La tropa, ante el gasto militar: “Necesitamos agua caliente antes que tanques nuevos”

La tropa, ante el gasto militar: “Necesitamos agua caliente antes que tanques nuevos”

Tras años de recortes, los soldados describen una situación de precariedad en la que los cuarteles necesitan reparaciones urgentes y empieza a escasear el material básico

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-27/gasto-defensa-cospedal-agua-caliente-tanques_1354898/

Foto: Cospedal, en una visita oficial. (EFE)
Cospedal, en una visita oficial. (EFE)
27.03.201705:00 H.

En los pasillos del Hospital Militar Gómez de Ulla se detuvo el tiempo en algún momento de los años setenta. Los viejos carteles con indicaciones para llegar a la cafetería, las puertas de madera de los despachos, los suelos y la decoración de las salas de espera parecen un decorado de ‘Cuéntame cómo pasó‘ y piden una renovación a gritos. Las instalaciones se mantienen limpias y operativas, en una escasez digna, como si fuese una metáfora de la situación que atraviesa el Ejército español.

Con pequeños altibajos, las Fuerzas Armadas han perdido progresivamente protagonismo en las cuentas del erario público desde la llegada de la democracia, una tendencia que se intensificó durante la crisis. Según las cifras oficiales, el gasto en Defensa cayó el 30% entre 2008 y 2016. Incluso informes críticos como este (de una de las ONG pacifistas más activas de España) asumen que la partida se redujo en esos años en torno al 20%, más de lo que se recortó en Sanidad o Educación.

Una situación que podría revertirse pronto. Después de décadas de ajustes, España ha renovado su compromiso de doblar el porcentaje del PIB dedicado a Defensa antes de 2024, situándolo en torno al 2%. Se trata de una exigencia de la OTAN y EEUU que se empezará a ver reflejada en los próximos Presupuestos Generales del Estado y que supondría el mayor incremento del gasto militar desde la llegada de la democracia. Y la pregunta empieza a cobrarse terreno: ¿cómo se repartirá ese dinero?

Precariedad en el cuartel (pinche para ver el álbum)
Precariedad en el cuartel (pinche para ver el álbum)

Más de 750 afiliados de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) respondieron a un cuestionario por ‘email’ de El Confidencial en el que se les preguntaba dónde, en su opinión, se necesitan los recursos económicos con más urgencia. La mayoría destacaron sus problemas del día a día, como la falta de agua caliente y calefacción en muchos cuarteles durante el invierno, el deterioro del material con el que trabajan o el hecho de tener que pagarse la comida durante las maniobras. En el otro lado de la balanza, se quejaban de lo que consideran “derroches” y “gastos superfluos”, como la construcción y mantenimiento de pistas de pádel y golf para los altos mandos, o las fiestas y conmemoraciones.

“Pasamos semanas sin gasoil para la calefacción en pleno invierno, tenemos todas las duchas rotas, falsos techos rotos y desprendidos en los alojamientos de la tropa… Hay vehículos, como los Aníbal Santana, que es un 4×4 básico, cuyo mantenimiento es lamentable”, se quejaba uno. “Los WC de las compañías no se desinfectan porque no hay material de limpieza. Tampoco hay trapos para limpiar los vehículos y llevamos años sin calefacción en los vestuarios”, dice otro.

“Nos vamos de maniobras y tenemos que gritar ‘fuego, fuego’ en tres polletes San Gregorio porque no hay dinero para fuego real. No hay dinero para mover los vehículos, que escasean. Falta buen material por todos lados, por no hablar de los salarios y la alimentación. Se aparenta lo que se puede, pero es todo mentira. La situación es muy, muy precaria ahora mismo”, comenta un tercero.

Con diferentes niveles de indignación, cerca del 85% de quienes respondieron al cuestionario destacaron asuntos parecidos en los comentarios. Se quejaban de aquello que más afecta a su día a día. “Las residencias milita

la universidad y la guardia civil gastandose el dinero en certificados

Ratas, goteras, techos rotos… las casas de los guardias civiles que no reforma Interior

El propio ministerio califica el estado del 57,1% de los pabellones como “bueno”; el 30%, “regular”; el 7,4% como “malo”, y el 5,5% está definido como “inhabitable”

Foto: Una rata apareció de esta forma en uno de los cuarteles aquejados de una plaga de roedores.
Una rata apareció de esta forma en uno de los cuarteles aquejados de una plaga de roedores.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-28/ratas-goteras-techos-rotos-casas-guardias-civiles-cuarteles-no-reforma-interior_1356060/
Tiempo de lectura8 min
28.03.201705:00 H.

La adjudicación de una casa en dependencias de la Guardia Civil al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, así como la reforma de más de 50.000 euros comprometida por el Ministerio del Interior sobre el inmueble han enervado a los cientos de funcionarios y familiares que llevan años en lista de espera para vivir en estas instalaciones o que tienen que pagar de su bolsillo todas las reparaciones una vez que por fin se la adjudican. Muchos se quejan hoy de cómo se encuentran sus casas cuartel o del tiempo que llevan confiando en que algún día recibirán una vivienda.

[Álbum: el mal estado de los cuarteles]

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha denunciado la concesión del mencionado piso, admiten que sobre el papel existe la posibilidad de que los funcionarios a los que se ha concedido un piso soliciten una mejora de rehabilitación. Sin embargo, en la práctica, añaden, la realidad es que todos los guardias se pagan las reformas sin ayuda alguna de la Administración. Una situación curiosa, asegura Juan Fernández, portavoz de AUGC, dado que se trata de viviendas que no les pertenecen en propiedad y que, sin embargo, ayudan a restaurar y a mantener en condiciones aceptables. La Asociación de Suboficiales califica de “inmoral” el episodio del piso, al margen de que finalmente sea considerado ilegal. “Nos produce estupor la falta de consideración que se ha tenido con los guardias civiles que ocupan pabellones en un estado lamentable y tienen que gastarse su salario para adecentarlos”, explican.

Pinche en la imagen para ver el álbum.
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En algunos cuarteles, la situación es aún peor, ya que sus habitantes no viven allí, sino que acuden únicamente para trabajar, con lo que ni siquiera se plantean invertir de su bolsillo para arreglar una instalación cuyo mantenimiento solo corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil. El cuartel de Cacabelos (León) —una instalación en la que conviven las viviendas con la zona de trabajo—, por ejemplo, tiene una única puerta de acceso, tanto para la zona residencial como para la laboral, que además está rota, según denuncia AUGC, y que incluso se torna “peligrosa“, dado que los pasadores superiores se caen e incluso han golpeado a algún funcionario en ocasiones.

Además, el cuartel cuenta con una instalación eléctrica “defectuosa”, a juicio de la asociación, en la que los enchufes se encuentran pegados a desagüe. Las humedades se extienden por las paredes; la cisterna del baño al que acceden las personas ajenas al cuerpo no tiene tapa; y el inmueble carece de calefacción, por lo que los funcionarios han puesto estufas eléctricas que no pueden funcionar porque no hay suficiente potencia eléctrica.

EC

Desconchados en los muros o instalaciones inaccesibles están a la orden del día en dependencias como las de Cañete, en la provincia de Cuenca, o Galapagar (Madrid), donde la situación es especialmente grave, como también ha denunciado la asociación, ya que se ve afectada por una plaga de ratas y termitas desde hace cuatro años. Los servicios de desinfección han acudido varias veces a poner fin al problema, pero siempre sin éxito, porque el desastre volvía en forma de roedor o de insecto.

Las ratas también han aparecido —e incluso se han instalado— en casas cuartel de la Guardia Civil de Arganda —cuyo inmueble tampoco pasa la Inspección Técnica de Edificios—, Pinto o Torrelaguna —que sufre la plaga siempre que llueve—, todos municipios madrileños. Hace algo más de tiempo, los roedores asomaron por las dependencias del instituto armado en Peñarrolla (Córdoba), Armunia (León) y Ramales de la Victoria (Cantabria). El pasado agosto, los funcionarios de Arganda incluso llegaron a fotografiar a uno de estos animales saliendo del retrete de los vestuarios donde se cambian habitualmente los funcionarios.

Las plagas no son, sin embargo, el único problema para los guardias civiles, que en no pocos casos ni siquiera cuentan con instalaciones. En La Carlota (Córdoba), los agentes no disponen de cuartel. El Ministerio del Interior les ha dicho que no hay presupuesto para construirlo. En su lugar, el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido ha improvisado. Y además de prestado. El ayuntamiento ha habilitado una habitación en un inmueble municipal que hace las veces de dependencias del instituto armado.

E. B.

Sin embargo, el lugar es tan pequeño, según denuncian desde AUGC, que cuando un agente tiene que atender a un ciudadano, el resto de compañeros deben salir a la calle a esperar porque no caben. Ya haga lluvia, frío o el sofocante calor que azota la zona en verano, los funcionarios no tienen más remedio que pasar a la intemperie el tiempo que dure la visita. En el caso de que haya algún detenido, la cosa se complica aún más, ya que en las dependencias únicamente cabe el arrestado, por lo que cuando esto ocurre, la Guardia Civil no puede atender a nadie más.

Aunque quizá todavía más relevante es la escasa seguridad con que cuenta la dependencia, único lugar donde los funcionarios pueden almacenar sus armas, la munición, la documentación o todo tipo de material útil para los agentes. “Solo dos cerraduras normales” salvaguardan el lugar, según explican desde AUGC, que ha denunciado el problema en varias ocasiones y tan solo ha recibido la respuesta de que el jefe de la comandancia está negociando con el ayuntamiento para solucionar el asunto. Otro caso similar se da en Espejo (Córdoba). El inmueble que acogía tradicionalmente las dependencias de la benemérita está en ruinas y no se utiliza desde hace años. Los funcionarios han montado un cuartel provisional en una nave industrial cedida por el consistorio en el polígono, sin aislamiento térmico ni acústico y sin apenas seguridad.

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La falta de presupuesto es siempre el argumento que da el Ministerio para rechazar cualquier tipo de rehabilitación o arreglo. “Se están denegando reformas en la mayoría de pabellones del cuerpo, se están utilizando vehículos con más de 500.000 kilómetros a las espaldas e impidiendo el incremento de plantilla, todo ello por falta de presupuesto“, apuntan desde la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil. Para solventar este hándicap, no pocas veces Interior ‘tira’ de otras instituciones, sobre todo locales.

Las instalaciones de Loeches (Madrid) se encuentran cerradas porque ya no son habitables, con lo que el cuartel está temporalmente cerrado hasta que Interior ponga una solución. Francisco Cecilia, secretario general de AUGC en Madrid, asegura que el ayuntamiento de la localidad cercana de Torres de la Alameda está dispuesto a ceder un inmueble para que se establezcan las dependencias en su municipio. En Majadahonda, por su parte, la Guardia Civil también ha estado utilizando unas instalaciones del consistorio en concepto de alquiler, pero Interior pretende ahora enviar a los agentes a las antiguas dependencias de la Policía Local, un edificio inutilizable que tendrá que ser reformado.

el director es un ocupa

Lo que demuestra el ocupa de la Real Fábrica de Tapices

Veinte años, ocho ministros de Cultura, tres presidentes autonómicos y tres alcaldes después, ha tenido que llegar Carmena al Ayuntamiento para que esta película de Berlanga empiece a terminar

Ignacio Escolar

Fue Esperanza Aguirre, entonces ministra  “hola majete” del Gobierno de Aznar, quién inauguró esta surrealista situación. En 1997, la titular del Ministerio de Cultura decidió el rescate público de la Real Fábrica de Tapices. Aguirre lideró una coalición entre las tres administraciones de la capital –el Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid– para salvar de la ruina a la empresa que gestionaba esta histórica manufactura real. Con el apoyo de Caja Madrid, inyectaron 400 millones de pesetas para cubrir los más de 200 millones de deudas que arrastraba esta quebrada sociedad. Pagaron las pérdidas con dinero público, convirtieron la Real Fábrica en una fundación, pero dejaron al frente al mismo director que había arruinado la empresa, Livinio Stuyck. Todo, como ven, muy liberal.

Tras la quiebra y posterior rescate público, Stuyck no solo mantuvo el puesto; también una inusual ‘residencia oficial’. Sin ser ya dueño de la empresa –de la sede nunca lo fue, era patrimonio del Estado desde que se construyó– se quedó viviendo en la Real Fábrica de Tapices, en un enorme dúplex de casi 700 metros cuadrados en las dos últimas plantas del edificio. Aguirre no puso pegas, o no se quiso enterar. Todo, de nuevo, tremendamente liberal.

En 2002, el patronato de la fundación despidió por fin a Stuyck. Nunca se explicó la causa, ni por qué se tomó la decisión. Pero nadie del patronato –ni en el Ministerio de Cultura, ni en el Ayuntamiento ni en la Comunidad– movió un dedo para sacarle de su pisito de casi 700 metros cerca del parque del Retiro, en un edificio público declarado como Bien de Interés Cultural.

Entre 1997 y 2017 no solo han pasado veinte años. También ocho ministros de Cultura (incluido Mariano Rajoy), tres presidentes autonómicos de Madrid (incluida otra vez Esperanza Aguirre) y tres alcaldes. Con ellos, otros tantos patronos nombrados por estas administraciones en la fundación. Ninguno de ellos movió un solo dedo para desalojar al ocupa de la Real Fábrica de Tapices. No es solo que no pagase el alquiler. Es que no pagaba ni el agua ni la electricidad. Livinio baja la basura y sube la compra por la misma entrada por la que pasan los turistas que vienen a visitar los tapices de Goya. Tiene las llaves de su ‘dúplex’ y de la entrada principal. Todo, por supuesto, gratis total.

Veinte años, ocho ministros de Cultura, tres presidentes autonómicos y cuatro alcaldes después, ha tenido que llegar Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid para que esta película de Berlanga empiece a terminar. El actual equipo municipal es quien ha presionado al Gobierno para que comience los trámites para un desalojo que ya veremos si se llega a concretar. En derecho, el usufructo es también una forma de propiedad. Y la indiferencia, la incompetencia, la dejadez y el silencio de dos décadas de gestores públicos pueden acabar con un patrimonio de todos privatizado por la vía de la negligencia. Una negligencia que sale gratis a quien la comete, porque la pagamos los demás.

“Apoyar ocupas es un atentado a la seguridad jurídica porque en España la propiedad esta protegida y la ocupación penada”,  dijo Esperanza Aguirre hace no tanto. Se refería a otros ocupas, a otras propiedades y a otra seguridad jurídica, claro está.

El tipo que acabó con las renovables en España

El tipo que acabó con las renovables en España ahora cobra por dar conferencias en el extranjero en las que defiende que son la mejor alternativa energética

El exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el padre del gran hachazo a las renovables en España, ahora tiene una nueva vida en la que se dedica a defender a ultranza a las energías renovables.

Pero lo hace fuera de España, quizá piense que las energías renovables son la mejor opción para todo el mundo menos para su propio país, uno de los más ricos en viento y sol.

El exministro Soria acudió al Crans Montana Forum que se desarrolló en la ciudad sahariana de Dakhla, allí se celebró por tercer año consecutivo este foro que cuenta con el auspicio del mismísimo Rey Mohammed VI. Este año el título era Hacia una nueva África. Estabilidad, cohesión y solidaridad para un desarrollo sostenible. El rol cohesionador de Marruecos.

Soria fue invitado para hablar en la mesa sobre energías renovables, y defendió a capa y espada un proyecto que él conoce bien, el complejo hidroeólico de Gorona del Viento, que tiene como objetivo suministrar solo con renovables la isla de El Hierro.

La intervención de Soria se enmarcó en el panel sobre Producción y suministro de energía, definido en el programa como la clave del progreso y crecimiento de las economías emergentes. El ex ministro recalcó que no participaba en representación del Gobierno de España, sino a título personal y con el fin de aportar la experiencia adquirida durante los años en que ejerció como ministro de energía. Se manifestó a favor del uso de las energías renovables como camino a disminuir la dependencia energética del exterior que durante décadas han soportado los países no productores de petróleo.

José Manuel Soria el hombre que acabó con las renovables en España ahora se dedica a defenderlas. Como dijo el gran Groucho Marx: Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.
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cuando la universidad se gasta el dinero en certificados de asistencia de papel

El actual Gobierno cifra el despilfarro en 1.000 millones

24 de marzo de 2017

El saqueo de Navalcarnero por el PP supera al de Gil en Marbella

Carlos Ribagorda @CRibagorda carlos.ribagorda@bez.es

Imagen del interior de las cuevas de Navalcarnero, donde se han enterrado 30 millones

Imagen del interior de las cuevas de Navalcarnero, donde se han enterrado 30 millones
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A una buena parte de los ciudadanos de España no les sonará mucho Navalcarnero, la localidad madrileña de unos 25.000 habitantes que limita con la provincia de Toledo. Casi nadie sabrá quién es Baltasar Santos, alcalde de la ciudad durante los últimos 20 años, hasta las elecciones de 2015. Pero recuerden estos dos nombres porque lo hecho por este dirigente en este pueblo desde 1995 deja en una anécdota lo ocurrido con las ‘tarjetas black’, Gürtel, Púnica y se asemeja al saqueo de Marbella.

¿Recuerdan el caso de las ‘tarjetas black’? Sesenta consejeros y dos presidentes de Caja Madrid gastaron 12 millones durante diez años con las visas opacas, ajenos a Hacienda y mientras la entidad necesitaba un rescate. Parecido es el caso de los cinco ex ejecutivos de NovacaixaGalicia condenados a prisión por adjudicarse 8,9 millones en sobresueldos pese a estar en pérdidas. ¿Y el caso de La Muela? Seguro que recuerdan a María Jesús Pinilla, la alcaldesa de esta ciudad zaragozana condenada a 17 años de cárcel y una multa de diez millones por irregularidades en su gestión que dejaron al pueblo con una deuda de 25 millones.

¿25 millones? Navalcarnero debe 220 millones de euros. Un reciente informe de la Cámara de Cuentas regional referido solo a los años 2007 y 2008 -pendiente de aprobación- cifra en 35 millones los gastos sin justificación contractual. Una fuente de la Cámara ha reconocido en privado que es “el informe más duro que he visto nunca”. El actual alcalde, José Luis Adell, del PSOE, calcula que el despilfarro durante los 20 años de Gobierno del PP es de mil millones, entre la deuda, los ingresos por venta de suelo e ingresos recurrentes. Los funcionarios del Ayuntamiento de Marbella calcularon el desfalco a la ciudad en 500 millones. Se calcula que el dinero defraudado en Gürtel -Francisco Correa- son 120 millones y en Púnica -Francisco Granados-, 250 millones.

Baltasar Santos, desaparecido

Aunque no tiene el componente de morbo y farándula que le daba Isabel Pantoja a Marbella, ni el protagonista es alguien famoso como Luis Bárcenas, Francisco Granados o Francisco Correa, lo protagonizado por el ex alcalde popular de la ciudad, Baltasar Santos, durante los veinte años de su gobierno refleja toda una época de dispendio municipal, aliñada con una gran dosis de impunidad. Impunidad incluso actualmente: la Policía municipal ha tenido que dejar en su casa el reciente informe de la Cámara para que haga las alegaciones pertinentes -que, de momento, no ha hecho- porque está desaparecido.

Solo por el caso de un polideportivo pagado y no construido, el perjuicio al Ayuntamiento es de 10,5 millones de euros

Impunidad también judicial, al contrario que en el resto de casos citados. Santos tiene tres querellas pendientes que no avanzan. Primero, por prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos en la construcción de un polideportivo. Según un auto del 19 de agosto de 2016, el juez ve indicios de delito en el alcalde -y otros dos funcionarios- por adjudicar la obra a la oferta más barata pero aprobarle luego modificados sin los informes legales necesarios que encarecieron la obra. Según el juez, el Ayuntamiento aprobó pagos de sobrecostes pedidos por la empresa, Constructora Hispánica, de hasta el 80% del coste total pese a que “la obra estaba abandonada”.

Lo más sorprendente es que el juez daba diez días en agosto al fiscal para responder y en marzo nadie sabe qué ha ocurrido con esta querella. “No sabemos nada, no tenemos noticia del fiscal y no nos dicen nada”, explican en el Consistorio madrileño. La juez calcula que Santos y los otros dos procesados han causado un perjuicio al Ayuntamiento por 10,5 millones, el dinero abonado a la constructora. El polideportivo no está construido.

Cuevas

La segunda querella hace referencia a la construcción de unas cuevas bajo la Plaza de Segovia que servirían como reclamo turístico. Tras invertir 30 millones de euros, la realidad es que las cuevas están cerradas -imagen de la derecha- y ha habido varios hundimientos que han puesto en peligro la vida de los vecinos. Además, la obra se hizo sin los informes legales pertinentes, sin proyecto técnico, sin dotación presupuestaria y “sin que se haya seguido el procedimiento establecido para la licitación de contratos”, dice el informe de la Cámara regional.

Como en el caso anterior, el proceso judicial está a la espera del escrito del fiscal. El escrito de calificación de la acusación popular se presentó en noviembre de 2016. La denuncia es de 2011.

Y hay una tercera querella paralizada. La presentó en abril de 2014 el PSOE -entonces en la oposición- contra Santos, la concejala de Hacienda y la interventora del Ayuntamiento y les acusaba de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos. La denuncia se archivó, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó reabrir el caso en mayo de 2015, “sin que hasta la fecha se haya ordenado ninguna diligencia ni instrucción“, asegura la Cámara.

Granito, ermita, fontanero…

La lista de irregularidades durante 20 años en este pequeño pueblo de Madrid asusta. El informe de la Cámara describe como algo habitual en este Ayuntamiento la adjudicación de obras a la oferta más barata para luego hacer millonarios modificados al margen de la ley, como el de la Plaza de Toros; se aprobaban presupuestos con ingresos inflados año tras año, que acababan engordando la deuda; una constructora, Consvial, presidida por Felipe Neri, realizó el 90% de las obras -Consvial no ha contestado a la llamada de bez.es-; en definitiva, una “trama corrupta que ha saqueado la ciudad hasta 2015, porque lo del reciente informe de la Cámara es solo una mínima parte de lo que ha pasado aquí en veinte años”, asegura Adell, actual alcalde (PSOE).

En 2006, Baltasar Santos compró por 300.000 euros una parcela de 140 metros cuadrados para construir la ermita de San Millán de la Cogolla. En 2008, sin haber movido un gramo de arena, compró otra parcela al lado por casi 200.000. En total, medio millón de euros y no se ha hecho nada. El terreno sigue calificado como solar sin uso determinado.

Una de las debilidades del ex alcalde eran las obras de arte y las estatuas de granito, a lo que dedicó más de ocho millones de euros solo entre 2002 y 2011. Una de esas obras, la Santa Cena, la recepcionó en 2014 el propio alcalde y el fontanero municipal. Pagaron 311.000 euros y dieron el visto bueno, pero al año siguiente el artista se la llevó porque estaba defectuosa. Requerida por el actual equipo de Gobierno, el artista ha señalado que todavía falta el trabajo más duro y que tardará unos tres años en entregarla.

El granito puebla Navalcarnero. Granito que no está pagado en su totalidad porque todavía se adeuda una parte al proveedor gallego. Pero lo peor es que buena parte de ese granito está abandonado en una parcela municipal, durmiendo el sueño de los justos -en la imagen-.

Nadie sabe donde está Baltasar Santos, que no ha atendido la llamada de bez.es. Fue expulsado del PP en 2015, que pagó en las urnas su gestión. “Nosotros condenamos su actuación y nos avergüenza que se utilizaran las siglas del PP para hacer estas cosas”, asegura Esther Platero, la nueva líder del PP en la ciudad. Santos acudió a las elecciones con otro partido, URCi, y consiguió dos concejales. Recogió el acta en un flamante Jaguar y pocos meses después renunció, al igual que el otro concejal de su formación, María Jesús Neira, ex concejal de Hacienda en la etapa de Gobierno de Santos. Ahora esos dos sillones están vacíos, nadie les ha sustituido. Mientras, Navalcarnero y sus 25.000 habitantes estarán endeudados hasta el próximo siglo.

las autopistas de la muerte de alonso profesor de universidad

Accidentes de tráfico con animales en autopistas de peaje También en las autopistas peaje es frecuente que se produzcan accidentes de tráfico provocados por animales que cruzan las vallas de protección. Normalmente se trata de colisiones contra jabalíes o corzos que suponen graves perjuicios a los conductores considerando la alta velocidad a la que se circula en las autopistas de peaje. ¿Es responsable la autopista de peaje? ¿ Quién asume los daños producidos en personas y vehículos? ¿Puedo pedir que me indemnicen? ¿ Me afecta negativamente los cambios legislativo sobre accidentes con especies cinegéticas? Éstas son algunas de las preguntas que es fácil que tenga y que trataremos de responder. Los arts. 14 y 27 de la Ley de 10 de mayo de 1972 sobre “autopistas de peaje” señalan: “1º El concesionario deberá conservar la vía, sus accesos, señalización y servicios reglamentarios en perfectas condiciones de utilización. 1. La continuidad en la prestación del servicio le obligará, especialmente, a facilitarlo en condiciones de absoluta normalidad, suprimiendo las causas que originen molestias, incomodidades, inconvenientes o peligrosidad a los usuarios de la vía salvo que la adopción de medidas obedezca a razones de seguridad o de urgente reparación.” Por tanto, la propia ley, califica esa relación entre usuario y concesionario como contrato atípico “a través del cual, y mediante el pago de un peaje a cargo del usuario, la empresa concesionaria viene obligada a garantizar a éste una circulación fluida, rápida y sin riesgo de ningún tipo pues se espera que el concesionario lo haya eliminado”. El accidente no puede considerarse como un caso fortuito. La concesionario debe saber que hay zonas con animales o debería saberlo, por lo que debe poner todos los medios a su alcance para evitar que este tipo de animales entren en la vía. No se trata de un caso fortuito porque pudo preverse y también evitarse, la causa del siniestro fue precisamente la falta de diligencia de la concesionaria. Algunas autopistas consideran que no se ha tenido en cuenta la última reforma de la Ley de Tráfico que afecta a la responsabilidad derivada del atropello de especies cinegéticas y por la que el conductor del vehículo responde en todos los casos en que se produzca un atropello de especie cinegética. Sin embargo, la autopista olvida que cuando el conductor se introduce en la autopista contrata con la concesionaria el uso de la misma, es decir, que a cambio del precio que se compromete a pagar, la autopista tiene la obligación de mantener la vía en buen estado, libre de todo tipo de obstáculos y, por supuesto de animales. Por ello, resulta indiferente a los efectos que nos ocupa, que el animal irrumpiese en la vía, pasease por la misma, o estuviese estático, la autopista tiene la obligación de mantener la vía libre y en condiciones óptimas para los conductores. Algunas autopistas tratan de culpar a los conductores del siniestro por no adecuar su conducción a las circunstancias de la vía, por no frenar cuando vio al animal o por no volver a su carril inicial estando el animal parado. Lo cierto es que los animales no tienen que estar en la vía. Es la autopista quien tiene la responsabilidad de asumir las consecuencias del siniestro. No debemos olvidar que los conductores circulamos bajo la creencia de la seguridad en el tráfico, convencido de que no existirán obstáculos en la vía, y menos animales sueltos, ásta es una de las causas por las que eligió introducirse en la autopista y pagar el peaje, de no ser así podría haber evitado el pago. Recuerde que se necesita asistencia legal en cuestiones relacionadas con asientos de tráfico puede contactar con nuestros abogados especialistas en info@indemnizaplus.com

los pescadores son los culpables de las decisiones de los politicos ???

40.000 pescadores de costa quedan exentos de tramitar su licencia

Un pescador lanza el cebo en el puerto de Valencia.
Un pescador lanza el cebo en el puerto de Valencia. / Jesús Signes
  • El Consell seguirá gestionando los permisos a la espera de la resolución final del Tribunal Supremo al recurso presentado

  • Joan Molano | valencia.

13 junio 201521:47

«La Federación de Pesca de la Comunitat Valenciana se ha impuesto en los tribunales a la Generalitat, que desde el día 27 de mayo, de manera provisional, no podrá exigir la licencia de mar desde tierra a los pescadores», publicaba la asociación en su cuenta de Facebook a comienzos de la semana pasada. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido suspender (temporalmente) el decreto dictaminado por la Conselleria de Pesca y Agricultura que exige un permiso obligatorio para pescar en las playas o puertos del litoral. La Federación de Pesca logra de esta manera frenar una medida que a su juicio “es recaudatoria y carece de sentido”, aunque la decisión final la tiene el Tribunal Supremo.

El 27 de marzo de 2014 entró en vigor una nueva normativa de pesca dictada por la Generalitat. A partir de entonces, todos los pescadores que se dedican a esta actividad en playas o puertos valencianos estaban obligados a llevar consigo un permiso marítimo de recreo, enfrentándose a una multa que podía ascender hasta los 1.200 euros en caso de no poseerlo, tal y como se especifica en el texto legal. La licencia exigida debía sacarse anualmente (en cualquier edificio PROP), con un precio actual de 12,03 euros. Si se optaba por la de dos años de duración la tarifa era de 14,73 euros y la de cinco años, 21,47. La Federación de Pesca calcula que en la actualidad existen unos 40.000 aficionados que practican este deporte en la Comunitat, por lo que, haciendo unas cuentas aproximadas, la Administración podría recaudar alrededor de 400.000 euros en el caso de que todos ellos decidieran tramitar la mencionada autorización.

«La licencia sólo tiene una afán recaudatorio, no sirve para nada más, ni siquiera incluye un seguro en caso de accidente”, declara Vicente Romero, encargado de Relaciones Externas de la federación. Los pescadores acudieron al Contencioso hace más de un año tras conocer la nueva ley, aunque antes intentaron ponerse en contacto con la Conselleria para introducir algunos cambios en la normativa. «A la gente que va a pasear a la playa, a jugar al fútbol o al voleibol no les piden pagar nada. ¿Por qué a nosotros, que también vamos a hacer deporte, sí que se nos exige?», lamentaba por aquel entonces Romero, una opinión que mantiene en la actualidad.

Casi tres meses después de acudir all Tribunal Superior, en junio de 2014, la Justicia le dio la razón a los pescadores sin acoger los argumentos expuestos por la Generalitat, propiciando así un baile de apelaciones. «El artículo impugnado excede de la regulación legal, lo que debe conducir a su anulación», subraya la sentencia de la sala de lo Contencioso-Admnistrativo que suprimía el decreto. No era firme y contra ella cabía la posibilidad de recurrir, así que la Conselleria de Pesca y Agricultura decidió elevar un recurso al Tribunal Supremo . Desde entonces y hasta el día 27 del mes pasado, tramitar la licencia administrativa de pesca marítima desde tierra seguía siendo obligatorio. Sin embargo, ahora, después de la emisión de la última sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, queda anulada a todos los efectos de manera temporal, hasta que el Alto Tribunal se pronuncie.

Oídos sordos

A pesar de conocer la última decisión de la Justicia en relación al decreto del Consell que exige licencia para pescar desde tierra, la Administración seguirá obligando a cumplir la normativa, haciendo oídos sordos al dictámen. «Mientras adquiera firmeza y se dé la razón a la Federación, las licencias son obligatorias, cuando el Supremo se pronuncie, se acatará», afirman desde la Conselleria de Pesca y Agricultura, que continua tramitando los permisos por medio del PROP, tal y como pudo comprobar este periódico.

La postura de la Generalitat con respecto a este asunto, no va a pasar desapercibida para la Federación de Pesca. «Si llega a nosotros algún caso de alguien al que se le haya multado por no tener ese permiso, tomaremos las medidas legales oportunas», afirman desde el gabinete jurídico de la asociación.

Los pescadores desconocen cuándo llegará la resolución final por parte del Tribunal Supremo, aunque creen «que no se dilatará demasiado en el tiempo» y esperan que «se nos acabe dando la razón de manera definitiva». En ese caso faltaría saber qué va a ocurrir con aquellos que ya han tramitado la licencia y con los que han sido sancionados por carecer de ella. Unas incógnitas que preocupan al colectivo.

pescanova esquilmaba el mar y nadie hacia nada, mejor dicho doctorados para los maestros, sueldos,

El turbio negocio de la merluza negra

Los Vidal, los piratas gallegos que han amasado 90 millones esquilmando la merluza negra de la Antártida

Esta familia procedente del pueblo gallego de Riveira actuaba como una “banda criminal” y la Guardia Civil le acusa de pesca ilegal y blanqueo de dinero. Protagonizaron la mayor persecución de la Historia en aguas australes. Podrían quedar impunes por vacío legal.

Manuel Antonio Vidal, `Tono´, es el corazón que hace latir Vidal Armadores S.A.Manuel Antonio Vidal, `Tono´, es el corazón que hace latir Vidal Armadores S.A.

Las aguas de la Antártida son su territorio y el pescado, su tesoro. No tienen bandera. O quizá es más acertado decir que tienen demasiadas. Porque las han ido cambiando para limpiar la actividad que se comete a bordo de sus barcos. El nombre de los Vidal es de sobra conocido en las calles de Riveira, en Galicia: el clan familiar ha amasado una fortuna con la pesca ilegal de la merluza negra en aguas australes. Las asociaciones ecologistas: “Se amparan en un agujero legal bestial”. Fuentes próximas a la investigación: “También blanqueaban dinero”. Y los Vidal, silencio. Nunca han hablado ante los medios y rechazan la invitación de EL ESPAÑOL de ofrecer su versión de los hechos. El caso ha llegado hasta instancias del Tribunal Supremo, que ha negado la jurisdicción de España para juzgar estos delitos cometidos en aguas internacionales; varias organizaciones ecologistas tratan de cambiar esta postura y que los piratas paguen por los delitos que se les imputan.

La familia Vidal, como otras muchas en Riveira, ha vaciado su existencia en el mar y en la pesca. A Antonio Vidal Suárez, patriarca del clan, lo conocen como Tucho el Coyo; y su sobrenombre se ha extendido a toda la familia, a la que en Galicia conocen como los Coyos. Su hijo, Antonio Vidal Pego, Tono, es el corazón que hace latir la empresa Vidal Armadores S.A., fundada en 1996. Y su trayectoria se dibuja en un camino de obstáculos, conflictos diplomáticos y toneladas de pescado, con el que han fraguado un patrimonio próximo a los 90 millones de euros.

El barco Songhua, del clan de los Vidal, faenando en aguas de la Antártida.El barco Songhua, del clan de los Vidal, faenando en aguas de la Antártida. GC / Interpol
“La pesca ilegal es una receta complicada”, explica Celia Ojeda. Ella es la responsable de Océanos y Pesca de Greenpeace, una de las organizaciones -junto a Oceana y Sea Shepherd– que ha documentado los movimientos del clan de los Vidal. Los primeros indicios de su actividad en aguas de la Antártida se remontan a 2002. Sus barcos faenaban en aguas protegidas por la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) con una única obsesión: la merluza negra (también llamada bacalao austral). Esta especie puede alcanzar los 2,5 metros y superar los 200 kilos de peso, y su carne tiene un gran éxito en China, Japón y Estados Unidos, donde se vende por unos 50 euros el kilo. La pesca y exportación de esta especie están fuertemente regulados.

Ojeda insiste: “Se mueven en un agujero legal”. La portavoz de la ONG habla de los “cambios de bandera” que han tenido los barcos de los Vidal: “Es muy fácil. Puedes hacer un cambio y se les rebautiza. Antes hasta se podían comprar las banderas por Internet y darle un nuevo nombre a la embarcación. Así limpian su historial de actividades. Y cuando el barco ya está quemado -porque las autoridades terminan conociéndolo por su silueta y no por su bandera- lo que hacen es no llevarlo a puerto: hacen el trasvase de la mercancía a otros barcos limpios y ya está”.

Las aguas de la Antártida se dividen entre las regiones en las que se puede pescar y las que no. Así se protegen algunas especies a las que les cuesta reproducirse, la merluza negra entre ellas. Varias ONGs ecologistas advierten de que su actividad no sólo es ilegal por los mares en los que faenan, sino por los métodos que emplean: “Lo hacen con trasmallo, colocando varias redes con las que también capturan las crías del pescado, en lugar de hacerlo con palangre, una línea larga de anzuelos con la que sólo se pescan los peces adultos”, esgrime Ojeda.

La merluza negra era el principal objetivo de los Vidal.La merluza negra era el principal objetivo de los Vidal. GC / Interpol

La mayor persecución de la Historia

Las autoridades internacionales observaron, en agosto de 2003, al buque Viarsa pescando en aguas ilegales de la Antártida. La embarcación, de bandera uruguaya pero con tripulación gallega, se dio a la fuga. Y cuatro barcos de Australia, Sudáfrica y Reino Unido se lanzaron a por ellos en una persecución con tintes cinematográficos. Tres semanas esquivando icebergs, olas de diez metros que sacudían a los navíos como cáscaras de nuez y 7.000 kilómetros de carrera en alta mar, hasta que al final fueron capturados en aguas territoriales sudafricanas. Muchos hablan de ese episodio como la mayor persecución de la Historia.

Fuentes policiales sitúan al clan de los Vidal tras estos acontecimientos. La Interpol y la Guardia Civil han seguido sus pasos a través de medio mundo hasta que en marzo de 2016 anunciaban el golpe policial: “Desarticulamos un importante grupo dedicado a la pesca ilegal en la Antártida”, señalabna el Instituto Armado. A la familia gallega no le quedó más remedio que cesar su actividad. Los agentes del SEPRONA detallan sus movimientos: “Su campo de actuación abarcaba desde la práctica de capturas ilegales -como actividad principal- a otras que permitirían blanquear los beneficios ilegalmente obtenidos”. Detuvieron a seis personas en esta operación (bautizada con el nombre de Yuyu); entre ellas, el patriarca de la familia, Antonio Vidal Suárez (Tucho el Coyo) y sus tres hijos Belén, Ángel y Antonio (Tono).

La Guardia Civil señala que la familia también blanqueaba el dinero de sus actividades.La Guardia Civil señala que la familia también blanqueaba el dinero de sus actividades. GC / Interpol

Riveira vivió su particular revolución. Todos conocen a los Vidal, aunque éstos han logrado rehuir de los medios y mantener sus rostros en el anonimato. La operación que explotó la Guardia Civil contra la familia -“grupo criminal organizado”, detalla el Instituto Armado- supuso un terremoto para este enclave de la costa gallega en la que viven unos 26.000 habitantes. Se registraron viviendas, incautó dinero y se buscaron pruebas que vinculasen aún más al clan con los delitos que se les imputaba. La operación fue posible gracias a la colaboración de la Benemérita, la Interpol y países como Australia, Nueva Zelanda o Indonesia.

Barcos hundidos a propósito

De acuerdo a las pesquisas de la Guardia Civil, los Vidal contaban con al menos tres buques que operaban en aguas de la Antártida. Con ellos capturaban su preciado tesoro. Pero las investigaciones se centraron en buena medida en otro barco, el Kunlun, de bandera ecuatoguineana; se trataba de un carguero que recogía la mercancía y, sin la presión policial que tenían las embarcaciones piratas, la descargaban en puertos internacionales. Las patrulleras neozelandesas y australianas lo abordaron en aguas australes en 2015. Para limpiar su trayectoria, los armadores cambiaron su bandera y su nombre al menos en otras dos ocasiones.

A la Guardia Civil no le fue fácil seguir su rastro: “Para obtener el abanderamiento podrían haber falseado la documentación de trámites y la habilitación recogía claramente que ‘no permitía la navegación’, a pesar de lo cual había llegado a Dakar”.

El barco Kunlun, relacionado con la actividad de los Vidal.El barco Kunlun, relacionado con la actividad de los Vidal. GC / Interpol

Los agentes del SEPRONA -viajaron a Senegal, Singapur o Lyon entre otros en el transcurso de sus pesquisas- detallan: “En el historial del grupo se encuentra el hundimiento de un carguero que transportaba la mercancía de los tres buques investigados, invirtiendo el dinero de la indemnización recibida para la compra de un buque legal, lo cual supondría una forma más de blanqueo”.

El caso llega hasta el Supremo

La ONG Oceana, una de las más poderosas en el ámbito de la conservación de los océanos -el actor Leonardo DiCaprio es uno de sus principales valedores-, se ha interpuesto en el camino del clan gallego. Han estudiado sus movimientos en aguas de la Antártida y, aseguran, los Vidal han sufrido algún hundimiento “sospechoso” de sus barcos.

*Buque hundido sospechoso de estar relacionado con actividades ilegales.

El caso llegó a principios de 2016 a la Audiencia Nacional. Pero el abogado Carlos Pérez Bouzada, que defiende a los Vidal, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo: esgrimía que España no podía juzgar un presunto delito que se hubiese cometido en aguas internacionales. El Supremo le dio la razón con el voto de cuatro de los cinco magistrados: “Los tribunales españoles no tienen jurisdicción”, y dieron carpetazo al asunto. El magistrado que votó en contra, Antonio del Moral, fue contundente en su percepción de los hechos: “Esto supondría que actos como acribillar a disparos desde un barco en alta mar a náufragos que luchan por no ahogarse desde un barco sin pabellón, sería ajeno a la jurisdicción española aunque los autores sean españoles, residan en España y desembarquen en territorio español”.

El abogado José Antonio Infiesta, que representa los intereses de Oceana, explica a EL ESPAÑOL los “malabares” a los que han tenido que recurrir para que el Alto Tribunal reconsidere su postura: “Hemos alegado indefensión, puesto que estábamos personados en el caso de la Audiencia Nacional pero no en el del Supremo, por lo que en esta instancia no hemos podido presentar nuestro punto de vista”. Y añade: “El voto particular de Del Moral es demoledor. Les hemos dado una oportunidad de que rectifiquen un error, tememos que no hayan valorado todas las circunstancias del tema”.

En fechas próximas se sabrá si el Supremo reconsidera su postura. Desde este periódico hemos intentado contactar con los Vidal a través de su abogado, Carlos Pérez-Bouzada, aunque han declinado hacer cualquier declaración. El letrado cree que la intención de Oceana no prosperará y que la causa se extinguirá en el Tribunal Supremo.

Las organizaciones ecologistas lamentan que estos hechos “puedan quedar impunes” y explican que la actuación del clan gallego no es más que “la punta del iceberg” de la pesca pirata que se lleva a cabo en aguas australes protegidas. Celia Ojeda, de Greenpeace, resume el malestar de estas ONGs: “Si los Vidal han faenado de forma ilegal y no se les condena, qué no harán otros que también explotan y trafican al margen de la ley con la merluza negra u otros recursos”.

Acción de Greenpeace contra la pesca ilegal en aguas de la Antártida.Acción de Greenpeace contra la pesca ilegal en aguas de la Antártida.

Tras el caso Castor os presentamos….. Maleni Autopista hacia el cielo

Tras el caso Castor os presentamos….. Maleni Autopista hacia el cielo

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Antes muerta que sencilla. Corría el año 2006 cuando la por entonces flamante Ministra de Fomento, Magdalena Álvarez (aka Malendi), estampaba su firma en un contrato a favor de Abertis, la concesionaria de autopistas, que incluya una cláusula de compensación a favor de la empresa que nos acabará costando 2.200 mil millones de euros.

El convenio firmado por Álvarez con Abertis, elevado a Real Decreto al Consejo de Ministros y aprobado por el gobierno el 7 de abril de 2006 cubría a la concesionaria ante una caída en el tráfico de la autopista AP-7 en el tramo entre Tarragona y La Junquera, a partir de allí Francia y el cielo. Después gloria y 2.000 millones de coste a cuenta del bolsillo de todos los españoles.

El esquema ya es conocido y parece que estaba muy de moda en esos tiempos, veáse Castor o radiales de Madrid. Si todo va bien el beneficio es para la empresa si algo se tuerce va a cuenta del Estado.

La cláusula determinaba que el tráfico en el tramo entre Tarragona y La Junquera aumentaría todos los años ininterrumpidamente cerca del 2% hasta el fin de la concesión en 2021 y se comprometió a compensar a Abertis si esto no sucedía. La estimación no se cumplió y de momento el Estado debe pagar a Abertis un total de 1.494 millones, cifra que se puede llegar a elevar hasta los 2.200 mil millones hasta el 2021 (el Estado también asume los 700 millones que costó construir un carril adicional), fecha en la que termina la concesión de una infraestructura, una infraestructura que por cierto ya tiene más de 40 años, que ya debería estar más que completamente amortizada,  rentabilizada y en manos del Estado pero que por extraños misterios de la vida su gestión sigue en manos de una compañía privada y cobrando peaje a todo coche, motocicleta o camión que pase por ella.

Mi Autopista. Yo la construyo y me forro y Tú la rescatas

Uno incluso se empieza a preguntar si que el Corredor ferroviario Mediterráneo, una infraestructura indispensable y clave para el país, sigua siendo un fantasma tiene algo que ver con esta autopista.

El agravante para Magdalena Álvarez, es que estampó su firma en el contrato a pesar de que  el propio Consejo de Estado ya avisó, en su dictamen de 30 de marzo de 2006, sobre la desaparición del riesgo y ventura para la concesionaria y el desequilibrio entre concedente y concesionaria, avisando en su punto nueve que dicha previsión comporta, de facto, la exclusión del riesgo y ventura que prevé, como principio rector, para las concesiones de autopistas la ley 8/1972, de 10 de mayo».

Cómo recompensa a una gestión brillante que nos ha costado 1.400 millones Magdalena Álvarez fue nombrada vicepresidenta del BEI (sueldo de 23 mil euros mensuales libres de impuestos) y aunque tuvo que dimitir en junio de 2014 seguirá cobrando durante tres años 11 mil euros al mes como indemnización.

Antes muerta que sencilla. ¡Qué gloriosos años aquellos del boom dorado del ladrillo!