http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/12/valencia/1202803704.html

EL TRIBUNAL DE CUENTAS CENSURA SU DESCONTROL GESTOR

Las universidades valencianas son las más deficitarias con una deuda de 34,6 millones

  • El Tribunal censura su descontrol en la gestión económica y su excesiva estructura
Actualizado martes 12/02/2008 09:08 (CET)
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NOA DE LA TORRE

VALENCIA.- Las universidades públicas valencianas son las más deficitarias de España, según se desprende del Informe de fiscalización de las universidades públicas del ejercicio de 2003 que acaba de hacer público el Tribunal de Cuentas.

En dicho informe se critica especialmente a las instituciones académicas valencianas: “Finalizadas las liquidaciones, y según información facilitada por el Ministerio de Educación, los compromisos asumidos por las universidades públicas fueron cumplidos excepto por cuatro universidades de Andalucía, una universidad de Madrid y por las cinco universidades de la Comunidad Valenciana“.

El informe del Tribunal de Cuentas, que censura del conjunto de las universidades españolas su descontrol en la gestión económica y la excesiva estructura sobre la que se sustentan, recoge en concreto que el déficit de las valencianas ne situó en 2003 en los 34,6 millones de euros.

Esta cantidad es el resultado presupuestario de la resta entre las obligaciones reconocidas (838 millones de euros) y los derechos reconocidos (803 millones de euros), de lo que se deduce que el incremento del endeudamiento fue superior a los 69 millones de euros.

En realidad, sólo la Universidad Miguel Hernández de Elche y la Jaime I de Castellón obtuvieron entonces un resultado presupuestario positivo, con tres y un millones respectivamente. El déficit de la Universidad Politécnica de Valencia alcanzó los 23,9 millones de euros, mientras que la Universidad de Alicante registró un saldo negativo de 8,8 millones y la Universitat de València, de 6 millones.

Crecen los números rojos

El resultado presupuestario de 2003 fue deficitario en siete comunidades autónomas, que empeoraron su situación respecto a 2002. Éste fue precisamente el año en que las universidades públicas españolas se habían comprometido a no tener déficit en virtud de los convenios de estabilidad.

Sin embargo, el déficit de las universidades valencianas dobla al del conjunto de las gallegas -cuyo saldo negativo alcanzó prácticamente los 16,5 millones de euros- y triplica el de las instituciones de Castilla-La Mancha (10,7 millones) o el de las catalanas (10,1 millones). Es más, el déficit de las universidades públicas de la Comunidad Valenciana superó también con creces el de la media de todas las españolas, que se situó en 10,5 millones.

Las cifras contrastan con los costes de las universidades, computados por el Tribunal de Cuentas sobre la base de los costes de funcionamiento obtenidos de las liquidaciones presupuestarias y de los calculados en base a datos contables, que ponen de manifiesto el desfase de las universidades respecto del gasto presupuestado.

En concreto, el informe afirma que “la distribución de estos costes por comunidades autónomas pone de manifiesto que la mayor parte del coste de la universidad pública se concentra en Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana“.

En el ejercicio de 2003, las universidades valencianas contaban con un presupuesto de más de 636 millones de euros, buena parte del cual lo asume la Generalitat Valenciana. Ahora bien, las instituciones académicas de la Comunidad gastaron más de 736 millones, lo que supone un desvío de 100 millones, sólo superado por las universidades madrileñas -con un desfase de 182 millones, sobre un presupuesto de 1.011 millones- y catalanas -que se gastaron 975 millones pese a tener presupuestados 868, es decir, 106 más-.

Gasto en obras

Los sobrecostes hay que ponerlos en relación con el apartado de contratación de obras. Las universidades de la Comunidad gastaron en 2003 un total de 107,5 millones de euros en este capítulo, una cantidad que representa un tercio de todo lo que destinaron a este efecto todas las universidades españolas, cuyos contratos apenas rebasaron los 342 millones de euros.

Es más, las universidades catalanas suscribieron un total de 127 contratos de obras, frente a los 86 de las valencianas, por un importe de 48,4 millones. Las siguientes en la lista, las madrileñas, gastaron 46,9 millones a través de 105 contratos.

Las cuentas del Campus de la Justicia (I): arquitectos de lujo y tramas corruptas organizadas por el profesor alvarez

Las cuentas del Campus de la Justicia (I): arquitectos de lujo y tramas corruptas

http://www.eldiario.es/politica/despilfarro-Campus-Justicia-arquitectos-corruptas_0_632037545.html

eldiario.es accede a la contabilidad del fastuoso proyecto ideado por Esperanza Aguirre en 2004 para agrupar todas las sedes judiciales

De los 15 edificios vanguardistas solo hay uno en pie, el Instituto de Medicina Legal, que pierde valor con cada año que pasa

Las empresas de Gürtel y Púnica hicieron negocio con un proyecto que fracasó al poco de que se colocase la primera piedra

24 comentarios

Campus de la Justicia.
Campus de la Justicia. OLMO CALVO.

Esperanza Aguirre se propuso en 2004 reunir en un inmenso terreno todas las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. El proyecto pretendía ser ejemplo para toda Europa y no escatimó en costes. Se contrataron a arquitectos estrella como Zaha Hadid o Norman Foster. Las partidas para promocionar la iniciativa consumieron cantidades ingentes de dinero público. Por medio se colaron contratos a asesores vinculados al PP, despachos de abogados prohibitivos y facturas en los hoteles y restaurantes más caros de Madrid. Más de una década después el proyecto ha quedado reducido a un único edificio sin uso en mitad de un descampado de 200.000 metros cuadrados.

Las cuentas de ese fracaso salen ahora a la luz. La Comunidad de Madrid ha encontrado por fin el libro mayor del Campus de la Justicia, que recoge movimientos de dinero durante la década que lleva vivo el proyecto. Hay anotaciones que no coinciden, balances con pagos duplicados y diarios de apuntes que nunca han aparecido. A pesar de todos esos errores y omisiones, el detalle de los pagos ayuda a conformar el relato del despilfarro, del que hasta ahora solo se conocían capítulos sueltos.

Durante los últimos años han ido saliendo a la luz algunos detalles de esos gastos. Los datos a cuentagotas durante los gobiernos de Aguirre y su sucesor, Ignacio González, con mayoría absoluta pasaron a ser una catarata de información con Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid en minoría.

A través de dos entregas y con la ayuda de las cuentas del proyecto, eldiario.es recopila ahora las principales vías de agua de una idea fracasada que se ha tragado más de 100 millones de euros de dinero público.

Norman Foster y Zaha Hadid para diseñar los juzgados

Esperanza Aguirre quiso que los edificios que iban a albergar todas las sedes judiciales estuviesen diseñados por los mejores arquitectos del mundo sin reparar en la factura. Con la economía española a pleno rendimiento encalomada a la burbuja inmobiliaria, su Gobierno decidió que había dinero para contratar a los mejores. El libro de cuentas del Campus recoge pagos a multitud de firmas de arquitectura entre las que destacan los nombres de Zaha Hadid y Norman Foster. En total, el gobierno regional esperaba gastarse 500 millones de euros en un total de 15 edificios.

Hadid, la única mujer ganadora del prestigioso premio Pritzker, diseñó la que iba a ser la sede de los Juzgados de lo Social. Su proyecto iba a costar 13 millones de euros, pero la arquitecta solo percibió 50.000 porque no llegó a firmar ningún contrato. Su diseño de 75.000 metros cuadrados expresaba, según la propaganda de Aguirre, “los dos valores esenciales que el Gobierno regional quiere simbolizar en la Campus de Justicia de Madrid: la transparencia y la democracia”.

Los mismos valores quería trasmitir Norman Foster con el diseño de los edificios de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia. Su estudio se felicitó por contribuir al “emplazamiento único más grande dedicado a la justicia de Europa, que reinventará el proceso judicial de la región mediante la plena integración de sus diversas sedes existentes”. Al final no fue así, pero Foster y su equipo cobraron por ello.

El estudio ingresó más de 10 millones de euros, aunque reclamaba 13, por el diseño de los dos edificios. Junto a los apuntes a su nombre, aparecen pagos a firmas destacadas de arquitectos que facturaron por diseños y maquetas de los diferentes edificios del Campus. En pie solo está el Instituto de Medicina Legal, obra del arquitecto Alejandro Zaera-Polo -que abandonó el proyecto por falta de fondos- y cuyo coste fue de 21 millones de euros, aunque ahora está valorado en menos de 17.

Campus de la Justicia.
Entrada al Instituto de Medicina Legal. OLMO CALVO

Hay también cuantiosos pagos a los arquitectos Frechilla y López Peláez, que superan el millón y medio de euros, los encargados del diseño general del Campus e ideólogos del conjunto de edificios circulares. También se abonaron grandes cantidades de dinero a ICA Arquitectura, que diseñó el edificio que pretendía albergar la sede de la Fiscalía. Firmas como Picado de Blas (el decanato), Pino + Paredes Arquitectos (Juzgado de lo Contencioso-Administrativo), Rafael de la Hoz (Penal) o Angel Borrego Cubero (Registro Civil) también cobraron del Campus. 

Junto a los estudios de arquitectura y la constructoras, el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) también facturó importantes sumas al Gobierno regional, según recoge lo que queda de contabilidad oficial. Fueron los encargados de organizar los concursos de ideas para las sedes, a los que se presentaron más de 300 estudios. Por ese cometido, recibieron cientos de miles de euros.

Los contratos garantizaban que las constructoras cobrasen, aunque no pusiesen ni un ladrillo, como finalmente sucedió. Los pagos a las empresas que tenían previsto acometer las obras superan los 27 millones de euros, con una buena parte destinada a rescindir contratos que ya se habían cerrado.

Las empresas de seguridad (Alium) y de conservación de infraestructuras (Elmex) también se han llevado parte de los fondos. Proteger el único edificio en pie  cuesta 12.000 euros al mes. Aunque no tenga actividad y sirva únicamente como escenario para películas.

Tras el fiasco de lo que pretendía ser también un ejemplo mundial de diseño arquitectónico, el Gobierno de Madrid planteó recuperar la idea de reunir los órganos judiciales en sedes más modestas. Lo intentó en 2012 pero no le dieron los fondos, así que esperó hasta principios de 2015, cuando González planteó sacar a concurso el conjunto del Campus y que una empresa levantase todos los edificios sin tantas filigranas.

Esa idea tampoco fraguó, en parte por el rechazo del COAM, que defendió que los arquitectos originales debían ser quienes acometiesen el proyecto. “Cualquier modificación del plan inicial crea incertidumbres y requiere una nueva tramitación que durará muchos meses”, argumentaron los arquitectos madrileños.

Campus de la Justicia.
Carteles que advierten de la presencia de cámaras de seguridad en el recinto. OLMO CALVO

Las empresas de Gürtel y Púnica

Como otros grandes proyectos de la época de Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, el Campus de la Justicia no se libra de la sombra de la corrupción. Y lo hizo desde el principio. El mismo acto de colocación de la primera piedra en 2007 se convirtió en un símbolo del despilfarro que acompañaría al proyecto durante los años siguientes: costó 1,4 millones de euros. De parte de la organización se encargó la empresa de José Luis Ulibarri, un constructor implicado en el caso Gürtel, que luego fue adjudicatario de contratos que no llegaron a cerrarse.

Este empresario leones se enfrenta a siete años de prisión por pagar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. Su cercanía al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, le permitió hacer negocio en algunos municipios madrileños gobernados por el PP, en los que ganaba concursos con ofertas irrealizables.

La trama Púnica también aparece relacionada con el proyecto. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga las partidas de publicidad durante la época de Aguirre. Sospecha que sirvieron al PP de Madrid para financiarse ilegalmente. Entre las empresas sospechosas de haber pagado actos electorales al partido está Over Marketing, de Daniel Mercado, el publicista que ha admitido haber participado en el amaño de contratos con distintas administraciones del PP.

Over Marketing y Traci Comunicación -otra de las empresas de Mercado- se encargaron en los primeros años de parte de la promoción de este proyecto. Según el balance del Campus de la Justicia, recibieron en total 362.000 euros por sus trabajos de publicidad para el Campus de la Justicia.

Ese dinero se pagó por trabajos que se realizaron en los ejercicios de 2005 y 2006. El primer año Over Marketing recibió 65.277 euros y Traci Comunicación cobró 116.145 euros, y ambas percibieron las mismas cantidades el ejercicio siguiente. Entre sus trabajos figuraban eventos de promoción o elaboración de lonas publicitarias, pero no está claro que el total de esos montantes se destinase a los encargos para los que habían sido contratadas ambas empresas.

Tras la promoción de las empresas de Mercado y la colocación de la primera piedra por parte de un empresario de Gürtel, el proyectó echó a andar en 2007 y un año más tarde estalló la crisis. La expansión del barrio de Valdebebas, al norte de Madrid, se paralizó y el Campus quedó aislado. Los fondos comenzaron a escasear. Aunque no se construyó más que el primer edificio, el plan siguió consumiendo recursos públicos durante años: pagos en hoteles y restaurantes de lujo, abultadas nóminas para contratar enchufados y gastos de promoción que recogerá la segunda entrega sobre el despilfarro del Campus de la Justicia.

Campus de la Justicia.
Una de las vías de acceso al Campus de la Justicia. OLMO CALVO

los estafadores nunca se han ido, mirate la espalda y los veras en el metro, en tu pueblo, el profesor, el cura

https://alertatramaestafadores.blogspot.com.es/2017/02/hoy-antonio-arroyo-ante-el-juez-del.html

 
 
 
 
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La presunta trama de estafas más grande de Europa “un escándalo”. Vas a comprobar en estos blogs como alrededor de Arroyo & Rebeca se pierden sumarios en los juzgados, se podrían tener acumuladas de momento unas 3.800 viviendas en total, gente que se ha quitado la vida, intentos de suicidio, ruinas familiares y víctimas viviendo en la calle. Presente en la operación púnica que pudo mover dinero de la corrupción política. Según la policía española es el mayor estafador hipotecario que se conoce en España. Te vas a quedar alucinado con lo que te voy a contar desde aquí. La única misión de éste blog y el resto de blogs contra la estafa es captar víctimas, ayudarlas, protegerlas y alertar a futuras víctimas.
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Esta organización criminal “según la policía” la componen los siguientes personajes: 1 Antonio Arroyo Arroyo, 2 Rebeca Pacheco Moreno, 3 Anaís Arroyo Albinet, 4 Iris Arroyo Albinet, 5 notario Ricardo Ferrer, 6 Isabel Grueso Hidalgo, la secretaria. 7 notario Usera Cano, 8 el abogado Ezcurdia y los intermediarios 9 José Maria Martín Soblechero, 10 Mari Carmen Camblor Esteban y 11 Pablo Pérez Martín. La frase cumbre y filosofía de vida de Antonio Arroyo: en España nacen muchos niños y muchos de esos niños serán idiotas de mayores. Para eso estoy yo en éste mundo para quitarle el dinero y las casas a los idiotas. Un idiota no puede tener ni casa ni dinero
 
 
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Más participantes de la organización criminal 12 David Manuel Hidalgo Ferreíra (Testaferro revienta cerraduras), 13 Inmaculada Ferreira Delgado (la madre), 14 Fco. Hidalgo Manzano (el padre), 15 Cristina Romo Lancharro y 16 Paquito Lucas. Son los testaferros en la sombra CULEBRIN CREST. 17 Julia Sanz López la notario de Usera y Sanz, 18 Luís Flecha López el abogado negociador de Arroyo y ejecutor de letras cambiarias. 19 María Antonia Muñoz Jiménez (intermediaria). 20 Marisa Duro Orejón actúa como intermediaria
 
 
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21 Fco.Ricardo Recio Palazón (testaferro), 22 Antonio Parra Atienza el Chef prestamista del testaferro 13 y 14, 23 Manuel Morcillo socio testaferro del 13 y 14, 24 Antonio Villalba Granadero el testaferro del 14 y 23, Ceferino Muñoz Sayago el político contacto del 14 y 23. Notarios 26 Antonio Reina primer notario de 1 y 2 y 27 Angel Almoguera con conexión en la fiscalía de la Audiencia Nacional. 28 Beatriz Párraga intermediaria que estafa a sus propios padres tiene conexión con la trama de levante gente muy peligrosa con armas y otras delicatessen amiga personal de la difamadora 4 y compañera de estafas de la 19
 
 
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29 Jose-García Rendueles Menéndez jefe de la trama Norte y testaferro de 1 y 2, 30 Obdulio Lucas Blanco socio de 29 y 30, 30 esposa Renduelles María Morais Francisca, 31 Marisa-García Rendueles Menéndez realiza estafas en la zona de Levante y es muy peligrosa, 32 Alfredo Moreno Torres es un ex-alferez de complemento de la legion socio de 29 violento con acceso a armas, 32-1 el notario Angel Luís Torres Serrano y 32-2 el notario Jose Ricardo Serrano Fernández podrían ser sus cooperadores necesarios. Esta trama Norte tiene vínculos estrechos con la trama Arroyo, siempre han estado ahí para arruinar a las familias afectadas
 
 
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33 Rafael Pozo Fernández, 34 María Jesús Rivero Estevez y 35 Aitor Ibarra se conocen desde las asociaciones Afines y Cafines que engañaron vilmente a las pobres víctimas y ficharon a falsas víctimas para extorsionar y perjudicar a las verdaderas víctimas. Más tarde el mismo Aitor Ibarra abriría una asesoría financiera en Bilbao aunque en la actualidad ya no existe. 33 sigue engañando a las víctimas y mantiene estrecha relación con Arroyo & Rebeca intentando desacreditarme, difamándome todo lo que puede y en estrecha conexión con el jefe de la trama de los difamadores 5 (okupa de mi casa) es muy interesante y demuestra que Arroyo & Rebeca, 33 y la trama de los difamadores son un Tándem organizado contra mí. 33 sigue manteniendo en activo su portal fraudulento para captar, engañar e intoxicar a las víctimas.
 
 
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36 Miguel Angel Anglada de Carlos y 37 el abogado presunto gánster Ricardo Rodríguez Díez. Anglada ha sido desde siempre testaferro en potencia de Arroyo & Rebeca y la investigación de todas sus propiedades le relacionarían con la banda organizada aunque muchas propiedades han sido vendidas o empleadas para conseguir pasta legal a través de bancos. Al abogado presunto gánster todo se lo toma a risa. Sabe moverse en los juzgados y engañar bien a los jueces.
 
 
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45 ¿Rocio Alonso? a muerte con sus íntimos Arroyo & Rebeca y el papel que desempeña en la trama es de colaboración estrecha con la organización delictiva de Arroyo & Rebeca y parte activa de la trama de los difamadores violentos su función es acosar a los periodistas que tratan las estafas de Arroyo & Rebeca sea en televisión, prensa escrita o radio aunque utiliza varios perfiles falsos el más conocido es Rocio Alonso. 46 Antonio Hernández Silgado “jinete testaferro” otro más de los que milagrosamente reciben las propiedades procedentes de la estafa a precios de risa. 47 el chivato David Marjaliza con 48 Adela cubas su mujer aunque falta la sobrina con 14 propiedades que de momento nadie investiga su procedencia y si es de algúna víctima. 49 Máximo y el chivato Marjaliza uña y carne aunque de momento se esconde. 50 Javier Adrian Ferri hijo y 51 Vicente Ferri Ballesteros papá, dedicados como testaferros y a quedarse con las propiedaes de las víctimas camuflándolas a la vista de nuestra justicia. Siento no ponerte sus caras pero paciencia que todo llega. De momento ya son tres las víctimas afectadas por 50, 51 y 52.
 
 
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52 mamá y esposa de 50 y 51 otra testaferra que se dedica a camuflar propiedades y cuando ve chunga la cosa la vende a otro testaferro. 53 y 54 Nemesio y Ana Delia testaferros a sec

quien financia la universidad??? quien financia los doctorados multimillonarios

Así se esquilmó a la sanidad pública en uno de los hospitales de Aguirre investigados por la UCO

Durante años, el Servicio Madrileño de Salud ha asumido gastos millonarios que debería haber pagado la UTE de empresas que construyó el Hospital Infanta Leonor de Vallecas. Así lo advierte la Intervención General, que ha detectado multitud de irregularidades desde 2012, como por ejemplo, la derivación de pruebas a centros privados sin contrato

 

Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre frente al hospital de Vallecas, junto al exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela
Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre frente al hospital de Vallecas, junto al exconsejero de Sanidad, Manuel Lamela / Agencias
 

 

Es un goteo, año tras año, o bien se ha estado pagando por conceptos que no deberían haberse pagado, o bien, se ha estado dejando de facturar lo que correspondía. Eso es lo que ha estado ocurriendo en el hospital Infanta Leonor (ubicado en Vallecas), cuya construcción, Esperanza Aguirre adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas) en 2005, una concesionaria a la que además, encargó toda la gestión no sanitaria – hablamos de limpieza, seguridad, restauración, residuos urbanos y sanitarios, lavandería, administración, jardinería, esterilización o mantenimiento- durante 30 años, a través de un ‘canon’ millonario, que inicialmente, rondaba los 17 millones al año – posteriormente se ha ido incrementando hasta superar los 20 millones anuales- (ver más abajo).

 

Desde el año 2012, y al menos hasta 2015, la Intervención General de la propia Comunidad de Madrid alerta de todo tipo de irregularidades en el hospital Infanta Leonor, con las que se han ido esquilmando poco a poco a la sanidad pública. En varios de esos informes, a los que ha tenido acceso a la Cadena SER, se habla de todo tipo de “pagos indebidos”. Como por ejemplo, que la empresa púbica del Hospital pagó 1.152.948 euros” por la conservación de la parcela donde se levanta el hospital, un importe “que debería haber pagado la concesionaria”. No lo hizo, a pesar del conocimiento expreso de la propia Consejería de Sanidad – es la primera en recibir estos informes de la Intervención General, a través de los gerentes de los hospitales-, que tampoco reclamó los más de 366.000 euros por “reparaciones debidas al mal uso de aparataje” que también debería haber asumido la concesionaria, porque como bien recuerda la Intervención General, en la oferta que presentaron las empresas se comprometían a tener en el hospital un equipo cualificado con “un ingeniero técnico, 2 jefes de equipo, 3 oficiales de 1ª, 4 electricistas, 2 oficiales de 2ª y un mecánico”.

 

Los interventores también descubrieron que el Hospital Infanta Leonor – que se inauguró en 2008- también pagó más de 610.000 euros – entre 2012 y 2013- a través de derivaciones – para hemodiálisis en centros no hospitalarios, resonancias, y otras pruebas por imagen- que se hicieron “fuera del procedimiento legal de contratación”. En esos informes, este órgano fiscalizador también alerta que esas pruebas contrataron con centros privados con los que “el hospital no mantiene conciertos”, pero no solo eso, también se sospecha que se pagó de más porque “los precios fijados no coinciden con la tarifa de precios públicos”. Y hay algo más grave. La Intervención no pudo acreditar que esas derivaciones por las que se pagó, realmente se hicieran, al menos en el caso de las “facturas de resonancias magnéticas y electromiografía” porque “no queda constancia de la realización efectiva de las pruebas” (casualmente, en ese año, el gasto por conciertos se incrementó un 58%).

 

Desde el año 2012, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) también ha estado pagando por un personal administrativo de este hospital “que no le corresponde”. En concreto, 23 administrativos que proceden del Hospital Virgen de la Torre, que suponen un gasto de más de 608.000 euros anuales, que también deberían asumir las concesionarias, que son las encargadas de asumir todos los servicios nos sanitarios del centro. Como por ejemplo, la restauración. Sorprende que incluso, a la concesionaria, también se le ‘regaló’ el gas de la cocina, un gasto que “no fue repercutido a la concesionaria”, según advierten los interventores, que sospechan que ocurrió lo mismo “con la luz y agua”.

 

EL SERMAS YA HA AMORTIZADO EL PAGO DE LAS OBRAS DEL HOSPITAL

La gerente del Hospital nfanta Leonor de Vallecas, María del Carmen Pantoja, ha aportado en la Asamblea, los datos del dinero que la concesionaria recibió desde que entró en funcionamiento el centro en 2008: Un total de de 181 millones de euros, el 58 por ciento destinado para recuperar la inversión por la construcción del mismo (105 millones de euros) y el resto para los servicios no sanitarios.

Por tanto, teniendo en cuenta que el Gobierno de Esperanza Aguirre adjudicó en 2005 las obras de este hospital por 98,6 millones de euros sin IVA el hospital “ya está pagado y amortizado”, ha criticado la portavoz de Podemos en Sanidad, Mónica García, quien ha subrayado que aún quedan otros 20 años de vigencia de la concesión, con un pago anual de unos 20 millones de euros.

 

Pero no solo se dejó de cobrar, también se abonaron conceptos dudosos. En la fiscalización que se hizo a este hospital, al interventor también le sorprende los 91.783 euros que el SERMAS pagó a la UTE de empresas privadas “por unos supuestos ahorros energéticos que no estaban documentados”, tales como, apagar la luz en zonas comunes, bajar la calefacción 4 grados o cambia la temperatura del agua.

 

No hay que olvidar, que tres de las empresas que formaban parte de esa UTE del Hospital Infanta Leonor, entraron en concurso de acreedores, entre ellas, Cantoblanco, – del expresidente de la CEIM, Arturo Fernández condenado por las tarjetas black-, Begar – propiedad el empresario, Ulibarri, imputado en la Gürtel– y Ploder – donde trabajaba como consejera la exmujer del antiguo concejal de Vivienda del PP, Sigfrido Herráez, según publicó El País-.

http://cadenaser.com/emisora/2017/04/03/radio_madrid/1491243184_535865.html?ssm=14092012-Ser-rs-1-Fb

las decisiones del director, prebenir o seguir igual, valencia se inundara ???

Este año abundarán los fenómenos atmosféricos extremos en todo el mundo debido al cambio climático, advierte la OMM. 2016 ha sido el más cálido jamás registrado: la elevación de la temperatura, en relación con la que había en la era industrial, alcanzó 1,1ºC, lo que supone un 0,06ºC más que el récord anterior establecido en 2015. Nuevos estudios señalan que el calentamiento de los océanos podría ser muy superior a lo que se cree en la actualidad.

Los fenómenos meteorológicos extremos continúan en 2017, después de un año 2016 en el que la temperatura media del planeta alcanzó un nuevo récord, se redujo considerablemente el hielo polar, continuó aumentando el nivel del mar y los océanos siguieron calentándose.

Lo señala la Organización Meteorológica Mundial en su declaración anual sobre el estado del clima mundial, coincidiendo con el Día Meteorológico Mundial, que se celebra el 23 de marzo.

Este informe confirma que el año 2016 ha sido el más cálido jamás registrado: la elevación de la temperatura, en relación con la que había en la era industrial, alcanzó 1,1ºC, lo que supone un 0,06ºC más que el récord anterior establecido en 2015, señala el secretario general de la OMM, Petteri Taalas, en un comunicado.

Cada uno de los 16 años desde 2001 ha sido por lo menos 0,4 ° C por encima del promedio a largo plazo para el período base 1961-1990, utilizado por la OMM como referencia para el seguimiento del cambio climático. Las temperaturas mundiales siguen siendo consistentes con una tendencia de calentamiento de 0,1 ° C a 0,2 ° C por década, según el informe de la OMM.

En 2016, las temperaturas de la superficie del mar han sido las más altas jamás obtenidas, al mismo tiempo que la elevación del nivel del mar se ha acentuado y que la superficie de la banquisa polar ha sido muy inferior a la normal la mayor parte del año.

 

Fenómenos extremos

La OMM advierte asimismo que los fenómenos extremos siguen de actualidad en 2017 y que los estudios más recientes señalan que el calentamiento de los océanos podría ser muy superior a lo que se cree en la actualidad.

Entre los fenómenos extremos que se observaron en 2016 se incluyeron sequías severas que llevaron a la inseguridad alimentaria a millones en el África meridional y oriental y en Centroamérica. El huracán Matthew causó sufrimiento generalizado en Haití como la primera tormenta de categoría 4 en llegar a tierra desde 1963, e infligió significativas pérdidas económicas en los Estados Unidos de América, mientras que las fuertes lluvias e inundaciones afectaron el este y el sur de Asia.

La OMM advierte que las concentraciones de CO2 no dejan de batir nuevos récords, lo que atestigua cada vez más claramente la influencia de las actividades humanas en el sistema climático, advierte Taalas.

El aumento del poder de las herramientas informáticas y la disponibilidad de datos climáticos a largo plazo han hecho posible hoy, a través de estudios de atribución, demostrar claramente la existencia de vínculos entre el cambio climático causado por el hombre y muchos casos de eventos extremos de alto impacto en ondas de calor particulares, añadió.

Los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera alcanzaron el índice de referencia simbólico de 400 partes por millón en 2015 – último dato disponible- y no caerán por debajo de ese nivel en muchas generaciones por la naturaleza duradera del CO2.

Fuente: OMM

Fuente: OMM

 

El Ártico, cerca del deshielo

El fenómeno El Niño, que se produce cada 4 o 5 años con una intensidad variable, provoca una elevación de la temperatura en el océano Pacífico, lo que a su vez desencadena sequías y precipitaciones superiores a lo normal. Este fenómeno climático alcanza su máxima intensidad hacia el final de cada año.

Al menos tres veces durante este invierno, el Ártico ha conocido el equivalente polar de una ola de calor durante la cual ha habido días en que ha estado cerca del deshielo.

La OMM señala que estos cambios observados en el Ártico y la pérdida del hielo marino o banquisa implican, a una escala mayor, una modificación de la circulación oceánica y atmosférica, lo que repercute sobre las condiciones meteorológicas en otras regiones del mundo.

Por ejemplo, señala el informe, regiones canadienses y de una gran parte de Estados Unidos han disfrutado de una meteorología tranquila, mientras que otras regiones, por ejemplo en la península arábiga y norte de África, han registrado a comienzos de 2017 temperaturas anómalamente bajas.

El Niño impulsó el calentamiento en 2016, además del cambio climático a largo plazo causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Las temperaturas en los años fuertes de El Niño, como 1973, 1983 y 1998, son típicamente de 0,1°C a 0,2°C más calientes que los niveles de fondo, y las temperaturas de 2016 son consistentes con ese patrón.

Los niveles mundiales de mar subieron muy fuertemente durante el evento El Niño, con los valores de principios de 2016 alcanzando nuevos máximos históricos. La extensión global del hielo marino cayó más de 4 millones de kilómetros cuadrados por debajo del promedio en noviembre, una anomalía sin precedentes para ese mes.

Las temperaturas muy cálidas de los océanos contribuyeron a un importante blanqueamiento de los corales y provocó la mortalidad en muchas aguas tropicales, con importantes impactos en las cadenas alimentarias marinas, los ecosistemas y las pesquerías.

La tropa, ante el gasto militar: “Necesitamos agua caliente antes que tanques nuevos”

La tropa, ante el gasto militar: “Necesitamos agua caliente antes que tanques nuevos”

Tras años de recortes, los soldados describen una situación de precariedad en la que los cuarteles necesitan reparaciones urgentes y empieza a escasear el material básico

http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-27/gasto-defensa-cospedal-agua-caliente-tanques_1354898/

Foto: Cospedal, en una visita oficial. (EFE)
Cospedal, en una visita oficial. (EFE)
27.03.201705:00 H.

En los pasillos del Hospital Militar Gómez de Ulla se detuvo el tiempo en algún momento de los años setenta. Los viejos carteles con indicaciones para llegar a la cafetería, las puertas de madera de los despachos, los suelos y la decoración de las salas de espera parecen un decorado de ‘Cuéntame cómo pasó‘ y piden una renovación a gritos. Las instalaciones se mantienen limpias y operativas, en una escasez digna, como si fuese una metáfora de la situación que atraviesa el Ejército español.

Con pequeños altibajos, las Fuerzas Armadas han perdido progresivamente protagonismo en las cuentas del erario público desde la llegada de la democracia, una tendencia que se intensificó durante la crisis. Según las cifras oficiales, el gasto en Defensa cayó el 30% entre 2008 y 2016. Incluso informes críticos como este (de una de las ONG pacifistas más activas de España) asumen que la partida se redujo en esos años en torno al 20%, más de lo que se recortó en Sanidad o Educación.

Una situación que podría revertirse pronto. Después de décadas de ajustes, España ha renovado su compromiso de doblar el porcentaje del PIB dedicado a Defensa antes de 2024, situándolo en torno al 2%. Se trata de una exigencia de la OTAN y EEUU que se empezará a ver reflejada en los próximos Presupuestos Generales del Estado y que supondría el mayor incremento del gasto militar desde la llegada de la democracia. Y la pregunta empieza a cobrarse terreno: ¿cómo se repartirá ese dinero?

Precariedad en el cuartel (pinche para ver el álbum)
Precariedad en el cuartel (pinche para ver el álbum)

Más de 750 afiliados de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) respondieron a un cuestionario por ’email’ de El Confidencial en el que se les preguntaba dónde, en su opinión, se necesitan los recursos económicos con más urgencia. La mayoría destacaron sus problemas del día a día, como la falta de agua caliente y calefacción en muchos cuarteles durante el invierno, el deterioro del material con el que trabajan o el hecho de tener que pagarse la comida durante las maniobras. En el otro lado de la balanza, se quejaban de lo que consideran “derroches” y “gastos superfluos”, como la construcción y mantenimiento de pistas de pádel y golf para los altos mandos, o las fiestas y conmemoraciones.

“Pasamos semanas sin gasoil para la calefacción en pleno invierno, tenemos todas las duchas rotas, falsos techos rotos y desprendidos en los alojamientos de la tropa… Hay vehículos, como los Aníbal Santana, que es un 4×4 básico, cuyo mantenimiento es lamentable”, se quejaba uno. “Los WC de las compañías no se desinfectan porque no hay material de limpieza. Tampoco hay trapos para limpiar los vehículos y llevamos años sin calefacción en los vestuarios”, dice otro.

“Nos vamos de maniobras y tenemos que gritar ‘fuego, fuego’ en tres polletes San Gregorio porque no hay dinero para fuego real. No hay dinero para mover los vehículos, que escasean. Falta buen material por todos lados, por no hablar de los salarios y la alimentación. Se aparenta lo que se puede, pero es todo mentira. La situación es muy, muy precaria ahora mismo”, comenta un tercero.

Con diferentes niveles de indignación, cerca del 85% de quienes respondieron al cuestionario destacaron asuntos parecidos en los comentarios. Se quejaban de aquello que más afecta a su día a día. “Las residencias milita

la universidad y la guardia civil gastandose el dinero en certificados

Ratas, goteras, techos rotos… las casas de los guardias civiles que no reforma Interior

El propio ministerio califica el estado del 57,1% de los pabellones como “bueno”; el 30%, “regular”; el 7,4% como “malo”, y el 5,5% está definido como “inhabitable”

Foto: Una rata apareció de esta forma en uno de los cuarteles aquejados de una plaga de roedores.
Una rata apareció de esta forma en uno de los cuarteles aquejados de una plaga de roedores.
http://www.elconfidencial.com/espana/2017-03-28/ratas-goteras-techos-rotos-casas-guardias-civiles-cuarteles-no-reforma-interior_1356060/
Tiempo de lectura8 min
28.03.201705:00 H.

La adjudicación de una casa en dependencias de la Guardia Civil al director general de Tráfico, Gregorio Serrano, así como la reforma de más de 50.000 euros comprometida por el Ministerio del Interior sobre el inmueble han enervado a los cientos de funcionarios y familiares que llevan años en lista de espera para vivir en estas instalaciones o que tienen que pagar de su bolsillo todas las reparaciones una vez que por fin se la adjudican. Muchos se quejan hoy de cómo se encuentran sus casas cuartel o del tiempo que llevan confiando en que algún día recibirán una vivienda.

[Álbum: el mal estado de los cuarteles]

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que ha denunciado la concesión del mencionado piso, admiten que sobre el papel existe la posibilidad de que los funcionarios a los que se ha concedido un piso soliciten una mejora de rehabilitación. Sin embargo, en la práctica, añaden, la realidad es que todos los guardias se pagan las reformas sin ayuda alguna de la Administración. Una situación curiosa, asegura Juan Fernández, portavoz de AUGC, dado que se trata de viviendas que no les pertenecen en propiedad y que, sin embargo, ayudan a restaurar y a mantener en condiciones aceptables. La Asociación de Suboficiales califica de “inmoral” el episodio del piso, al margen de que finalmente sea considerado ilegal. “Nos produce estupor la falta de consideración que se ha tenido con los guardias civiles que ocupan pabellones en un estado lamentable y tienen que gastarse su salario para adecentarlos”, explican.

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En algunos cuarteles, la situación es aún peor, ya que sus habitantes no viven allí, sino que acuden únicamente para trabajar, con lo que ni siquiera se plantean invertir de su bolsillo para arreglar una instalación cuyo mantenimiento solo corresponde a la Dirección General de la Guardia Civil. El cuartel de Cacabelos (León) —una instalación en la que conviven las viviendas con la zona de trabajo—, por ejemplo, tiene una única puerta de acceso, tanto para la zona residencial como para la laboral, que además está rota, según denuncia AUGC, y que incluso se torna “peligrosa“, dado que los pasadores superiores se caen e incluso han golpeado a algún funcionario en ocasiones.

Además, el cuartel cuenta con una instalación eléctrica “defectuosa”, a juicio de la asociación, en la que los enchufes se encuentran pegados a desagüe. Las humedades se extienden por las paredes; la cisterna del baño al que acceden las personas ajenas al cuerpo no tiene tapa; y el inmueble carece de calefacción, por lo que los funcionarios han puesto estufas eléctricas que no pueden funcionar porque no hay suficiente potencia eléctrica.

EC

Desconchados en los muros o instalaciones inaccesibles están a la orden del día en dependencias como las de Cañete, en la provincia de Cuenca, o Galapagar (Madrid), donde la situación es especialmente grave, como también ha denunciado la asociación, ya que se ve afectada por una plaga de ratas y termitas desde hace cuatro años. Los servicios de desinfección han acudido varias veces a poner fin al problema, pero siempre sin éxito, porque el desastre volvía en forma de roedor o de insecto.

Las ratas también han aparecido —e incluso se han instalado— en casas cuartel de la Guardia Civil de Arganda —cuyo inmueble tampoco pasa la Inspección Técnica de Edificios—, Pinto o Torrelaguna —que sufre la plaga siempre que llueve—, todos municipios madrileños. Hace algo más de tiempo, los roedores asomaron por las dependencias del instituto armado en Peñarrolla (Córdoba), Armunia (León) y Ramales de la Victoria (Cantabria). El pasado agosto, los funcionarios de Arganda incluso llegaron a fotografiar a uno de estos animales saliendo del retrete de los vestuarios donde se cambian habitualmente los funcionarios.

Las plagas no son, sin embargo, el único problema para los guardias civiles, que en no pocos casos ni siquiera cuentan con instalaciones. En La Carlota (Córdoba), los agentes no disponen de cuartel. El Ministerio del Interior les ha dicho que no hay presupuesto para construirlo. En su lugar, el departamento dirigido por Juan Ignacio Zoido ha improvisado. Y además de prestado. El ayuntamiento ha habilitado una habitación en un inmueble municipal que hace las veces de dependencias del instituto armado.

E. B.

Sin embargo, el lugar es tan pequeño, según denuncian desde AUGC, que cuando un agente tiene que atender a un ciudadano, el resto de compañeros deben salir a la calle a esperar porque no caben. Ya haga lluvia, frío o el sofocante calor que azota la zona en verano, los funcionarios no tienen más remedio que pasar a la intemperie el tiempo que dure la visita. En el caso de que haya algún detenido, la cosa se complica aún más, ya que en las dependencias únicamente cabe el arrestado, por lo que cuando esto ocurre, la Guardia Civil no puede atender a nadie más.

Aunque quizá todavía más relevante es la escasa seguridad con que cuenta la dependencia, único lugar donde los funcionarios pueden almacenar sus armas, la munición, la documentación o todo tipo de material útil para los agentes. “Solo dos cerraduras normales” salvaguardan el lugar, según explican desde AUGC, que ha denunciado el problema en varias ocasiones y tan solo ha recibido la respuesta de que el jefe de la comandancia está negociando con el ayuntamiento para solucionar el asunto. Otro caso similar se da en Espejo (Córdoba). El inmueble que acogía tradicionalmente las dependencias de la benemérita está en ruinas y no se utiliza desde hace años. Los funcionarios han montado un cuartel provisional en una nave industrial cedida por el consistorio en el polígono, sin aislamiento térmico ni acústico y sin apenas seguridad.

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La falta de presupuesto es siempre el argumento que da el Ministerio para rechazar cualquier tipo de rehabilitación o arreglo. “Se están denegando reformas en la mayoría de pabellones del cuerpo, se están utilizando vehículos con más de 500.000 kilómetros a las espaldas e impidiendo el incremento de plantilla, todo ello por falta de presupuesto“, apuntan desde la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil. Para solventar este hándicap, no pocas veces Interior ‘tira’ de otras instituciones, sobre todo locales.

Las instalaciones de Loeches (Madrid) se encuentran cerradas porque ya no son habitables, con lo que el cuartel está temporalmente cerrado hasta que Interior ponga una solución. Francisco Cecilia, secretario general de AUGC en Madrid, asegura que el ayuntamiento de la localidad cercana de Torres de la Alameda está dispuesto a ceder un inmueble para que se establezcan las dependencias en su municipio. En Majadahonda, por su parte, la Guardia Civil también ha estado utilizando unas instalaciones del consistorio en concepto de alquiler, pero Interior pretende ahora enviar a los agentes a las antiguas dependencias de la Policía Local, un edificio inutilizable que tendrá que ser reformado.

el director es un ocupa

Lo que demuestra el ocupa de la Real Fábrica de Tapices

Veinte años, ocho ministros de Cultura, tres presidentes autonómicos y tres alcaldes después, ha tenido que llegar Carmena al Ayuntamiento para que esta película de Berlanga empiece a terminar

Ignacio Escolar

Fue Esperanza Aguirre, entonces ministra  “hola majete” del Gobierno de Aznar, quién inauguró esta surrealista situación. En 1997, la titular del Ministerio de Cultura decidió el rescate público de la Real Fábrica de Tapices. Aguirre lideró una coalición entre las tres administraciones de la capital –el Gobierno, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid– para salvar de la ruina a la empresa que gestionaba esta histórica manufactura real. Con el apoyo de Caja Madrid, inyectaron 400 millones de pesetas para cubrir los más de 200 millones de deudas que arrastraba esta quebrada sociedad. Pagaron las pérdidas con dinero público, convirtieron la Real Fábrica en una fundación, pero dejaron al frente al mismo director que había arruinado la empresa, Livinio Stuyck. Todo, como ven, muy liberal.

Tras la quiebra y posterior rescate público, Stuyck no solo mantuvo el puesto; también una inusual ‘residencia oficial’. Sin ser ya dueño de la empresa –de la sede nunca lo fue, era patrimonio del Estado desde que se construyó– se quedó viviendo en la Real Fábrica de Tapices, en un enorme dúplex de casi 700 metros cuadrados en las dos últimas plantas del edificio. Aguirre no puso pegas, o no se quiso enterar. Todo, de nuevo, tremendamente liberal.

En 2002, el patronato de la fundación despidió por fin a Stuyck. Nunca se explicó la causa, ni por qué se tomó la decisión. Pero nadie del patronato –ni en el Ministerio de Cultura, ni en el Ayuntamiento ni en la Comunidad– movió un dedo para sacarle de su pisito de casi 700 metros cerca del parque del Retiro, en un edificio público declarado como Bien de Interés Cultural.

Entre 1997 y 2017 no solo han pasado veinte años. También ocho ministros de Cultura (incluido Mariano Rajoy), tres presidentes autonómicos de Madrid (incluida otra vez Esperanza Aguirre) y tres alcaldes. Con ellos, otros tantos patronos nombrados por estas administraciones en la fundación. Ninguno de ellos movió un solo dedo para desalojar al ocupa de la Real Fábrica de Tapices. No es solo que no pagase el alquiler. Es que no pagaba ni el agua ni la electricidad. Livinio baja la basura y sube la compra por la misma entrada por la que pasan los turistas que vienen a visitar los tapices de Goya. Tiene las llaves de su ‘dúplex’ y de la entrada principal. Todo, por supuesto, gratis total.

Veinte años, ocho ministros de Cultura, tres presidentes autonómicos y cuatro alcaldes después, ha tenido que llegar Manuela Carmena al Ayuntamiento de Madrid para que esta película de Berlanga empiece a terminar. El actual equipo municipal es quien ha presionado al Gobierno para que comience los trámites para un desalojo que ya veremos si se llega a concretar. En derecho, el usufructo es también una forma de propiedad. Y la indiferencia, la incompetencia, la dejadez y el silencio de dos décadas de gestores públicos pueden acabar con un patrimonio de todos privatizado por la vía de la negligencia. Una negligencia que sale gratis a quien la comete, porque la pagamos los demás.

“Apoyar ocupas es un atentado a la seguridad jurídica porque en España la propiedad esta protegida y la ocupación penada”,  dijo Esperanza Aguirre hace no tanto. Se refería a otros ocupas, a otras propiedades y a otra seguridad jurídica, claro está.

El tipo que acabó con las renovables en España

El tipo que acabó con las renovables en España ahora cobra por dar conferencias en el extranjero en las que defiende que son la mejor alternativa energética

El exministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el padre del gran hachazo a las renovables en España, ahora tiene una nueva vida en la que se dedica a defender a ultranza a las energías renovables.

Pero lo hace fuera de España, quizá piense que las energías renovables son la mejor opción para todo el mundo menos para su propio país, uno de los más ricos en viento y sol.

El exministro Soria acudió al Crans Montana Forum que se desarrolló en la ciudad sahariana de Dakhla, allí se celebró por tercer año consecutivo este foro que cuenta con el auspicio del mismísimo Rey Mohammed VI. Este año el título era Hacia una nueva África. Estabilidad, cohesión y solidaridad para un desarrollo sostenible. El rol cohesionador de Marruecos.

Soria fue invitado para hablar en la mesa sobre energías renovables, y defendió a capa y espada un proyecto que él conoce bien, el complejo hidroeólico de Gorona del Viento, que tiene como objetivo suministrar solo con renovables la isla de El Hierro.

La intervención de Soria se enmarcó en el panel sobre Producción y suministro de energía, definido en el programa como la clave del progreso y crecimiento de las economías emergentes. El ex ministro recalcó que no participaba en representación del Gobierno de España, sino a título personal y con el fin de aportar la experiencia adquirida durante los años en que ejerció como ministro de energía. Se manifestó a favor del uso de las energías renovables como camino a disminuir la dependencia energética del exterior que durante décadas han soportado los países no productores de petróleo.

José Manuel Soria el hombre que acabó con las renovables en España ahora se dedica a defenderlas. Como dijo el gran Groucho Marx: Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros.
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cuando la universidad se gasta el dinero en certificados de asistencia de papel

El actual Gobierno cifra el despilfarro en 1.000 millones

24 de marzo de 2017

El saqueo de Navalcarnero por el PP supera al de Gil en Marbella

Carlos Ribagorda @CRibagorda carlos.ribagorda@bez.es

Imagen del interior de las cuevas de Navalcarnero, donde se han enterrado 30 millones

Imagen del interior de las cuevas de Navalcarnero, donde se han enterrado 30 millones
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A una buena parte de los ciudadanos de España no les sonará mucho Navalcarnero, la localidad madrileña de unos 25.000 habitantes que limita con la provincia de Toledo. Casi nadie sabrá quién es Baltasar Santos, alcalde de la ciudad durante los últimos 20 años, hasta las elecciones de 2015. Pero recuerden estos dos nombres porque lo hecho por este dirigente en este pueblo desde 1995 deja en una anécdota lo ocurrido con las ‘tarjetas black’, Gürtel, Púnica y se asemeja al saqueo de Marbella.

¿Recuerdan el caso de las ‘tarjetas black’? Sesenta consejeros y dos presidentes de Caja Madrid gastaron 12 millones durante diez años con las visas opacas, ajenos a Hacienda y mientras la entidad necesitaba un rescate. Parecido es el caso de los cinco ex ejecutivos de NovacaixaGalicia condenados a prisión por adjudicarse 8,9 millones en sobresueldos pese a estar en pérdidas. ¿Y el caso de La Muela? Seguro que recuerdan a María Jesús Pinilla, la alcaldesa de esta ciudad zaragozana condenada a 17 años de cárcel y una multa de diez millones por irregularidades en su gestión que dejaron al pueblo con una deuda de 25 millones.

¿25 millones? Navalcarnero debe 220 millones de euros. Un reciente informe de la Cámara de Cuentas regional referido solo a los años 2007 y 2008 -pendiente de aprobación- cifra en 35 millones los gastos sin justificación contractual. Una fuente de la Cámara ha reconocido en privado que es “el informe más duro que he visto nunca”. El actual alcalde, José Luis Adell, del PSOE, calcula que el despilfarro durante los 20 años de Gobierno del PP es de mil millones, entre la deuda, los ingresos por venta de suelo e ingresos recurrentes. Los funcionarios del Ayuntamiento de Marbella calcularon el desfalco a la ciudad en 500 millones. Se calcula que el dinero defraudado en Gürtel -Francisco Correa- son 120 millones y en Púnica -Francisco Granados-, 250 millones.

Baltasar Santos, desaparecido

Aunque no tiene el componente de morbo y farándula que le daba Isabel Pantoja a Marbella, ni el protagonista es alguien famoso como Luis Bárcenas, Francisco Granados o Francisco Correa, lo protagonizado por el ex alcalde popular de la ciudad, Baltasar Santos, durante los veinte años de su gobierno refleja toda una época de dispendio municipal, aliñada con una gran dosis de impunidad. Impunidad incluso actualmente: la Policía municipal ha tenido que dejar en su casa el reciente informe de la Cámara para que haga las alegaciones pertinentes -que, de momento, no ha hecho- porque está desaparecido.

Solo por el caso de un polideportivo pagado y no construido, el perjuicio al Ayuntamiento es de 10,5 millones de euros

Impunidad también judicial, al contrario que en el resto de casos citados. Santos tiene tres querellas pendientes que no avanzan. Primero, por prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos en la construcción de un polideportivo. Según un auto del 19 de agosto de 2016, el juez ve indicios de delito en el alcalde -y otros dos funcionarios- por adjudicar la obra a la oferta más barata pero aprobarle luego modificados sin los informes legales necesarios que encarecieron la obra. Según el juez, el Ayuntamiento aprobó pagos de sobrecostes pedidos por la empresa, Constructora Hispánica, de hasta el 80% del coste total pese a que “la obra estaba abandonada”.

Lo más sorprendente es que el juez daba diez días en agosto al fiscal para responder y en marzo nadie sabe qué ha ocurrido con esta querella. “No sabemos nada, no tenemos noticia del fiscal y no nos dicen nada”, explican en el Consistorio madrileño. La juez calcula que Santos y los otros dos procesados han causado un perjuicio al Ayuntamiento por 10,5 millones, el dinero abonado a la constructora. El polideportivo no está construido.

Cuevas

La segunda querella hace referencia a la construcción de unas cuevas bajo la Plaza de Segovia que servirían como reclamo turístico. Tras invertir 30 millones de euros, la realidad es que las cuevas están cerradas -imagen de la derecha- y ha habido varios hundimientos que han puesto en peligro la vida de los vecinos. Además, la obra se hizo sin los informes legales pertinentes, sin proyecto técnico, sin dotación presupuestaria y “sin que se haya seguido el procedimiento establecido para la licitación de contratos”, dice el informe de la Cámara regional.

Como en el caso anterior, el proceso judicial está a la espera del escrito del fiscal. El escrito de calificación de la acusación popular se presentó en noviembre de 2016. La denuncia es de 2011.

Y hay una tercera querella paralizada. La presentó en abril de 2014 el PSOE -entonces en la oposición- contra Santos, la concejala de Hacienda y la interventora del Ayuntamiento y les acusaba de prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos. La denuncia se archivó, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ordenó reabrir el caso en mayo de 2015, “sin que hasta la fecha se haya ordenado ninguna diligencia ni instrucción“, asegura la Cámara.

Granito, ermita, fontanero…

La lista de irregularidades durante 20 años en este pequeño pueblo de Madrid asusta. El informe de la Cámara describe como algo habitual en este Ayuntamiento la adjudicación de obras a la oferta más barata para luego hacer millonarios modificados al margen de la ley, como el de la Plaza de Toros; se aprobaban presupuestos con ingresos inflados año tras año, que acababan engordando la deuda; una constructora, Consvial, presidida por Felipe Neri, realizó el 90% de las obras -Consvial no ha contestado a la llamada de bez.es-; en definitiva, una “trama corrupta que ha saqueado la ciudad hasta 2015, porque lo del reciente informe de la Cámara es solo una mínima parte de lo que ha pasado aquí en veinte años”, asegura Adell, actual alcalde (PSOE).

En 2006, Baltasar Santos compró por 300.000 euros una parcela de 140 metros cuadrados para construir la ermita de San Millán de la Cogolla. En 2008, sin haber movido un gramo de arena, compró otra parcela al lado por casi 200.000. En total, medio millón de euros y no se ha hecho nada. El terreno sigue calificado como solar sin uso determinado.

Una de las debilidades del ex alcalde eran las obras de arte y las estatuas de granito, a lo que dedicó más de ocho millones de euros solo entre 2002 y 2011. Una de esas obras, la Santa Cena, la recepcionó en 2014 el propio alcalde y el fontanero municipal. Pagaron 311.000 euros y dieron el visto bueno, pero al año siguiente el artista se la llevó porque estaba defectuosa. Requerida por el actual equipo de Gobierno, el artista ha señalado que todavía falta el trabajo más duro y que tardará unos tres años en entregarla.

El granito puebla Navalcarnero. Granito que no está pagado en su totalidad porque todavía se adeuda una parte al proveedor gallego. Pero lo peor es que buena parte de ese granito está abandonado en una parcela municipal, durmiendo el sueño de los justos -en la imagen-.

Nadie sabe donde está Baltasar Santos, que no ha atendido la llamada de bez.es. Fue expulsado del PP en 2015, que pagó en las urnas su gestión. “Nosotros condenamos su actuación y nos avergüenza que se utilizaran las siglas del PP para hacer estas cosas”, asegura Esther Platero, la nueva líder del PP en la ciudad. Santos acudió a las elecciones con otro partido, URCi, y consiguió dos concejales. Recogió el acta en un flamante Jaguar y pocos meses después renunció, al igual que el otro concejal de su formación, María Jesús Neira, ex concejal de Hacienda en la etapa de Gobierno de Santos. Ahora esos dos sillones están vacíos, nadie les ha sustituido. Mientras, Navalcarnero y sus 25.000 habitantes estarán endeudados hasta el próximo siglo.