Gobierno y PP obviaron todos los procesos de liquidación

Gobierno y PP obviaron todos los procesos de liquidación para regalar el Popular al Santander

Mariano Rajoy ha afirmado en más de una ocasión que “la Ley está para cumplirse y es igual para tod@s” cuando ha hecho referencia al desafío independentista de Catalunya. Sin embargo, cuando se trata de asuntos que van contra su partido o en los que tanto su organización como su gobierno están involucrados no ha sido tan contundente con respecto a la utópica igualdad que debe garantizar la Justicia a todos los españoles, incluidos él, su partido y su Gobierno.

Tal y como explicó el juez Fernando Presencia en Diario 16 la operación de compra del Banco Popular por el Banco de Santander obvió muchos aspectos legales que deberían obligar a los órganos judiciales, sobre todo a la Audiencia Nacional como a la Fiscalía Anticorrupción a actuar de oficio porque hay claros indicios de que dicha operación ha vulnerado la legalidad, tanto española como europea.

La argumentación publicada por el juez Fernando Presencia en estas páginas está cargada de razón jurídica ya que se ha obviado el derecho de los accionistas, vulnerando con ello los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico, pero también se ha despreciado, absolutamente, la jurisdicción de nuestros juzgados y tribunales. Es algo escandaloso, se mire por donde se mire. La cuestión fundamental es, ¿Por qué no se convocó una Junta de Accionistas a la que someter una operación corporativa, tal y como es preceptivo, y como anunció Emilio Saracho al tomar posesión? La Junta General de Accionistas es el órgano soberano en cualquier Estado de Derecho.

Toda la argumentación de las autoridades de este país tiene un vicio de origen porque nadie declaró la insolvencia del Banco Popular, no hubo un informe preceptivo que lo certificara. Hasta ahora son todos supuestos a partir de un informe de Deloitte que nadie conoce y contra el que no se puede contraargumentar porque tanto la Junta Única de Resolución como el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) lo tienen oculto y con acceso restringido, algo que va en contra de la propia legislación española y que, además, genera indefensión jurídica porque no se han respetado las garantías de una parte en este proceso.

Se trata de un caso de falta de liquidez, es decir, una circunstancia subsanable y, por tanto, no definitiva, que podría llevar a un concurso, con un administrador, un juez que sería quien dictaría la quiebra de la entidad si fuera el caso. En el caso del Banco Popular se ha ejecutado una expoliación: la administración se queda con una propiedad sin pagar al propietario nada.

La prueba de que la entidad era viable está en la venta de sus inmuebles por la mitad de su precio tras hacer 5.000 millones de dotaciones más de lo necesario para estar en la media del sector.

El beneficio que obtiene el Santander procederá de rebajar las pérdidas del negocio inmobiliario y quedarse con las del negocio principal.

El Banco Popular podría haber hecho lo mismo si el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores hubieran prohibido las operaciones en corto sobre sus acciones, operaciones que apostaban a que no tendría tiempo para vender todos sus inmuebles en un año (o que no les interesaba que lo tuviera). Fue la profecía auto cumplida con la que juegan los especuladores, obviamente con información interna o procedente de las altas esferas oficiales.

Lo argüido por el Juez Presencia es uno de los argumentos principales que se están empleando en los recursos ante el TJUE.

En definitiva, si el Banco era solvente, según todos los intervinientes, el Banco Central Europeo, que es el prestamista de último recurso debería haberle dado liquidez, y, a partir de ese momento, haber seguido un procedimiento que garantizase la protección del patrimonio del Banco frente a la liquidación. Pero había otros intereses que hicieron que se saltaran todos esos procesos o que para acceder a esa línea de liquidez no se presentaran la totalidad de las garantías que poseía el Banco Popular, tal y como afirmó el subgobernador del Banco de España.

Cambios en el paisaje 25 años después del incendio forestal de Terra Mítica

  • Cambios en el paisaje 25 años después del incendio forestal de Terra Mítica

    Entrada de blog por Miguel A. Soto – agosto 11, 2017 a las 10:40 Agregar un comentario
    http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/incendio-terra-mitica/blog/60008/

    El Parque Temático Terra Mítica se construyó al pie de la Sierra Cortina de Benidorm, en un terreno que hasta agosto de 1992 era conocido como “la mayor pinada del Mediterráneo”. Sobre los planos, el terreno figuraba como “no urbanizable de especial protección forestal” y en su entorno se proyectaba la creación de un gran parque forestal.

    El 11 de agosto de 1992, hace ahora 25 años, un incendio forestal arrasó la pinada. Eran años salvajes en el litoral español, el “ladrillo” campaba a sus anchas y los cambios en el uso del suelo forestal se gestionaban a golpe de cerillazo, influencias políticas y recalificación. La impunidad era casi absoluta: el origen de estos fuegos no se investigaba; o si se investigaban no se determinaban las causas o no aparecían los culpables.

    Cuando ocurrió el incendio, hacía 9 meses que Eduardo Zaplana había llegado a la alcaldía de Benidorm. Hasta ese momento, e incluso tras el incendio, Zaplana y el resto de los alcaldes de la Marina Baixa se habían opuesto a urbanizar lo que hasta entonces era “el pulmón verde de Benidorm”. Además de defender el futuro forestal de la zona quemada, Zaplana culpó a la Consellería de Medio Ambiente de “descoordinación y lentitud en las tareas de extinción”.

    Tres años más tarde, en 1995, recién elegido Zaplana presidente de la Comunidad Valenciana, el proyecto de Terra Mítica fue declarado de interés para la Comunidad Valenciana. En 1996 se creó la sociedad Parque Temático de Alicante S.A., que ese mismo año se beneficiaba de la expropiación de los terrenos arrasados en el incendio y daba luz verde para construir una enorme zona hotelera, dos campos de golf y un parque temático. El complejo fue inaugurado el 27 de julio del año 2000 ante más de 2.000 invitados, entre ellos el actual Rey Felipe VI.

    El sueño duró cuatro años y en 2004 el parque entraba en suspensión de pagos. Una década más tarde la Generalitat Valenciana vendía su participación en Terra Mítica a la empresa Aqualandia por 65 millones de euros.

    Además de quemarse la famosa pinada, la operación Terra Mítica evaporó cerca de 400 millones de euros de dinero público. Y los terrenos y la instalaciones acabaron finalmente en manos privadas. Aquello olía mal y entró en escena la fiscalía. Tras una larga instrucción judicial que duró 11 años, la Audiencia de Valencia condenó en abril de 2016 a dos exdirectivos (el excuñado de Zaplana, entre ellos) y a 20 empresarios por varios delitos contra la Hacienda Pública, estafa, y falsedad.

    El mítico incendio forestal de Terra Mítica quedará en la memoria no sólo por cambiar el paisaje de la Marina Baixa alicantina, sino por dibujar una estampa fiel de la España de la corrupción urbanística. Una España donde los árboles molestan. Pero este y otros muchos incendios forestales en zonas costeras avivaron la conciencia social, los medios de comunicación y las fuerzas políticas. Y en este cambio algo tienen que ver las organizaciones ecologistas que en éste y otros muchos lugares han denunciado la profunda transformación de nuestro litoral. Y ahora que parece que volvemos al ladrillo, conviene tener en cuenta esta historia reciente para no repetir errores, como contábamos hace poco en nuestro informe Protección a toda Costa.

    ¿Qué ha cambiado desde aquel “mítico” año de 1992? Aunque ya era tarde para la pinada de Benidorm, en 1995 llegó la reforma del Código Penal con la inclusión de diversos tipos penales relativos al daño al medioambiente y la ordenación del territorio, el delito de provocar incendios forestales entre ellos. En 2003 la Ley de Montes del PSOE prohibió la recalificación de terrenos quemados en 30 años. En 2005 se crea la Fiscalía General de Medio Ambiente y dos años más tarde las secciones de Medio Ambiente en las Fiscalías Territoriales. A partir de 2008 las memorias anuales de la Fiscalía General del Estado incluyen la descripción del trabajo de estas secciones y datos sobre el número creciente de diligencias, procedimientos y sentencias condenatorias por delitos contra el medio ambiente, incluidos los incendios forestales. Así, y según un cálculo de la Fundación Civio, desde la creación de la Fiscalía de Medio Ambiente se han señalado 1.284 sentencias por delito de incendio forestal, de las cuales 983 (el 76,5%) fueron condenatorias.

    Evolución de las sentencias por delito de incendio forestal en España. Fuente: Greenpeace España, 2017 a partir de las Memorias de la Fiscalía General del Estado.

    Han pasado 25 años. El marco legal ha cambiado y el paisaje de la impunidad se va transformando poco a poco. No podemos descartar que pueda haber incendios forestales causados por cambios de uso del suelo. Según la Fundación Civio, sólo el 0,15% de los incendios ocurridos entre 2001 y 2013 se provocó para obtener una modificación en el uso del suelo. Y sobre el cambio de uso, además, convendría señalar la tendencia al cambio de uso forestal a agrícola, que es el cambio dominante en muchos paisajes donde el cultivo del viñedo, los cítricos o los cultivos de regadío son los motores de la transformación del paisaje rural.

    El incendio forestal que permitió el pelotazo de Terra Mítica existió, fue real, es historia de España. Pero no podemos seguir hablando de la especulación urbanística como una de las principales causas de los incendios forestales en España. No se ajusta a la realidad. Ahora tenemos otro paisaje, en especial otro paisaje forestal que necesita de respuestas más incómodas y complejas propias de un siglo XXI marcado por el cambio climático.

Las lujosas vacaciones de mateo

Las lujosas vacaciones de Francisco Granados en su chalé embargado de Marbella

El que fuera hombre fuerte de Aguirre se refugia en la Costa del Sol tras haber pasado 3 años en prisión.

Gonzalo Araluce 

Son las 10.28 de la mañana de este miércoles, 9 de agosto, en la playa de La Adelfa, un enclave privilegiado en el corazón de Marbella. Un hombre oculto bajo sus gafas de sol y una gorra camina por la orilla. Lleva camiseta blanca ceñida y sin mangas, bermudas verdes, unas zapatillas Nike de color gris y calcetín deportivo blanco. Se trata de Francisco Granados, exconsejero de Interior de la Comunidad de Madrid, involucrado en el estallido del caso Púnica, uno de los escándalos de corrupción más mediáticos de los últimos tiempos. Está en libertad bajo fianza desde el pasado 14 de junio tras haber pasado casi tres años en prisión. Vuelve de hacer deporte. Va a paso ligero. Realiza esta actividad física con religiosa frecuencia y enfila el camino que le conduce hasta la urbanización donde él y su familia pasan la temporada estival, en un adosado valorado en medio millón de euros y embargado por el juez hasta que la macro causa contra la corrupción política que le afecta vaya a juicio.

Hace calor pese a que todavía es temprano. En la playa apenas se ve gente, un puñado de deportistas que aprovechan las primeras horas para correr o practicar yoga. Granados es uno de ellos. Toma el camino de tablones de madera que une la costa con la avenida Cervantes. Pasa junto al Bono Beach, uno de los restaurantes más caros de la zona y en el que nosotros nos encontramos.

El exconsejero de Interior y hombre fuerte de Esperanza Aguirre va alerta. Quizá recuerda el revuelo cuando se descubrió que Luis Bárcenas, extesorero del PP, pasaba sus vacaciones en un chalé de Baqueira tras descubrirse que guardaba 40 millones de euros en Suiza. El ex alcalde de Valdemoro, José Miguel Moreno, también guardó dinero allí. O puede Granados que se acuerde de la imagen de Rodrigo Rato saltando desde su yate en Mallorca en plena vorágine por su declaración como imputado en el caso Bankia. Sea por el motivo que sea, se muestra alerta y esquivo.

La residencia veraniega de la familia Granados conduce directamente a la playa de La Adelfa.

La residencia veraniega de la familia Granados conduce directamente a la playa de La Adelfa. G. Araluce

En un momento dado, algo llama su atención: se trata del teléfono móvil de un periodista de EL ESPAÑOL. Ante la sospecha de que le pueden estar haciendo una fotografía, vuelve la cara. Su rostro mira hacia la izquierda, pese a que en un momento dado tiene que caminar hacia la derecha en una curva para proseguir su camino. Su mirada permanece fija en sentido contrario al lugar al que debería estar mirando.

Va a buen ritmo y salva la distancia -unos escasos 50 metros- que le separa de su destino, la urbanización El Arenal. Abre la puerta de rejas y desaparece de nuestro campo de visión. Seguimos sus pasos y nos lo encontramos en guardia al otro lado de la puerta. Está vigilante, escudriñando la calle. Al vernos, muestra un gesto irritado, enfadado. Seguimos caminando y, al mirar hacia atrás, nos lo encontramos fuera de la urbanización. Está airado, aún con sus gafas de sol y su gorra. Nos mira fijamente y hace un aspaviento con la mano que tiene fácil traducción: “¿Qué estáis haciendo?”.

La urbanización de Granados está en primera línea de la playa de La Adelfa, en Marbella.

La urbanización de Granados está en primera línea de la playa de La Adelfa, en Marbella. G. Araluce

La red de la Púnica, en El Arenal

La urbanización El Arenal se encuentra en primera línea de playa, en una zona conocida con el nombre de El Rosario. De acuerdo a los anuncios en diferentes portales inmobiliarios, los adosados rondan entre los 450.000 y los 500.000 euros. Las viviendas, de 165 metros cuadrados, tienen cuatro habitaciones y dos baños distribuidos en tres plantas. La finca cuenta con piscina y servicio de vigilancia durante 24 horas.

Imagen promocional de un portal de viviendas del interior de la urbanización El Arenal.

Imagen promocional de un portal de viviendas del interior de la urbanización El Arenal.

Granados comparte urbanización con otros dos nombres clave implicados en la Púnica, el escándalo de corrupción que ha sacudido los cimientos del PP madrileño: el empresario y constructor David Marjaliza, que tras su detención ahora colabora con la Justicia para esclarecer el caso, y el excalcalde popular del municipio madrileño de Valdemoro, José Miguel Morenoa quien se le acusa de varios delitos de corrupción. “Estoy tocándome los huevos que para eso me hice diputado. Me voy de vacaciones, prepárame pasta”, llegó a afirmar Moreno en una conversación telefónica publicada por este diario.

La vivienda estival de Granados, que el político utiliza desde hace años según sus vecinos, se encuentra ahora bloqueada por la Audiencia Nacional. El exconsejero de Interior madrileño puede disfrutar de ella, disfrutarla los veranos junto a su familia, pero no puede venderla o especular con ella. Y así será previsiblemente durante varios años. Todo lo que se prolongue su causa judicial hasta que exista una sentencia firme. A día de hoy, un mes de alquiler en la zona ronda los 1.500 o 2.000 euros.

La urbanización El Arenal está atestada en este mes de agosto. Una pareja de inquilinos explica a EL ESPAÑOL que ven a Granados con frecuencia en la piscina: “No va más que un rato, pero lo hace a menudo. Se quita la camiseta, se pega un chapuzón, se seca con la toalla y se marcha rápidamente”, afirman. Asienten con la cabeza al ver la foto que un periodista de este periódico ha tomado del exconsejero de Interior madrileño practicando deporte: “Sin duda, es él. Sale todas las mañanas y vuelve pronto, antes de que haya demasiada gente en la playa. Es activo y deportista, pero creemos que no quiere que se le vea demasiado”.

Piscina de la urbanización El Arenal en una fotografía promocional de un portal inmobiliario.

Piscina de la urbanización El Arenal en una fotografía promocional de un portal inmobiliario.

Según explican, el que fuera hombre fuerte de Aguirre -en prisión preventiva entre el 31 de octubre de 2014 y y el 17 de junio de 2017- apenas sale de su vivienda, aunque a veces lo hace a la hora de comer “para encontrarse con algunos de sus viejos amigos que también veranean en Marbella”. La joven pareja también relata que el adosado del exalcalde de Valdemoro -“desierto desde hace mucho tiempo”- linda puerta con puerta con el de Granados.

Una zona residencial exclusiva

El adosado de Francisco Granados está en uno de los enclaves más exclusivos de la Costa del Sol, junto a la playa de La Adelfa, que se extiende a lo largo de varios kilómetros por la costa marbellí. La zona también es conocida con el sobrenombre de “las dunas”, por el sistema arenoso que el Ayuntamiento de Marbella protege debido a “su alto valor ecológico”.

Oferta de masajes en la playa de La Adelfa, junto a la residencia de Granados.

Oferta de masajes en la playa de La Adelfa, junto a la residencia de Granados. G. Araluce

La playa se llena de turistas a las doce de la mañana. El mar suele estar ligeramente picado. Vendedores ambulantes ofrecen toda suerte de artilugios, relojes y prendas de vestir a los visitantes. Varios puestos que ofrecen servicios de masajes salpican la playa: “Masaje de pies de 15 minutos, 15 euros; espalda y piernas, 25 euros; personalizado, 35 euros; masaje completo de una hora, 50 euros”.

También se pueden encontrar algunos de los chiringuitos y restaurantes más lujosos de este enclave marbellí. Bono Beach, el que está situado más cerca de la vivienda de Granados, ofrece a sus clientes un servicio de alquiler diario de tumbonas: 80 euros con sombrilla; 100 euros las que están cubiertas por un dosel de madera y telas de lino. El precio incluye una botella de vino servida en una cubitera con hielos. Los comensales de este restaurante pueden pedir un bogavante entero por 39 euros o un solomillo irlandés por 28, entre otros platos de la carta.

En Bono Beach ofrecen tumbonas frente a la playa por un precio de entre 80 y 100 euros diarios.

En Bono Beach ofrecen tumbonas frente a la playa por un precio de entre 80 y 100 euros diarios. G. Araluce

A eso de las cuatro de la tarde, cuando crece la marea y el mar casi engulle la playa, la mayoría de los visitantes se retiran a sus urbanizaciones o a sus chalés. También es la hora en la que se llenan los muchos campos de golf que hay en la zona. Por la noche es frecuente encontrar a los inquilinos de la urbanización El Arenal paseando entre las calles de Puerto Banús o en los restaurantes de la ciudad de Marbella.

Francisco Granados seguía rutinas similares antes de que estallase el caso Púnica. Hoy, siendo uno de los principales señalados por el escándalo de corrupción y tras su paso por prisión, mantiene su veraneo en su casa de la Costa del Sol. Pero ahora lo hace imbuido en una actitud alerta y esquiva. Son las 10.28 de este miércoles, 9 de agosto, y el ex consejero Justicia e Interior de Interior de la Comunidad sospecha que ha sido descubierto por EL ESPAÑOL. Alza el mentón en gesto desafiante y mueve la mano de forma airada clamando en silencio: “Sí, soy yo. Y vosotros, ¿qué estáis haciendo?”.

Despiden a la médico que denunció el trato a los mayores de la residencia de Moscatelares de Sanse

Despiden a la médico que denunció el trato a los mayores de la residencia de Moscatelares de Sanse

Pidió un año de excedencia “porque no podía soportar la situación” y cuando ha intentado reincorporarse la empresa la ha despedido

Residencia de mayores Moscatelares de San Sebastián de los Reyes
Residencia de mayores Moscatelares de San Sebastián de los Reyes / SER Madrid Norte

Andrea estuvo trabajando durante seis años en la residencia de mayores Moscatelares de San Sebastián de los Reyes, una residencia pública que gestiona la empresa Albertia. Hace un año, está médico envió una carta al director del centro anunciando que se marchaba un año de excedencia porque no podía soportar la situación que vivía cada día en la residencia. Denunciaba que“ninguno traería a su propio familiar a una institución como esta” cuya finalidad “es ganar dinero” y relataba lo que calificaba eran problemas habituales como “que no les bañan, que han desayunado tarde, que les han hecho daño en las piernas con la silla de ruedas o que no les han cambiado el pañal en todo el turno”.

Dos meses antes de que acabara esa excedencia, Andrea comunicó a la empresa que pretendía reincorporarse– tal y como marca su convenio colectivo la readmisión en su puesto es obligatoria – pero la empresa le contestó que no había sitio para ella. Mediante un burofax le comunicaban su despido.

Desde la Dirección de la residencia de Moscatelares han explicado que cuándo esta doctora pidió la excedencia se contrató a un nuevo profesional que contaba además con la titulación de geriatría. La dirección ha considerado que tiene mayor capacitación y que ha desempeñado mejor su trabajo y por eso la han despedido.

Para el entorno más cercano a Andrea se trata de un despido represivo por haber alzado la voz y haber contado la situación que se vivía cada día en esta residencia de San Sebastián de los Reyes. La presidenta del Comité de Empresa, María José Marín ha afirmado que quien planta cara en esta residencia “va fuera”, recordando el despido de otra trabajadora hace unos meses y dando su apoyo a Andrea, “una gran profesional”.

Un enfermero para 347 residentes: la precaria realidad del cuidado de mayores, el profesor de geografia no tiene una residencia, mateo donde estas

Un enfermero para 347 residentes: la precaria realidad del cuidado de mayores

La muerte de Cecilia en la residencia de Arganda del Rey ha llevado al enfermero Jesús Navarro a denunciar las malas condiciones de trabajo y a reclamar el cambio de las políticas sociales.

 

Las residencias de mayores son las grandes olvidadas de la sanidad pública / REUTERS

 
 

Las residencias de mayores son las grandes olvidadas de la sanidad pública / REUTERS

“Estaba yo solo para 347 ancianos en una residencia de 6 plantas, pero no es nada raro, todas las noches estoy yo solo”. Jesús Navarro es el único enfermero que trabaja por las noches en la residencia de ancianos de Arganda del Rey. Le acompañan 10 auxiliares, en total 11 personas para casi 350 ancianos. Normalmente las noches transcurren sin grandes incidencias, pero la noche del martes nueve de mayo no fue todo como siempre: una residente falleció por la falta de personal

Cuando termino de hablar con Jesús por teléfono me manda otro mensaje: “Que se defienda fielmente a los que estamos con las personas mayores y que la sin razón que defiende la Comunidad de Madrid abra aún más los ojos a los que dirigen y mandan. Es necesario un cambio en políticas sociales”. Ya antes me había remarcado: “Que esto consiga que Cecilia sea la última”.

Como cada noche, Jesús comienza a realizar su trabajo habitual: reponer medicamentos, atender urgencias, hacer el papeleo habitual, responder a las incidencias… Mientras tanto, las auxiliares hacen sus rondas por las habitaciones de los internos. Todas las noches pasan, al menos, una o dos veces por cada habitación. “Aunque teniendo en cuenta que el edificio tiene siete pisos y solo hay diez auxiliares puede pasar bastante tiempo entre una ronda y otra” – declara el enfermero para Público

“A las 6:08 de la mañana recibo un whatssap de una compañera: Jesús sube urgentemente a la sexta planta“. Los auxiliares y enfermeros nos tenemos que comunicar por whatssap porque somos once personas para siete plantas , plantas muy largas, y es la forma más rápida. 

Cecilia estaba en el suelo, con una pierna desgarrada, viva pero medio inconsciente

Jesús ve el mensaje al instante de que se lo envíen – “vuelo” – escribe, y va directo a la sexta planta. “A mí me dicen que suba pero no sé lo que hay. Lo normal es una caída y que se necesita ayuda o algo parecido. Me voy al ascensor. Me quedo esperando al ascensor sin saber lo que me voy a encontrar” – Jesús deja un largo silencio para continuar con su relato – “cuando entro en la habitación veo a mis dos compañeras llorando, en estado de shock, y a una mujer, Cecilia, tumbada en el suelo, sola, con una pierna desgarrada a la altura del tobillo, el pie contorsionado y atrapado entre la barra metálica de protección de la cama y el somier y el suelo bañado de abundante sangre. La mujer estaba viva, estaba consciente”.

Las compañeras de Jesús continúan llorando, en completo estado de shok, así que es él solo el que tiene que comenzar a trabajar. Cecilia no grita ni se mueve, “había entrado en shock traumático” explica el enfermero. Para poder atender a la nonagenaria tiene que bajar a la primera planta. ¿Por qué? Porque según nos cuenta, y a pesar de que existan salas de curas en todas las plantas, no hay en todas el material suficiente para dar atención primaria. “Tengo que bajar de la sexta a la primera planta” – recalca – “le digo a mis compañeras que tapen el miembro de la mujer con una toalla húmeda y bajo corriendo”.

 

Pierna de la exresidente de Arganda del Rey, Cecilia / Jesús Navarro

 

Pierna de la exresidente de Arganda del Rey, Cecilia / Jesús Navarro

“Tuve que bajar y tuve que dejarla sola. Sola. Para cualquiera que se dedique al ámbito medico dejar sola a una paciente es lo último. A nosotros nos enseñan a cuidar y a acompañar a la persona siempre. Esto es lo último”. Para Jesús no había otra. Confía plenamente en el trabajo realizado por las auxiliares pero él es el único con la categoría laboral y los conocimientos para atenderla. Mientras la pierna de Cecilia seguía semiamputada, como no había más personal médico en toda la residencia tuvo que dejarla. Inmediatamente, también llama al 112 y a los bomberos para vengan a resolver la situación.

Resolución del Defensor del Pueblo ante la reclamación de Jesús Navarro / Jesús Navarro

 

Resolución del Defensor del Pueblo ante la reclamación de Jesús Navarro / Jesús Navarro

Mientras subía parecía una situación cómica, me tenía que pasear de abajo a arriba. Llevaba mucho peso con el material así que tenía que ir en el ascensor. Mientras se estaba muriendo una de mis pacientes, yo iba escuchando música de Beethoven“. No por gusto, sino porque no le quedaba otra. Esto fue lo que le hizo a Jesús hacer la fotografía a la pierna de Cecilia y denunciar a la Fiscalía y al defensor del Pueblo: “Quiero que las cosas se sepan como realmente sucedieron y quiero que la muerte de Cecilia sirva para algo”.

Cuando llegan los bomberos, el 112 libera la pierna de la mujer. La llevan al hospital pero la amputación y la pérdida de sangre fue demasiado para esta mujer de más de 90 años. Cuatro días después muere en el Hospital Gregorio Marañón.

Jesús también denuncia que mientras todo esto sucedía llamó varias veces al director del centro y que le dejó varios mensajes. También intenta avisar a su mujer que es trabajadora del centro. Intenta avisarles porque es el protocolo. Al día siguiente, la primera que llega es su mujer: “Le cuento todo lo que ha pasado. Me pide que le mande la foto al director y yo se la mando por correo electrónico, aún no he recibido contestación. Él dice que no ha sido así pero no quiero centrarme en eso. Detrás de lo sucedido hay una persona y una familia detrás de esta persona. Cada uno con su conciencia, yo sé lo que hice”.

Los ratios de los trabajadores no garantizan los cuidados

Rafael Peñafiel es enfermero y portavoz de Sindicato de Enfermería SATSE y responsable de las residencias de mayores públicas de la Comunidad de Madrid. Habla para Público de lo que le ha ocurrido a Cecilia: “esto es algo anunciado, demasiado poco pasa. Las plantillas no es que sean escasas, es que están bajo mínimo”.

La Agencia Madrileña de Atención Social, institución de la que dependen las residencias, ha declarado que la muerte de Cecilia ha sido un “accidente fortuito” y que esa noche estaban “de servicio 10 trabajadores”, de forma que se cumplían (incluso se superaban) los ratios establecidos para las residencias.

Pero como denuncian numerosas plataformas sindicales y en defensa de las personas mayores y personas dependientes, el problema radica en el ratio fijado: en el numero de cuidadores establecidos por residentes. La Orden 612/1990, de 6 de noviembre, regula los requisitos mínimos materiales y funcionales que debe cumplir todo centro o servicio autorizado. Esta orden establece que en el caso de que los usuarios sean “no dependientes” la proporción debe ser de 25 trabajadores por cada 100 personas a las que asistan, y en el caso de que sean “dependientes” deben ser 35 por cada 100.

Las plantillas se diseñaron en 1990, una época muy diferente a la actual y la Ley no se ha adaptado

Parte de los problemas derivan de los significados de “dependientes” y “no dependientes”. Las plantillas se diseñaron en 1990, una época en la que la realidad de la sociedad y de las personas mayores era muy distinta. La esperanza de vida ha aumentado, y eso conlleva que las personas mayores sean más dependientes de lo que eran anteriormente aunque no se categoricen como tal y los cuidados que es lo que realizan las enfermeras son cada vez mayores.

Además, estas cifras tampoco especifican la categoría profesional: hacen alusión a la plantilla entera y esto incluye desde celadores y cocineros hasta médicos. Esto provoca que en ocasiones ni siquiera haya un medico o como ocurrió en Arganda un enfermero para casi 350, “de verdad que es imposible que un enfermero atienda a 350 residentes” recalca el sindicalista.

“Lo que pedimos es que los ratios sean acordes a la población. Ellos creen que los ratios son correctos y ante eso solo me queda aplaudirles pero es que no lo son. Si lo fuesen no ocurrirían casos como este, que es lo peor que puede ocurrir pero tampoco las decenas de accidentes del dia a dia” reitera el enfermero.

“Hay muchas cosas que suceden y no se hacen públicas”

Todo esto Jesús lo ha denunciado ante el defensor del pueblo y el fiscal.  La policía judicial ha abierto la investigación “para saber cómo narices esta persona ha pasado de residente a paciente de manera tan traumática” – nos explica Jesús – “pero hay muchas otras cosas que suceden y que no se hacen públicas”. Rafael explica que hay muchos casos de lesiones por la falta de vigilencia y de cuidados que “por suerte, no llegan a ser tan fatales, pero solo es cuestión de suerte”.

 La Comunidad de Madrid tampoco parece tener en cuenta otras quejas de las plataformas. SATSE lleva largo tiempo denunciando los fallos e incluso ausencia de aire acondicionado en muchas de las residencias de mayores: “con las temperaturas que hemos tenido… estamos hablando de personas mayores, ¿tú crees que pueden estar así en una residencia?

Jesús también nos cuenta que una de la plantas de la residencia de Arganda es “para los CADP (Centro de Atención a Discapacitados Psíquicos). Nosotros les llamamos ‘niños’ porque tienen una vulnerabilidad mayor, pero les tenemos que tratar los mismos. Si les pasa algo les tengo que atender yo y yo no conozco a esos niños ni sé la atención especial que requieren”.

“Los enfermeros no quieren ir a trabajar por las malas condiciones que tienen”

“Los enfermeros no quieren ir a trabajar por las malas condiciones que tienen porque saben que no van a poder atender adecuadamente a las personas residentes” explica Rafael. “La residencia de mayores son las grandes olvidadas de la sanidad de la comunidad de Madrid. Por esto hemos llegado a esta situación. Es triste que tengamos que llegar a una situación critica para esto” continúa.

¿Se garantiza la dignidad de las personas en las residencias de la comunidad de Madrid a los ancianos? – le pregunto a Rafael – “A la velocidad a la que tiene que ir ¿Cómo lo van a hacer? Ellos pueden garantizar lo mínimo pero no pueden atenderlos, es imposible garantizarlo. Nos enfada mucho el olvido en el que tienen a los profesionales, y sobre todo, a las personas mayores”.

Jesús me afirma lo mismo: “¿Cómo estaría usted si a su abuela o abuelo que has dejado su vida en manos de una residencia le cuenta que le duchan solo una vez a la semana o que se tiene que orinar en el pañal porque no hay personal, o que le tienen que dar la comida con jeringuilla?. No es una cuestión solo de seguridad, también de dignidad”.

Se necesita voluntad política para cambiar

¿Por qué sucede esto? – les pregunto – “es bastante claro: motivos económicos. Es una cuestión de ahorro económico. Recortes de sanidad, ¿te suenan, no? Enfermeras hay que las contraten con condiciones dignas. A la enfermera no le asusta el trabajo, lo que si asusta es jugarse su profesión por estar bajo mínimos” me contesta Rafael. 

Hay que cambiar muchas cosas para comenzar a dar una atención y unos cuidados seguros y dignos a nuestras personas mayores, pero las plataformas y colectivos de enfermería coinciden en lo mismo: el ratio de enfermeros y enfermeras por residentes, identificar si las residencias son validas, dependientes o mixtas y garantizar condiciones estructurales y de infraestructura adecuadas y adaptar las que estén obsoletas.

La ultima pregunta, ¿cuándo habláis con la Comunidad de Madrid sobre estas peticiones que os contentan? Rafael no lo tiene que pensar: “La callada por respuesta. Eso la mayoría de las veces. Otras lo que dicen es que todo funciona bien porque mientras no ocurre nada gordo todo está bien. Pero nosotros, los trabajadores, y quienes estamos con los mayores sabemos que nada está bien”

Hay una cosa que mata a más gente que la obesidad: la soledad

La obesidad ha alcanzado proporciones epidémicas a nivel mundial, y cada año mueren, como mínimo, 2,8 millones de personas a causa de la obesidad o sobrepeso. Irónicamente, incluso muere más gente por obesidad que por hambre.

Sin embargo, estas cifras no son tan altas como otro factor que aún mata a más gente, aunque ni siquiera se considera una patología: la soledad.

El problema de la soledad

Según un estudio realizado por la Universidad Brigham Young en Utah, las dos grandes amenazas para la supervivencia de las personas, por encima de la obesidad, es la soledad y el aislamiento social. Y es que dos metaanálisis revelaron que la soledad y el aislamiento social pueden aumentar el riesgo de muerte prematura hasta en un 50%. El primer metanálisis incluyó a más de 300.000 adultos en 148 estudios, mientras que el segundo incluyó 70 estudios con más de 3,4 millones de adultos. Según explica Julianne Holt-Lunstad, líder del trabajo:

Hay evidencia sólida de que el aislamiento social y la soledad aumentan significativamente el riesgo de mortalidad prematura y la magnitud del riesgo supera la de muchos indicadores de salud líderes.

Según la experta, estos resultados son particularmente preocupantes dado que el envejecimiento de la población está aumentando.

13.000 kilos de ajos robados: el negocio de las mafias rumanas en España se sofistica

https://www.elconfidencial.com/espana/2017-08-03/agricultura-ajos-robos-rumanos-gitanos-verano-policia-justicia-guardia-civil-agricultura-espana_1424929/

13.000 kilos de ajos robados: el negocio de las mafias rumanas en España se sofistica

Los agricultores y las autoridades se ven desbordados frente el aumento de robos de ajos a cargo de grupos de ladrones cada vez mejor organizados y con más recursos

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13.000 kilos de ajos robados: El negocio de las mafias rumanas en España se sofistica
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03.08.201721:54 H. – Actualizado: 04.08.2017 – 09:51H.

Un intenso olor a ajo, nubes de polvo en suspensión, el ajetreo de máquinas transportadoras y los 35 grados de rigor de comienzos de agosto dan la bienvenida a la Cooperativa Manchaflor. Esta instalación se ubica en San Clemente, municipio conquense enclavado en el corazón de las tierras manchegas donde el ajo es el cultivo por excelencia. En la sala de reuniones esperan tres socios de la cooperativa que en los últimos tiempos han sufrido robos masivos de ajos. Con inquietud, pero sin perder el buen humor, narran cómo los ladrones se quedan con los beneficios después de unas temporadas de arduo trabajo y de inversiones.

A finales de julio, a Enrique G.R. le robaron 13.000 kilos a los pocos días de haber cosechado en sus tierras del pueblo próximo de Casas de Haro. Afortunadamente para él, la Guardia Civil actuó rápidamente y pudo detener a ocho de los doce ladrones que habían intervenido en el robo. Los ajos, con un valor aproximado de 18.000 euros, “fueron cargados en cuatro furgones con mucha ciencia”, cuenta Enrique. Aun así, este ajero solo pudo recuperar 11.000 kilos porque los otros 2.000 se malograron en la operación. “No solo te lo hacen pasar mal, sino que además tuve que gastar más dinero al tener que contratar a dos jornaleros para que descargaran los ajos de los furgones y los trajeran a la cooperativa”, apunta el agricultor con resignación.

 Enrique, el agricultor manchego al que le robaron 13.000 kilos de ajos en Casas de Haro (Cuenca) este julio. (N. L. P.)
Enrique, el agricultor manchego al que le robaron 13.000 kilos de ajos en Casas de Haro (Cuenca) este julio. (N. L. P.)

Este hecho no es un caso aislado, antes al contrario. Las autoridades políticas y policiales y los propios agricultores cuentan que el hurto de ajos es parte de la tradición del campo manchego, pero apuntan que se está dando un fenómeno nuevo y preocupante desde hace unos cinco años: el número de robos y la cantidad en toneladas sustraídas es cada vez mayor. Señalan que dos son las razones fundamentales para explicarlo: por un lado, el valor económico del ajo en el mercado se ha estabilizado en cotas altas; por otro, los grupos de ladrones cuentan con una organización más sofisticada, son más numerosos y actúan con mayor número de recursos. Esas bandas están principalmente formadas por ciudadanos rumanos.

La irrupción de ese nuevo fenómeno lo confirman a este diario fuentes de la Guardia Civil, quienes aclaran que “estos grupos de delincuentes que actúan en el campo son itinerantes y se van moviendo en función de donde se dan las cosechas de mayor valor según la temporada”. Es decir, a comienzos de invierno estarán activos en zonas de olivares, en primavera se los verá por áreas de cerezas y de fresón, a comienzos del verano en tierras de ajos y en el otoño en los bosques de pinares a la búsqueda de setas.

La subdelegada del Gobierno en Cuenca, Lidón Lozano, corrobora que “los robos en explotaciones agrícolas por parte de grupos organizados, coincidiendo con la campaña de recolección, son una tendencia al alza”.

Departamento de selección y limpieza de la cooperativa San Isidro el Santo en Las Pedroñeras (Cuenca). (N. L. P.)
Departamento de selección y limpieza de la cooperativa San Isidro el Santo en Las Pedroñeras (Cuenca). (N. L. P.)

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Productores y Comercializadores de Ajo (ANPCA), José Antonio Corell, explica que “hay robos continuamente, no solo en los campos, sino también en los almacenes”. Añade que se sienten “desprotegidos aunque haya Policía controlando. Desde el Gobierno dicen que van a poner más medios, pero nosotros no lo notamos”.

El ajo se roba porque tiene fácil salida al mercado. Fuentes policiales informan en muchas ocasiones se lleva la mercancía a otra provincia y desde allí se fleta en camiones a otros países donde se duplica el valor, como ocurre en Rumanía. Otras veces se hace desaparecer de forma menos sofisticada. Oficiales de la Guardia Civil describen cómo en julio de 2016 decomisaron seis toneladas de ajos robados en un autobús que se dirigía a Rumanía y que circulaba por el municipio conquense de La Alberca de Záncara. La carga estaba distribuida entre un remolque y el maletero.

Almacén de la cooperativa de ajos San Isidro el Santo en Las Pedroñeras (Cuenca), la más grande del mundo. (N. L. P.)
Almacén de la cooperativa de ajos San Isidro el Santo en Las Pedroñeras (Cuenca), la más grande del mundo. (N. L. P.)

“El ajo no es cualquier producto agrícola, tiene un gran valor. No roban los ajos cuando no valen lo suficiente”. Así habla Julio Bacete, presidente de la Cooperativa Coopaman de Las Pedroñeras (Cuenca), localidad conocida como ‘la capital del ajo’. Efectivamente, este bulbo alcanzó en 2016 un precio medio récord en origen de 2,3 euros; en 2017 se está vendiendo a 1,40 aproximadamente, lo que es aún un valor alto de mercado.

La impunidad de los ladrones

Jesús P. cultiva ajos en La Alberca de Záncara. En julio pasado le robaron 11.000 kilos, en verano de 2016 fueron 8.000 kilos. Nunca los recuperó. Tiene miedo a denunciar y a que aparezca su nombre completo en este reportaje. “Todos nos conocemos en estos pueblos pequeños, todos podemos averiguar las matrículas de quien queramos, los que avisan a las mafias son los propios jornaleros que trabajan para nosotros”, dice Jesús. Y añade: “Estamos desprotegidos por la ley, no denunciamos porque sabemos que luego los dejan en libertad y vuelven a robarnos”.

Efectivamente, los agricultores consultados aseguran que de nada sirve presentarse en el cuartel de la Guardia Civil para denunciar los robos. Así lo piensa Agustín Ruiz, presidente de la Cooperativa San Isidro el Santo, la mayor del mundo con 17 millones de kilos de producción anuales, a quien ya robaron ajos en dos ocasiones. “Todos sabemos que las denuncias no sirven de nada, yo mismo no denuncié porque es perder la mañana”.

Restos de la zona de campamento instalado por los temporeros rumanos en Las Pedroñeras (Cuenca). (N. L. P.)
Restos de la zona de campamento instalado por los temporeros rumanos en Las Pedroñeras (Cuenca). (N. L. P.)

Explica Enrique G. R., el de los 13.000 kilos, que a los ocho rumanos que detuvieron les soltaron el mismo día de su apresamiento después de pasar por el juzgado. Pero no solo eso, tampoco les quitaron el ‘arma’ del delito: los presuntos ladrones pudieron conducir sus furgonetas de regreso a su casa. “Así pueden seguir robando”, se lamenta Enrique.

Los agentes de la Guardia Civil que participaron en esa operación señalan que sus competencias acaban cuando ponen a los delincuentes a disposición judicial. Esa intervención les llevó “centenares de horas de trabajo”. Informan que “de los ocho detenidos algunos llevan ya 10 años actuando en España y tienen antecedentes penales”.

La subdelegada de Gobierno declina pronunciarse sobre la actuación judicial y el hecho de que no se decomisaran las furgonetas. Pero Lidón Lozano discrepa de la falta de colaboración de los agricultores “porque hacer una denuncia no es nada farragoso y basta con llamar a la Guardia Civil al 062“.

Tres de cada cuatro kilos se exportan

La producción española de ajo no deja de crecer. Si en 2005 se pusieron en el mercado 136.400 toneladas, en 2013 ya fueron 188.800 y en 2016 se llegó a un récord de producción de 209.800 toneladas. A mayor producción, a mayor negocio, más robos por bandas cada vez mejor organizadas.

De hecho, en 2014, según los últimos datos mundiales disponibles, España fue el noveno productor de ajo por toneladas. China obtuvo una cosecha de 20 millones de toneladas, lo que supuso el 80% de la producción mundial. Pero la revalorización del ajo español se ha visto favorecido por malas cosechas en el gigante asiático en los dos últimos años.

La mayoría del ajo español se exporta. En 2016, de las 209.800 producidas, 162.600 fueron destinadas a mercados internacionales, ni más ni menos que el 77%. Esto supuso un valor de mercado de más de 375 millones de euros. Los cinco principales clientes son todos países europeos, por orden de exportaciones: Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Portugal.

La producción y el negocio viven un auge en España y en provincias como Cuenca. Pero esas buenas nuevas se ven ensombrecidas por la actuación de bandas organizadas procedentes de Europa del Este que actúan con impunidad, según denuncian los agricultores y las autoridades municipales. “No solo roban ajos y otro productos del campo, sino también en comercios e instalaciones de los pueblos, además de romper infraestructuras como tuberías para llevarse el agua”, cuenta Javier Alcarria, teniente de alcalde de Casas de Haro.

 

La carretera de la Siberia de Confederación del Guadiana, un ‘pasaje del terror’ que ha movilizado a tres pueblos

La carretera que une los municipios de Helechosa, Bohonal y Villarta de los Montes se encuentra en un estado intransitable. 

Está llena de baches, en su recorrido se encuentran hoyos de gran profundidad y multitud de cunetas reventadas. Y sin embargo es una vía de comunicación esencial para tres municipios de La Siberia extremeña.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana, que tiene que ocupare de la carretera, lleva desde 2008 sin hacer ningún arreglo en esta vía según denuncian los vecinos, pese a que por allí pasan camiones de gran tonelaje que deterioran el asfalto.

Los ánimos de los vecinos están cada vez más encendidos. Se sienten desatendidos y aislados sin ningún tipo de cobertura. Ambulancias y Servicios de Emergencias tardan mucho tiempo en atravesar la carretera, lo hacen con especial cuidado por su estado.

El grave estado de la carretera ha provocado que los médicos de Helechosa que deben desplazarse los martes y los viernes al municipio de Bohonal a pasar consulta se nieguen a utilizar sus vehículos para recorrer este trayecto.  

En uno de estos desplazamientos el facultativo tuvo que gastar una importante cantidad de dinero en reparar su coche a causa de los baches y socabones de la carretera.

Hoy en día los médicos pasan consulta en Bohonal porque la propia alcaldesa de Helechosa los traslada en su propio vehículo hasta la localidad vecina.

Confederación Hidrográfica no se ocupa

En 2008 la alcaldesa del municipio de Helechosa de los Montes alertó a Confederación Hidrográfica de las ‘deplorables’ condiciones en las que se encontraba la carretera, y el peligro que esto suponía para los vecinos. Esta institución dijo entonces que se ocuparía del problema, pero a día de hoy no ha cumplido su compromiso.

Manifestación carretera Helechosa
Manifestación carretera Helechosa Juan Antonio Bermejo

 

Actualmente los gobiernos locales de estos municipios y los propios vecinos han alertado a Confederación del problema, y este organismo ha respondido en varias ocasiones que la responsabilidad es de la Delegación de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta. Al mismo tiempo la administración regional les ha explicado que las competencias sobre el estado de la carretera corresponde a Confederación.

Manifestación de los vecinos durante el fin de semana

Los vecinos de Helechosa, Bohonal y Villarta de los Montes se han manifestado cortando esta carretera entre las 18 y las 22 horas del pasado viernes, sábado y domingo. En multitud de ocasiones pararon el tráfico recogiendo casi 5.000 firmas de los conductores que atravesaban la carretera.

Esta protesta fue organizada por María del Mar Villarroel, su hija sufrió un ataque de epilepsia el pasado domingo 17 de julio y la ambulancia que debía atenderla tardó 50 minutos en recorrer 12 kilómetros. En este caso no hubo que lamentar graves consecuencias, pero el riesgo es evidente.

Helechosa Montes carretera baches
Baches y hollos en la carretera de Helechosa Juan Antonio Bermejo

Hasta la Guardia Civil se sorprende

Los manifestantes han comentado que incluso el capitán de la Guardia Civil que dirigía a los agentes que se desplazaron al lugar de los hechos, quedó sorprendido por el fatal estado de la carretera.

En octubre de 2014 Hubo una primera manifestación en Badajoz ante la sede de la Confederación. En aquella ocasión se recibió a los alcaldes y a algunos vecinos, llegando el incluso el presidente de Confederación a emitir un comunicado de ayuda que a día de hoy no ha llegado, critican

las centrales nucleares

https://www.elindependiente.com/economia/2017/07/09/cien-centrales-electricas-700-millones-sin-usar/

En 2001 el Gobierno empezó a temer que se produjera una oleada de apagones. La demanda eléctrica de aquella España que presumía de su milagro económico crecía con fuerza mientras que la capacidad de producirla llevaba estancada desde mediados de los ochenta.

Desde 1987, cuando se abrió la última de las centrales nucleares- la de Trillo, en Guadalajara-, hasta ese principio de siglo la potencia instalada del sector eléctrico patrio se había mantenido prácticamente sin cambios. Los conatos de apagón amenazaban con ser reales y el Gobierno –el segundo comandado por Aznar- estaba dispuesto a garantizar que el milagro económico no se quedara a oscuras.

Aupadas por unas previsiones oficiales que auguraban que la demanda eléctrica crecería con verdadera robustez (unas previsiones que a la postre se demostraron exageradas, como tantas otras), las compañías eléctricas se lanzaron a poblar la geografía española con decenas de nuevas plantas de ciclo combinado, que utilizan gas natural para generar electricidad. El consumo futuro parecía garantizado y nadie dudaba de que las inversiones millonarias emprendidas por los grandes grupos energéticos estuvieran más justificadas. Un proceso, o toda una época, que se relatan al detalle en el libro El Informe Frankenstein, del periodista Iñaki de las Heras.

Compensar a las eléctricas por el futuro que no fue
Las previsiones del Gobierno, apenas unas líneas maestras sin memoria económica ni cálculos serios –según se quejan ahora las eléctricas a toro pasado-, avalaban la necesidad de que en España se construyeran casi una setentena de nuevas centrales de gas con una potencia de unos 25.000 nuevos megavatios, lo que en la práctica implicaba elevar un 50% la potencia instalada de todo el sector eléctrico de la época. Y se construyeron.

A partir de 2002 se construyeron casi 70 centrales de gas. La crisis y el boom de renovables las dejó casi sin uso

Pero ese futuro esplendoroso que les esperaba a todas esas centrales que quemaban gas natural se torció. Por un lado, porque a su construcción le siguió el boom de nuevas instalaciones de energías renovables que promovieron los Gobiernos de Zapatero y achicó así las posibilidades de utilización prioritaria de las centrales de ciclo combinado. Por otro, porque el inicio de la crisis económica esperaba a la vuelta de la esquina y las proyecciones que auguraban que la demanda eléctrica se dispararía se fueron al traste por completo (e incluso ahora con la recuperación, esa demanda eléctrica sigue estancada).

Las compañías eléctricas invirtieron más de 13.100 millones de euros en llenar España de centrales de gas basándose en las proyecciones gubernamentales. Pero se encontraron con que las nuevas instalaciones ni por asomo iban a alcanzar el nivel de producción para el que fueron diseñadas. En 2007 el Gobierno creó un nuevo incentivo, una especie de compensación, para rescarcir a esas centrales y a otras en una situación similar en plena crisis y por el auge de las renovables.

El entonces Ministerio de Industria empezó a pagar a esas centrales de gas, algunas de las de carbón y también un puñado de hidroeléctricas de bombeo una suerte de ayuda por estar siempre disponibles. Como las energías renovables producen electricidad de manera intermitente, y dependen de que haya viento, sol o agua, el Gobierno empezó a compensar hace una década a las tecnologías que sí están siempre disponibles para atender picos de demanda.

Un ‘por si acaso’ de 700 millones
Un pago por ese respaldo, un pago por la seguridad de que siempre habrá posibilidad de producir electricidad suficiente gracias a que hay centrales que pueden activarse siempre que se quieran. Una disponibilidad permanente que, por otro lado, el Gobierno sospecha que no siempre se cumple, como parece que sucedió el pasado enero cuando el precio de la electricidad se disparó.

Plantas de gas, carbón e hidroeléctricas reciben ayudas por estar disponibles si hacen falta

Esa ayuda a la disponibilidad de determinadas centrales se sumaba a las compensaciones que el Gobierno ya llevaba repartiendo desde 1997 como incentivos a las inversiones realizadas en nuevas instalaciones de generación. Unas y otras ayudas –a la inversión y a la disponibilidad- integran los denominados pagos por capacidad, una partida que sufragan todos los consumidores con su recibo de la luz, y que cada año supone unos 700 millones de euros de sobrecoste.

Según varias fuentes del sector consultadas por El Independiente, cada año acaban cobrando esas ayudas en torno a un centenar de centrales eléctricas (las 67 que queman gas, algunas de carbón y algunas hidroeléctricas de bombeo). Y se trata de estimaciones del sector porque el Gobierno no hace público ese dato y no identifica qué instalaciones perciben las ayudas y en qué cantidades cada una.

Agujero entre lo que se paga y lo que se cobra
A pesar de que los consumidores paguen más de 700 millones a través del recibo de la luz para compensar ese por si acaso, las compañías que gestionan estas centrales (Gas Natural Fenosa, Iberdrola, Endesa, Viesgo…) acaban cobrando poco más de la mitad de ese importe. Y el resto se está utilizando para financiar otras desviaciones de gasto del sistema o, según denuncian fuentes empresariales, para engordar el actual superávit eléctrico del que presume el Gobierno.

El Gobierno estableció en la orden de peajes del sistema eléctrico de este año que los usuarios pagaran con el recibo 725 millones de euros para financiar los pagos por capacidad, pero los costes reales previstos eran de 390 millones. Así que los consumidores pagaremos 355 millones de más que irán a parar a la cuenta del sistema eléctrico.

Los consumidores pagan más de 700 millones al año con su recibo de luz. Las eléctricas cobran poco más de la mitad

En 2016, el sobrecoste cargado en la factura de los usuarios fue de 722 millones, pero los pagos a las eléctricas fueron de sólo 417 millones de euros. Los desfases anuales se arrastran desde hace cuatro años. Entre 2014 y 2017, los consumidores españoles habrán abonado en concepto de pagos por capacidad un total de 3.600 millones de euros, pero las centrales eléctricas a las que se supone va destinada esta partida sólo cobrarán unos 1.870 millones de euros.

Una situación que se ha convertido en otro motivo de choque entre el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), en el marco de la gran batalla sobre quién debe fijar la cuantía de los peajes del sistema eléctrico. Ante la situación de saldo positivo para las cuentas del sistema también en 2017, el supervisor abroncó en su último informe al Ministerio.

“Teniendo en cuenta que los peajes de transporte y distribución implícitos en la propuesta de orden son suficientes para recuperar la retribución de las redes, el superávit de los pagos por capacidad está destinado a la financiación del resto de costes regulados del sistema”, advirtió la CNMC. “Esta Sala insiste en la necesidad de establecer una metodología de cálculo de los precios unitarios de los pagos por capacidad, a efectos de que cada componente de coste sea recuperado por el precio regulado correspondiente”. Esto es, que se fijen unos criterios técnicos y objetivos para determinar la cuantía que pagan los consumidores y que no se deje a la discrecionalidad del Ministerio.

Centrales infrautilizadas
El parón de la demanda eléctrica y el diseño del mercado mayorista de la electricidad (que hace que nucleares y renovables entren de manera prioritaria para cubrir la demanda de cada momento) hacen que tanto las centrales de gas natural como las de carbón –sobre todo las primeras- estén claramente infrautilizadas.

El desfase millonario entre lo que pagamos y lo que reciben las centrales sirve, según denuncian las empresas, para engordar el superávit eléctrico

Según datos de Red Eléctrica, el gestor de las líneas de alta tensión, los ciclos combinados funcionaron el año pasado sólo un 13% de las horas posibles y las plantas de carbón lo hicieron a un 48% de su capacidad total. Esto implica que algunas de estas centrales no volcaron ni un solo kilovatio a la red en todo el año. Una situación que se ha repetido durante años, con más de una decena de plantas funcionando cero horas, y que con la actual estructura de mercado parece improbable que la situación vaya a reconducirse.

España cuenta actualmente con una potencia instalada total de casi 105.300 megavatios (de los que 24.948 son de gas y 10.004 de carbón). Y nunca ha hecho falta a la vez siquiera la mitad de toda esa potencia. El récord histórico de punta de demanda se alcanzó en diciembre de 2007, cuando las empresas y los hogares del país hicieron uso de 45.450 MW. El máximo alcanzado el año pasado se quedó en 40.489 MW.

Las eléctricas han intentado cerrar o hibernar algunas centrales de gas, y el Gobierno no se lo ha permitido

Ante este escenario de infrautilización, las eléctricas han intentado cerrar algunas de estas centrales, pero se han topado con la negativa del Gobierno, que les ha impedido clausurarlas escudándose en que siguen siendo necesarias para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico. Y aunque el Ejecutivo sí se ha planteado durante años permitir la hibernación de algunas centrales de gas, a la postre no lo ha autorizado. “El Gobierno nos obliga a mantener abiertas unas centrales que apenas se utilizan. No nos deja cerrarlas. Es normal que nos compense de alguna manera por obligarnos a tenerlas listas”, explican fuentes de una compañía eléctrica. “Pero es que con los pagos por capacidad no se cubren siquiera los costes de mantener abiertas las plantas”.

Es tal interés del Ministerio de Energía, ahora comandado por Álvaro Nadal, por mantener todas las centrales hoy operativas que desde el Ejecutivo se reconoce estar buscando vías legales para poder intervenir centrales de carbón (también nucleares) si las eléctricas pretenden cerrarlas. Endesa y Gas Natural Fenosa han confirmado su intención de cerrar varias centrales de carbón antes de 2020 porque no serían rentables realizando las enormes inversiones que exige cumplir los requisitos de emisiones que exige Bruselas.

Nadal defiende las ayudas
El ministro Álvaro Nadal ha defendido en varias ocasiones la necesidad de mantener estas ayudas para garantizar la seguridad de suministro, sobre todo en el caso de un país como España que tiene pocas interconexiones con otros países.

El Gobierno subraya que, dado que las energías renovables pueden sufrir un parón de producción (por no haber suficiente viento, suficiente sol o suficiente agua), hace falta que haya plantas que sean capaces de funcionar en cualquier momento. Es el caso de las centrales térmicas, que pueden activarse cuando es necesario y es por ello que se reconocen esas ayudas para compensar a las eléctricas tenerlas disponibles aunque generalmente sin producir.

La Comisión Europea analiza si los pagos son en realidad ayudas de estado encubiertas

No obstante, el Ministerio de Energía se ha mostrado dispuesto a emprender una reforma de los pagos para reducir su cuantía. “Hay que hacer una revisión profunda del sistema de pagos por capacidad. Necesitamos darle una gran vuelta para que sea más razonable.”, apuntaban hace unos meses fuentes del departamento que dirige Nadal. “El gran problema es que son demasiadas plantas”.

La Comisión Europea, tras realizar un análisis en profundidad de los mecanismos de compensación al sector eléctrico implantados en once países comunitarios, cuestiona este tipo de subvenciones. Y tiene a España en el punto de mira por tratarse de uno de los estados miembro en que son más cuantiosas.

Bruselas seguirá estudiando estos mecanismos para determinar si pueden tratarse de ayudas de estado concedidas a las compañías eléctricas. Lo hará, además, por la denuncia presentada por la Plataforma por un nuevo Modelo Energético (Px1NME) y el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDAMA) ante Comisión Europea para que estos pagos sean considerados ayudas públicas ilegales, lo que obligaría a las compañías eléctricas a devolver todo lo recibido a las arcas públicas.

La Junta paga 5 millones fuera de ley a directivos de su sanidad

La Junta paga 5 millones fuera de ley a directivos de su sanidad pública

La crisis suprimió 7.773 empleos de la sanidad pública andaluza con un ahorro en sueldos de 5 millones de euros, según un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Foto: Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. (EFE)
Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía. (EFE)
ISABEL MORILLO. SEVILLA de euros fuera de la ley a directivos y cargos intermedios de sus agencias públicas, según un informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Por ley, los topes salariales de los entes relacionados con la Junta, la llamada Administración paralela, fija sueldos por debajo de las nóminas de la presidenta y los consejeros.

La Junta de Andalucía también pagó otros cinco millones de euros fuera de convenio a personal del SAS (el informe no especifica si son trabajadores o directivos) en concepto de horas extraordinarias o dietas. El Gobierno andaluz suprimió 7.773 empleos de la sanidad pública andaluza con un ahorro en sueldos de 5 millones de euros. Se dispararon los contratos eventuales, en algunos casos (contratados por acumulación de tareas) hasta un 800% y además se ha incumplido la ley con los “adscritos temporales” a los servicios centrales del SAS.

AGUSTÍN RIVERA. MÁLAGA

El informe también detalla cómo la unificación de hospitales (origen de la crisis sanitaria en Granada con Jesús Candel, ‘Spiriman’ a la cabeza) se hizo sin regulación, “con una inadecuada y poco transparente planificación”, como consta en el informe del órgano fiscalizador andaluz, que también resalta que la selección del personal directivo no cumple “los principios de publicidad, concurrencia y no discriminación”.

Además, la Cámara de Cuentas de Andalucía alerta del fenómeno del encadenamientos de contratos, con una gran mayoría de casos en los que se han superado los 300 días contratados en el mismo centro. Esta incidencia afecta a 1.149 personas, con una media de seis contratos por año en el SAS y 743 personas con una media de ocho contratos en las APEs (agencias públicas empresariales). Existe “fraude ley” por cubrir necesidades permanentes con contratos laborales.

Ninguna de las APEs ha modificado sus estatutos para precisar el personal que ejerce funciones de alta direcciónEn el SAS, a la finalización de 2013, hay un total de 215 efectivos “adscritos temporales” a los servicios centrales. Esta cifra sube hasta 349 si se consideran todos los efectivos que han estado adscritos a centros diferentes de aquel en qué están destinados, con un coste de 9,4 millones de euros. El informe también constasta como ninguna de las APEs ha modificado sus estatutos para precisar el personal que ejerce funciones de alta dirección, tal y como exigía la ley del presupuesto del ejercicio fiscalizado.

Incumplimiento de los límites retributivos

De las comprobaciones realizadas sobre el cumplimiento de los límites retributivos establecidos por la normativa presupuestaria para altos cargos y directivos, se desprenden los siguientes incumplimientos, en el informe. En la Consejería de Salud, dos efectivos (10%), con un exceso total de 28.784,44 euros. En los servicios centrales del SAS, dos efectivos (40%) con un total de 34.126,84 euros. En los cinco hospitales seleccionados del SAS, 8 efectivos (11%) con 40.734,52 euros y en las APEs, cuatro directivos (6%) y 93 cargos intermedios (43%) con un exceso total de 2.028.598,58 euros.

En todos estos supuestos la Consejería, SAS y APEs, en aplicación de la normativa vigente, “deberían haber procedido a la iniciación de procedimientos de reintegro por los importes satisfechos en exceso. No obstante, a la fecha de finalización de los trabajos de campo, dichas entidades aún disponían de plazo para el inicio de dicho trámite”.