el director de la universidad gana el doble que ignacio gonzalez

 

Los rectores las universidades valencianas ganan más que el presidente de la Generalitat

La información contenida en las cuentas anuales de las universidades públicas permite realizar una aproximación a los sueldos de sus dirigentes

Día 30/04/2012 – 15.13h
 


El sueldo de los rectores continúa siendo uno de los secretos mejor guardados entre los sectores que perciben una nómina de las arcas públicas. En la actualidad, la ley obliga a los dirigentes políticos a difundir su patrimonio y hasta la Casa Real, en una decisión inédita, ha expuesto cuál es la remuneración anual que percibe Don Juan Carlos.

La información contenida en las cuentas anuales de las universidades públicas permite realizar una aproximación a los sueldos de sus dirigentes. En el caso de la Universitat de València, el último balance depositado, correspondiente a la liquidación del ejercicio 2010, consta la presencia de tres altos cargos en su nómina. Uno corresponde al grupo denominado como Personal Docente e Investigador —que corresponde a la figura del rector— y los otros dos al Personal de Administración y Servicios —el gerente y el secretario general del Consejo Social—. Estos tres altos cargos perciben un sueldo anual de 245.000 euros. La división arroja una nómina per cápita de 81.666 euros, una cifra superior a los cerca de 67.600 brutos que percibe cada año el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

Los 245.000 euros que declara destinar la Universidad de Valencia al pago de las nóminas de sus altos cargos contrastan con cifras de otras grandes instituciones académicas españolas como la Universidad Complutense de Madrid, con un desembolso total de 96.614 euros.

En el escalafón universitario los rectores perciben más porque a su sueldo de funcionario de carrera como catedrático, se le suman los complementos (de destino y específico), los trienios que pueda tener más los tramos docentes y de investigación junto al complemento por el puesto que llega a los 19.957 euros brutos al año. Esta cantidad viene determinada por el Ministerio. Otros cargos que cobran en razón del rango son los vicerrectores, unos 8.000 euros anuales; los decanos de facultad, otros 6.000 o los 3.400 de los directores de departamento.

El Consell ha logrado que ninguno de sus altos cargos supere la remuneración de Fabra, para lo que se ha fijado un tope de 55.391 euros anuales para las percepciones máximas que perciben los directores generales de la Generalitat y de sus empresas públicas. En todo caso, se han aplicado excepciones, como con la intendente del Palau de la Música, a la que se ha aplicado una reducción salarial del sesenta por ciento pero que cobrará poco más de 67.000 euros para equipararse a Fabra. La Generalitat, sin embargo, no dispone de competencias para regular el salario de los altos cargos de las instituciones académicas.

Excepción en la VIU

Mientras, el rector de la Universidad Internacional Valenciana (VIU), Juan Manuel Badenas, cobrará 57.599 euros tras la rebaja del 23% aprobada por el Consell.

cuantas personas han muerto por culpa de gallardon, por culpa de mateo, por culpa de los profesores por no querer hacer las carreteras bien

Denuncia a Gallardón por el “sobrecoste” en el mantenimiento de los túneles de la M-30

El partido Contrapoder, al que piden 12.000 euros de fianza para aceptarle como acusación particular, pide que se investigue al ex alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falseamiento de cuentas por el coste de mantenimiento de los túneles de la M-30. 

Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo
Alberto Ruiz-Gallardón, en una imagen de archivo EFE

La titular del Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid ha solicitado una fianza de 12.000 euros al partido Contrapoder como paso previo para que pueda ejercer de acusación contra el ex alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, por los supuestos sobrecostes en el mantenimiento de los túneles de la M-30 de la capital.

En la denuncia presentada en los juzgados de Plaza de Castilla, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el citado partido sostuvo que uninforme de la Cámara de Control de Cuentas de Madrid sobre la denominada empresa Madrid Calle 30 S.A, prestadora del servicio de  mantenimiento de los túneles de la M30, puso de relieve la comisión de múltiples irregularidades que podrían ser delictivas siendo Ruiz Gallardón  “alcalde de Madrid y máximo responsable municipal en la época en que suceden los hechos”.

Los denunciantes explican que en dicho documento de la Cámara de Cuentas se pone de manifiesto que no se cumplió con la ley de contratos del sector público cuando se contrató a la mercantil Madrid Calle 30 S.A para las obras de los túneles de la M-30 existiendo “indicios de apropiación indebida de fondos públicos bajo el manto de sobre precio y de falseamiento de cuentas públicas”.  

En su informe, la Cámara de Control de Cuentas de Madrid ponía de relieve que Madrid Calle 30 S.A, es una sociedad que forma parte del sector publico municipal del Ayuntamiento de Madrid, adscrita al Área de Medio Ambiente y Movilidad. Dicha sociedad mixta está participada en un 80% por el Ayuntamiento de Madrid, “lo que indica la capacidad de control e intervención por parte de éste”. 

Hasta ahí todo sería normal sino fuera porque la Cámara de Cuentas madrileña observó que “en la consolidación de las cuentas de la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. de 2013 no habían sido eliminados todos los saldos acreedores y deudores mutuos de 1.694.377,58 euros que mantienen entre si la sociedad mixta Madrid Calle 30, S.A. y el Ayuntamiento de Madrid, por lo que el total del activo y el total del pasivo del Balance consolidado estarían sobrevalorados en el citado importe”, subrayaba el organismo regulador. Las fuentes consultadas explican que el perjudicado directo del presunto fraude sería el Consistorio que actualmente capitanea Manuela Carmena, a quien se le ha ofrecido personase en este procedimiento. 

Falseamiento de cuentas

Asimismo, en el mencionado informe de la Cámara de Control de Cuentas se sostenía que la remuneración de los servicios de Madrid Calle 30, S.A. no había sido calculada “en función de un estudio económico de viabilidad de la explotación del servicio previo” y que “en el cálculo de la rentabilidad de los servicios del socio-colaborador no se tiene en cuenta la retribución que éste percibe del Ayuntamiento a través de Madrid Calle 30 S.A. por la prestación de los servicios de mantenimiento y conservación”.

Los denunciantes sostienen que tras estos hechos pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falseamiento de cuentas y que el ex alcalde Ruiz Gallardón debe rendir cuentas ante la Justicia por estos hechos. De momento, antes de decidir si admite a trámite o no la denuncia de Contrapoder, la juez ha impuesto una fianza de 12.000 euros a este partido político para poder ejercer de acusación.

“Para fijar la cuantía de la fianza debe tenerse en cuenta que la parte denunciante es un partido, no un particular, lo que implica una capacidad económica superior por la aportación de sus afiliados, que un particular o que otra persona jurídica que tuviera una naturaleza semejante. La suma de la fianza se fija en 12.000 €, una suma que no se considera excesiva objetivamente hablando, e incluso puede considerarse pequeña para las resultas del juicio, habida cuenta del importe medio de unas costas procesales que se impusieran hipotéticamente hablando, a un querellante que obrará con mala fe o temeridad”, sostiene la instructora en un auto. Dicha cuantía será recurrida por Contrapoder ante la Audiencia Provincial de Madrid por “desorbitada”

antonio arroyo y el director de la universidad son compañeros

El gran usurero: ‘Mi conciencia está muy tranquila’

  • Acusado de estafa por sus clientes y detenido tres veces, según el Registro

  • Un hombre al que prestó dinero acabó suicidándose

El usurero Antonio Arroyo, acusado de estafa.ALBERTO DI LOLLI

ANA MARÍA ORTIZ

Actualizado: 28/12/2014 12:04 horas

Se llama Antonio Arroyo Arroyo, tiene 60 años y es considerado el mayor usurero de España. Así le tildan las decenas de españoles que agrupados en dos asociaciones -Stop Estafadores y Adevif- le acusan de orquestar una estafa que les ha conducido a la ruina. Aseguran que Arroyo les dejó dinero a cambio de que pusieran sus viviendas como garantía, que picaron el anzuelo de firmar un préstamo trampa imposible de devolver y que han acabado perdiendo o están a punto de perder sus casas. Tras años esquivando las acusaciones y a los medios de comunicación, Arroyo, una suerte de versión moderna del señor Scrooge, el ávaro protagonista del Cuento de Navidad de Charles Dickens, abre las puertas de sus oficinas a Crónica. Es la primera entrevista que concede.

 

Stop Estafadores dice en su web que 3.800 personas que han suscrito préstamos con usted han acabado perdiendo su casa.
Imposible. Yo no he hecho 3.800 hipotecas [préstamos con garantía hipotecaria]. Desde que me dedico a esto, desde 2001, habré hecho unas 1.500.
Y de esos 1.500 préstamos que dice que ha hecho, ¿cuántos han acabado con la ejecución de la vivienda?
Calculo que un 25%.
Serían más de 350 viviendas…[Puesto que lleva operando como prestamista desde 2001, la media sería de 27 propiedades por año, una cada 15 días]
Sí, unas 350, pero eso no quiere decir que hayan perdido la casa. En muchos casos se han paralizado las ejecuciones porque han pagado o se ha llegado a un acuerdo. [A las 17.30 horas en el piso desde el que el prestamista maneja su negocio sólo están él y una secretaria. Hay dispuestos tres escritorios y seis sillas. Arroyo asegura que ahora sólo tiene un empleado de los ocho en nómina de los mejores tiempos, del 2005 al 2007, antes de que la crisis mermara el mercado del préstamo. Sobre su modo de operar aclara que no capta clientes directamente, que trabaja con «unos 50 o 60 intermediarios en toda España», que son éstos quienes les traen la clientela, y que él no se queda con todas las viviendas de los impagados porque muchos de los derechos sobre ellas los vende a terceros, a inversores. Esta semana se ha sabido que las ejecuciones hipotecarias han crecido un 10,5% en el tercer trimestre de 2014].
¿Cuántas viviendas ha ejecutado usted directamente?
Unas 80 ó 90 como máximo.
¿Y qué ha sido de ellas?http://www.elmundo.es/cronica/2014/12/28/549dc2b722601d87088b4576.html

un hombre en Valencia se quitó la vida después de perder su casa y hace dos años, una mujer perdió sus piernas, y a eso que le hacemos director

Absuelto de estafa el mayor usurero de España al prescribir el delito

El primer juicio al que se ha sometido este miércoles Antonio Arroyo, el llamado por la Policía “el mayor estafador hipotecario de España“, ha sido cancelado después de que la acusación particular retirara los cargos y la Fiscalía, al igual que su abogado, alegaran que los hechos de 2009 por el que se iba a sentar en el banquillo de los acusados habían prescrito.

Esta situación ha provocado las críticas de la jueza, que ha manifestado en la Sala que estas circunstancias se deberían haber dirimido en cuestiones previas, para no llegar a celebrarse oficialmente el juicio ni movilizar a tantas personas.

También el abogado de la supuesta estafada ha indicado que “no sabía que esta haciendo allí”. Por tanto, a los cinco minutos de iniciarse el juicio se ha dado por cancelado, sin la intervención de Arroyo.

El caso de hoy tuvo su inicio el 5 de noviembre de 2009. Según el primer escrito del fiscal, el encausado entregó a su víctima, María Pilar N. P. en préstamos la cantidad de 6.000 euros en una notaría de la calle Orense de Madrid. Por todo ello, solicitó en su momento una pena de tres años de prisión y la indemnización en la cantidad de 12.000 euros a su víctima. Sin embargo, hoy ha reconocido que el delito ha prescrito.

Tras el juicio, María Pilar no ha querido hablar con la prensa ni ha respondido a las sospechas de haber llegado a un acuerdo económico con Arroyo para retirar los cargos. El prestamista tampoco ha hecho declaraciones a los periodistas, a los que ha llamado “borregos” tras el jucio. A la salida de la Audiencia Provincial, sólo ha dicho que “se le ha quedado el cuerpo con sabor a hiel” y ha negado las acusaciones.

Desahucio en Tetuán

También ha negado conocer que el viernes está previsto que se ejecute un desahucio en Tetuán de una casa propiedad de Fabián, una persona que recurrió a sus préstamos y no puede pagarlos. Este hombre, junto a varios personas de la plataforma ‘Tetuán Resiste’ y ‘Stop Desahucios’, le han insultado a la salida llamándole “estafador, hijo de puta, ladrón”, entre otros improperios. También le han gritado “que tiene las manos llenas de sangre por los suicidios que ha provocado”.

El caso de Fabián, que se juzgará en los próximos meses, también es de 2009. Según ha explicado, necesitaba un préstamo de 20.000 euros y que por ello acudió a bancos y otros instrumentos financieros, donde dio documentación, gracias a la cual le llamaron un día del bufete de Arroyo. “A mí me contactaron diciendo que me daban un préstamo. Quedo con una señorita y me explican las condiciones, que no son nada de lo que fueron al final”, ha expuesto.

Luego acudió a una notaría para firma. “En la notaría confiamos que darían fe, pero el señor que estaba ni nos leyó el préstamo hipotecario. Sólo leyó la declaración de heredero de mi padre. Del préstamo no nos comentó nada y firmamos una letra cambiaria, que no sabía ni lo que era. Ahora ya lo sé”, ha indicado Fabián, que desconocía también que los intereses del préstamos eran de un 29 por ciento.

“Pensábamos que teníamos unos meses de carencia y luego podíamos pagar cómodamente. Pero este señor vende la letra cambiara a un segundo, un abogado suyo también imputado. Luego éste la vende a otro bufete, que es quien me ejecuta, con una deuda final de 51.000 euros, de los que 31.000 son intereses. Es insostenible y no lo podemos pagar”, ha reconocido.

Calle Alfalfa de Madrid

Por ello, este último bufete se ha quedado con la propiedad del supuesto estafado, situada en la calle Alfalfa de Madrid. Hace un mes estaba previsto el desahucio de Fabián y de su madre, de casi 90 años, con un 84 por ciento de dependiencia por Alzheirmer. “Agradezco mucho al Samur que subiera e informara a la autoridad que ella no estaba en condiciones de salir de la casa”, ha dicho. Entonces el lanzamiento fue postergado un mes, por lo que el viernes podría finalmente materializarse. Fabián cuenta con una solución habitacional alternativa, pero no quiere dejar la casa que ha compartido las últimas décadas con su madre.

También este mediodía ha hecho declaraciones a los medios Carmen, que ha relatado cómo Arroyo fue dándole pequeños préstamos durante tres años hasta alcanzar los 120.000 euros, que luego no pudo devolver. “Nunca me daba lo que yo me pedía y además tenía un porcentaje del 30 por ciento”, ha detallado.

Por ello, con el tiempo perdió su vivienda y denunció al procesado por supuestas estafas y engaños en los préstamos, denuncia que fue archivada. “Voy a reabrir el caso. Aquí el problema no es sólo es que hay un estafador, sino que no se hace justicia, porque le tapan y lo apoyan. Él ha utilizado el mismo ‘modus operandi’. Hoy me siento mal, impotente y frustrada por lo que ha ocurrido en el juicio. Gracias que hay gente como Fabián, que es un luchador. Con su ejemplo se consiguen las cosas o se deberían conseguir las cosas”, ha concluido.

Antonio Arroyo es un viejo conocido de los tribunales, aunque nunca se ha sentado en un banquillo de los acusados. La asociación Stop Estafadores lleva años persiguiendo sus tropelías, que le han llevado a echar de sus viviendas a cientos de ciudadanos. En su caso, representan jurídicamente a más de 500 víctimas denunciantes de sus estafas y diversos juzgados le investigan.

Desde la asociación aseguran a Europa Press que Arroyo es “uno de los mayores estafadores” de España. En 2013, un hombre en Valencia se quitó la vida después de perder su casa y hace dos años, una mujer perdió sus piernas al tirase desde un tercer piso.

 

yo le hice buying a estefania navarrete ibañez, pero no se acusa a antonio arroyo

les hice buying a varias personas de la conferencia de protecpol, pero lo que peor me sabe es el dinero que se gastan dando bolsas en las reuniones en vez de buscar una solución a ese problema, quieren que te apuntes en la lista, y se olvidan de dar ayuda en el maltato a las monjas, a las mujeres

El gran pecado de la Iglesia en España: Abandonamos a nuestras monjas

, paz lloria nos comentaba que teniamos que tener formación, cuando la sanidad esta en numeros rojos, la educacion va de  mal en peor y los casos de buying aumentan, se puede dominar el mundo si los seguidores le hacen caso al jefe.

El gran pecado de la Iglesia en España: Abandonamos a nuestras monjas

http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/12/valencia/1202803704.html

EL TRIBUNAL DE CUENTAS CENSURA SU DESCONTROL GESTOR

Las universidades valencianas son las más deficitarias con una deuda de 34,6 millones

  • El Tribunal censura su descontrol en la gestión económica y su excesiva estructura
Actualizado martes 12/02/2008 09:08 (CET)
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NOA DE LA TORRE

VALENCIA.- Las universidades públicas valencianas son las más deficitarias de España, según se desprende del Informe de fiscalización de las universidades públicas del ejercicio de 2003 que acaba de hacer público el Tribunal de Cuentas.

En dicho informe se critica especialmente a las instituciones académicas valencianas: “Finalizadas las liquidaciones, y según información facilitada por el Ministerio de Educación, los compromisos asumidos por las universidades públicas fueron cumplidos excepto por cuatro universidades de Andalucía, una universidad de Madrid y por las cinco universidades de la Comunidad Valenciana“.

El informe del Tribunal de Cuentas, que censura del conjunto de las universidades españolas su descontrol en la gestión económica y la excesiva estructura sobre la que se sustentan, recoge en concreto que el déficit de las valencianas ne situó en 2003 en los 34,6 millones de euros.

Esta cantidad es el resultado presupuestario de la resta entre las obligaciones reconocidas (838 millones de euros) y los derechos reconocidos (803 millones de euros), de lo que se deduce que el incremento del endeudamiento fue superior a los 69 millones de euros.

En realidad, sólo la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Jaime I de Castellón obtuvieron entonces un resultado presupuestario positivo, con tres y un millones respectivamente. El déficit de la Universidad Politécnica de Valencia alcanzó los 23,9 millones de euros, mientras que la Universidad de Alicante registró un saldo negativo de 8,8 millones y la Universitat de València, de 6 millones.

Crecen los números rojos

El resultado presupuestario de 2003 fue deficitario en siete comunidades autónomas, que empeoraron su situación respecto a 2002. Éste fue precisamente el año en que las universidades públicas españolas se habían comprometido a no tener déficit en virtud de los convenios de estabilidad.

Sin embargo, el déficit de las universidades valencianas dobla al del conjunto de las gallegas -cuyo saldo negativo alcanzó prácticamente los 16,5 millones de euros- y triplica el de las instituciones de Castilla-La Mancha (10,7 millones) o el de las catalanas (10,1 millones). Es más, el déficit de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana superó también con creces el de la media de todas las españolas, que se situó en 10,5 millones.

Las cifras contrastan con los costes de las universidades, computados por el Tribunal de Cuentas sobre la base de los costes de funcionamiento obtenidos de las liquidaciones presupuestarias y de los calculados en base a datos contables, que ponen de manifiesto el desfase de las universidades respecto del gasto presupuestado.

En concreto, el informe afirma que “la distribución de estos costes por comunidades autónomas pone de manifiesto que la mayor parte del coste de la universidad pública se concentra en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana“.

En el ejercicio de 2003, las universidades valencianas contaban con un presupuesto de más de 636 millones de euros, buena parte del cual lo asume la Generalitat Valenciana. Ahora bien, las instituciones académicas de la Comunidad gastaron más de 736 millones, lo que supone un desvío de 100 millones, sólo superado por las universidades madrileñas -con un desfase de 182 millones, sobre un presupuesto de 1.011 millones- y catalanas -que se gastaron 975 millones pese a tener presupuestados 868, es decir, 106 más-.

Gasto en obras

Los sobrecostes hay que ponerlos en relación con el apartado de contratación de obras. Las universidades de la Comunidad gastaron en 2003 un total de 107,5 millones de euros en este capítulo, una cantidad que representa un tercio de todo lo que destinaron a este efecto todas las universidades españolas, cuyos contratos apenas rebasaron los 342 millones de euros.

Es más, las universidades catalanas suscribieron un total de 127 contratos de obras, frente a los 86 de las valencianas, por un importe de 48,4 millones. Las siguientes en la lista, las madrileñas, gastaron 46,9 millones a través de 105 contratos.

Las cuentas del Campus de la Justicia (I): arquitectos de lujo y tramas corruptas organizadas por el profesor alvarez

Las cuentas del Campus de la Justicia (I): arquitectos de lujo y tramas corruptas

http://www.eldiario.es/politica/despilfarro-Campus-Justicia-arquitectos-corruptas_0_632037545.html

eldiario.es accede a la contabilidad del fastuoso proyecto ideado por Esperanza Aguirre en 2004 para agrupar todas las sedes judiciales

De los 15 edificios vanguardistas solo hay uno en pie, el Instituto de Medicina Legal, que pierde valor con cada año que pasa

Las empresas de Gürtel y Púnica hicieron negocio con un proyecto que fracasó al poco de que se colocase la primera piedra

24 comentarios

Campus de la Justicia.
Campus de la Justicia. OLMO CALVO.

Esperanza Aguirre se propuso en 2004 reunir en un inmenso terreno todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El proyecto pretendía ser ejemplo para toda Europa y no escatimó en costes. Se contrataron a arquitectos estrella como Zaha Hadid o Norman Foster. Las partidas para promocionar la iniciativa consumieron cantidades ingentes de dinero público. Por medio se colaron contratos a asesores vinculados al PP, despachos de abogados prohibitivos y facturas en los hoteles y restaurantes más caros de Madrid. Más de una década después el proyecto ha quedado reducido a un único edificio sin uso en mitad de un descampado de 200.000 metros cuadrados.

Las cuentas de ese fracaso salen ahora a la luz. La Comunidad de Madrid ha encontrado por fin el libro mayor del Campus de la Justicia, que recoge movimientos de dinero durante la década que lleva vivo el proyecto. Hay anotaciones que no coinciden, balances con pagos duplicados y diarios de apuntes que nunca han aparecido. A pesar de todos esos errores y omisiones, el detalle de los pagos ayuda a conformar el relato del despilfarro, del que hasta ahora solo se conocían capítulos sueltos.

Durante los últimos años han ido saliendo a la luz algunos detalles de esos gastos. Los datos a cuentagotas durante los gobiernos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González, con mayoría absoluta pasaron a ser una catarata de información con Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid en minoría.

A través de dos entregas y con la ayuda de las cuentas del proyecto, eldiario.es recopila ahora las principales vías de agua de una idea fracasada que se ha tragado más de 100 millones de euros de dinero público.

Norman Foster y Zaha Hadid para diseñar los juzgados

Esperanza Aguirre quiso que los edificios que iban a albergar todas las sedes judiciales estuviesen diseñados por los mejores arquitectos del mundo sin reparar en la factura. Con la economía española a pleno rendimiento encalomada a la burbuja inmobiliaria, su Gobierno decidió que había dinero para contratar a los mejores. El libro de cuentas del Campus recoge pagos a multitud de firmas de arquitectura entre las que destacan los nombres de Zaha Hadid y Norman Foster. En total, el gobierno regional esperaba gastarse 500 millones de euros en un total de 15 edificios.

Hadid, la única mujer ganadora del prestigioso premio Pritzker, diseñó la que iba a ser la sede de los Juzgados de lo Social. Su proyecto iba a costar 13 millones de euros, pero la arquitecta solo percibió 50.000 porque no llegó a firmar ningún contrato. Su diseño de 75.000 metros cuadrados expresaba, según la propaganda de Aguirre, “los dos valores esenciales que el Gobierno regional quiere simbolizar en la Campus de Justicia de Madrid: la transparencia y la democracia”.

Los mismos valores quería trasmitir Norman Foster con el diseño de los edificios de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia. Su estudio se felicitó por contribuir al “emplazamiento único más grande dedicado a la justicia de Europa, que reinventará el proceso judicial de la región mediante la plena integración de sus diversas sedes existentes”. Al final no fue así, pero Foster y su equipo cobraron por ello.

El estudio ingresó más de 10 millones de euros, aunque reclamaba 13, por el diseño de los dos edificios. Junto a los apuntes a su nombre, aparecen pagos a firmas destacadas de arquitectos que facturaron por diseños y maquetas de los diferentes edificios del Campus. En pie solo está el Instituto de Medicina Legal, obra del arquitecto Alejandro Zaera-Polo -que abandonó el proyecto por falta de fondos- y cuyo coste fue de 21 millones de euros, aunque ahora está valorado en menos de 17.

Campus de la Justicia.
Entrada al Instituto de Medicina Legal. OLMO CALVO

Hay también cuantiosos pagos a los arquitectos Frechilla y López Peláez, que superan el millón y medio de euros, los encargados del diseño general del Campus e ideólogos del conjunto de edificios circulares. También se abonaron grandes cantidades de dinero a ICA Arquitectura, que diseñó el edificio que pretendía albergar la sede de la Fiscalía. Firmas como Picado de Blas (el decanato), Pino + Paredes Arquitectos (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo), Rafael de la Hoz (Penal) o Angel Borrego Cubero (Registro Civil) también cobraron del Campus. 

Junto a los estudios de arquitectura y la constructoras, el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) también facturó importantes sumas al Gobierno regional, según recoge lo que queda de contabilidad oficial. Fueron los encargados de organizar los concursos de ideas para las sedes, a los que se presentaron más de 300 estudios. Por ese cometido, recibieron cientos de miles de euros.

Los contratos garantizaban que las constructoras cobrasen, aunque no pusiesen ni un ladrillo, como finalmente sucedió. Los pagos a las empresas que tenían previsto acometer las obras superan los 27 millones de euros, con una buena parte destinada a rescindir contratos que ya se habían cerrado.

Las empresas de seguridad (Alium) y de conservación de infraestructuras (Elmex) también se han llevado parte de los fondos. Proteger el único edificio en pie  cuesta 12.000 euros al mes. Aunque no tenga actividad y sirva únicamente como escenario para películas.

Tras el fiasco de lo que pretendía ser también un ejemplo mundial de diseño arquitectónico, el Gobierno de Madrid planteó recuperar la idea de reunir los órganos judiciales en sedes más modestas. Lo intentó en 2012 pero no le dieron los fondos, así que esperó hasta principios de 2015, cuando González planteó sacar a concurso el conjunto del Campus y que una empresa levantase todos los edificios sin tantas filigranas.

Esa idea tampoco fraguó, en parte por el rechazo del COAM, que defendió que los arquitectos originales debían ser quienes acometiesen el proyecto. “Cualquier modificación del plan inicial crea incertidumbres y requiere una nueva tramitación que durará muchos meses”, argumentaron los arquitectos madrileños.

Campus de la Justicia.
Carteles que advierten de la presencia de cámaras de seguridad en el recinto. OLMO CALVO

Las empresas de Gürtel y Púnica

Como otros grandes proyectos de la época de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, el Campus de la Justicia no se libra de la sombra de la corrupción. Y lo hizo desde el principio. El mismo acto de colocación de la primera piedra en 2007 se convirtió en un símbolo del despilfarro que acompañaría al proyecto durante los años siguientes: costó 1,4 millones de euros. De parte de la organización se encargó la empresa de José Luis Ulibarri, un constructor implicado en el caso Gürtel, que luego fue adjudicatario de contratos que no llegaron a cerrarse.

Este empresario leones se enfrenta a siete años de prisión por pagar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Su cercanía al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, le permitió hacer negocio en algunos municipios madrileños gobernados por el PP, en los que ganaba concursos con ofertas irrealizables.

La trama Púnica también aparece relacionada con el proyecto. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga las partidas de publicidad durante la época de Aguirre. Sospecha que sirvieron al PP de Madrid para financiarse ilegalmente. Entre las empresas sospechosas de haber pagado actos electorales al partido está Over Marketing, de Daniel Mercado, el publicista que ha admitido haber participado en el amaño de contratos con distintas administraciones del PP.

Over Marketing y Traci Comunicación -otra de las empresas de Mercado- se encargaron en los primeros años de parte de la promoción de este proyecto. Según el balance del Campus de la Justicia, recibieron en total 362.000 euros por sus trabajos de publicidad para el Campus de la Justicia.

Ese dinero se pagó por trabajos que se realizaron en los ejercicios de 2005 y 2006. El primer año Over Marketing recibió 65.277 euros y Traci Comunicación cobró 116.145 euros, y ambas percibieron las mismas cantidades el ejercicio siguiente. Entre sus trabajos figuraban eventos de promoción o elaboración de lonas publicitarias, pero no está claro que el total de esos montantes se destinase a los encargos para los que habían sido contratadas ambas empresas.

Tras la promoción de las empresas de Mercado y la colocación de la primera piedra por parte de un empresario de Gürtel, el proyectó echó a andar en 2007 y un año más tarde estalló la crisis. La expansión del barrio de Valdebebas, al norte de Madrid, se paralizó y el Campus quedó aislado. Los fondos comenzaron a escasear. Aunque no se construyó más que el primer edificio, el plan siguió consumiendo recursos públicos durante años: pagos en hoteles y restaurantes de lujo, abultadas nóminas para contratar enchufados y gastos de promoción que recogerá la segunda entrega sobre el despilfarro del Campus de la Justicia.

Campus de la Justicia.
Una de las vías de acceso al Campus de la Justicia. OLMO CALVO

los estafadores nunca se han ido, mirate la espalda y los veras en el metro, en tu pueblo, el profesor, el cura

https://alertatramaestafadores.blogspot.com.es/2017/02/hoy-antonio-arroyo-ante-el-juez-del.html

 
 
 
 
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La presunta trama de estafas más grande de Europa “un escándalo”. Vas a comprobar en estos blogs como alrededor de Arroyo & Rebeca se pierden sumarios en los juzgados, se podrían tener acumuladas de momento unas 3.800 viviendas en total, gente que se ha quitado la vida, intentos de suicidio, ruinas familiares y víctimas viviendo en la calle. Presente en la operación púnica que pudo mover dinero de la corrupción política. Según la policía española es el mayor estafador hipotecario que se conoce en España. Te vas a quedar alucinado con lo que te voy a contar desde aquí. La única misión de éste blog y el resto de blogs contra la estafa es captar víctimas, ayudarlas, protegerlas y alertar a futuras víctimas.
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Esta organización criminal “según la policía” la componen los siguientes personajes: 1 Antonio Arroyo Arroyo, 2 Rebeca Pacheco Moreno, 3 Anaís Arroyo Albinet, 4 Iris Arroyo Albinet, 5 notario Ricardo Ferrer, 6 Isabel Grueso Hidalgo, la secretaria. 7 notario Usera Cano, 8 el abogado Ezcurdia y los intermediarios 9 José Maria Martín Soblechero, 10 Mari Carmen Camblor Esteban y 11 Pablo Pérez Martín. La frase cumbre y filosofía de vida de Antonio Arroyo: en España nacen muchos niños y muchos de esos niños serán idiotas de mayores. Para eso estoy yo en éste mundo para quitarle el dinero y las casas a los idiotas. Un idiota no puede tener ni casa ni dinero
 
 
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Más participantes de la organización criminal 12 David Manuel Hidalgo Ferreíra (Testaferro revienta cerraduras), 13 Inmaculada Ferreira Delgado (la madre), 14 Fco. Hidalgo Manzano (el padre), 15 Cristina Romo Lancharro y 16 Paquito Lucas. Son los testaferros en la sombra CULEBRIN CREST. 17 Julia Sanz López la notario de Usera y Sanz, 18 Luís Flecha López el abogado negociador de Arroyo y ejecutor de letras cambiarias. 19 María Antonia Muñoz Jiménez (intermediaria). 20 Marisa Duro Orejón actúa como intermediaria
 
 
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21 Fco.Ricardo Recio Palazón (testaferro), 22 Antonio Parra Atienza el Chef prestamista del testaferro 13 y 14, 23 Manuel Morcillo socio testaferro del 13 y 14, 24 Antonio Villalba Granadero el testaferro del 14 y 23, Ceferino Muñoz Sayago el político contacto del 14 y 23. Notarios 26 Antonio Reina primer notario de 1 y 2 y 27 Angel Almoguera con conexión en la fiscalía de la Audiencia Nacional. 28 Beatriz Párraga intermediaria que estafa a sus propios padres tiene conexión con la trama de levante gente muy peligrosa con armas y otras delicatessen amiga personal de la difamadora 4 y compañera de estafas de la 19
 
 
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29 Jose-García Rendueles Menéndez jefe de la trama Norte y testaferro de 1 y 2, 30 Obdulio Lucas Blanco socio de 29 y 30, 30 esposa Renduelles María Morais Francisca, 31 Marisa-García Rendueles Menéndez realiza estafas en la zona de Levante y es muy peligrosa, 32 Alfredo Moreno Torres es un ex-alferez de complemento de la legion socio de 29 violento con acceso a armas, 32-1 el notario Angel Luís Torres Serrano y 32-2 el notario Jose Ricardo Serrano Fernández podrían ser sus cooperadores necesarios. Esta trama Norte tiene vínculos estrechos con la trama Arroyo, siempre han estado ahí para arruinar a las familias afectadas
 
 
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33 Rafael Pozo Fernández, 34 María Jesús Rivero Estevez y 35 Aitor Ibarra se conocen desde las asociaciones Afines y Cafines que engañaron vilmente a las pobres víctimas y ficharon a falsas víctimas para extorsionar y perjudicar a las verdaderas víctimas. Más tarde el mismo Aitor Ibarra abriría una asesoría financiera en Bilbao aunque en la actualidad ya no existe. 33 sigue engañando a las víctimas y mantiene estrecha relación con Arroyo & Rebeca intentando desacreditarme, difamándome todo lo que puede y en estrecha conexión con el jefe de la trama de los difamadores 5 (okupa de mi casa) es muy interesante y demuestra que Arroyo & Rebeca, 33 y la trama de los difamadores son un Tándem organizado contra mí. 33 sigue manteniendo en activo su portal fraudulento para captar, engañar e intoxicar a las víctimas.
 
 
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36 Miguel Angel Anglada de Carlos y 37 el abogado presunto gánster Ricardo Rodríguez Díez. Anglada ha sido desde siempre testaferro en potencia de Arroyo & Rebeca y la investigación de todas sus propiedades le relacionarían con la banda organizada aunque muchas propiedades han sido vendidas o empleadas para conseguir pasta legal a través de bancos. Al abogado presunto gánster todo se lo toma a risa. Sabe moverse en los juzgados y engañar bien a los jueces.
 
 
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45 ¿Rocio Alonso? a muerte con sus íntimos Arroyo & Rebeca y el papel que desempeña en la trama es de colaboración estrecha con la organización delictiva de Arroyo & Rebeca y parte activa de la trama de los difamadores violentos su función es acosar a los periodistas que tratan las estafas de Arroyo & Rebeca sea en televisión, prensa escrita o radio aunque utiliza varios perfiles falsos el más conocido es Rocio Alonso. 46 Antonio Hernández Silgado “jinete testaferro” otro más de los que milagrosamente reciben las propiedades procedentes de la estafa a precios de risa. 47 el chivato David Marjaliza con 48 Adela cubas su mujer aunque falta la sobrina con 14 propiedades que de momento nadie investiga su procedencia y si es de algúna víctima. 49 Máximo y el chivato Marjaliza uña y carne aunque de momento se esconde. 50 Javier Adrian Ferri hijo y 51 Vicente Ferri Ballesteros papá, dedicados como testaferros y a quedarse con las propiedaes de las víctimas camuflándolas a la vista de nuestra justicia. Siento no ponerte sus caras pero paciencia que todo llega. De momento ya son tres las víctimas afectadas por 50, 51 y 52.
 
 
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52 mamá y esposa de 50 y 51 otra testaferra que se dedica a camuflar propiedades y cuando ve chunga la cosa la vende a otro testaferro. 53 y 54 Nemesio y Ana Delia testaferros a sec

quien financia la universidad??? quien financia los doctorados multimillonarios

Así se esquilmó a la sanidad pública en uno de los hospitales de Aguirre investigados por la UCO

Durante años, el Servicio Madrileño de Salud ha asumido gastos millonarios que debería haber pagado la UTE de empresas que construyó el Hospital Infanta Leonor de Vallecas. Así lo advierte la Intervención General, que ha detectado multitud de irregularidades desde 2012, como por ejemplo, la derivación de pruebas a centros privados sin contrato

 

Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre frente al hospital de Vallecas, junto al exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela
Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre frente al hospital de Vallecas, junto al exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela / Agencias
 

 

Es un goteo, año tras año, o bien se ha estado pagando por conceptos que no deberían haberse pagado, o bien, se ha estado dejando de facturar lo que correspondía. Eso es lo que ha estado ocurriendo en el hospital Infanta Leonor (ubicado en Vallecas), cuya construcción, Esperanza Aguirre adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas) en 2005, una concesionaria a la que además, encargó toda la gestión no sanitaria – hablamos de limpieza, seguridad, restauración, residuos urbanos y sanitarios, lavandería, administración, jardinería, esterilización o mantenimiento- durante 30 años, a través de un ‘canon’ millonario, que inicialmente, rondaba los 17 millones al año – posteriormente se ha ido incrementando hasta superar los 20 millones anuales- (ver más abajo).

 

Desde el año 2012, y al menos hasta 2015, la Intervención General de la propia Comunidad de Madrid alerta de todo tipo de irregularidades en el hospital Infanta Leonor, con las que se han ido esquilmando poco a poco a la sanidad pública. En varios de esos informes, a los que ha tenido acceso a la Cadena SER, se habla de todo tipo de “pagos indebidos”. Como por ejemplo, que la empresa púbica del Hospital pagó 1.152.948 euros” por la conservación de la parcela donde se levanta el hospital, un importe “que debería haber pagado la concesionaria”. No lo hizo, a pesar del conocimiento expreso de la propia Consejería de Sanidad – es la primera en recibir estos informes de la Intervención General, a través de los gerentes de los hospitales-, que tampoco reclamó los más de 366.000 euros por “reparaciones debidas al mal uso de aparataje” que también debería haber asumido la concesionaria, porque como bien recuerda la Intervención General, en la oferta que presentaron las empresas se comprometían a tener en el hospital un equipo cualificado con “un ingeniero técnico, 2 jefes de equipo, 3 oficiales de 1ª, 4 electricistas, 2 oficiales de 2ª y un mecánico”.

 

Los interventores también descubrieron que el Hospital Infanta Leonor – que se inauguró en 2008- también pagó más de 610.000 euros – entre 2012 y 2013- a través de derivaciones – para hemodiálisis en centros no hospitalarios, resonancias, y otras pruebas por imagen- que se hicieron “fuera del procedimiento legal de contratación”. En esos informes, este órgano fiscalizador también alerta que esas pruebas contrataron con centros privados con los que “el hospital no mantiene conciertos”, pero no solo eso, también se sospecha que se pagó de más porque “los precios fijados no coinciden con la tarifa de precios públicos”. Y hay algo más grave. La Intervención no pudo acreditar que esas derivaciones por las que se pagó, realmente se hicieran, al menos en el caso de las “facturas de resonancias magnéticas y electromiografía” porque “no queda constancia de la realización efectiva de las pruebas” (casualmente, en ese año, el gasto por conciertos se incrementó un 58%).

 

Desde el año 2012, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) también ha estado pagando por un personal administrativo de este hospital “que no le corresponde”. En concreto, 23 administrativos que proceden del Hospital Virgen de la Torre, que suponen un gasto de más de 608.000 euros anuales, que también deberían asumir las concesionarias, que son las encargadas de asumir todos los servicios nos sanitarios del centro. Como por ejemplo, la restauración. Sorprende que incluso, a la concesionaria, también se le ‘regaló’ el gas de la cocina, un gasto que “no fue repercutido a la concesionaria”, según advierten los interventores, que sospechan que ocurrió lo mismo “con la luz y agua”.

 

EL SERMAS YA HA AMORTIZADO EL PAGO DE LAS OBRAS DEL HOSPITAL

La gerente del Hospital nfanta Leonor de Vallecas, María del Carmen Pantoja, ha aportado en la Asamblea, los datos del dinero que la concesionaria recibió desde que entró en funcionamiento el centro en 2008: Un total de de 181 millones de euros, el 58 por ciento destinado para recuperar la inversión por la construcción del mismo (105 millones de euros) y el resto para los servicios no sanitarios.

Por tanto, teniendo en cuenta que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó en 2005 las obras de este hospital por 98,6 millones de euros sin IVA el hospital “ya está pagado y amortizado”, ha criticado la portavoz de Podemos en Sanidad, Mónica García, quien ha subrayado que aún quedan otros 20 años de vigencia de la concesión, con un pago anual de unos 20 millones de euros.

 

Pero no solo se dejó de cobrar, también se abonaron conceptos dudosos. En la fiscalización que se hizo a este hospital, al interventor también le sorprende los 91.783 euros que el SERMAS pagó a la UTE de empresas privadas “por unos supuestos ahorros energéticos que no estaban documentados”, tales como, apagar la luz en zonas comunes, bajar la calefacción 4 grados o cambia la temperatura del agua.

 

No hay que olvidar, que tres de las empresas que formaban parte de esa UTE del Hospital Infanta Leonor, entraron en concurso de acreedores, entre ellas, Cantoblanco, – del expresidente de la CEIM, Arturo Fernández condenado por las tarjetas black-, Begar – propiedad el empresario, Ulibarri, imputado en la Gürtel– y Ploder – donde trabajaba como consejera la exmujer del antiguo concejal de Vivienda del PP, Sigfrido Herráez, según publicó El País-.

http://cadenaser.com/emisora/2017/04/03/radio_madrid/1491243184_535865.html?ssm=14092012-Ser-rs-1-Fb