat.

 FILOMENA – Trabajadora en la Residencia de Menores Baix Maestrat

 JAIME – Trabajador en la Residencia de Menores Baix Maestrat.

 ROSA – Trabajadora en la Residencia de Menores Baix Maestrat

 VICENTE – Trabajador en la Residencia de Menores Baix.

 EZZINO, SEBASTIANO – Vinculado a los negocios de  GIUSEPPE FARINA.

 RICO FERRER, MANOLO – Chef y empresario. Co-propietario del restaurante EL CORTIJO.

 ROCA BOQUERA, FRANCISCO – Empresario.

 ROIG OMS, MIGUEL – Asesinado. Fue propietario de un videoclub donde según testimonio se distribuían videos de Pornografía infantil.

 LÓPEZ ROBLES, DEMETRIO. Supuesto asesino de Miguel Roig.

 FERNÁNDEZ ALVAREZ, SANTOS – Capitán de la Guardia Civil en el Cuartel de Vinarós.

 MONLLAU, PACO. Socio de Juan Mateu Caldés.

 ESPAÑA MINGUEZ, JOSE – Propietario del BAR ESPAÑA.

 ESPAÑA MONTILLA, CARLOS – Hijo de TERESA MONTILLA y De JOSE ESPAÑA.

 MONTILLA CLARAMUNT, TERESA – Propietaria del BAR ESPAÑA. Ex-esposa de JOSE ESPAÑA y ex-pareja de RAMON JOVANI PUIG.

 BELLES CASTELLO, RODOLFO – Fotógrafo, empresario y Prohombre de la vida social en Benicarló.

 MATEU CALDES, JUAN BAUTISTA – Empresario de la Restauración y del sector inmobiliario. La familia MATEU está vinculada a un importante grupo empresarial en Panamá, dedicado al lavado de dinero en paraísos fiscales.

 PALACIOS CARRERAS, EDUARDO WENLEY Abogado de  Carlos Fabra y también empresario.

 GIL, MARIBEL – MASTER Chef. Esposa de JUAN MATEU CALDES. Probablemente su nombre completo sea MARIA ISABEL PEREZ DE VARGAS GIL.

 BELMONTE MORILLO, DIEGO Vinculado a una empresa de Grúas.

 CANO CANO, JUAN – Vinculado a la supuesta organización Criminal.

 BAUTISTA ALMEIDA, JUAN – Construyó escenarios para las Fiestas en MÁS DEL COLL.

 FABREGAT FOLCH, FIDEL – Propietario de una granja de conejos en Benicarló donde según testimonios el grupo criminal  a la cabeza de CARLOS FABRA CARRERAS practicaba la Pederastia .

 FERNANDEZ GARCIA, DANIEL – Ha cumplido pena de prisión por abuso de menores. Apodado ‘El Payaso’.

 MANOLITO ‘BUM BUM’. Propietario Discoteca “Bum Bum”

 MARISOL. Maria Soledad Gauchia Miravet . Esposa de FRANCISCO ROCA BOQUERA.

 MOLINA OLMS, JOSE – Ex-marido de ROSA MARIA VIDAL.

 PEÑA – Constructor de Peñíscola.

 PERAIRE EDO, ANTONIO – Ex-colaborador de la organización criminal.

 TALLADA ESTEVE, FELIPE – Abogado de Farina, Tortosa.

 TONI BESALDUCH –Director de Bancaja.

 V., MARIA JOSE – socia de JUAN MATEU CALDES en una Inmobiliaria. Esposa de JOSE ABELLA.

 VIDAL PONS, ROSA MARIA – Madre de ERIC GARCIA VIDAL e hija de FRANCISCA PONS AMAT.

no entiendo nada, antonio arroyo y sus empresas

https://www.empresia.es/persona/arroyo-arroyo-antonio/

Cargos directivos en empresas

Listado de nombramientos y ceses de cargos coincidentes con la denominación Antonio Arroyo Arroyo publicados en la edición digital del BORME.

Entidad Relación Desde Hasta
 INVERSIONES Y ASESORAMIENTOS 2010 SL Adm. Unico 22/04/2013  
 INTER METAL IBERICA TRADING SL Adm. Unico 22/03/2011  
 CALORPLUS SL Adm. Unico 21/03/2011  
 DINERO INMEDIATO SL Adm. Solid. 18/12/2009  
 TRIA A. I. L. V SL Adm. Unico 18/11/2010  
 YORUBALIA SL Adm. Unico 13/10/2016  
 CASTELLANA 2020 FINANCE SL Adm. Unico 11/02/2015 30/08/2017
 ELITE GOLD FINANCE SL Apod. 04/11/2014  

 

Anuncios de nombramientos y ceses

Cronología de publicaciones en el BORME sobre alteración de cargos para el directivo/s Antonio Arroyo Arroyo.

 

  • 7 Sep 2017
     

     

    Ceses/Dimisiones.

    Empresa CASTELLANA 2020 FINANCE SL Con fecha 30 de agosto de 2017 se inscribe en el Registro Mercantil el cese o dimisión de Arroyo Arroyo Antonio como Administrador Único de la sociedad.

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil  
    Fecha inscripción: 30/08/2017 T 35601, F 145, S 8, H M 596436, I/A 8     
  • 21 Oct 2016
     

     

    Nombramientos.

    Empresa YORUBALIA SL Con fecha 13 de octubre de 2016 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Arroyo Arroyo Antonio como Administrador Único de la sociedad.

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil  
    Fecha inscripción: 13/10/2016 T 35184, F 152, S 8, H M 632702, I/A 1     
  • 20 Feb 2015
     

     

    Nombramientos.

    Empresa CASTELLANA 2020 FINANCE SL Con fecha 11 de febrero de 2015 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Arroyo Arroyo Antonio como Administrador Único de la sociedad.

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil  
    Fecha inscripción: 11/02/2015 T 33143, F 39, S 8, H M 596436, I/A 1     
  • 13 Nov 2014
     

     

    Nombramientos.

    Empresa ELITE GOLD FINANCE SL Con fecha 4 de noviembre de 2014 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Arroyo Arroyo Antonio como Apoderado de la sociedad.

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil  
    Fecha inscripción: 04/11/2014 T 32808, F 92, S 8, H M 590566, I/A 2     
  • 30 Abr 2013
     

     

    Nombramientos.

    Empresa INVERSIONES Y ASESORAMIENTOS 2010 SL Con fecha 22 de abril de 2013 se inscribe en el Registro Mercantil el nombramiento de Arroyo Arroyo Antonio como Administrador Único de la sociedad.

    Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil  
    Fecha inscripción: 22/04/2013 T 253, F 107, S 8, H CU 2952, I/A 3     

nadie habla que los discipulos de antonio arroyo arroyo estan desvalijando los pueblos

El prestamista Antonio Arroyo irá a un nuevo juicio por estafa en diez operaciones


 
  • El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha dado por cerrada la investigación que instruía contra el prestamista Antonio Arroyo Arroyo y varios de sus colaboradores por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental en relación con diez operaciones de escritura de préstamo y constitución de hipoteca cambiaria.

 
Actualizado a 31-05-2017 14:52

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid ha dado por cerrada la investigación que instruía contra el prestamista Antonio Arroyo Arroyo y varios de sus colaboradores por los presuntos delitos de estafa y falsedad documental en relación con diez operaciones de escritura de préstamo y constitución de hipoteca cambiaria.

 

Así consta en un auto dictado ayer, al que tuvo acceso Europa Press, en el que concluye la investigación sobre este asunto respecto a Arroyo, María del Carmen Camblor Esteban, María Antonia Muñoz Jiménez y Jorge Cabrera Checa. Éste último por una de las denuncias.

El conocido estafador ya se sentó hace unos meses en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Madrid, pero finalmente no se celebró el juicio al estar los hechos de 2009 prescritos.

En el auto, acuerda dar tarslado a las partes para que formulen sus respectivos escritos de acusación de cara al juicio que se señala por estos hechos.

El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado acuerda también el sobreseimiento respecto de diversas personas contra las que se dirigían las denuncias, tenedores de las letras aceptadas por los denunciantes/querellantes, y notarios que actuaron en el procedimiento.

En el auto, la jueza establece que resulta del todo verosímil la versión que todos los denunciantes mantienen de que en ningún momento fueron conscientes de la firma de las letras y de que nadie les explicó y desconocían de forma absoluta en el momento de aceptarlas que podían perder la vivienda con la que estaban garantizando el préstamo si no conseguían afrontar el pago de las obligaciones que estaban contrayendo en los pocos meses que los títulos tenían como fecha de vencimiento.

A mayor abundamiento, indica el auto, los investigados podrían haber presentado documentos falsos para persuadir a las víctimas de las ventajas de la operación, así como el hecho de que en la mayoría de los casos hacían constar en las escrituras que entregaban a los prestatarios una cantidad económica superior a la realmente recibida.

http://www.lavanguardia.com/vida/20170531/423083450388/el-prestamista-antonio-arroyo-ira-a-un-nuevo-juicio-por-estafa-en-diez-operaciones.html

La inmensa corrupción universitaria española

La inmensa corrupción universitaria española

Pablo Iglesias acaba de humillar y denigrar a un periodista del diario “El Mundo” porque era crítico con Podemos, en un acto público celebrado en la Universidad Complutense, entre risas de los alumnos, casi todos ellos entregados a la retórica totalitaria del líder de Podemos. Parece mentira que Pablo Iglesias no entienda que el papel del periodista es fiscalizar a los grandes poderes y, en especial a los políticos, para servir a los ciudadanos la información completa y veraz a la que tienen derecho. Pero es lógico que no lo entienda porque Iglesias no ha demostrado jamás ser un demócrata.

La imagen es reveladora del ambiente que reina en las universidades españolas, un semillero donde se ignora la democracia y se admira a los totalitarios y depredadores.

Ni una sola universidad española entre las mejores del mundo. España en la cola universitaria de Europa por las mismas razones que ocupamos puestos de cola en política y decencia. La corrupción ha penetrado en los recintos universitarios pudriéndolos tanto o más que a los políticos y a sus partidos. Es realmente vergonzoso porque, sin universidades pujantes y ricas en conocimientos, los países y sus sociedades se apagan y decaen.

Hay más interés en retirar símbolos franquistas que en potenciar la calidad de la Universidad española

Hay más interés en retirar símbolos franquistas que en potenciar la calidad de la Universidad española

La Universidad está todavía más corrompida que la política y la situación de injusticia, podredumbre y abuso en los departamentos y aulas es peor que la existente en los gobiernos, las finanzas, los partidos políticos, la justicia y los sindicatos. Está tan corrompida que algunos expertos proponen el cierre temporal de algunas universidades, sobre todo de las facultades de Sociología y Ciencias Políticas, las mas contaminadas, transformadas en fábricas de marxistas donde se adoctrina a los jóvenes estudiantes en el sectarismo y el odio.

España merece las pésimas calificaciones en educación que obtiene en el conjunto europeo, un suspenso que se sucede año tras año, ante la insolente indiferencia de los partidos políticos.

La beca trucada del profesor Errejón no es un caso aislado. En muchos departamentos se trafica con las becas y con los puestos de profesores y se exigen a cambio favores, incluso de naturaleza sexual. Las bases y condiciones para acceder a becas y puestos se redactan con parcialidad y alevosía, para que les sean adjudicadas a determinadas personas.

La corrupción es medular y capilar, alcanzando a todo el conjunto de la Universidad española, desde rectores a decanos, catedráticos, profesores y alumnos. Algunos cursos de doctorado son una vergüenza y las calificación con laude no responde casi nunca a un alto nivel de conocimientos sino a la amistad y compromiso previo de los tribunales.

No toda la universidad es corrupta, pero los que se libran de las malas prácticas y abusos son pocos y los reductos limpios, serios y responsables parecen islas extrañas. Los pocos decentes merecen condena por su silencio cómplice, por no denunciar ante la sociedad la podredumbre del sistema universitario.

Endogamia, mafias departamentales, tráfico de favores, mal uso del dinero público, cátedras hereditarias, sexo y tramas de intercambios de favores son el caldo de cultivo en el que germinan la pobre calidad de la enseñanza en España, el escaso nivel académico de muchos profesores y el bajo valor de muchos títulos.

La corrupción ideológica ocupa un creciente protagonismo en las universidades, donde determinados departamentos están en poder de marxistas, anarquistas, socialistas o de la derecha. Los partidos no sólo no luchan contra esa degradación, sino que la utilizan como vías para el clientelismo y la influencia.

El resultado de tanta suciedad y bajeza es una universidad devaluada, sin músculo, fosilizada, incapaz de adaptarse a los nuevos conocimientos y métodos de vanguardia, con profesores atados a sus sillones de por vida, donde sólo unos pocos realizan labores admirables, casi heroicas, únicamente porque poseen una vocación férrea y principios éticos afianzados desde la infancia.

Lo que tenía que ser la luz del mundo y un ejemplo de reflexión, crítica y verdad para la sociedad es un estercolero corrupto donde se están formando miles de totalitarios.

En las universidades españolas se está asesinando cada día la democracia y la decencia, más intensamente que en los mismos partidos políticos, otro motivo para llorar por nuestro futuro.

Francisco Rubiales

 http://www.votoenblanco.com/La-inmensa-corrupcion-universitaria-espanola_a5840.html

 

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Domingo, 24 de Abril 2016

Mocedades, garrapatas y farmacias

Mocedades, garrapatas y farmacias

Mientras que en las cadenas privadas de radio y televisión había especiales de jornada completa el 1 de octubre –negro 1 de octubre–, TVE ofrecía por la mañana un avance de apenas diez minutos y en RNE la programación matinal versaba sobre “Mocedades, garrapatas y farmacias”. Alertaba de ello en un tuit el Consejo de Informativos de la radiotelevisión pública, que no solo ha denunciado esta grave falta de información, sino la tergiversación hecha, cuando se informaba, de lo que estaba ocurriendo, bajo las órdenes de los directivos de la cadena pública. 

En realidad, nada extraño en esta senda de posverdad y ruedas de prensa sin preguntas a la que intentan acostumbrarnos muchos de nuestros políticos y la corte de periodistas que los acompaña. Claro está que la información veraz y completa es muy peligrosa: anima a los ciudadanos a recapacitar y a formarse sus propias ideas. Lo ¿bueno? es que la otra cara de la moneda –la negación de la realidad junto con la manipulación informativa–, termina produciendo hartazgo cuando se prolonga demasiado. Y aquí llevamos demasiado tiempo escuchando el mismo mensaje, ya sea para esquivar responsabilidades en el rescate bancario, la Gürtel y demás casos de corrupción, o los recortes brutales en Sanidad y Educación. O cuando se “informa” sobre energía, otro asunto sobre el cual el Gobierno y sus acompañantes tratan de mantenernos en la ignorancia, cuando no de colarnos tremendos bulos. 

Véase sino el caso del recibo de la luz. El presidente Rajoy aseguraba en el Congreso en febrero pasado que “estamos en precios de 2015”, cuando la factura del mes anterior (enero) fue la más cara de la historia. También mantiene que el sector eléctrico está auditado, y ni mucho menos es así. Aquí lo único que se controla es la liquidación de los costes de los agentes del sistema eléctrico que hace la CNMC periódicamente, pero en absoluto se ha hecho un examen a fondo de los costes de generación de la electricidad en España. 

Otra gran mentira –en la que participan animadamente diferentes empresas y otros partidos políticos– es que el gas natural es un combustible limpio e imprescindible para España. Sin embargo, una cosa es que sea el menos sucio de los combustibles fósiles y otra que sea limpio. En cuanto a la supuesta inevitabilidad de usarlo, la única verdad es que cuanto más gas sigamos importando de Argelia y Catar, más ahondaremos en nuestra dependencia energética y mayor será el agujero económico. Porque cada día nos gastamos 20 millones de euros en traer el gas de esos y otros países, según los datos que ofrece el propio Ministerio de Energía. 

Lo que verdaderamente necesita España no es ni gas ni petróleo (tampoco carbón, aunque sea nacional), sino abaratar el precio de la energía, para así mejorar la economía del conjunto de los ciudadanos, no la de cuatro empresas, y cumplir los objetivos climáticos de la UE. Y eso se logra con más renovables y mayor eficiencia energética. Ahí está el futuro, hasta la Agencia Internacional de la Energía así lo reconoce. 

El futuro de la energía es, precisamente, uno de los temas estrella que se van a tratar en el I Congreso Nacional de Energías Renovables –Renovables 2017– que se celebra este mes en Madrid (23 y 24 de octubre). Lo organiza APPA, la Asociación de Empresas de Energías Renovables, que este año cumple 30 años de existencia –lo que la convierte en la asociación más veterana del sector– y que ha invitado al presidente del Gobierno a presidir la ceremonia de inauguración del congreso. ¿Aprovechará Mariano Rajoy la ocasión para defender aquí aquello de lo que tanto alardea cuando va de negocios por ahí fuera (las renovables marca España)? Ante la duda, quizás, APPA también ha invitado a la inauguración al Comisario Europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, que desde que se fue a Bruselas se ha vuelto un convencido de las renovables. 

 

de donde saca el estado el dinero para pagar la universidad

El Estado paga al menos el 80% del coste de la carrera a cada universitario

Cada alumno de Enseñanza Superior le cuesta al Estado unos 9.000 euros al año.

 
 
Alumnos haciendo un examen | Archivo

6,5Casi un notable. Ésta es la nota de la que habla toda España. Este lunes, José Ignacio Wert defendía en TVE la política de becas de su departamento. Desde este año, para mantener la ayuda oficial del Estado, habrá que tener esta nota media. Y muchos creen, sobre todo desde la oposición, que esto generará la expulsión de los alumnos de clase baja de la Universidad.

De esta manera, el ministro de Educación ha vuelto a las portadas con unas declaraciones polémicas en las que se preguntaba si un joven que no es capaz de llegar a ese ya famoso 6,5 “está bien encaminado o debería estar estudiando otra cosa“. Y añadió: “Puede haber 1, 2 o 5 estudiantes que no puedan optar a la beca” pero la pregunta que hay que hacerse es si es “lógico” que, “además de pagarles los estudios”, “les paguemos por estudiar“.

Lo cierto es que el Estado (vamos, los contribuyentes) pagan la mayor parte de los estudios de todos los universitarios, becados y no becados. Las tasas académicas apenas cubren el 20% del coste total de matriculación. El resto se abona con cargo a los presupuestos públicos. Luego, además, hay algunos estudiantes que tienen la suerte de recibir una beca oficial. Estos no pagan ese 20% (o pagan sólo una parte de las tasas). Es de este grupo del que hablaba Wert.

 

Y éstas son las preguntas que debemos hacernos hoy: ¿Es exigible a un alumno cuyos estudios van a estar subvencionados al 100% por el Estado un esfuerzo mayor que al resto? ¿Deben sacar un 6,5 para recibir ese 20% extra? ¿Tiene sentido que todos los universitarios, sin excepción, paguen sólo una pequeña parte del coste de sus estudios?

Los datos

Desde este curso, estudiar en las universidades españolas es algo más caro. La primera gran polémica del Gobierno del PP con el sector llegó el año pasado, cuando decretó la famosa subida de las tasas. No es que ahora los alumnos paguen sus estudios. Ni mucho menos. En realidad, siguen abonando una pequeña parte del coste total.

  • Primera matrícula: pasó de ser aproximadamente el 15% del coste total a situarse entre el 15 y el 25% (como máximo).
  • Segunda matrícula: si un alumno suspende una asignatura, la tasa para volver a matricularse será de entre el 30 y el 40% del coste real.
  • Tercera matrícula: hasta el 65-75% del coste del puesto.
  • Cuarta matrícula: entre el 90 y el 100% del coste real de la matrícula.

Dentro de este esquema, las carreras más caras son las relacionadas con las Ciencias de la Salud, las ingenierías o las que tienen que ver con las últimas tecnologías. Mientras, las más baratas son las Ciencias Sociales y las Humanidades. En el informe La Universidad Española en Cifras, publicado por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), se cogen datos del curso académico 2008/09 (antes de la última subida de las tasas):

  • Coste medio primera matrícula: 11,48 euros por crédito
  • Gasto real: 115 euros por crédito
  • Contando con 60 euros por curso, cada universitario pagaba 689 euros en tasas a cambio de una formación que costaba 6.901 euros.
  • Es decir, apenas el 10% del coste de la primera matrícula lo sufragaba el alumno. El resto era abonado, de una u otra forma, por el contribuyente.

El coste por alumno en 2010, más de 9.000 euros

En cualquier caso, como decimos, estos datos varían mucho entre carreras y universidades. No es lo mismo estudiar Medicina en Madrid que Derecho en Almería. Según datos de la OCDE, el coste por alumno y año en España estaba algo por encima de lo que dicen los rectores, alrededor de los 12.000 dólares en 2010 (algo más de 9.100 euros). Es una cifra superior a la media en los demás países de la OCDE y la UE.

Esto sitúa el valor real de los estudios universitarios entre los 30.000 y los 50.000 euros en función de las carreras, si aprueba en cuatro años. En realidad, la OCDE calculaba en 2007 que el coste total de un alumno en todos sus años en la facultad ascendía en España a unos 64.000 euros.

¿Y cuánto paga de esto? Pues un alumno de Enfermería que aprobase todo pagaba antes entre 4.000 y 5.000 euros (dependiendo de la universidad, no hay precios fijos). Ahora, estará cerca de los 5.500 – 6.000 euros. Mientras, un licenciado en Derecho que también aprobase todo a la primera podía salir de la facultad por menos de 3.000 euros (unos 875 euros por año) y ahora estará cerca de los 4.000 euros.

En cualquier caso, al final, incluso contando a los alumnos con suspensos (que pagan un porcentaje superior de sus tasas), las administraciones públicas sufragan entorno al 80-90% del coste de la matrícula.

De hecho, en el informe del CRUE citado anteriormente puede comprobarse cómo con las “tasas y los precios públicos” sólo se consiguen el 16,31% de los ingresos universitarios y, en realidad, sólo el 8,45% vienen de “derechos de matrícula”. Aunque también es cierto que no todo el gasto universitario va dirigido a los estudios, puesto que también hay que contar las partidas destinadas a investigación (un 10% aproximadamente).

Las becas de Wert

El criterio que hoy se ha puesto encima de la mesa también varía con las carreras. De esta manera, para acceder a una beca, hay que tener un porcentaje de créditos superados y, además, una nota media en las asignaturas aprobadas. El borrador del decreto, tal y como está ahora, establece que quienes quieran una beca y se matriculen por primera vez de estudios oficiales de grado deberán acreditar una nota de acceso a la Universidad de 6,5 puntos. En los siguientes cursos, tendrán que acreditar un porcentaje de créditos aprobados que variará en función de la especialidad y, en cualquier caso, tendrán que mantener ese 6,5 de media en las asignaturas aprobadas (podría bajar al 6 en el caso de las técnicas).

Lo cierto es que según datos de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), tal y como reconoció la semana pasada su presidentaAdelaida de la Calle, para criticar la medida del ministerio, los estudios universitarios ya están subvencionados en un 80% (las becas sólo cubren el 20%). El propio Wert explicó tras su reunión con los rectores que el objetivo de la beca universitaria “no es una cuestión de conseguir” que haya más universitarios sino de tratar que exista “un mayor rendimiento tras el ingente esfuerzo” que realiza la sociedad en esta materia.

En esta cuestión, el ministro toca otro aspecto polémico: si España tiene demasiados universitarios o no. La realidad es que estamos entre los países de Europa con más universitarios, una situación que se arrastra desde hace décadas. Así, en el informe de la OCDE Panorama de la Educación 2010 se puede ver cómo entre todos sus habitantes de entre 25 y 64 años, un 30% son universitarios. Mientras, un 48% se quedaba en primaria o secundaria inferior y sólo un 22% alcanza el título de secundaria superior (bachiller o su equivalente en FP).

Es decir, España tiene muchos licenciados, muy pocos técnicos y cuadros medios y muchísimas personas con una titulación muy baja o, directamente, sin ninguna clase de titulación. Mientras, países como Alemania o Austria tienen un porcentaje de licenciados universitarios muy inferior al nuestro y, a cambio, tienen un enorme ejército de titulados medios.

la universidad camufla 11.000 millones de euros de gasto pagando los viajes de los profesores a francia

Defensa camufla 11.000 millones de euros de gasto militar en partidas ocultas 

El Gobierno deriva pagos intrínsecos de lo militar a otras áreas presupuestarias sistemáticamente. Contando las misiones en el exterior o los intereses de la deuda de armamento, el presupuesto oficial solo cubre el 40% del gasto

 
La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, durante su intervención en la reunión del Consejo Superior de la Armada que ha presidido este miércoles en la Comandancia Naval de Bilbao (Vizcaya). EFE/Miguel Toña
 

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, durante su intervención en la reunión del Consejo Superior de la Armada que ha presidido este miércoles en la Comandancia Naval de Bilbao (Vizcaya). EFE/Miguel Toña

Medias verdades, realidades ocultas, argucias legales para esconder la franqueza del dato en frío. Es el abecé de la estrategia de comunicación del Ministerio de Defensa, lo es desde hace años, lo es pese a las órdenes del Tribunal Constitucional y lo es tanto para las cosas pequeñas, como el coste real de un desfile militar, como para las más considerables, como es su presupuesto oficial. 

La ministra María Dolores de Cospedal aseguró hace un año que el modus operandi del Ministerio iba a cambiar. Comunicó que las cuentas oficiales para 2017 incluirían por primera vez el pago de las compras de armamento como exigió el TC(unos 1.000 millones de euros al año), algo que las inflaría un 32%. La conservadora se mostró dispuesta a aceptar esa cifra para marcar distancias con su antecesor, el impopular Pedro Morenés, y hacer el gasto en Defensa más transparente.

Esa fachada de la ministra apenas ha durado meses. El BOE recogió en septiembreque Cospedal mintió al comunicar al Congreso y a los ciudadanos que el gasto en Defensa durante el año 2017 sería de 7.639 millones de euros. En julio, prácticamente a mitad del ejercicio, ya superaba los 8.800 millones

Cada ciudadano paga 404 euros al año en Defensa, contando las partidas militares que no se incluyen en el presupuesto oficial

Pero eso no es todo. Con el beneplácito del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Cospedal ha continuado con una práctica presupuestaria ininterrumpida desde la época socialista: camuflar gastos intrínsecamente asociados a la actividad militar en partidas fuera de las cuentas oficiales de Defensa. De esta forma, es el Fondo de Contingencia (destinado a imprevistos) el que paga las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior de España, que suponen unos 1.000 millones de euros al año; es el Tesoro Público quien se hace cargo de los intereses derivados de la deuda pública en proporción al gasto militar del Estado; y es el Ministerio de Industria el que financia las subvenciones públicas para el desarrollo de nuevas armas, el I+D militar.

 

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, visitando a las tropas en misión en Dakar. EFE/Sergio Barrenechea

 

La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, visitando a las tropas en misión en Dakar. Las misiones en el exterior son una de las partidas que no se pagan a través del Ministerio de Defensa a pesar de ser una actividad militar.  EFE/Sergio Barrenechea

¿A cuánto asciende el gasto real del Estado español en materia de Defensa? Según un reciente estudio del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, a 18.776 millones de euros. Más de 11.000 millones por encima de lo presupuestado, 51,4 millones de euros de gasto diario, una factura anual de 404 euros para cada ciudadano. Casi 19.000 millones que equivalen a más del 1,6% del PIB, muy lejos de la cifra por debajo del 1% que comunica habitualmente la cúpula de Defensa.

El Delàs, socio en España del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri, por sus siglas en inglés) incluye en su análisis otras partidas que deberían estar bajo el epígrafe “Defensa” además de las ya mencionadas. Están, por ejemplo, la seguridad social de los militares, la mutua militar, la Guardia Civil (que pese al rechazo de un sector muy importante de agentes sigue siendo un cuerpo militarizado) o el CNI, ya que está “dirigido por un militar y el 50% se sus miembros son militares”.

Menos gasto social, nuevos programas de armas

El estudio destaca que pese a los “fuertes ajustes en la mayoría de los ministerios” y el “crecimiento prácticamente nulo en todo el gasto no financiero”, el desembolso en Defensa aumenta. “Se prioriza el pago en armamentos de nula necesidad social
que sólo beneficia a las empresas militares”, afea el Delàs, que revela que la regresividad en lo social parece no ser óbice para que el Gobierno anuncie nuevos créditos presupuestarios para compras de armamento. 

Defensa ha comunicado que planea hacerse con “los blindados Piraña 8×8, de un coste previsto de 1.600 millones de euros, una nueva Fragata F-110 por 800 millones, y cuatro drones UAV Reaper por un valor de 160 millones de euros. Es decir, que los Programas Especiales de Armamento continúan aumentando su número, sus costes y en consecuencia, las deudas”, concluye la investigación.

http://www.publico.es/politica/defensa-camufla-11000-millones-euros-gasto-militar-partidas-ocultas.html

Las quejas del universitario, David contra mateu belles

Las quejas del universitario, David contra Goliat

  • Hay muchos canales para expresar una queja, pero pocos para solucionarla

  • Los órganos a los que puede acudir el alumno los controla la propia institución

  • Los estudiantes denuncian su indefensión frente al corporativismo

  • La queja, mal recibida, puede terminar con el joven expedientado

 

Jonathan Bar-Magen, ante la fachada de la UAH, que le ha abierto un... 

Jonathan Bar-Magen, ante la fachada de la UAH, que le ha abierto un expediente por injurias. ALBERTO DI LOLLI

SARA POLOMadrid

Actualizado: 28/01/2015 20:15 horas

Todos los canales a disposición del estudiante para denunciar un trato incorrecto por parte del personal de su centro pasan irremediablemente por figuras dependientes de sus más altas instancias. Como en el dicho popular, los trapos sucios se lavan en casa, y los muros universitarios esconden complicadas relaciones de intereses contra los que choca cualquier derecho de réplica.

“Hay monstruos contra los que no se puede luchar”, es el contundente resumen que hace un ex alto cargo de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas(Creup) cuando se le pregunta por las posibilidades que el alumno tiene a su disposición para protestar. Se deja entrever un problema que preocupa e indigna a partes iguales a los universitarios españoles.

El actual presidente de Creup, Luis Cereijo, pone nombre al problema: “corporativismo”. “Cuando se solicita la revisión de un examen por un tribunal, serán los propios colegas del profesor quienes dictaminarán si ha habido o no errores. A veces es mejor tragar porque la solución puede ser aún peor”, explica.

La palabra que más se repite, al plantear el tema a los estudiantes, es “miedo”. ¿Pero miedo a qué? En el caso más extremo, a que les abran un expediente disciplinario. El último recurso de la Universidad para juzgar la conducta de un estudiante es un procedimiento regulado por una ley de 1954 que nació para reprimir las protestas estudiantiles antifranquistas y cuya aplicación no ha estado exenta de polémica en los últimos años. En 2011, el ex ministro de EducaciónÁngel Gabilondo llegó incluso a redactar el borrador de una nueva ley para regular la disciplina académica, aunque ésta nunca salió adelante.

La tendencia de la Universidad española a recibir las quejas de sus clientes, los alumnos, como una agresión choca con una cultura empresarial que cada vez otorga más importancia, en sus procesos de calidad, a la voz del usuario. “En el siglo XXI, el cliente debe estar en el centro de cualquier decisión de la compañía”, afirma Roberto Fernández, director global de Social and Connected Business de la consultora Everis. “La satisfacción del cliente es fundamental, sobre todo en un momento en que las nuevas tecnologías han empoderado a los ciudadanos, que se organizan y son capaces de resolver sus problemas de forma autónoma”.

Miedo a represalias

Everis cuenta, incluso, con perfiles inusuales, como antropólogos, filósofos o historiadores, para afinar lo máximo posible en la interpretación de los deseos y demandas del usuario final. “Tenemos que estar ahí fuera, vivir la realidad del consumidor, no podemos quedarnos con nuestra visión interna”, asegura Fernández.

El caso de la Universidad está en el polo opuesto, y se rige por el miedo del estudiante a las represalias si protesta. Esto explica que pocas quejas se mantengan hasta el último peldaño procesal y que existan pocos casos de apertura de expedientes disciplinarios en España. El más reciente se encuentra en la Universidad de Alcalá(UAH) y está ahora mismo en fase de instrucción.

El afectado es Jonathan Bar-Magen, ingeniero informático y doctorando en la institución complutense. Comenzó su investigación en enero de 2012 con una beca de Formación de Personal Investigador (FPI). Hoy, Bar-Magen se encuentra acusado de “injuria, ofensa o insubordinación contra las autoridades académicas o contra los profesores”, tras denunciar un comportamiento inadecuado de su director de tesis y solicitar un cambio.

“Nada más comenzar mi investigación, me trasladaron del laboratorio a una sala sin máquina ninguna”, asegura Bar-Magen. “Solicité repetidamente que se me proporcionaran un ordenador y una pantalla para poder trabajar, pero nunca obtuve los recursos necesarios”.

Poco tiempo más tarde, el estudiante declara que se vio involucrado en la negociación de un posible proyecto del grupo de investigación con una empresa. Según él, su director le presentó a uno de los dueños de la compañía como su alumno “judío e israelí”, ya que el empresario tenía el mismo origen. “Fue cuando vi indicios de la razón real de mi presencia allí”, afirma Bar-Magen, que acusa a su director de tesis de intentar que sus contactos en la comunidad judía en España reportaran proyectos lucrativos para la Universidad. “Llegó a decirme: ‘Tu estás aquí para buscar fondos'”, asegura.

El enfrentamiento con el profesor llegó a tal punto que Bar-Magen perdió la beca FPI, que había renovado apenas un mes antes pese al informe desfavorable de su director de tesis. “Dos días después de la reelección del rector, me enviaron la carta en la que me anunciaban la rescisión de mi beca, unilateralmente y sin pasar por ninguna instancia académica, como establece el reglamento”, recuerda. “Extrajeron los pocos objetos que tenía en mi mesa y los tiraron a un contenedor. Luego me avisaron de que tenía que ir a recogerlos y, cuando llegué, me siguieron como si fuese un criminal. La directora del Departamento me dijo que eran órdenes de arriba”, añade.

El último recurso

Desde la UAH niegan la mayor, y afirman que el estudiante ha tenido “todos los medios básicos para realizar su investigación” y que el contrato se rescindió porque se consideró que el rendimiento del doctorando no era el adecuado. “El estudiante pretende intimidar y chantajear a la institución”, aseveran, y hacen referencia a la “campaña de desprestigio” que, según ellos, Bar-Magen habría emprendido desde meses antes acusando al centro “en los medios, en cartas a personalidades como la presidenta de Harvard y en redes sociales” de perseguirlo por ser judío, algo “radicalmente falso”, según sus palabras.

La apertura de un expediente disciplinario ha sido para ellos “el último recurso, tremendamente excepcional”. “Hemos medido la respuesta , pero llega un momento en que hay que actuar. Si no, estaríamos haciendo dejación de funciones”, aseguran, pues consideran que las acusaciones de Bar-Magen suponen “la imputación de un delito” al personal de la universidad.

¿Pero qué estudiante se arriesgaría a denunciar ante su rectorado los desmanes que sufre o de los que es testigo si se arriesga a ser sancionado por la misma instancia que lo debe amparar?

El último recurso para el alumno, si considera que no está recibiendo el servicio que merece por parte del centro, es acudir al Defensor Universitario, homólogo a pequeña escala del Defensor del Pueblo, que vela por “los derechos y libertades de los profesores, estudiantes y personal de administración y servicios ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios universitarios”, según el texto de la Ley Orgánica de Universidades de 2001. Sin embargo, el hecho de que sea el claustro, de entre sus miembros, quien elija al defensor ahonda en la idea de corporativismo que denuncian los estudiantes.

“Es verdad que en la Universidad hay muchos cauces para quejarse, pero menos para que el caso se resuelva de forma efectiva”, reconoce Joana María Petrus, presidenta de la Conferencia Estatal de Defensores Universitarios. A su despacho llegan los casos que ya han agotado todas las instancias intermedias. “En ocasiones se ha perdido tanto tiempo siguiendo la jerarquía que cuando intervenimos, el asunto ya no tiene solución”, lamenta Petrus.

Para asegurar una cierta independencia del Defensor, se le coloca “fuera de los circuitos de poder y decisión y se le otorga autoridad”. Es decir, durante los cuatro años de su mandato, no responde ante ningún órgano de Gobierno universitario. Su rol es el de mediador; analiza el caso y recomienda una solución, pero no puede judicializar un conflicto. “El único poder que tenemos es la capacidad de convicción con argumentos”, asegura Petrus.

La presidenta de los defensores no niega que la Universidad es un entorno fuertemente corporativo, pero apuesta por una mayor participación del alumno en la comunidad universitaria. “Es verdad que los estudiantes tienen miedo a represalias y en ocasiones prefieren no mostrar su descontento, porque la voz de una sola persona tiene poca fuerza, pero existen representantes que pueden reforzar su queja con una acción colectiva”, expone.

En este sentido, la UNED cuenta con un estudiante como adjunto al Defensor. Isabel Taborga, con experiencia como portavoz de compañeros como delegada de alumnos y miembro del Consejo General de Estudiantes, ocupa este cargo desde la semana pasada. Según ella, el puesto es muy satisfactorio porque tiene una voz mucho más autorizada. “Al fin y al cabo, un delegado de estudiantes es sólo un alumno más”, asegura.

Cuando la mediación del defensor no resuelve el problema, el siguiente paso es la inspección de servicios, un órgano que depende directamente del rector. “Es una herramienta de la institución, así que nunca se pondrá en su contra”, denuncia Josafat González, portavoz de la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC).

Libertad de crítica

El joven sabe de lo que habla. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) acaba de dar la razón, hace dos meses, a él y a otros 10 estudiantes contra quienes la Universidad de La Laguna (ULL) abrió un expediente disciplinario por “faltas al honor”, también en base a la ley disciplinaria preconstitucional.

Los hechos se remontan a 2011, cuando AMEC emitió un comunicado en el que criticaba el retraso de la ULL en la entrega de expedientes académicos a la Fundación Proeduca, encargada de gestionar las becas del Cabildo, que supuso la pérdida de la ayuda para 300 alumnos. La universidad consideró el contenido del texto difamatorio y, bajo consejo del inspector de servicios, abrió un expediente disciplinario a 23 alumnos, 12 de los cuales fueron finalmente sancionados como presuntos instigadores de la carta.

Tras un largo periplo judicial, el TSJC ha dictaminado que el comunicado se encontraba amparado por la libertad de expresión, y que AMEC, como representante de los alumnos, tiene derecho a quejarse públicamente del servicio de la Universidad. “Esa ley franquista da cobertura legal a los rectores para acallar las quejas de los estudiantes”, asegura González.

El juzgado es el recurso final, cuando en el campus no se resuelven los problemas, una opción que se descarta a menudo porque supone una inversión de tiempo y dinero, pero que, en casos extremos, se perfila como la única posibilidad. “Teníamos que haber sacado el asunto de la Universidad desde el principio. En el campus, la institución es siempre juez y parte”, critica González.

Disciplina de otro tiempo

Reminiscencia franquista. Corría el año 1966 cuando 500 estudiantes de la Universidad de Barcelona se encerraron en el convento de capuchinos de Sarriá con el objetivo de aprobar los estatutos fundacionales de la organización antifranquista Sindicato Democrático de Estudiantes. La fuerte represión policial de la llamada Capuchinada duró dos días, y se saldó con un expediente multitudinario que valió la expulsión de la Universidad a cientos de profesores y alumnos, en base al Reglamento de Disciplina Académica de 1954, el mismo que sigue vigente hoy. Tras varios intentos desde 1990 de diferentes Defensores del Pueblo de declarar la norma inconstitucional, en 2011 se redactó un proyecto de ley sustitutoria que, sin embargo, quedó en papel mojado.