Gobierno y PP obviaron todos los procesos de liquidación

Gobierno y PP obviaron todos los procesos de liquidación para regalar el Popular al Santander

Mariano Rajoy ha afirmado en más de una ocasión que “la Ley está para cumplirse y es igual para tod@s” cuando ha hecho referencia al desafío independentista de Catalunya. Sin embargo, cuando se trata de asuntos que van contra su partido o en los que tanto su organización como su gobierno están involucrados no ha sido tan contundente con respecto a la utópica igualdad que debe garantizar la Justicia a todos los españoles, incluidos él, su partido y su Gobierno.

Tal y como explicó el juez Fernando Presencia en Diario 16 la operación de compra del Banco Popular por el Banco de Santander obvió muchos aspectos legales que deberían obligar a los órganos judiciales, sobre todo a la Audiencia Nacional como a la Fiscalía Anticorrupción a actuar de oficio porque hay claros indicios de que dicha operación ha vulnerado la legalidad, tanto española como europea.

La argumentación publicada por el juez Fernando Presencia en estas páginas está cargada de razón jurídica ya que se ha obviado el derecho de los accionistas, vulnerando con ello los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, pero también se ha despreciado, absolutamente, la jurisdicción de nuestros juzgados y tribunales. Es algo escandaloso, se mire por donde se mire. La cuestión fundamental es, ¿Por qué no se convocó una Junta de Accionistas a la que someter una operación corporativa, tal y como es preceptivo, y como anunció Emilio Saracho al tomar posesión? La Junta General de Accionistas es el órgano soberano en cualquier Estado de Derecho.

Toda la argumentación de las autoridades de este país tiene un vicio de origen porque nadie declaró la insolvencia del Banco Popular, no hubo un informe preceptivo que lo certificara. Hasta ahora son todos supuestos a partir de un informe de Deloitte que nadie conoce y contra el que no se puede contraargumentar porque tanto la Junta Única de Resolución como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) lo tienen oculto y con acceso restringido, algo que va en contra de la propia legislación española y que, además, genera indefensión jurídica porque no se han respetado las garantías de una parte en este proceso.

Se trata de un caso de falta de liquidez, es decir, una circunstancia subsanable y, por tanto, no definitiva, que podría llevar a un concurso, con un administrador, un juez que sería quien dictaría la quiebra de la entidad si fuera el caso. En el caso del Banco Popular se ha ejecutado una expoliación: la administración se queda con una propiedad sin pagar al propietario nada.

La prueba de que la entidad era viable está en la venta de sus inmuebles por la mitad de su precio tras hacer 5.000 millones de dotaciones más de lo necesario para estar en la media del sector.

El beneficio que obtiene el Santander procederá de rebajar las pérdidas del negocio inmobiliario y quedarse con las del negocio principal.

El Banco Popular podría haber hecho lo mismo si el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubieran prohibido las operaciones en corto sobre sus acciones, operaciones que apostaban a que no tendría tiempo para vender todos sus inmuebles en un año (o que no les interesaba que lo tuviera). Fue la profecía auto cumplida con la que juegan los especuladores, obviamente con información interna o procedente de las altas esferas oficiales.

Lo argüido por el Juez Presencia es uno de los argumentos principales que se están empleando en los recursos ante el TJUE.

En definitiva, si el Banco era solvente, según todos los intervinientes, el Banco Central Europeo, que es el prestamista de último recurso debería haberle dado liquidez, y, a partir de ese momento, haber seguido un procedimiento que garantizase la protección del patrimonio del Banco frente a la liquidación. Pero había otros intereses que hicieron que se saltaran todos esos procesos o que para acceder a esa línea de liquidez no se presentaran la totalidad de las garantías que poseía el Banco Popular, tal y como afirmó el subgobernador del Banco de España.

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