yo hice bulling

Tecnología cántabra contra el bullying

Escrito por , 18 de noviembre de 2017 a las 17:30

El acoso escolar –o bullying– es una realidad que desde hace años afecta a miles de jóvenes españoles. En 2016 hubo más de 100.000 situaciones de acoso escolar en España, tal y como corrobora un informe de Save The Children, y las cifras siguen aumentando.

Afortunadamente, la sociedad se ha ido concienciando sobre este grave problema en los últimos años, en parte, gracias a la mayor visibilidad que actualmente reciben los casos de jóvenes que han llegado a quitarse la vida debido al acoso recibido en sus propios centros escolares.

Esta creciente sensibilidad social ha llevado a un grupo de seis estudiantes cántabros a crear ‘Valientes’una app ideada para ayudar a niños y adolescentes que sufran acoso escolar.

Aunque todavía está sin desarrollar, ‘Valientes’ ha sido uno de los proyectos mejor valorados del año en el Máster de Emprendimiento del CISE (Centro Internacional Santander Emprendimiento) y la EOI (Escuela de Organización Industrial).

Para el desarrollo de este proyecto, estos estudiantes realizaron un trabajo previo de documentación e investigación en el que realizaron formularios online, visitaron varios institutos para testear la idea y hablaron con profesores, padres e incluso alumnos que habían sufrido bullying para ver cuál era el mejor planteamiento que se le podía dar al proyecto.

A pesar de todas estas complejidades, este grupo de estudiantes ha conseguido definir un mecanismo que es capaz de responder sencilla e intuitivamente a todas las necesidades y situaciones que puedan vivir los jóvenes acosados, desde el acoso en el propio centro escolar hasta el bullying ejercido a través de las redes sociales e Internet.

De este modo, ‘Valientes’ ofrece tres tipos o niveles de respuesta:

  • El primer nivel consiste en respuestas exclusivamente informativas, una tecnología bot con la que los jóvenes podrán resolver cualquier duda que se les plantee.

  • El segundo nivel está planteado para casos extremos en los que la persona afectada necesite ayuda inmediata; a través de la app se podrá llamar directamente al 018 –teléfono contra el acoso escolar– para proporcionar la ayuda necesaria.

  • El tercer nivel sería el más complejo; consistiría en la creación de una red de contactos en la que se incluirían jóvenes que quieran ayudar acombatir el bullying, estudiantes que lo estén sufriendo y profesionales y especialistas que puedan prestar ayuda y atención a quien lo necesite.

Dicho todo esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Conseguir financiación para el desarrollo técnico de la aplicación; la cifra estimada ronda los 40.000 euros. Los creadores ya están moviendo ‘Valientes’ entre diferentes concursos de emprendedores, y no descartan el crowdfunding como método de financiación. En cualquier caso, el proyecto se merece toda la ayuda y el apoyo necesarios para hacerlo realidad.

 

el director de la politica es el unico cientifico los demas a la calle

Cambio climático: camino hacia un punto de inflexión

El planeta se encamina hacia un aumento de la temperatura de consecuencias imprevisibles. El nivel de los océanos podría elevarse decena de metros 

El cambio climático provoca un aumento de la temperatura en el planeta, que se acerca así a un “punto de inflexión de consecuencias imprevisible”, según un informe divulgado en la Conferencia del clima de la ONU

“En los últimos dos años se han ido acumulando las pruebas de que nos dirigimos hacia una colisión” medio ambiental”, explica Johan Rockstrom, director ejecutivo del Stockholm Resilience Centre. 

“El cambio climático está aquí. E irá a peor hasta alcanzar ese preocupante punto de inflexión, en el que los acontecimientos dejan de estar bajo control”, advierte. 

“Hay que imaginarse a alguien sentado en una silla inclinada hacia atrás, oscilando”, sugiere Sybren Drijfhout, un profesor de la universidad de Southampton. 

En el complejo mundo de las previsiones climáticas, ese punto sin retorno en realidad son múltiples, y en su conjunto pueden provocar que el planeta bascule hacia una situación impredecible. 

Algunos científicos, por ejemplo, creen que la superficie del planeta se ha calentado ya excesivamente, 1,1°C, en los últimos 150 años y que ello provocará la desintegración de buena parte del hielo en el Antártico, lo que provocará un aumento del nivel del mar de seis a siete metros. 

Ese proceso puede durar 1.000 años, pero si se confirman esas sombrías predicciones, la capa de hielo se fundirá ineluctablemente, sea cual sea la rapidez con la que lleguemos a cortar con las emisiones de gas de efecto invernadero. 

Otros científicos creen que ese umbral es más alto, 1,5° C o 2° C. Pero todos están de acuerdo en que hay un punto sin retorno. 

Rockstrom y otros científicos han identificado hasta una docena de esos “puntos de inflexión”, a los que atribuyen individualmente un umbral de temperatura específico. 

Esos datos circulan en la 23 conferencia del clima de la ONU, que se celebró en Bonn con la asistencia de 196 miembros. 

La COP23 terminó el viernes y su objetivo es iniciar el diálogo para fijar el reglamento del histórico Acuerdo de París de hace dos años, para mantener el ascenso de la temperatura del planeta por debajo de 2° C.

El peligro, para esos científicos, es que ese cambio definitivo lleve hacia un escenario climático desconocido, cuya duración se medirá en miles o incluso decenas de miles de años. 

Un incremento del 1,3°C provocaría la desaparición de la capa de hielo durante el verano en el Polo Ártico, el deshielo de partes de Groenlandia, la pérdida de arrecifes coralinos y de glaciares en las zonas montañosas. 

Un aumento de la temperatura entre 3°C y 5 °C provocaría la transformación de amplias zonas del Amazonas en una sabana, un cambio drástico en las poderosas corrientes del fondo oceánico en el Atlántico, que regula el clima a ambas orillas de ese océano, y la frecuencia del fenómeno conocido como El Niño

Pero también podría provocar la transformación del desierto del Sahel, en el norte de África, en una zona húmeda. 

En el caso extremo de que la temperatura del mundo superara los 5°C, el nivel de los océanos se levantaría decena de metros. 

La PSA lanza un SOS: absurda Ley presupuestaria del Gobierno Rajoy les impide investigar

 

 

Querría haceros llegar el grito desesperado de compañeros investigadores de la Plataforma Solar de Almería (PSA), el centro de investigación más importante del mundo en tecnologías solares térmicas de concentración. En resumen: teniendo financiación de fondos Europeos que no afectan para nada a los PGE, el Ministerio se agarra a la orden HAP/1169/2016 del 14 de julio del Gobierno español (creada para reducir el déficit público) para impedir la adquisición de material en la PSA. Tendrán que devolver cientos de miles euros a Europa, sin poder hacer uso de ellos, ¡y hasta con intereses! Indignante. Han insistido en lo absurdo de la situación a cuantas personas podrían tomar una decisión, sin recibir ninguna respuesta. Ya sólo les queda que el tema salte a los medios para intentar que el Gobierno les preste atención.

Vista de la Plataforma Solar de Almería (PSA).

Han creado una petición en Change.org para pedir a Luis de Guindos que reconsidere su situación. A continuación os dejo la nota de prensa donde explican la situación:

Los procedimientos y normas impuestas por el Gobierno central llevan a la Plataforma Solar de Almería a su desaparición como referente mundial en la I+D termosolar y a la pérdida de numerosos puestos de trabajo

La Plataforma Solar de Almería (PSA, www.psa.es), ha sido hasta ahora el centro de investigación más importante del mundo en relación con las tecnologías solares térmicas de concentración, liderando la gran mayoría de las principales iniciativas internacionales que actualmente se encuentran en marcha auspiciadas, impulsadas o respaldadas principalmente por la Unión Europea. Los problemas de gestión provocados por las normas impuestas por el Gobierno a los Organismos Públicos de Investigación desde Enero de 2016 están dañado de forma importante y con gran celeridad la reputación que se había ganado justamente la PSA desde su nacimiento hace ya más de 30 años. Los serios problemas de gestión provocados por dichas normas están demostrando claramente que dichas normas son incompatibles con la gestión adecuada de una gran instalación científica y tecnológica como es la PSA, que gestiona proyectos internacionales plurianuales de elevado presupuesto y financiados con fondos ajenos a los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Esta situación no solo hace que participar en nuevos proyectos que conlleven tareas y presupuestos plurianuales de cierta complejidad e impacto, resulte imposible, sino que también impide a la PSA desarrollar correctamente los proyectos que ya tiene en marcha, teniendo incluso que devolver los fondos concedidos, debido a la imposibilidad de ejecutarlos. Fondos, que por otro lado provienen de fuentes ajenas a los PGE, como son los fondos provenientes de la Comisión Europea para los proyectos del programa Horizonte 2020.
La imposibilidad de poder llevar a cabo las actividades comprometidas en los proyectos está provocando quejas formales de otras instituciones por poner en peligro la PSA el conjunto del proyecto. Otro ejemplo de los problemas originados por las normas impuestas por el Gobierno es el retraso de más de seis meses que se ha producido ya en algún proyecto concreto a la hora de distribuir la PSA a los socios de proyecto los fondos dados por la Comisión Europea para dicho proyecto.
No se trata de un problema de liquidez, ni de falta de fondos, sino de la imposibilidad de ejecutar dichos fondos para desarrollar los proyectos a los que están asociados. Como ejemplo se puede mencionar que desde Agosto de 2016 hasta junio de 2017 la PSA no ha podido adquirir ningún equipamiento, a pesar de disponer del dinero requerido para ello. Durante el año 2016, la imposibilidad de adquirir material inventariable estuvo motivada por la Orden HAP/1169/2016 de 14 julio, dada por el Gobierno español con el argumento de reducir el déficit público, lo cual no tenía sentido en el caso de la PSA porque los fondos finalistas que recibe la PSA desde la Comisión Europea no afectan al déficit público de España, ya que no provienen de los PGE. Esta imposibilidad de adquirir el material que necesita la PSA para acometer las actividades que tiene comprometidas en proyectos internacionales, a pesar de tener el presupuesto necesario para ello, no solo está perjudicando a dichos proyectos y, por ende, a todas las entidades participantes en los mismos, sino que dichos fondos tendrán que ser devueltos a la Comisión Europea, en algunos casos incluso con intereses, y con ello no solo se habrá perdido esa inversión en España, sino también puestos de trabajo asociados a los proyectos. Este problema se va agravando más y más cada día, con la imposición de procedimientos cada vez más restrictivos.

Lo explicado anteriormente es solo un ejemplo de la situación irracional en la que el Gobierno ha puesto a la PSA, situación que no reduce el déficit público ni beneficia a nada ni a nadie. Pero, no obstante, la situación continúa a pesar de haber informado reiteradamente sobre la misma desde la PSA, utilizando todos los cauces oficiales disponibles, a todas las personas que tienen la capacidad de intentar acabar con esta lamentable situación, y con las que ha sido posible contactar.

Esta situación resulta aún más incomprensible si se tiene en cuenta que la PSA está catalogada dentro de España como una Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) y a nivel europeo está catalogada por la Comisión Europea como Large Scientific Installation, y sin embargo las normas impuestas por el Gobierno son diferentes a las existentes en la mayoría del sector de la I+D en España (Universidades y CSIC). Ellos no se rigen por estas normas, lo que les permite poder acometer y desarrollar con éxitos proyectos plurianuales importantes.
¿Por qué no se le permite a la PSA gestionar adecuadamente los presupuestos de proyectos plurianuales que vienen de fuentes distintas a los Presupuestos Generales del Estado?. Nadie ha dado una explicación sensata a esta pregunta que insistentemente hacemos desde la PSA a
cuantos tienen la autoridad y el poder para poner fin a una situación tan absurda e irracional. Parece muy lamentable que dentro de España dañemos de forma innecesaria la reputación de centros emblemáticos que han logrado, con su buen hacer durante años, estar a la cabeza internacional en su campo de actividad, como es la PSA. ¿No sería más lógico que se apoyara a este tipo de centros públicos nacionales, dotándoles de unas normas que les permitan ejercer, con control y absoluta transparencia, su actividad como referente mundial en su campo?.
Es conveniente hacer hincapié en que la absurda situación en la que se encuentra la PSA no está motivada por la falta de fondos, pues su calidad científica y técnica le ha permitido, en buena medida, captar fondos en el extranjero. Fondos que se han conseguido y están ingresados en cuenta, pero que las normas impuestas por el Gobierno desde enero de 2016 no permiten usar, aunque dichos fondos no tienen ningún impacto sobre el déficit público porque son fondos finalistas provenientes de la Unión Europea, que tendremos que devolver si no se gastan, con la consiguiente pérdida de inversión y puestos de trabajo en España. Se pueden dar muchas más razones por las que las normas impuestas por el Gobierno son insensatas y deben ser cambiadas urgentemente, pero la base fundamental es que están causando mucho daño al prestigio de la PSA, y por ende de España, sin que por ello se beneficie a nada ni nadie. La transparencia y control deben ser compatibles con la eficacia, y las normas actuales son cualquier cosa menos eficaces para permitir el desarrollo de proyectos de I+D importantes, que conllevan creación de empleo y riqueza en Almería. Esta creación de
empleo y riqueza ha sido demostrada por los proyectos que pudieron realizarse en la PSA cuando las normas de gestión eran diferentes, pero las nuevas normas ya están destruyendo empleo y riqueza, a la vez que la reputación de la PSA como centro internacional de referencia en su sector, sin que por ello se beneficie nada ni nadie, ni se reduzca en déficit público, pues los fondos que se tienen y no se pueden ejecutar son en su mayoría de la Comisión Europea y ajenos a los Presupuestos Generales del Estado. Las normas impuestas por el actual Gobierno de España impedirán crear casi veinte puestos de trabajo en 2018, a pesar de disponer ya la PSA del dinero necesario para ello Esta situación está llevando a la desaparición de las singularidades que han caracterizado a la PSA a nivel científico, y a la pérdida de la competitividad necesaria para poder seguir teniendo éxito en convocatorias públicas internacionales de I+D que le permitan seguir creando empleo y riqueza en la provincia de Almería.

ana botella contrato a las cardarashis para sufragar gastos

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha manifestado este miércoles que es “doloroso ver que hay dinero que no se puede gastar en cosas que hacen falta” y ha defendido destinar “cada euro que ingresa el Ayuntamiento a mejorar la vida de los madrileños”.

El Ayuntamiento de Madrid comunicó anoche al Ministerio de Hacienda la retención de créditos por 173,6 millones de euros repartidos en 1.206 partidas, de modo que le quedarían por cubrir hasta final de año 192 millones con los que recuperar la senda de gasto señalada por el departamento que dirige Cristóbal Montoro.

Carmena ha asegurado que en el Gobierno municipal no se sienten solos. “¿Cómo se va a sentir sola Madrid? Madrid no es una cosa cualquiera”, ha destacado tras poner el acento en la importancia de que llegue a la calle  el debate sobre los presupuestos porque es dinero de todos.

 

“Es sorprendente que haya una interpretación que no es lógica, que no se acopla a las necesidades de las políticas públicas de la ciudad”, ha añadido para remarcar, a continuación, que la regla de gasto “no es una ley sino una instrucción”.

estan en valencia las cardarashis , en mercadona

 
Una de las detenidas posa en sus redes con el dinero obtenido por los robos de los móviles.

La caída de las cardarashis: estas búlgaras han robado 1.000 teléfonos en Madrid

El clan, uno de los más activos de los últimos tiempos, han causado estragos en la Comunidad; los jefes eran varones y las ladronas, chicas jóvenes, 11 de ellas menores.

15 noviembre, 2017 02:35

Gonzalo Araluce 

Desde el pequeño hurto construyeron una estructura mafiosa que golpeó con dureza en la Comunidad de Madrid. En la cúspide de la organización, tres búlgaros coordinaban a sus huestes, un puñado de chicas jóvenes de su mismo país que eran expertas en el robo.Las llamaban las cardarashis y habían robado al menos mil smartphones.

Aprovechaban los espacios concurridos para sisar los terminales que después vendían en el mercado negro. Se movían con rapidez y sostenían su actividad en un entramado de pisos distribuidos en diferentes municipios. La Guardia Civil asestó un golpe definitivo a la organización al detener a 31 de sus miembros.

 

Las cardarashis eran el corazón que hacían latir al clan. En búlgaro, cardarashis significa carteristas. Eran 19 chicas jóvenes; 11 de ellas, menores de edad. La más joven tenía 14 años. Eran ellas las que aprovechaban los tumultos para hacerse con sus botines.

¿Cómo habían llegado a España y a integrarse en esta célula? Sus familias, procedentes del norte de Bulgaria, las “cedían” a los tres cabecillas de la organización para que las tutelaran. O lo que es lo mismo, para robar. Los líderes de la estructura, a su vez, las confiaban a otros mandos intermedios, nueve jefes que coordinaban a las jóvenes en diferentes grupos de actuación.

Un grupo de las carcarashis en un operativo de la Guardia Civil. Guardia Civil

Las chicas apenas hablaban castellano y su integración con la sociedad era inexistente. “No tenían vínculos familiares, ni trabajo reconocido en nuestro país”.

Su escenario favorito, en el que se sentían más cómodas para cometer los hurtos, eran las fiestas patronales. Causaron estragos en municipios madrileños como Tres Cantos, Las Rozas, Majadahonda, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Soto del Real, Colmenar Viejo, Pinto o Pozuelo de Alarcón.

“Aspavientos y choques fortuitos”

“Aprovechaban circunstancias de consumo de alcohol y drogas para actuar, a sabiendas de que el estado de vigilancia queda mermado”, apunta la Guardia Civil. El método era siempre el mismo: utilizaban “aspavientos y choques fortuitos” para robar los teléfonos móviles y las carteras, que rápidamente entregaban a sus compinches. Operaban durante toda la noche y ocultaban los terminales en bolsas escondidas entre matorrales y arbustos.

En manos de los cabecillas quedaba su posterior exportación a países del extranjero, principalmente a su Bulgaria natal. Allí vendían los terminales a un precio que rondaba los 70 euros. No dudaban en colgar fotos en sus redes sociales en las que mostraban fajos de billetes obtenidos con estos métodos delictivos.

Uno de los jefes del clan con un fajo de billetes, en una foto difundida en sus redes.

Uno de los jefes del clan con un fajo de billetes, en una foto difundida en sus redes.Guardia Civil

Jefes, subjefes y ladronas

La estructura del clan, compuesto por 31 personas, estaba perfectamente jerarquizada. Los tres cabecillas eran los máximos responsables de todos los movimientos. Contaban con una red de nueve pisos en San Cristóbal de los Ángeles, Carabanchel, Villaverde y Vallecas. En ellos se alojaban todos los miembros de la organización.

Estos jefes determinaban en qué escenarios debían producirse los hurtos. Las fiestas patronales y los espacios concurridos eran los lugares más suculentos para actuar.

Una vez elegido el dónde y el cuándo, los máximos responsables delegaban la actividad a nueve subjefes, encargados de coordinar las células de actuación. Éstos se encargaban del transporte y de la organización de los despliegues.

Miembros del clan en un dispositivo policial.

Miembros del clan en un dispositivo policial. Guardia Civil

En el último escalón se ubicaban las 19 cardarashis, sigilosas y expertas en el robo.

La Guardia Civil explica: “En el caso de que en el transcurso de alguna de sus actuaciones pudieran ser identificadas, [las cardarashis] se retiraban para no levantar sospechas”.

La ‘Operación Bulgaris’

El Instituto Armado arrancó el la operación -a la que bautizó con el nombre de Bulgaris por el país de procedencia de los detenidos- el pasado mes de junio, con las fiestas del municipio madrileño de Tres Cantos como contexto.

Los agentes presenciaron la llegada de once individuos a bordo de tres taxis que despertaron sus sospechas. Resultaron ser búlgaros. Les identificaron y comprobaron que tenían “numerosos antecedentes policiales”. Los sospechosos abandonaron el municipio.

La actuación se repitió al día siguiente. Los mismos individuos llegaron a Tres Cantos en varios turismos. La Guardia Civil, a través de un dispositivo encubierto, detectó su presencia. Inmediatamente se procedió a la detención de cinco de ellos.

Uno de los miembros del clan se hace una foto con teléfonos robados.

Uno de los miembros del clan se hace una foto con teléfonos robados.

A partir de ahí y hasta el pasado mes de octubre -cuando explotó la operación Bulgaris-, los agentes tiraron del hilo hasta dar con los 31 miembros.

El botín de las ‘cardarashis’

De acuerdo a las cifras manejadas por la Guardia Civil, el clan desarticulado está detrás de al menos 187 delitos de hurtos. El dato podría ser mayor, habida cuenta que en los nueve domicilios registrados se encontraron un millar de teléfonos, carteras robadas, documentación, 2.500 euros escondidos en una persiana y dinero de diversas divisas que sumaba un valor próximo a los 5.000 euros.

Los detenidos tienen entre 14 y 58 años. El Instituto Armado detalla el historial delictivo que se les imputan: “pertenencia a organización criminal, delitos continuados de hurto y blanqueo de capitales”. Tras ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente se decretó fuertes medidas cautelares para los adultos.

El dispositivo policial ha permitido la caída de las cardarashis, el clan más activo en el hurto de teléfonos de los últimos años en la Comunidad de Madrid.

problemas con los aparcacoches

El asedio de los gorrillas en Valencia

  • La resignación de los vecinos es la nota dominante a la hora de dar propina, mientras sólo unos pocos se niegan a pagar

  • Los conductores sufren el acoso de los aparcacoches en el entorno de hospitales, centros comerciales y zonas turísticas

Durante muchos años ha sido el epicentro de los aparcacoches de Valencia, aunque ayer la actividad era frenética en la prolongación de la Alameda. Si Valencia debe mirar al mar, los gorrillas hace tiempo que lo han hecho y en el tramo desde el puente de Monteolivete hasta l’Assut de l’Or había media docena de personas esparcidas en otros tantos huecos para el estacionamiento.

 

¿Cuánto le ha dado? preguntó LAS PROVINCIAS a un conductor después de que éste entregara una monedas al gorrilla. «Unos céntimos, lo que tenía en el bolsillo», respondió antes de dirigirse al poste de la ORA, para abonar otro tanto al Ayuntamiento. Supone pagar dos veces por dejar el coche, a lo que adujo que son «como de casa, están siempre aquí desde hace muchos años».

La resignación fue la nota dominante en todos los testimonios recogidos por este periódico, un día después de publicar que el Consistorio ha decidido dejar de sancionar a los aparcacoches, salvo que se trate de casos claros de abusos a conductores. En cifras, se ha pasado de 636 multas en 2014 sólo en la campaña de verano en las playas a 66 sanciones el pasado ejercicio.

La concejal de Policía Local, Anaïs Menguzzato, confía en una solución a este problema a través de las ayudas sociales, en concreto gracias a la nueva renta básica de ciudadanía, un subsidio de la Generalitat a personas sin recursos, y donde el Consistorio debe hacer los informes a través de Servicios Sociales.

«Yo lo tengo muy claro, no pagar nada». El portavoz de la asociación de vecinos de Malilla, Alfonso Cortés, abogó por esa alternativa. A su juicio, es la solución al donativo encubierto de coacción que sufren los conductores. Sabe de lo que habla porque el barrio donde vive alberga la mayor concentración actual de aparcacoches, en la trasera del Hospital La Fe.

Hasta que uno no da una vuelta por allí no se percata del problema de movilidad que tienen los usuarios de este hospital. Los laterales y la parte de atrás, hacia la V-30 es un inmenso estacionamiento donde los gorrillas colocan los coches como si fuera un rompecabezas. «La Fe está muy mal planificada en ese aspecto, cualquiera puede darse cuenta», opinó Cortés.

Dos conductores fuman apoyados en su coche, aparcado en doble fila. «Ahora subiremos cuando haya hueco para dejarlo», respondieron. ¿Van a pagar? «Sí, claro», dijeron casi al unísono. Los gorrillas vulneran dos artículos del Reglamento General de Circulación y de la Ley de Seguridad Vial, aunque es público que siempre se declaran insolventes y no pagan las sanciones.

A primera hora de la mañana, la actividad era todavía menor en algunas zonas. En una calle lateral de la Ciudad de la Justicia había sólo un gorrilla a la vista, aunque lo llamativo es que indicaba el estacionamiento sólo a unos metros de vehículos oficiales, algunos policiales y de la Guardia Civil.

También están los que se colocan fuera de los lugares habituales. Dos aparcacoches discutían por controlar sendas plazas de estacionamiento junto a Nuevo Centro, en la vía de servicio de la avenida Pío XII. Un tercero disponía de más plazas para él solo en la avenida Campanar, casi en la marginal izquierda del viejo cauce. Llamaba la atención el gran número de plazas disponibles entre el antiguo hospital y la sede de la Conselleria de Educación, sin gorrillas a la vista.

Otros ofrecían la última plaza disponible, como el situado junto a la estación de bombeo de la calle Ibiza. Con una sonrisa indicaba a los conductores que ya no había más posibilidades. A cinco metros de la verja del corredor mediterráneo, era eso o dar la vuelta para seguir buscando. Pasaron varios vehículos antes de que una joven se decidiera a estacionar y dar la propina.

En el barrio de Nou Moles, donde se sitúa el complejo administrativo 9 d’Octubre, el Ayuntamiento puso en marcha hace años el servicio de colaboradores sociales, condenados a trabajos en beneficio de la comunidad. Ayer no había ninguno ni tampoco gorrillas.

La presidenta de la asociación de vecinos, Casilda Osa, indicó que no padecen de momento este problema, aunque recriminó al Ayuntamiento que no facilite el parking a los vecinos. «Arreglaron un solar en la calle Hermanos Rivas con zahorra pero está lleno de socavones por el efecto de las lluvias», comentó.

La misma falta de planificación que criticó Cortés, al indicar que el hospital La Fe «tiene sólo el acceso en el cruce del bulevar sur con la carrera Malilla. No cuesta nada señalizar la entrada desde la V-30, lo hemos pedido y ni caso». Mientras la Administración decide si coloca una señal indicadora del aparcamiento de La Fe, los gorrillas hacen el agosto todos los días en el estacionamiento más rentable de Valencia

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201702/01/asedio-gorrillas-valencia-20170201004105.html

los gastos de la mafia que trafica en valencia no se cuentan??? en cada esquina hay un sicario

Al igual que cada año, el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado (PGE): un documento con el que el Ejecutivo explica de dónde saldrán sus ingresos y cómo se gastará el dinero de todos los contribuyentes. 

“Cooperación al desarrollo sube un 12% en 2017” “el presupuesto de la Casa del Rey se mantiene casi congelado”“Sanidad crece un 2,3%”. Pero estos titulares son realmente un espejismo ya que se refieren al presupuesto, una previsión, que es algo muy diferente a lo que finalmente se acaba gastando. 

¿Cuánto han cambiado las cifras que presentó el Gobierno de Rajoy en sus presupuestos y lo que finalmente se gastó? eldiario.es ha recopilado los datos de liquidación de los presupuestos generales desde 2012 hasta 2015 publicados por la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

Los datos incluyen la liquidación del presupuesto de la Administración General del Estado y sus organismos dependientes (por ejemplo, el Museo de El Prado, el Instituto Carlos III o el Servicio de Empleo Público Estatal). No están incluidos los gastos de la Seguridad Social, que no se publican desglosados por políticas.

La ilusión de los presupuestos aprobados en el Congreso es doble. Primero, porque no tiene por qué ser el presupuesto definitivo. Gracias a créditos extraordinarios, ampliaciones de presupuesto o transferencias internas, el Gobierno puede destinar, por la puerta de atrás, nuevos fondos sin pasar por el Parlamento.

Es el caso de Defensa, que ha visto como su presupuesto creció, a golpe de decreto, más de 8.800 millones de euros entre 2012 y 2015. Una información que han revelado medios como El BOE nuestro de cada día, de la Fundación Civio. 

http://www.eldiario.es/economia/enganan-presupuestos-diferencias-presenta-finalmente_0_701330852.html

Así se desvió el presupuesto aprobado de las principales políticas de gasto

Comparación del crédito inicial y definitivo de cada política. No se incluye la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social. Datos de liquidación de los PGE de 2012-2015

Sin embargo, los datos anteriores se refieren únicamente a las ampliaciones de presupuesto y no muestran cuál fue el gasto real de cada política. La ejecución (porcentaje del presupuesto que se ha gastado) de cada política señala cuáles son las políticas en las que el Gobierno dejó sin gastar partidas que estaban previstas en los presupuestos.

El siguiente gráfico muestra el porcentaje del presupuesto definitivo –tras ampliaciones y modificaciones– que se quedó sin gastar. Mientras que ejecutó casi todo el presupuesto en deuda pública, subvenciones al transporte, defensa o acceso a la vivienda, dejó de gastar más de un tercio de lo aprobado en industria y energía o investigación y desarrollo.

¿Y qué parte del presupuesto definitivo se quedó sin gastar?

Comparación de los créditos definitivos y el gasto real de cada política. No se incluye la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social. Datos de liquidación de los PGE de 2012-2015

El Gobierno de Rajoy gastó 9.000 millones de euros menos en investigación que lo que se comprometió a gastar en los presupuestos aprobados entre 2012 y 2016. La mayoría de este dinero sin gastar corresponde a préstamos y créditos que no se conceden, según reveló Materia. Un mecanismo que el Ejecutivo ha utilizado para camuflar recortes en I+D.

Tal y como señalan los datos, el Gobierno suele fallar en la previsión que hacen en sus presupuestos que presentan. Justicia, Seguridad Ciudadana, Acceso a la vivienda, Desempleo, o Subvenciones al transporte son las políticas que menos cambios sufren entre el presupuesto inicial y el gasto real.

Por el contrario, muchas otras partidas ven como los fondos aprobados en los presupuestos acaban en papel mojado.

Así te engañaron los presupuestos: diferencia entre el presupuesto aprobado y el gasto real

Comparación de los créditos iniciales aprobados y el gasto real de cada política. No se incluye la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social. Datos de liquidación de los PGE de 2012-2015

El Estado solo ha recuperado un 6% de los más de 60.000 millones en ayudas a la banca por el rescate financiero aprobado en 2012. Ni uno solo de esos millones se incluyeron en los presupuestos aprobados en el Congreso. El Gobierno los incluyó, por la puerta de atrás, gracias a un crédito extraordinario.

Así es como la partida de Administración financiera y tributaria, pasó de un presupuesto inicial de 22.300 millones entre 2012 y 2015 a gastar finalmente 82.4000 millones de euros.

El rescate financiero que no se aprobó en los presupuestos

Comparación de los créditos iniciales aprobados y el gasto real de la política “administración financiera y tributaria”. Datos de liquidación de los PGE de 2012-2015

Estas diferencias entre lo que se presenta y el gasto real presentan algunas paradojas. Por ejemplo, políticas que en los presupuestos están financiadas con fondos parecidos aunque el gasto real caminó en direcciones opuestas.

Es lo que pasó con Defensa, que acabó duplicando el gasto de Desarrollo e innovación a pesar de que el presupuesto aprobado fue bastante similar entre 2012 y 2015.

La paradoja de los presupuestos: así es como el gasto en Defensa acabó duplicando a I+D+i

Comparación de los créditos iniciales aprobados y el gasto real de cada política. Datos de liquidación de los PGE de 2012-2015

Aunque estos datos se refieren a políticas generales (Sanidad, Educación, Defensa, Desempleo, etc.), el Ministerio de Hacienda también publica la ejecución del presupuesto definitivo -después de ampliaciones o créditos extraordinarios- desglosado por políticas concretas.

Por ejemplo,  ¿en qué nos gastamos el presupuesto de I+D+i? ¿Qué partidas destinadas a ciencia e investigación se ejecutan más y en cuáles se ha dejado de gastar la mayoría del presupuesto?

Los datos de la Intervención señalan como el Gobierno dejó sin gastar más de un 40% de las dos partidas más grandes de I+D+i: investigación básica e investigación en otros sectores. Por el contrario, solo se dejó de gastar el 13% del presupuesto destinado a investigación en defensa.

Así se ejecutaron las distintas partidas de la política de investigación y desarrollo

Comparación de los créditos definitivos y el gasto real de cada partida. Datos de liquidación de los PGE de 2012-2015

¿Cuáles son las políticas concretas en las que el Gobierno ha dejado más presupuesto sin gastar entre 2012 y 2015? Investigación, comarcas mineras, cooperación al desarrollo, recursos hidráulicos o promoción turística, entre las que menos presupuesto ejecutaron.

¿En qué partidas el Gobierno dejó más presupuesto sin gastar?

Porcentaje de ejecución del gasto real frente a los créditos definitivos de cada partida. No se incluye la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social. Datos de liquidación de los PGE de 2012-2015

Metodología

Para hacer esta información se recopiló la información presente en los informes de liquidación de los presupuestos generales del Estado y de sus organismos dependientes (agencias estatales, organismos autónomos y organismos públicos) entre los años 2012 y 2015, los últimos publicados. Estos informes, realizados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), publican la ejecución de gasto a cierre del presupuesto.

La IGAE, sin embargo, no publica la ejecución del presupuesto de la Seguridad Social, así que políticas como “Pensiones”, “Gestión de la Seguridad Social” o “Servicios Sociales” no incluyen una parte de sus fondos gestionada a través de esos organismos. La liquidación del presupuesto de la Seguridad Social, en la web del Ministerio de Empleo, no se publica por políticas de gasto.

Tal y como denuncia el proyecto “Dónde van mis impuestos”, de la Fundación Civio, la ejecución de los presupuestos se publica con mucho menor nivel de detalle que los PGE y estructurados de manera distinta, lo cual impide cruzarlos con los de ejecución a niveles muy desagregados.

problemas de depuradoras, del tajo, del incedio de galicia, y la universidad se privatiza ???

Una universidad lleva 15 años arrojando aguas fecales a un afluente del Guadarrama

La Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Villaviciosa se olvidaron de reponer una depuradora que se eliminó cuando se desdobló la carretera de los pantanos en 2001

Foto: Vertido al Arroyo de la Vega, en Villaviciosa de Odón.
Vertido al Arroyo de la Vega, en Villaviciosa de Odón.

DAVID FERNÁNDEZ

 https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2017-09-19/villaviciosa-vertidos-universidad-depuradora_1444370/
 
 
 

La Universidad Europea de Madrid y unas 60 viviendas de la urbanización El Bosque llevan 15 años vertiendo aguas fecales al Arroyo de la Vega, un afluente protegido del río Guadarrama a su paso por el municipio madrileño de Villaviciosa de Odón. Y todo porque las administraciones se olvidaron de reponer una depuradora cuando hubo que quitarla en el año 2001 durante las obras de desdoblamiento de la M-501, más conocida como la ‘carretera de los pantanos’. Se Puede Villaviciosa, partido de la oposición, estima en 40 los metros cúbicos de residuos vertidos cada día en el arroyo. Mientras, la Confederación Hidrográfica del Tajo cruje a multas al consistorio, del PP: entre 2004 y 2007, ha abierto nueve expedientes sancionadores por vertidos al arroyo por valor de 104.500 euros.

En noviembre de 2001, el Gobierno regional presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallardón inauguraba los primeros 12 kilómetros desdoblados de la M-501, entre Villaviciosa de Odón y el cruce con la localidad de Quijorna. Ese tramo, que era de doble sentido, se convertía así en autovía. Durante las obras, la Comunidad de Madrid tuvo que tirar la depuradora que daba servicio a parte de la urbanización El Bosque y al campus que la Universidad Europea tiene en Villaviciosa, inaugurado en 1995. Todo ese ámbito urbanístico se conoce como UA11. El problema es que nadie se acordó de volver a construir una depuradora que diera servicio a una zona en expansión.

DAVID FERNÁNDEZ

“Es de vergüenza”, señala Alejandro Sánchez, diputado de Equo en el grupo parlamentario de Podemos, que se ha interesado sobre el tema preguntando al Ejecutivo autonómico qué medidas tenía previsto tomar cuando duplicó la carretera para reponer la depuradora. “Tanto en el presupuesto original como en el del proyecto modificado, existe una partida de cinco millones de pesetas para demoler la depuradora, pero no se indica nada de su reposición”, señala la respuesta del Gobierno. La depuradora estaba situada en terrenos propiedad del ayuntamiento y fue construida por los promotores privados que impulsaron la UA11. Pero “desde hace nueve años están paradas las obras de urbanización de la UA11, por lo que los vertidos de parte de la urbanización El Bosque y la universidad se dirigen al Arroyo de la Vega”, explica la Comunidad de Madrid en su respuesta parlamentaria.

En el punto rojo, la zona donde se vierten los residuos al arroyo.
En el punto rojo, la zona donde se vierten los residuos al arroyo.

“El ayuntamiento conoce el problema desde hace mucho tiempo y lleva 15 años contaminando”, señala el concejal Gumersindo Ruiz, de Se Puede Villaviciosa. Lo que está claro es que las administraciones no han reaccionado a tiempo para solucionar este grave problema medioambiental. En octubre de 2015, el ayuntamiento del municipio (27.000 vecinos) presentó un proyecto de 1,2 millones para construir una nueva depuradora. Proyecto que fue rechazado por el pleno municipal. “Esta solución no era rápida y sí muy cara. Hay una alternativa mucho más económica, que consiste en conectar el alcantarillado de la zona afectada con la estación de bombeo de El Monte de la Villa, y su posterior enlace con el colector que ya vierte en la depuradora municipal”, explica Ruiz.

Un portavoz municipal asegura que el ayuntamiento no tuvo nada que ver con la decisión de retirar la depuradora en cuestión y que tampoco dispone de una cuantificación de los metros cúbicos vertidos al arroyo, aunque sí abona un canon a la Confederación Hidrográfica del Tajo por esos vertidos, que la oposición cifra en 132.700 euros desde el año 2007. El Consistorio cree que no es responsable de la situación y en junio de 2016 presentó ante la Comunidad de Madrid “una reclamación de indemnización por un importe de 236.728,08 euros en la que estaban incluidas las sanciones, los intereses, las indemnizaciones, el canon de vertido y otros conceptos”. “A día de hoy, no hemos recibido ningún tipo de respuesta, razón por la que presentaremos un contencioso contra la Comunidad de Madrid”.

La tubería por donde salen los residuos al arroyo.
La tubería por donde salen los residuos al arroyo.

Mientras la casa sigue sin barrer, la Confederación Hidrográfica del Tajo multa a Villaviciosa de Odón año tras año. Desde 2004 hasta 2017, este organismo ha tramitado nueve expedientes sancionadores contra el ayuntamiento por un importe total de 104.500 euros: siete por vertidos de aguas residuales urbanas al Arroyo de la Vega por un montante de 46.274,17 euros y dos por vertidos del ámbito urbanístico UA11 y también al arroyo por un total de 58.277,30 euros. Un portavoz de la Confederación asegura que el pasado mes de julio “se tomaron nuevas muestras del vertido, estando pendiente la valoración de las actuaciones pertinentes”.

Por su parte, un portavoz de la universidad asegura que no tenía conocimiento de estos vertidos hasta que este diario se puso en contacto con ellos. “El alcantarillado depende del ayuntamiento, y la depuración, de la comunidad. No sabíamos nada sobre esto y es un problema que nos preocupa mucho”. En el campus de Villaviciosa están matriculados 10.000 alumnos.

El Canal de Isabel II está ofreciendo soluciones. Una de ellas es la construcción de un colector que absorba las aguas residuales de esa zona y las lleve a la estación depuradora de Villaviciosa, un trazado que iría paralelo al arroyo. Otra, iniciativa del ayuntamiento, es construir un colector que parta de otro ámbito del municipio, el Monte de la Villa, y que recogería los vertidos de la universidad y de las viviendas “para a continuación bombear esos residuos a una estación de bombeo”. Un trazado de 290 metros “que podría adelantar significativamente la solución de los vertidos”.

algunas cosas no funcionan en españa,

 

 https://saltamos.net/corrupcion-20-anos-saqueo-canal-isabel-ii/
 

BLOG

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“Llevamos más de una década denunciando el saqueo del Canal de Isabel II”

Desde hace más de diez años, la sociedad civil ha venido denunciando el saqueo del Canal de Isabel II sin que las instituciones tomaran cartas en el asunto. La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II, creada en 2010 a raíz del proceso de venta de la empresa pública iniciado por la Comunidad de Madrid, y Marea Azul publicaron en 2014 el libro Más claro agua. El plan de saqueo del Canal de Isabel II (Traficantes de Sueños), en el que explicaban toda la trama.

Tres años después lanzan una campaña de micromecenazgo para completar la historia con lo sucedido en los últimos años. Hablamos con Liliana Pineda, abogada y miembro de la plataforma y militante de ATTAC.

Texto: Ter García 
Fotografía: David Fernández

¿Cómo empezó la plataforma contra la privatización?

Viene de muy lejos. Varios de sus fundadores eran también, en 2003, miembros del Observatorio de los Servicios Públicos de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid. El libro Por un Modelo Público de agua, triunfos, luchas y sueños publicado en 2005 por el Viejo Topo, recoge alguno de sus trabajos. Entonces ya teníamos conocimiento de las operaciones realizadas en 2001 y 2002 por el Gobierno de Ruiz Gallardón, mediante la creación de una red de sociedades anónimas del Canal de Isabel II para operar como grupo empresarial transnacional en América Latina.  En 2009 se crea la Mesa del Agua, formada por sindicatos, ecologistas y asociaciones de vecinos y consumidores, con la vocación de denunciar la privatización del Canal y el expolio a los ciudadanos para dárselo a unos cuantos amiguetes. Ese mismo año la asociación Parque sí Chamberí hab

“Llevamos más de una década denunciando el saqueo del Canal de Isabel II”