sacyr vive a cuerpo de rey con sanz

Un accidente desvela una ‘barra libre’ de gasoil en el Ayuntamiento de Alcalá con el PP

El accidente de un camión en 2013 acaba en el juzgado que investiga el caso Flauta. Un informe del consistorio revela que no había control en el uso del combustible municipal

Foto: El camión que tuvo el accidente, y el depósito que llevaba sin los tapones. Arriba, la exconcejala imputada Virginia Sanz.
El camión que tuvo el accidente, y el depósito que llevaba sin los tapones. Arriba, la exconcejala imputada Virginia Sanz.

El 23 de diciembre de 2013, víspera de Nochebuena, a las 15:55, un camión Nissan Atleón frenó súbitamente cuando entraba en una glorieta del municipio madrileño de Alcalá de Henares. En su interior llevaba un viejo depósito, abollado y sin anclar. Y lo más grave de todo, sin los tapones. La carga, unos 750 litros de gasoil, acabó desparramándose por la Vía Complutense, una de las calles principales de la localidad. El vertido avanzó kilómetro y medio, convirtiendo la calzada en un pavimento deslizante que empezó a provocar pequeños accidentes por colisión.

El vehículo pertenecía a Guti Producciones, empresa investigada en el sumario del caso Flauta que actualmente instruye el juzgado número 2 de Alcalá de Henares. Entre los detenidos (la Policía destaparía la operación en el verano de 2015) están Virginia Sanz, exconcejala del PP de Festejos, Infancia y Deportes, y Guillermo Cabrilla, extécnico de la misma concejalía. La Policía Nacional investiga el presunto amaño de contratos licitados en los que además se habría pagado dos veces por una misma factura. Guti Producciones también aparece salpicada en el caso Púnica.

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El camión con el gasoil se dirigía a la plaza de los Santos para aclimatar con calefacción una carpa de uno de los eventos navideños adjudicados a Guti Producciones. El accidente no se aireó mientras gobernó el PP. Pero en enero de 2016, dos años después, el nuevo equipo municipal de Alcalá de Henares (la coalición PSOE, Somos Alcalá e IU) abrió una información reservada, a petición de Ciudadanos, para aclarar las circunstancias del siniestro y detectar “la posible existencia de irregularidades cometidas en relación al presunto uso privado de bienes públicos”. Las conclusiones de la investigación interna han acabado en el juzgado número 2, que las ha incluido dentro del caso Flauta por la conexión de los protagonistas implicados.

La investigación del accidente ha revelado que no existía un control exhaustivo del combustible que se gestionaba en el Parque de Servicios Municipal cuando gobernaba el PP, lo que permitió una especie de ‘self service’ (un sírvase usted mismo) en las dependencias públicas. El PP ha dirigido Alcalá durante muchos años. Bartolomé González, hoy diputado autonómico, fue regidor del municipio entre 1995 y 1999, y entre 2003 y junio de 2012. La Guardia Civil incrimina a González en el caso Púnica y le acusa de cobrar 60.000 euros por amañar un contrato. Su citación como investigado (imputado) es inminente, según fuentes de la Audiencia Nacional. González fue sustituido por Javier Bello, alcalde entre junio de 2012 y julio de 2015. Fue precisamente Bello, del PP, quien inició el caso Flauta con una denuncia ante la Policía Nacional.

Miembros del PP de Alcalá. Con corbata verde, Javier Bello, el denunciante del caso Flauta. Detrás, Bartolomé González (a su derecha) y Marcelo Isoldi (a su izquierda). En primera fila, con camiseta negra, la exconcejala Virginia Sanz.
Miembros del PP de Alcalá. Con corbata verde, Javier Bello, el denunciante del caso Flauta. Detrás, Bartolomé González (a su derecha) y Marcelo Isoldi (a su izquierda). En primera fila, con camiseta negra, la exconcejala Virginia Sanz.

“En el atestado de la Policía Local tras el accidente, no consta información alguna que pueda determinar cómo y por qué se suministra al vehículo en cuestión el gasoil procedente del Parque de Servicios”, comienza el informe interno elaborado por el ayuntamiento que ha sido entregado al juzgado. Curiosamente, antes de que el nuevo equipo municipal (tras la exigencia de Ciudadanos) iniciara la investigación interna, tres técnicos del ayuntamiento elaboraron otro informe sin que nadie se lo hubiera solicitado que relata que el gasoil fue solicitado por Guillermo Cabrilla (imputado en Flauta), “que al parecer seguía instrucciones de su concejala, Virginia Sanz” (también imputada en el mismo caso). Los tres técnicos afirman además que Marcelo Isoldi, en ese momento concejal de Obras y hoy edil en la oposición, “autorizó expresamente” tanto la carga como el traslado del combustible.

Un vehículo no autorizado

Los tres técnicos que firman ese informe no oficial fueron llamados a declarar por el nuevo equipo municipal. Sus testimonios son sorprendentes. La directora del área de Obras y Servicios aseguró que se negó a facilitar el traslado del gasoil porque el consistorio carecía de “vehículo autorizado para ello”, tras la petición que realizó Cabrilla siguiendo instrucciones de Virginia Sanz. La directora señaló que al final fue Isoldi (entonces concejal de Obras) quien autorizó verbalmente el traslado. “No se plantea si el vehículo que va a realizar el transporte está autorizado o no, solo que no va a ser realizado por personal municipal“.

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La investigación interna deja claro que se suministró un bien público, el combustible, a una empresa privada, sin ningún tipo de control, en un vehículo no autorizado para su transporte, y sin que estuviera autorizado por el ayuntamiento y fiscalizado por la Intervención municipal. Pero lo más grave es que el accidente reveló que esta práctica irregular pudo estar extendida en el tiempo y ser algo habitual. El Parque de Servicios suele suministrar gasoil de automoción a los vehículos municipales, previa autorización de la concejalía correspondiente. Existe un registro de salida. “Pero el gasoil suministrado el día 23 no es de automoción”. Según la directora, “es un tema que a mí se me escapa… no se sirvió el bidón del surtidor, de automoción, que es donde hay un control, ese gasoil era diferente“. Un gasoil que se sirvió “sin autorización escrita”.

La declaración del encargado del Parque de Servicios también fue interesante y reveladora. “Normalmente, tenemos cinco o seis depósitos de gasoil para el suministro de nuestras propias calefacciones. Antes teníamos cuatro calefacciones. Ahora no queda más que una”. Preguntado por el registro sobre el uso de este gasoil, manifiesta que desconoce si el almacén, que es quien se encarga de suministrarlo, lo lleva contabilizado o no.

“Un despropósito”

También compareció el concejal Marcelo Isoldi, que aseguró que él no autorizó ningún traslado y que fue la Concejalía de Festejos (la de Virginia Sanz) la que asumió la responsabilidad del transporte. Ante la existencia de bidones de combustible en el Parque de Servicios y su uso, declaró: “Lo desconozco. Es que yo no sabía ni que teníamos bidones. Ni que se llevaran bidones. Entonces también me sorprende que se cargue un bidón, que no se revise tampoco… no sé, hay una serie de circunstancias que, la verdad, son un poco, pues despropósito“. Isoldi recalca que en contra de lo que dice el informe de los tres técnicos municipales, “no autorizó expresamente la salida del gasoil”.

Conclusión de la investigación: “No existe constancia documental ni registro de salida del suministro de gasoil en el Parque de Servicios”

La investigación interna tiene acreditado que no existe ninguna documentación que avale la salida del combustible, “ya que se ha debido extraviar”. Guillermo Cabrilla, el extécnico imputado, declaró que la Concejalía de Festejos firmó la solicitud del traslado, “pero que no se llegó a entregar siguiendo instrucciones de la concejala de Festejos tras el conocimiento de los accidentes producidos en la Vía Complutense”. Las conclusiones de la información reservada son claras: “Que no existe constancia documental ni registro de salida del suministro de gasoil en el Parque de Servicios”. El ayuntamiento, no obstante, no abrió ningún expediente disciplinario a ninguno de los trabajadores implicados y decidió remitir toda la documentación al juzgado.

La Policía Local decidió al día siguiente echar el gasoil a la alcantarilla

El vertido fue importante. Provocó varios accidentes y obligó a la Policía Local a cerrar gran parte de la Vía Complutense. Un informe realizado por Valoriza, la filial de Sacyr que tenía adjudicado el contrato de limpieza del municipio, revela que los trabajos para limpiar la zona afectada no se hicieron con toda la profesionalidad requerida.

Los 750 litros de gasoil desparramados en la Vía Complutense convirtieron la calle en un peligro para peatones y vehículos. El mismo día del vertido, ya por la tarde, los operarios de Valoriza empezaron a espacir sacos de sepiolita y garrafas de desengrasante (de 25 litros cada una). En total, en las 24 horas que duraron los trabajos de limpieza, se utilizaron 68 sacos de sepiolita y 21 garrafas de desengrasante.

El ayuntamiento y Sacyr tuvieron que pedir ayuda a los bomberos, “ya que el vertido era un producto peligroso y contaminante”. Pero todo se complicó al día siguiente, ya que la Policía Local tenía prisa por reabrir el tráfico. Durante la noche, los bomberos decidieron echar arena de río en algunas zonas. “Todos los que entendemos un poco al respecto sabemos que en un vertido de cualquier tipo la arena de río no sirve para nada, ya que no es absorbente y si se esparce encima del producto, no deja que este se evapore, y como consecuencia nos encontramos que en esas zonas el gasoil se encontraba en su estado líquido y por lo tanto la calzada continuaba resbaladiza”, reza el informe de Sacyr

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